En conflicto

El Derecho del Mar y la piratería israelí

Según la Convención para el Derecho del Mar, las aguas territoriales de un estado son aquellas que se extienden hasta una distancia de doce millas náuticas (22,2 km) a partir de la costa. En este espacio el Estado ejerce toda soberanía. En el caso que nos ocupa, y partiendo desde aguas chipriotas y griegas, es decir, de la Unión Europea, los barcos de la “flotilla de la libertad” no necesitan navegar por aguas israelíes en ningún momento para atracar en el puerto de Gaza, siguiendo el trayecto marítimo la siguiente ruta: Aguas chipriotas (UE)- aguas internacionales-aguas palestinas.

Desde la propia lógica de la argumentación israelí, Tel Aviv no puede, tampoco, reclamar su control sobre las 12 millas naúticas que le corresponden a la Franja de Gaza como aguas territoriales. Israel no reconoce Gaza como territorio legalmente ocupado en todas las declaraciones realizadas al respecto desde la “desconexión” de las colonias de Gaza en 2005.

En todo caso, a una distancia de 68 millas de la costa, es decir, tres veces más lejos que la línea marcada por las aguas territoriales, buques y helicópteros de la armada israelí, escoltaban a los barcos de “Free Gaza”. Leyendo el artículo 101 de la Convención el Derecho del Mar “todo acto ilegal de violencia, detención o depredación cometidos contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado constituye piratería”.

A lo largo del desarrollo del caso de la “Flotilla de la libertdad”, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha repetido sistemáticamente dos argumentaciones en las que es interesante detenerse.

La primera: que tiene derecho a imponer a un bloqueo marítimo ya que se encuentra en “estado de conflicto armado con el régimen de Hamas que controla Gaza”. Un régimen es una forma de gobierno, en este caso el brazo armado de un partido político. En ningún caso un régimen puede equipararse a un estado. La capacidad legal de ejercer un bloqueo marítimo según el derecho internacional no puede ser ejercida contra un determinado grupo político. Además, aplicando un bloqueo contra el conjunto de la población de un territorio por las acciones de una fracción de sus habitantes, no constituida como representante reconocido de los mismos, se incurre en el delito, reconocido internacionalmente como crimen de guerra, de “castigo colectivo contra población civil”.

La segunda argumentación: Israel insiste en que de ninguna manera existe una crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Las organizaciones internacionales entienden lo contrario.

El informe de la Comisión dirigida por el juez Goldstone tras la operación “plomo fundido”, publicado en septiembre de 2009 afirma que “el bloqueo es un crimen de guerra” debido a que “priva a los palestinos de Gaza de sus medios de subsistencia, empleo, vivienda y agua, niega su libertad de movimientos y su derecho a entrar y salir de su propio país” así como “limita su derecho a acceso a la Justicia y tratamiento médico” concluyendo que dichos hechos podrían ser revisados por el tribunal competente y recomienda, si la situación no se modifica en seis meses, ponerlo en conocimiento del Tribunal Penal Internacional ya que se estaría cometiendo, además “un crimen contra la humanidad”.

En marzo de 2010, cuando se cumplían los seis meses preceptivos tras los cuales debería acudirse al TPI, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se insta a los estados miembro a “exigir públicamente la puesta en práctica de las recomendaciones del informe Goldstone en lo que respecta a las violaciones del derecho internacional”

El mismo mes de marzo, el secretario general de Naciones Unidas, Ban ki Mon, declaraba, durante una visita a Gaza, que la población vive en condiciones “inaceptables e insostenibles” mientras que le resultaba “angustioso” ver que “no es posible, debido al bloqueo, que las Naciones Unidas desarrollen ningún tipo de reconstrucción”. Mientras el Secretario General la ONU le visitaba, John Ging, Director de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados palestinos) declaró “No tenemos hierro ni acero. No podemos introducir ni un sólo saco de cemento, ni una sola lámina de vidrio para comenzar la reconstrucción” de las aproximadamente 11.000 casas, 105 fábricas, 20 clínicas y hospitales, 159 escuelas, parques infantiles e instituciones públicas y privadas de todo tipo que fueron destruidas o dañadas durante 21 días y 22 noches de pesadilla en enero de 2009. Alrededor de 20.000 personas viven en tiendas de campaña o bajo lonas de plástico en la Franja de Gaza desde entonces.

Gaza ya fue definida por Karen Koning Abu Zayd, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados palestinos hasta hace unos meses, en un artículo en The Guardian -no ayer, sino en enero de 2008- , como un “lugar en el umbral de convertirse en el primer territorio reducido intencionalmente a un estado de la mayor pobreza con el conocimiento, la aquiescencia e incluso los ánimos de la mayor parte de la comunidad internacional”. Según Filippo Grandi, su sustituto como Alto Comisionado de la UNRWA “Para la construcción se necesita un millón de toneladas de cemento y sólo hemos recibido 25 toneladas desde 2007” demostrando que la historia del bloqueo a Gaza es anterior a la guerra de 2009 y mientras añade una explicación que lo contextualiza todo: “Hemos construido con adobe”.

Más recientemente, el pasado 26 de mayo, Christopher Gunnes, portavoz de la UNRWA, principal agencia humanitaria de la Franja de Gaza afirmaba que “la situación es angustiosa. El bloqueo tiene un efecto devastador en la gente. Por ejemplo, el número de personas que no puede conseguir alimentos por sí mismas ha aumentado sólo durante los últimos 12 meses de 100.00 a 300.000″

Amnistía Internacional ha reiterado una vez más, en su último informe respecto a Gaza, como viene denunciando desde el año 2007 que “Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación bajo el derecho internacional de garantizar el bienestar de la población, incluyendo el derecho a la educación, la sanidad, la alimentación y la posibilidad de tener una vivienda digna así como un standard de vida adecuado. El bloqueo constituye un castigo colectivo sobre población civil, un crimen de guerra”.