La RAE no quiere compartir sus palabras

La Real Academia de la Lengua, financiada al 50% por las grandes empresas españolas, prohíbe usar o enlazar contenidos del Diccionario. La editorial Planeta fuerza “en nombre de la RAE” el cierre de una web que comparaba definiciones.

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Las tomas falsas del progreso

Un viaje desde el Mazinger Z de Tarragona a Ordos, una ciudad china construída para no ser habitada.

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Los desafíos de la nueva biblioteca de Alejandría

Google decidió digitalizar millones de libros hace siete años, cuando todavía no habíamos oído hablar de lectores electrónicos ni tabletas. Ahora necesitamos una biblioteca digital y los legisladores deberán crear nuevas leyes.

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Un GPS para cruzar fronteras y no morir de sed

Transborder Immigrant Tool: un dispositivo de bajo coste que indica a los migrantes dónde encontrar agua potable.

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Libia: la importancia de poder llamar a casa para decir “estoy vivo”

Teléfonos satélite para los refugiados en la frontera de Libia. “En cinco días hemos hecho posible más de 2.000 llamadas”, nos dicen desde Ras el Jedir.

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La casa se empieza por el teclado (público)

Se pone en marcha una campaña para que las administraciones compren informática que respete los derechos humanos

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“Aquí no sois conscientes de las condiciones en que se fabrica ese iPhone”

“Es muy frecuente que los trabajadores tengan ataques de histeria”. Hablamos con un líder sindical y una investigadora social del sector de la tecnología en Malasia.

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Ayuda humanitaria en abierto

Al día siguiente del terremoto de Haití, voluntarios de todo el mundo volcaron datos sobre  las calles,  los edificios en ruinas y  las carreteras bloqueadas, al mapamundi libre de OpenStreetMap. Dos días después, un grupo de la Universidad de Heidelberg colgó en Internet un planeador de rutas de emergencia para Haití.

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El Banco Santander intentó cerrar una web crítica acusando de estafa a tres ONG

El Banco, a través de Telefónica, presionó a las empresas tecnológicas que albergan una web crítica con sus inversiones para que la eliminaran. Argumentaron que las ONG “hacían uso indebido de su marca” para “recabar datos y acceder ilegalmente a las cuentas bancarias de los usuarios y usar sus tarjetas de crédito”. Solo un juez puede dictar el cierre de una web.

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