Sociedad

Los torturados del pasado hablan ahora en El Salvador

Un documento con testimonios de víctimas de tortura durante la guerra civil salvadoreña será exhibido 27 años después de redactado, con el fin de que la sociedad actual conozca ese capítulo de su historia.

 

Carlos Santos (izquierda) y Fabricio Santín, junto a una escultura humana que representa a una víctima de la tortura de la capucha (Edgardo Ayala /IPS) 

El libro “La tortura en El Salvador”, de 197 páginas, será lanzado en abril y recoge los testimonios de 270 víctimas entrevistadas en 1986, en el fragor de la guerra civil, por la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), supo IPS en exclusiva.

La mayoría de las entrevistas se realizaron dentro del Centro Penal La Esperanza, al norte de San Salvador, por miembros de la CDHES que también fueron detenidos, torturados y después recluidos en esa prisión, entonces destinada a opositores políticos al régimen de sucesivos gobiernos derechistas controlados por la oligarquía local.

“En los años 80 era imposible publicar el documento, por la represión existente, pero finalmente verá la luz”, dijo a IPS el director de la CDHES, Miguel Montenegro.

La guerra civil salvadoreña, que comenzó en 1980 y finalizó en 1992, dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

Al concluir el conflicto, la falta de financiamiento impidió nuevamente la publicación del informe, explicó Montenegro.

El activista fue detenido en 1986 por la temida y ahora extinta Policía de Hacienda (PH) y conoció en carne propia los métodos de tortura que aplicaban los cuerpos de seguridad.

Por su implicación en graves violaciones a los derechos humanos, esos cuerpos policiales desaparecieron con los Acuerdos de Paz de 1992 entre el guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno de la época, presidido por el Alfredo Cristiani, integrante de la ultraderecha local.

Mediante testimonios y descripciones, más de 40 técnicas de tortura se plasman en dibujos reproducidos fielmente en el informe, al que IPS tuvo acceso anticipado.

Entre las técnicas más usadas estaba “el avioncito”: colgar del techo a la víctima, con las manos amarradas hacia atrás, provocando una dislocación inmediata de las extremidades superiores.

“La capucha” simulaba un ahogamiento con una bolsa plástica que cubría la cabeza del detenido, mientras “el submarino” también buscaba la sensación de ahogo, pero por inmersión.

Otros métodos eran los choques eléctricos, los cortes de lengua y la colocación de sustancias químicas en los ojos para destruirlos.

“A mí me llevaban a un cuarto en la sede de la PH en San Salvador donde las paredes y el piso estaban llenos de sangre coagulada”, narró Montenegro.

En el libro también hay perfiles de víctimas de tortura, incluyendo varias que posteriormente fueron asesinadas y cuyos restos permanecen desaparecidos.

Esos abusos eran parte de una política de Estado, agregó, puesta en marcha por el alto mando del ejército, y la sociedad salvadoreña tiene derecho a saber lo que pasó.

La ley de amnistía, aprobada por el Congreso legislativo en 1993, dejó fuera del alcance de la justicia los crímenes de guerra y otras violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto.

Sin embargo, los generales retirados Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García, ambos ministros de Defensa en la década de los 80, fueron encontrados culpables en 2002 por un tribunal estadounidense, de torturas cometidas por unidades bajo su mando contra tres salvadoreños. Y se los condenó a pagar 54,6 millones de dólares.

El informe de la CDHES se da luego de que una investigación de los medios británicos BBC y The Guardian reveló el 5 de marzo que el oficial estadounidense James Steele, destacado en El Salvador en los años 80, estuvo más tarde en Iraq.

Los dos medios denunciaron que Washington envió a Steele al país árabe para aplicar “la opción salvadoreña” a los opositores iraquíes tras la invasión por un grupo de países encabezados por Estados Unidos, hace 10 años.

Esa opción serían técnicas de tortura que Steele presuntamente aplicó y desarrolló durante la guerra en este país centroamericano.

“Es triste que se reviva en Iraq lo que se aplicó en El Salvador… aquí fue la escuela”, opinó Montenegro.

Otra investigación sobre tormentos durante la guerra civil es llevada a cabo por la Asociación Salvadoreña de Sobrevivientes de Tortura (ASST), fundada hace tres años.

Su objetivo es doble: saber qué pasó y llevar denuncias concretas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Estamos documentando los casos para hacer las denuncias formales”, señaló a IPS el presidente de la asociación, Carlos Santos.

El activista era estudiante de teatro cuando lo detuvieron en 1983 junto a otro alumno, Fabricio Santín, en la localidad oriental de San Miguel. Ambos soportaron torturas en diferentes dependencias, hasta terminar en La Esperanza.

“Esos abusos permanecen impunes y, como no se castigaron, hay riesgo de que se cometan en el futuro”, comentó Santín. “Y eso es lo que no queremos”, añadió.

La CIDH ya aceptó en 2012 una denuncia presentada por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, en representación de Santos y de Rolando González, otro miembro de la ASST.

La demanda recogía otros cuatro casos, incluyendo el del poeta Roque Dalton, asesinado en 1975 por sus compañeros de uno de los grupos que conformarían el FMLN, ahora partido gobernante.

El escrito acusa de negligencia al actual gobierno del centroizquierdista Mauricio Funes para investigar crímenes como la tortura.

El gobierno de Funes rechaza suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, establecido en 1984, que permitiría verificaciones in situ y sin previo aviso de la situación en las cárceles locales.

Tampoco ha adoptado el Estatuto de Roma, que instituyó la Corte Penal Internacional, destinada a perseguir y juzgar a quienes hayan cometido crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad.

“Esas cosas son las que nos preocupan, pues no hacen que avancemos en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación”, dijo la presidenta del Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos, Guadalupe Mejía.

David Morales, director general de la gubernamental Unidad de Derechos Humanos, declinó dar declaraciones sobre la política oficial en la materia.

Desde septiembre del 2012, Santos y Santín recorren el país con la exposición “Nunca más en El Salvador”, que mediante esculturas humanas en papel maché muestra las técnicas de tortura empleadas en los años de violencia de Estado.

“Algunas imágenes son impactantes, pero queremos mostrarlas para que eso no se repita”, dijo Santín

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