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2016 ha sido un año electoral intenso. Mientras una parte de la ciudadanía  respiraba aliviada por no tener que volver a las urnas, hay quienes estaban- y están- reivindicando su derecho a hacerlo por primera vez. Y es que casi 100.000 personas en nuestro país, según datos recientes de la Oficina del Censo Electoral, están privadas del derecho al sufragio. Son personas con discapacidad intelectual y psicosocial a las que una sentencia judicial de incapacitación les impide elegir libremente a sus representantes.

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