Sociedad

Tirón de orejas de la ONU a España por los derechos de los niños

La situación de los menores no acompañados, la pobreza infantil y los menores internados en centros terapéuticos en España preocupan a la ONU

Destaca como algo positivo la puesta en marcha del Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia

España no ha pasado con la mejor nota el último examen del Comité de los Derechos del Niño. Veinte años después de firmar la Convención, la aplicación de los derechos de los niños y niñas mejora pero quedan asignaturas pendientes como el trato que reciben los menores extranjeros, la falta de recopilación de información y coordinación entre las instituciones públicas y la pobreza infantil.

Hace unos días, el Gobierno defendió su gestión ante el Comité en una reunión en Ginebra. Con esa documentación y un informe complementario elaborado por la Plataforma de Infancia, asociación formada por 47 organizaciones sociales, el órgano de Naciones Unidas ha sacado sus conclusiones. “Algunas de las observaciones que hicimos se han incluido de forma íntegra y otras muchas, aunque no son textuales, recogen el sentir de la sociedad civil”, asegura Ángel Hernández, director de la Plataforma, quien afirma que España “ha pasado de puntillas por los temas más candentes” durante su intervención en la ONU.

El Comité de los Derechos del Niño centra su atención en los menores extranjeros no acompañados. Niños y niñas con menos de 18 años que llegan a España sin sus familias y que en muchos casos son tratados como extranjeros y no como menores. La ONU alerta de que hay que evitar expulsiones irregulares, elaborar protocolos uniformes para determinar la edad y analizar de forma individual las circunstancias de cada niño o niña. Esta petición no es nueva, las organizaciones que trabajan con menores lo recuerdan a diario y también en el Defensor del Pueblo. “Tenemos una organización territorial con un estado desigual de competencias. Eso origina que haya diferencias en las legislaciones que permiten que se den estas contradicciones en el caso de los menores”, asegura Manuel Aguilar, Adjunto del Defensor del Pueblo.

Un ejemplo es que en España las pruebas para determinar la edad de los niños no acompañados varían dependiendo de la comunidad autónoma en la que se realicen, “sin tomar necesariamente en cuenta cuestiones como los hábitos nutricionales, que pueden influir sobre el desarrollo físico y psicológico del niño o niña”, dice el informe de la ONU. Recuerda también que las deportaciones no cumplen siempre con las necesarias garantías porque a veces se realizan sin acceso a un abogado, sin servicios de interpretación, sin considerar el interés superior del niño o niña y sin respetar su derecho a ser escuchadps. A pesar de todo, “hay menos repatriaciones, de un centenar en 2005 hemos pasado a una o dos actualmente, pero sigue sin existir un protocolo acordado por las organizaciones que trabajan en esa materia para decidir cómo hay que hacerlas”, afirma Ángel Hernández. Manuel Aguilar, del Defensor, asegura además que es muy preocupante que se tarde tanto en darle la documentación para obtener su residencia legal en España porque “por el hecho de ser menores de edad deberían tenerla sin más”.

Otro de los asuntos que resalta la Comisión es el de los menores con trastornos de conducta internados en los centros financiados por administraciones públicas. Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo han presentado informes en los que denuncian malos tratos en esos centros terapéuticos, donde los menores entran en algunos casos sin orden judicial (a pesar de que en muchos casos son privados de libertad) y sólo con la autorización de sus padres, que no pueden hacerse cargo de ellos. El Gobierno ha elaborado un protocolo para que sea seguido en los centros pero tanto la Plataforma de Infancia como el Defensor del Pueblo lo consideran insuficiente. La ONU cree que España falla en los criterios y procedimientos para el ingreso de los niños y niñas en estos centros por lo que pide que, además de desarrollar una normativa, los niños sólo puedan ser ingresados con la autorización de un juez y tras haber respetado su derecho a ser escuchado.

Estamos celebrando el año europeo de lucha contra la pobreza, y en España, uno de cada cuatro niños- según Eurostat- sufre algún tipo de pobreza (infravivienda, mala calidad de la educación, sanidad ineficiente, desempleo de madres y padres…). La ONU critica que España ha puesto “un énfasis limitado a la pobreza infantil” y pide más políticas y un Plan Nacional para combatirla. Pero hay más:

Coordinación e información. Pide una mejor coordinación de las actuaciones públicas y privadas y dotar de mejores sistemas de recogida y análisis de la información (por edad, sexo y origen étnico de todas las personas menores de 18 años con especial énfasis sobre niños y niñas romaníes, inmigrantes, menores extranjeros no acompañados y niños y niñas en hogares en situación dedesventajas económica y social). “No podemos saber qué impacto tienen nuestras políticas si no tenemos la capacidad de recoger los datos de ese impacto”, afirma Hernández.

Información de calidad para la infancia. La Comisión recomienda más iniciativa de la televisión pública para la creación de una programación responsable durante las horas de gran audiencia de niños y niñas, que se cuente con su participación en el diseño y contenidos de programas infantiles, así como la adopción de códigos de conducta adecuados por parte de las empresas operadoras en Internet y formación sobre acceso seguro a Internet.

La edad para contraer matrimonio. En España es de 18 años, pero la ONU critica que se autoricen judicialmente matrimonios con 14 años en circunstancias excepcionales y pide que esas autorizaciones sólo se otorgue, como mínimo, a los 16 años.

Estas observaciones deberían incluirse antes del próximo examen en el 2015 aunque muchas llevan años arrastrándose sin haberse superado. “Con esto demostramos al Gobierno que nuestras que nuestras observaciones cuentan con una amplia base social”, afirma desde la Plataforma de Infancia Ángel Hernández, “y que están respaldadas por un organismo que regula la aplicación de los derechos del niño en todo el mundo, no sólo en España. Por lo tanto, es una herramienta fundamental y una llamada de atención para los gobiernos, tanto el central como las comunidades autónomas y los ayuntamientos”. El informe completo (traducido por la Plataforma) está disponible aquí, para las administraciones y para quien quiera escuchar.

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie