Sociedad

La Haya juzgada por las víctimas del Congo (II)

"Con [el dictador] Mobutu no había derechos. Es ahora cuando empezamos a comprender el significado y la importancia de la justicia para vivir en paz," dice la periodista congoleña Gratian Iracan. "Pero el problema es la corrupción, aquí el dinero es la ley."

Segundo y último capítulo del reportaje sobre cómo está viviendo la sociedad congoleña el juicio de la Corte Penal Internacional contra el guerrillero Lubanga por reclutar niños soldados.

Leer La Haya juzgada por las víctimas del Congo (I)

El señor de la guerra Thomas Lubanga en el juicio ante la CPI

En uno de los pocos restaurantes de la ciudad en el que los foráneos por cuestiones de seguridad podemos tomar un trago y despojarnos del polvo que casi se mastica, me encuentro con Dieudonné Mbuna, integrante del equipo de la defensa de Thomas Lubanga y residente en Bunia. Un hombre comedido y pausado en el habla. Junto a Emmanuel he preparado una lista de preguntas intrigantes que quedarán en papel mojado. Al poco de iniciar la entrevista me cuenta que su equipo le impide que hable con periodistas. “Este un momento delicado,” dice, y es que en estos días la defensa presentará a los jueces su demanda de abuso de proceso contra la Fiscalía. Los abogados de Lubanga acusan a la oficina de Moreno-Ocampo de haber colaborado con intermediarios que indujeron a los testigos a mentir en sus testimonios. El cruce de acusaciones dió lugar a un debate legal que casi le cuesta el caso a Moreno-Ocampo cuando el pasado mes de julio los jueces suspendieron los procedimientos considerando que no podían garantizar un juicio justo. “Los jueces están haciendo un buen trabajo,” dice Mbuna, “han demostrado que no actúan en beneficio de ninguna de las partes. Thomas está seguro de que adoptarán una decisión justa.”

La paz, frágil como la cáscara de huevo

Existe la noble idea de que la justicia internacional, a modo de panacea universal, traerá consigo la paz y la reconciliación en sociedades divididas por el conflicto. Pero la realidad se muestra más compleja. La reconciliación se vuelve ardua cuando aquellos que dicen ser las víctimas son incapaces de aceptar que su grupo también cometió crímenes.

“En Bunia hay instalado un clima de desconfianza entre los diferentes grupos étnicos,” cuenta Emmanuel, “los que aún apoyan al UPC se sienten víctimas de este proceso [judicial], mantienen que actuaron en defensa propia”. Acudo a Radio Candip, la entonces emisora oficial del UPC, hoy reconvertida en radio comunitaria independiente. Allí me recibe el Profesor Pilo Kamaragi, representante de la comunidad hema y miembro destacado del UPC. Pese a estas credenciales, me sorprende que durante la entrevista niegue reiteradamente la relación entre Thomas Lubanga y su comunidad. Al preguntarle por el juicio contra su líder, llueven las descalificaciones a la Corte. “Tengo la impresión de que este proceso está tremendamente politizado, no me inspira confianza,” dice. “No es equitativo, ¿de dónde venían las armas? ¿quién financiaba esta guerra?” pregunta haciendo referencia a otros líderes considerados los verdaderos responsables del conflicto en Ituri y que aún están en libertad. “Esa es la parcialidad de la Corte Penal Internacional de Moreno,” dice Pilo.

Profesor Pilo comparece ante las prensa local durante la visita del Fiscal de la CPI a Bunia en Julio de 2009 (Sheila Vélez)

La opinión del grupo opositor, los lendu, parece no distar mucho de las palabras de Pilo. Según cuenta Alex Losinu, representante de esta comunidad, los lendu no comprenden por qué Moreno-Ocampo ha dejado fuera de los cargos contra Lubanga otros muchos crímenes cometidos por el UPC. “¿Esos niños fueron reclutados para matar monos o para matarnos a nosotros?” pregunta recordando las masacres sufridas por su grupo. “Poco nos importa que le condenen o no. Estos juicios no traerán la paz a Ituri, no pueden poner remedio a lo que esos niños soldados hicieron. Violaron, mataron, robaron, y aquí siguen, libres”. Produce escalofríos oírle hablar, mantener un discurso de odio intacto. “Si Thomas Lubanga vuelve a Bunia, le pedimos que deje a nuestra comunidad en paz. Si nos provoca nos defenderemos, volveremos al punto inicial. Aquí la paz es frágil como la cáscara de huevo”.

(S. Vélez)

Con los días, y otras conversaciones en el camino, observo que estas posiciones radicales son minoritarias. Gilbert Tandia Bakonzi, defensor de derechos humanos y director del Centro Pelícano para la Paz y la Justicia en Bunia, sí cree que los procesos en La Haya traerán paz a la región. “Estos juicios mandan un mensaje muy claro: no habrá impunidad. Ituri necesita justicia, aunque la reconciliación depende de nosotros” dice Gilbert, quien ha sido objeto de amenazas por parte de esos que llama “extremistas”.  Cuenta que la división entre grupos está a nivel intelectual, en las élites, en los políticos. “La gente de a pie vivimos en común unión, los hema con los lendu, todos acudimos a los mismos mercados, a los mismos hospitales, a las mismas iglesias”. Decía John Carlin en su reportaje sobre Sierra Leona, ‘El infierno en la tierra’, que el gran enigma africano es la capacidad de perdón. Y es así. La gente parece estar cansada de tanta guerra. Pero es un hartazgo mezclado con cierta resignación. Lo veo en los ojos de Emmanuel cuando me mira atónito al hablarle de revoluciones populares, de poner punto y final a décadas de agravios. Y es que años de colonialismo y dictaduras parecen haber alienado generaciones enteras. No han sido educados en la protesta sino en la aceptación de la barbarie.

Gilbert Tandia Bakonzi, defensor de derechos humanos y director del Centro Pelícano para la Paz y la Justicia en Bunia (Sheila Vélez)

La Justicia anhelada

Uno de los mayores retos a los que se enfrentó Alice Zago, investigadora en el caso Lubanga, fue cómo explicar a víctimas y testigos esa abstracta noción de Justicia. Y es que,  ¿cómo hablar de derechos a quienes nunca han gozado de ellos?. En mi encuentro con ciudadanos de Katoto, a 22 Km al noreste de Bunia, confirmo las palabras de Alice. Es un grupo de cuatro hombres y tres mujeres, que de tanto en tanto se reúnen para escuchar programas de justicia en la radio. El proyecto, Radio Interactive pour la Justice, lo coordina una colega norteamericana. Cuando les pregunto si comprenden lo que escuchan, uno de ellos cuenta que no entiende qué es eso de los derechos humanos. Pero mi sorpresa es mayor cuando mi traductor, Emmanuel, no encuentra el equivalente en Swahili de “justicia internacional” y emplea el término francés. Gratian Iracan, periodista local que colabora con Radio Interactive ofrece la clave: La gente necesita tiempo para comprender qué es la justicia. Con [el dictador] Mobutu no había ningún tipo de reivindicación ni reconocimiento de tus derechos. Es ahora cuando empezamos a comprender el significado y la importancia de la justicia para vivir en paz,” dice Gratian. “Pero el problema es la corrupción, aquí el dinero es la ley.”

Ciudadanos de Katoto, en Ituri, participan del proyecto Radio Interactiva para la Justicia (c)Sheila Vélez

La falta de confianza en las instituciones judiciales locales es común entre los habitantes de Ituri. Aunque el gobierno congoleño, con ayuda de organizaciones internacionales, ha acometido algunos progresos en los últimos años, la corrupción está a la orden del día y la escasez de recursos e infraestructuras hace inviable la puesta en marcha de procesos con todas las garantías. “No comprendo cómo un hombre que ha violado a una mujer es arrestado y al poco tiempo liberado”, dice una de las mujeres de Katoto. “Aquí la justicia solo existe para los pobres, si eres rico y tienes un problema, lo solucionas con dinero.” La falta de recursos se extiende también a las prisiones. “Era horrible lo que vi allí”, cuenta Emmanuel recordando su visita con otro periodista a la cárcel de Bunia. En su cabeza perdura la imagen de reos famélicos cuyas dietas dependen de lo que sus familiares puedan traerles, hacinados en pequeños habitáculos carentes de higiene.

La larga trayectoria de guerras y conflictos étnicos que ha sufrido la República Democrática del Congo en los últimos decenios ha hecho añicos sus estructuras judiciales. “A partir de 2004 la justicia comienza a funcionar tímidamente, y es ahora cuando nuestro sistema judicial empieza realmente a dar ciertos pasos,” dice el Fiscal Militar de Bunia, Jean Maurice Lianza. “Es por ello que el Gobierno ha hecho un llamamiento a la Corte Penal Internacional para que los crímenes no queden impunes.” En Marzo de 2004, el gobierno de Kinshasa refirió el caso al tribunal internacional para que investigara y juzgara los crímenes cometidos en territorio congoleño bajo su competencia. Sin embargo, esta corte no se presenta como un mecanismo sustitutivo de los procesos nacionales sino complementario. Este es el reto del tribunal, promover que los estados pongan fin a los crímenes que no solo atentan contra sus ciudadanos, sino contra toda la humanidad. También que cumplan los deseos de la mujer de Katoto: “Ojalá esto no vuelva a ocurrir jamás. Los niños no son soldados. Los niños van a la escuela.”

Niños en la República Democrática del Congo (c)Sheila Vélez