Economía

Desobedientes: La ILP desde abajo y el fin del alquiler social

La PAH renueva su lucha por la vivienda incrementando sus campañas de desobediencia civil y paliando otra sangrante realidad: los desalojos de familias de casas de alquiler social.

En Madrid, IVIMA y EMVS privatizan su gestión y dejan en la calle a 40 familias al día para vender su parque inmobiliario. Tienen 28.000 viviendas: 10.500 vacías.

En nuestro Especial Desobedientes.

Lxs activistas de la PAH ya han impedido 650 lanzamientos convirtiéndose en un solo cuerpo cuando llega la policía y la comisión judicial.

Como su libro Vidas hipotecadas (gratis en la red), la intervención de Ada Colau el 5 de febrero en el Congreso fue clara y emocionante. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hizo detonar una bomba que habría que estudiar en las escuelas. No fue una bomba de verdad pero sí llena de verdades: en 40 apretados minutos instó a cambiar la ley con las tres propuestas de mínimos (dación en pago retroactiva, moratoria de lanzamientos y alquiler social) de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 1,4 millones de firmas que la PAH había recogido durante tres años. Nunca la web del Congreso tuvo tantas visitas. Demostró que su voz respiraba más verdad que la del hemiciclo. Esa noche en Twitter se empezó a hablar de escrache. Y muy pronto la PAH incorporó en su lucha esta herramienta importada de Argentina, cuando la asociación H.I.J.O.S. comenzó en 1995 a señalar públicamente a los responsables de la dictadura.

“Todo el mundo sintió la incomodidad que las palabras de Ada introdujeron en el debate parlamentario”, cuenta Silvia, una militante de la Asamblea de Vivienda de Madrid (15M) en el Patio Maravillas, epicentro organizativo de la mani que desembocó, hace casi dos años, en la acampada de Sol. “Por eso se decidió llevar esas palabras a la vida cotidiana de políticos que no tienen ningún contacto con la realidad que vivimos: paro, precariedad, desahucios… A ver si movíamos sus conciencias. Pero se está demostrando que no es así”.

Y es que, tras la aprobación por rodillo del anteproyecto de ley hipotecaria que ahora se discute en el Senado (y que desvirtúa por completo el espíritu de la ILP), Silvia cree que ha llegado el momento de hacer un mayor uso de “la única herramienta que nos queda”: la desobediencia civil. “No dejaremos de parar desahucios y durante el mayo global seguiremos con la campaña de escraches a senadores, tanto digitales como en las calles, para que oigan la palabra de los afectados. Pero cuando se apruebe la reforma, habrá que seguir construyendo la ILP desde abajo, y pasar a otra fase. Esa herramienta se replicará en otras luchas”. Cierto. Isaac Rosa proponía en su columna de El Diario los escraches contra el paro y el pasado viernes, por ejemplo, se señaló en Madrid a Victor Madera, presidente de la empresa que lidera la gestión sanitaria madrileña (Capio), una semana antes de que comience el referéndum popular sobre la privatización de la Sanidad.

Así que toca, por tanto, mover ficha. Cada vez de más balcones cuelgan retales verdes con el Sí se puede, hay ya reclamaciones masivas en juzgados para detener desahucios y se ha creado una Comisión de la Verdad y lucha contra la impunidad (también de resonancias argentinas) que recogerá las violaciones de derechos humanos cometidas en estafas y ejecuciones. Y la tercera pata de la lucha (el alquiler social) se está reforzando, sobre todo en Cataluña, a través de la Obra Social de la PAH, realojando familias desahuciadas en pisos vacíos de bancos nacionalizados (tema, el de la ocupación, que se tratará en la 2ª parte).

Las 130 delegaciones de la PAH trabajan codo con codo con grupos de vivienda del 15M. Pero ese anudamiento ha sido mayor en Madrid, por ser el centro de las protestas de 2011. Una alianza no exenta de dificultades, pues mientras la PAH es una organización centralizada que defiende los derechos de los hipotecados, las asambleas son autónomas y trabajan la vivienda de manera más integral, teniendo en cuenta también los alquileres, más numerosos en ciudades grandes que en las pequeñas. Y muchos lamentan que casi no se esté poniendo el foco en la nueva Ley de Arrendamiento Urbano que está a punto de abrobarse y que, entre otras medidas, establece el desahucio express y baja de 5 a 3 años el plazo en el que el propietario puede subir la mensualidad al inquilino de forma unilateral. “Es indignante que no se regulen los precios del alquiler”, dice Silvia. “El poder fáctico quiere que salgamos de la crisis con el ladrillo. ¡Es lo que tenemos! Mira si no la nueva Ley de Costas: han rebajado la posibilidad de construir de 100 a 20 metros del mar. En vez de avanzar, volvemos a reproducir la misma dinámica especulativa sólo que con una población más empobrecida y con menos posibilidades de acceder a la vivienda. Estamos generando un empobrecimiento intolerable para el enriquecimiento de cuatro”.

Emilia vive con su familia en un barrio de Madrid. Les quieren desahuciar por deber al EMVS los pagos de comunidad. IVIMA y EMVS deben 50.000 € de comunidad de sus pisos vacíos (que casi llegan a la mitad de su parque inmobiliario).

Feli Álvarez, militante comunista, suscribe esta opinión, pero es el ejemplo de que la PAH-Madrid también lucha por los afectados del alquiler, sobre todo los que gestionan los dos organismos públicos que promueven la vivienda social (IVIMA en la Comunidad y la EMVS en la capital). Al menos eso dicen en la web de la EMVS: facilitamos el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades. Pero la realidad es distinta. Ambos organismos públicos (con un parque de 28.000 viviendas –10.500 de ellas vacías–) desahucian a 40 familias al día (un tercio de los lanzamientos hipotecarios) por deudas que a veces no superan los 3.000 €. Como el caso de Emilia. Vive en el barrio de Latina con su hijo, la nuera y tres nietos, de 5, 4 y un año. En casa solo entran 460 € de una prestación: todos en paro. Su renta mensual es de 72 €. Están al día, pero no pagaron la comunidad y la deuda con la EMVS de 1.600 € tornó en 3.000 tras los intereses de demora. A las 9.30 del pasado viernes (pese a que quieren negociar e ingresaron el dinero acordado por la empresa pública) estaba previsto el segundo lanzamiento. Su salón es una maraña de periodistas y activistas de la PAH que han pasado la noche con la familia, sin pegar ojo, viendo en la tele una serie y en el móvil las cargas policiales del 25A, puntuales a las 20.30 para que a las teles les diera tiempo a editar su pieza y abieran con ella los telediarios (en vez de con los 6,2 millones de parados).

Emilia responde a los medios de Antena 3, Tele 5 y La Sexta. La presión que ejercen los programas matinales es crucial: ahora hablan más de desahucios que de Belén Esteban.

Las maletas están preparadas, hay nervios, pero tambén optimismo. En el portal, 20 militantes de Stop Desahucios montan guardia para cuando llegue la comisión judicial con la policía. Es un ritual engrasado, repetido en muchas de las 500 ejecuciones diarias que en España condenan a esas familias a una exclusión social de por vida. Se han parado pocos (unos 650), pero cada vez más. El de Emilia será otra victoria. Del juzgado confirman que se ha suspendido sin fecha. A las 9.25, de abajo llegan los gritos de “¡Sí se puede!”, y el júbilo estalla en el salón de casa. Abrazos, lágrimas. Emilia recuperará las fuerzas para volver al mercado a vender sus flores.

La emoción estalla. Una activista abraza a Emilia. Desahucio parado. La alegría dura poco. Mañana habrá más lanzamientos.

Tras la batalla ganada, entrevistamos a Feli, que además de ser activista en la PAH (y antes en muchos otros fregados en su Leganés natal –“mujer, sanidad, América Latina, depende de la época”–) trabaja como secretaria de movimientos sociales en el PCE. Todo un ejemplo de mujer desobediente. Hace un mes acabó en el hospital al parar un desahucio y ha sido detenida cinco veces en los últimos dos años. Además, se niega a dar el DNI, que ya ni lleva en el bolso. Así, el asunto suele acabar en el juzgado y no en comisaría. “Prefiero defenderme ante un juez que con la policía, tienes más derechos”, asegura.

PH. Tantos desahucios en casas de alquiler social. Resulta más sangrante que las ejecuciones hipotecarias.

Igual de sangrante. Aunque las consecuencias son peores. Al convertirse en morosos, se excluye de ayudas sociales. Y estamos hablando de familias muy vulnerables. Aunque la renta sea barata, 70 € donde no entran ingresos es mucho dinero. Y desde la PAH se trabaja este asunto como el de las hipotecas. Al llegar suelen sentir vergüenza cuando cuentan su historia, porque a lo mejor deben al IVIMA tres mil euros, y no cien mil como muchos hipotecados. A veces, en un desahucio de alquiler social, entre lecheras y helicóptero se gastan más dinero que la propia deuda familiar. Es surrealista. La lucha por detenerlos también se complica. Si negocias con un banco sabes a quién tienes enfrente, pero en el tema de las viviendas sociales se tiran la pelota unos a otros. Lo que ha pasado esta mañana ha sido gracias a la sentencia del tribunal europeo, pero también a meses de negociación, noches de encierro, detenciones, juicios…

 

La activista Feli Velázquez con Emilia. La PAH negocia desde enero con la EMVS para que Emilia y su familia no se queden en la calle

PH. ¿Por qué hace esto una empresa pública? 

Porque no se comportan como tal. Se sumaron a la burbuja y se hicieron con más suelo del que necesitaban para hacer negocio con el derecho a la vivienda. Ahora tienen suelo pero no pasta. Y quieren vender a toda costa, por eso desahucian. En Vallecas tienen un bloque con 94 viviendas cerradas, ya lo venderán. Porque además, al no haber comprado el suelo, pueden vender más barato. A veces plantean alquileres con opción a compra de 600 €. ¿Qué tiene eso de social?

PH. Se han convertido en inmobiliarias. 

Sí, es otra privatización más. De IVIMA están echando a trabajadores sociales, a buenos profesionales. ¿Por qué desmantelar lo que tienes? Externalizan sus servicios y así, si tienes una deuda con IVIMA, no se la pagas a ella, y te atiende un señor sin ninguna sensibilidad social. Luego piensan que con ceder a Cáritas mil viviendas solucionan el problema. Y no es así.

PH. Es vox populi que la Iglesia, propietaria de muchos inmuebles, también desahucia. 

Sí que hay casos… Pero es que esa cesión, además, fue un error, porque las condiciones de una institución católica como Cáritas están enfocadas a un tipo de familia desestructurada. Y en sus pisos viven familias sin un duro pero muy integradas, que se tienen que prestar a su control las 24 horas del día. Y de esta forma las terminas de hundir.

 

 

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie