Economía

Sangre por vino

Intereses agrícolas y turísticos amenazan las propiedades indígenas en los valles calchaquíes

Gobierno y abogados tucumanos coinciden en lamentar la “restrictiva interpretación” judicial de leyes favorables a los nativos

La comunidad indígena de Quilmes, en la provincia argentina de Tucumán, teme el inminente desalojo judicial de sus tierras, a pesar de la favorable legislación nacional con los derechos de los pueblos originarios sobre el suelo de sus ancestros. Y teme por propia experiencia, porque ya van tres durante los últimos meses, innumerables a lo largo de cinco siglos.

El último desalojo fue en enero, cuando alrededor de 40 familias de nativos diaguitas debieron de abandonar sus casas en esta zona de los Valles Calchaquíes por la disputa con el proyecto urbanístico y agrícola de la empresa Neocon SRL. Desalojos acompañados, según cuentan los vecinos, de la destrucción de sus viviendas familiares, campos de cultivo, árboles centenarios o, incluso, lugares ceremoniales. Eso sí, al igual que en anteriores ocasiones, volvieron a instalarse en el mismo terreno. “No nos queda otra, es nuestra obligación”, subraya el jefe o cacique de la comunidad, Francisco Chaile, después de lamentar el regreso sólo de la mitad de las familias iniciales ante tantas adversidades.

En vísperas de Semana Santa, las fundadas sospechas de desalojo tras la ejecución de un desmonte por una excavadora no se materializaron y, finalmente, la veintena de agentes policiales desplazados entonces hasta los Valles Calchaquíes, afamada zona del norte argentino por sus viñedos y bodegas, se limitó a realizar una inspección ocular para constatar el retorno de los indígenas. Sin embargo, “la gente está atemorizada, alerta y en guardia”, expresa, en conversación telefónica, Chaile, de 58 años y dos decenios como líder de una comunidad que en total agrupa a unas 3.000 personas.

Dedicados a la agricultura, ganadería y artesanía, “una economía de subsistencia”, junto a otras actividades temporales, como la vendimia, los diaguitas-calchaquíes sienten la amenaza de los intereses empresariales vitivinícolas y hoteleros sobre su tradicional asentamiento alrededor de la ciudad sagrada de Quilmes, principal yacimiento arqueológico precolombino de Argentina. En opinión del cacique, “hay mucha plata, millones de pesos, en juego”. Por su parte, responsables de Neocon contactados eluden informar sobre sus planes y comentar el conflicto.

“Nosotros tenemos la posesión, pero otros tienen los papeles”

Diversas comunidades indígenas viven, al igual que el asentamiento de Quilmes, en la incertidumbre. Y ello, a pesar del reconocimiento de la Constitución de la República Argentina, en su artículo 75 tras la reforma de 1994, al derecho de los pueblos originarios a “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Pese, incluso, a la aprobación de la Ley 26.160 por parte del Congreso de la Nación a finales de 2006, un texto que suspendió durante un plazo de cuatro años “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”.

Posteriormente, la prohibición de los desalojos se prorrogó hasta 2013 en algunas provincias, Tucumán entre ellas, a causa del retraso en los dictámenes técnico, jurídico y catastral sobre la situación de las tierras comunitarias por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Para los pobladores originarios, sin embargo, no basta con las palabras, aunque sea por escrito y en sede parlamentaria. A juicio de Francisco Chaile, “se siente el apoyo verbal [del Gobierno federal], pero los hechos no llegan. Buenos Aires está muy lejos. Necesitamos que las leyes se cumplan”.

De hecho, diversas salas judiciales tramitan y fallan en causas de usurpación en contra de los diaguitas al argumentar que la ocupación territorial amparada por la normativa indígena no se refiere, tal y como alegan empresas y terratenientes, a un conflicto entre particulares si no a tierras comunitarias, por lo que se basan en el Código Civil en lugar de aplicar la Ley 26.160. “Y nosotros tenemos la posesión, por la cédula real de 1716, pero otros tienen los papeles, aunque posteriores a 1800 y falsos en muchos casos”, lamenta Delfín Gerónimo, también miembro de la comunidad Quilmes. “Es una interpretación judicial muy restrictiva e ilógica que desvirtúa totalmente el sentido de la Ley 26.160”, valora desde San Miguel de Tucumán el abogado de la asociación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) Darío Abdalá.

A juicio de Abdalá, entre la judicatura “hay un sentimiento de pertenencia de clase, pues son miembros de familias que han sido, son o quieren ser terratenientes, y una ideología muy conservadora, por lo que no van a ir en contra de la propiedad privada para defender tierras comunitarias, que tuvieron un reconocimiento legal mucho más tardío. Es una cuestión cultural y pedagógica lograr el mismo rango de protección para la propiedad privada que para la comunitaria”, resume el letrado de ANDHES antes de apuntar a un “cambio generacional” como futura solución del problema, aunque el tiempo corre en contra de los indígenas. Y más en el caso de Quilmes por su localización “privilegiada, en términos de turismo y viñedos”, y el “empecinamiento” del conflicto, convertido “en un caso testigo para disciplinar a otras comunidades”.

“Es más importante la tierra que la vida”

Las comunidades diaguitas no limitan las presiones a los poderes judicial y económico. “El Gobierno provincial, asociado con los capitalistas, está en contra de nosotros”, denuncia el cacique Francisco Chaile. Sin embargo, el máximo responsable de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos del Gobierno de Tucumán, Daniel Posse, defiende que el poder ejecutivo “no tiene, en absoluto ninguna complicidad. Al contrario, ya constituimos una mesa de trabajo y de diálogo institucional, a la que también invitamos a participar al poder judicial, para facilitar una solución, pero no podemos influir sobre los jueces por la división de poderes”.

En este contexto, Posse coincide con la opinión de ANDHES al situar el origen del conflicto en un “problema bastante serio de incomprensión de las reformas legales por la propia formación histórica de los jueces argentinos, con una concepción civilista basada en la defensa de la propiedad privada”. Y, aunque no duda de la “buena fe” de la administración judicial, el secretario tucumano de Derechos Humanos admite que el problema se agrava por la “potencialidad económica” de los valles calchaquíes y, por tanto, la existencia de “lobbies con intereses muy importantes”.

Ante semejante panorama, “estamos convencidos de que el único camino posible es hacerles frente como podamos, incluso si, lamentablemente, tenemos que caer”, se resigna Francisco Chaile tras, de nuevo, los trágicos precedentes. No en vano, el pasado 12 de octubre, precisamente fecha festiva en recuerdo al inicio de la colonización española en América, Javier Chocobar, un diaguita de 68 años perteneciente a la comunidad de Chuschagasta, murió por los disparos de, según los testigos, un terrateniente local y dos ex policías.

Pese a las muestras de solidaridad recibidas y actos de repulsa celebrados, el abogado Darío Abdalá denuncia la vulnerabilidad de la comunidad indígena y la “impunidad” de los agresores, pues la Cámara de Apelaciones de Tucumán revocó el pasado febrero la inicial encarcelación de los acusados y ordenó su libertad condicional hasta la celebración de la vista oral. De un contencioso territorial, a causa de una autorización minera para la extracción de piedra laja en el subsuelo de Chuschagasta, a un juicio por asesinato y heridas de bala a otros dos indígenas.

El cacique de Quilmes asume los riesgos y se aferra al suelo ancestral: “Es más importante la tierra que la vida, porque nuestros hijos vendrán después que nosotros”. Ya lo cantó la ilustre tucumana, descendiente de diaguitas y fallecida el pasado año, Mercedes La Negra Sosa en el disco de 1985 Corazón americano:

Cuando tenga la tierra
te lo juro semilla
que la vida
será un dulce racimo
y en el mar de las uvas
nuestro vino, cantaré, cantaré

Cuando tenga la tierra
(Daniel Toro y  Ariel Petrocelli, 1972)


Advertencias internacionales

La amenaza de desalojo sobre la comunidad de Quilmes no es un caso aislado. Los conflictos territoriales sufridos por los indígenas no se limitan a Tucumán o al norte argentino, donde viven más de 20.000 diaguitas, si no que se extienden a múltiples puntos del país y afectan a diversos grupos originarios, cuya censo total supera los 600.000 individuos de una treintena de pueblos distintos (ver cuadro estadístico y mapa sobre la composición y distribución de la población indígena en Argentina facilitados por el INIA tras una encuesta del periodo 2004-5). De hecho, diferentes instituciones y organismos internacionales ya denunciaron la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas en Argentina y exigieron acciones al Gobierno federal.

En última instancia fue, nada menos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial reclamó a Buenos Aires la aplicación “con urgencia” de una veintena de recomendaciones a mitad del pasado marzo. Entre ellas, la adopción de “las medidas necesarias y efectivas para asegurar que la legislación que prohíbe los desalojos forzosos se aplique por igual en todo el territorio nacional”, aunque el dictamen de la ONU también destacó los avances argentinos en la protección de las comunidades indígenas. Un mes antes fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que exigió, a instancias de ANDHES, información a la Casa Rosada sobre las medidas adoptadas tras las denuncias de agresiones en Tucumán, sin descartar la “posible apertura de un trámite de medidas cautelares”. Incluso Amnistía Internacional expresó su preocupación por el conflicto diaguita y mantiene una campaña de recogida de firmas como muestra de apoyo y medida de presión ante la ministra de Desarrollo Social, Alicia Margarita Kirchner, y el gobernador provincial de Tucumán, José Jorge Alperovich.



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