Sociedad

La cuestión humanitaria en el debate sobre las sanciones

A principios de marzo pasado, casi al tiempo que Hillary Clinton, de gira por Latinoamérica, trataba de sumar apoyos para impulsar un nuevo régimen de sanciones contra las aspiraciones nucleares de Irán, la Comisión Europea debatía algunas de las propuestas de la presidencia española que preveían un cambio en la política comunitaria con Cuba. La apuesta por el diálogo con Irán del presidente brasileño (apoyado por China y Rusia, con asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) así como la oposición de buena parte de los eurodiputados a modificar la relación con la isla antillana marcan hoy las discrepancias de la comunidad internacional en torno a esta medida diplomática. Hasta el momento, la frecuentemente cuestionada eficacia de las sanciones económicas o los intereses poco disimulados de las naciones que aprueban o rechazan su aplicación habían centrado el debate aplazando una cuestión prioritaria, el impacto humanitario de una política que preconiza el fin de las prácticas antihumanitarias, entre otras.

Ya Lula da Silva advirtió de la contrariedad y rápidamente se ha erigido en líder opositor de las sanciones contra el régimen persa. El presidente de Brasil ha denunciado que éstas no harán sino empobrecer la vida del país y será la población civil la que acuse sus consecuencias. También, que son el camino más rápido para la violencia. Y aunque los expertos han refrendado su tesis, pero en términos menos encendidos, no ha podido impedir que sus palabras queden ensombrecidas por la relación e intereses que comparte con el líder iraní, Mahmud Ahmadineyad. “Inicialmente, no creo que se pueda hablar de un impacto humanitario, a menos que el sistema económico quedase imposibilitado”, concreta Paulo Botta, experto del think tank FRIDE en la región de Oriente Próximo. “Actualmente el impacto social se advierte más en cuestiones tecnológicas. Algunos iraníes denuncian que cuando salen al exterior y quieren comprar un ordenador de última generación y presentan su pasaporte no pueden adquirirlo. Donde más se percibe es también en lo que respecta al sistema de aviación iraní. Se ha comprobado que en el último año y medio ha habido numerosísimos accidentes de avión. Como no pueden comprar otros nuevos tienen que utilizar aparatos que tienen más de veinte o treinta años. Es decir, hay dificultades a nivel internacional pero no se observa un impacto social y humanitario más allá de cuestiones puntuales. Para que eso se pueda percibir deberían ser sanciones a muy largo plazo.”

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de Irán, Mahmud Ahmadinejad, en una visita de éste último a Brasil en noviembre de 2009. (Eraldo Peres / AP)

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano encargado de decidir el futuro de las restricciones contra Irán, mantiene 11 regímenes bajo esas condiciones. Cuba no está entre ellos, su caso es otro. La isla soporta el historial de sanciones más dilatado de la Historia desde que el Congreso de los Estados Unidos decidiera imponerlas de manera unilateral en 1960. A diferencia del Consejo de Seguridad, donde las diferentes naciones representadas mantienen posturas encontradas en a la propuesta de imponer una cuarta ronda de sanciones contra Irán, en el Congreso de los EEUU las principales fuerzas políticas han alcanzado un relativo consenso en el debate sobre Cuba. “El lobby cubano dentro de EEUU es bastante fuerte. La comunidad cubana tiene dos representantes en el Congreso, uno por Florida y otro por Nueva Jersey. Ambos son contrarios a levantar el embargo y tienen gran poder de disuasión sobre sus colegas”, nos explica Gerardo Ducos, principal investigador de Amnistía Internacional en la isla.

“No creo que el embargo en sí ponga en riesgo la vida de los cubanos,” aclara, “lo que no quiere decir que no se de un impacto. El trabajo de organizaciones humanitarias como UNICEF en la lucha contra el sida o en la reducción de enfermedades en niños se ve especialmente limitado por la aplicación de las leyes estadounidenses”. La última ley aprobada por el Congreso norteamericano para un endurecimiento del embargo contra Cuba, la Ley Helms-Burtton de 1996, fue condenada por la Comunidad Europea, por 59 Estados y por 8 organismos pertenecientes a la ONU. “Hoy existe un nuevo consenso acerca de que las sanciones, en la medida en que quieran operar dentro de la legalidad internacional, deben responder a una serie de garantías de precisión, proporcionalidad, transparencia, equidad y control”, apunta Noé Cornago, responsable del Master de Cooperación Internacional, Paz y Desarrollo de la Universidad del País Vasco. Una reforma en la política de decisión sobre las sanciones que se propone acabar con el carácter indiscriminado y la ambigüedad en el control de su aplicación. “Claro que una cosa es afirmar esos principios en la teoría y otra muy distinta llevarla a la realidad”, admite Cornago. Desde Amnistía Internacional, otra de las voces que reclaman un replanteamiento del bloqueo, reconocen las dificultades que implica. “Es muy complicado que los llamamientos tanto de la comunidad internacional como de la ONU que exigen que se levante o se suavice el embargo de Cuba tengan un efecto sobre los congresistas. Es un trabajo bastante arduo convencer a senadores y diputados (Cámara Alta y Cámara Baja) para que se ponga fin a las sanciones de manera completa y la Casa Blanca tiene poco poder en este sentido”. La organización humanitaria, que sigue de cerca la situación en Cuba, tiene vetada la entrada a la isla, los estudios que publica se basan en informes de la ONU. “La última vez que una delegación de AI tuvo acceso a Cuba fue en 1988. Al año siguiente publicamos un informe basado en las condiciones carcelarias y la falta de libertades civiles y políticas. Un informe bastante crítico que molestó a las autoridades cubanas. A partir de entonces no nos han permitido volver” recuerda Gerardo, en conversación telefónica desde Londres.

Imagen tomada en Cuba (Javier Galeano /AP)

Las dudas en torno a la legalidad y proporcionalidad de la política sancionadora norteamericana sí han llegado al Congreso de los Estados Unidos, aunque no hayan provocado la respuesta esperada. En 1992, año en que G. W. Bush ultimaba la aprobación de la Ley Torricelli, que proponía medidas más estrictas en el aislamiento de Cuba (entre otras, la prohibición de comerciar con la isla a terceros países), los congresistas conocían los resultados de un informe elaborado por el GAO (tribunal de cuentas del Congreso) en relación a las sanciones económicas. Reconocía, entre otras cosas, que las sanciones son más efectivas si sus objetivos son modestos y que el éxito no está determinado por la severidad del daño económico.

Precisamente, es la efectividad de esta medida uno de los aspectos más discutidos. Ejemplos como el golpe de Estado en Honduras o incluso la situación que vivió la activista saharaui Aminetu Haidar han puesto a prueba recientemente la eficacia del aislamiento y la presión internacional. Aquellos que confían en las sanciones como herramienta de política mundial suelen evocar el caso de Sudáfrica; treinta y un años de presiones y restricciones globales interrumpidas que acabaron con el apartheid. “La valoración de su eficacia sólo tiene sentido en relación a los costos que pueden implicar. La legalidad de las sanciones contra Sudáfrica en los años sesenta fue muy cuestionada pero hoy nadie duda de su efectividad. Sin embargo, el gran debate sobre esta cuestión surgió hace una década, cuando se constató que las sanciones adoptadas contra Irak, tras la invasión de Kuwait, tuvieron un coste socioeconómico, medioambiental y humanitario terrible, que difícilmente se puede justificar” declara Cornago. Para Paulo Botta el caso de Irán está muy claro, “la voluntad iraní no puede detenerse a través de sanciones porque es un tema mucho mas complejo. Entran elementos que no son sólo consideraciones económicas. Estamos hablando ahora de una cuestión de orgullo nacional. Las sanciones pueden hacer más difícil o más lento el avance nuclear pero no lo pueden detener. Es más, pueden generar un efecto negativo al acusar de políticas de doble rasero a Estados Unidos y otros países aliados”.

Iraníes se manifiestan ante la sede de la ONU tras la decisión de ésta de imponer sanciones por la negativa de Irán a no dejar de enriquecer uranio. Teherán, 2006 (Hasan Sarbakhshian / AP))

Lo que señala Botta como “efectos negativos” trasciende eventualmente el ámbito de las acusaciones y adopta un sentido más agresivo. Las sanciones son consideradas una alternativa real a la confrontación armada pero algunos analistas advierten de que un uso indiscriminado podría reorientar el conflicto hacia el uso de la violencia, como denunció el presidente brasileño. “Mayores sanciones seguramente generarán una postura más dura por parte del gobierno iraní”, concreta Botta. “Favorecerá a los sectores más intransigentes, que afirman que las acciones de los países occidentales demuestran escasa predisposición al dialogo y mucha predisposición a la condena. De parte de la población este tipo de sanciones puede hacer aumentar los sentimientos nacionalistas, la idea de que su país es injustamente relegado de esta tecnología mientras otros países de la región la poseen”. Para Cornago esa serie de contradicciones comprometen la autoridad de los organismos sancionadores y el sentido mismo de las sanciones. “Es importante evitar que la credibilidad de este tipo de medidas quede afectada para siempre, dañando gravemente la legitimidad, ya de por si muy cuestionada, del multilateralismo, y reforzando la inclinación de los Estados al uso unilateral de la fuerza y la amenaza en su política exterior”. Los efectos contraproducentes se advierten ya en el caso de Cuba. Si la condición que plantea el Congreso estadounidense para levantar el embargo es que el Gobierno de la isla sea reemplazado por un gobierno de transición seguido de una administración elegida democráticamente con la participación de varios partidos, el resultado está siendo bien distinto. Lejos de encaminarse hacia la democracia, el Gobierno cubano se ha atrincherado en su revolución. “El Gobierno utiliza el embargo para limitar las actividades de grupos disidentes, a quienes acusa de apoyar el bloqueo estadounidense. Muchos de ellos, como sucedió con los 75 disidentes apresados en 2003, son llevados a los tribunales cubanos y sentenciados a penas severas. El Gobierno “lo puede hacer” en base a una ley promulgada por la Asamblea Nacional de Cuba (la Ley sobre la Protección de la Soberanía Nacional y la Independencia de Cuba) que es una respuesta directa a la Ley Helms-Burton”, explica Gerardo.

El caso de Cuba ha dado poderosas lecciones tanto al Consejo de Seguridad como a la comunidad internacional. Ha demostrado que la eficacia y la compatibilidad de las sanciones con el respeto a los principios humanitarios no están del todo aseguradas. Elementos que deberán estar presentes en las negociaciones sobre las sanciones contra Irán y que evidencian la necesidad de un replanteamiento del bloqueo sobre la isla. El debate a propósito de las sanciones internacionales vuelve a abrirse pero esto vez parece que los consideraciones humanitarias tendrán mayor peso.