Sociedad
Tras la privatización, la corrupción en el Sistema de salud colombiano
Millones de personas en Colombia demandan que se anule la ley aprobada por Álvaro Uribe por la que se privatizó el sistema de salud, y que ha permitido el desfalco de millones de euros.
Entre los imputados, un subgerente de la aseguradora de capital español Sanitas.
Hospital en Colombia (AP)
Las primeras investigaciones confirman desfalcos que superan los 16 millones de dólares entre 2005 y 2010, cometidos bajo la modalidad del recobro de servicios al gobierno por las privadas Empresas Prestadoras de Salud (EPS).
La Ley 100, vigente desde 1993, y su reforma de 2007, supusieron en la práctica la privatización operativa del sector de salud en Colombia, al quedar en manos del Estado solo los servicios médicos de las capas más pobres de la población y depender el resto de las EPS.
Pese al escándalo, el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo, permanente denunciante del sistema de salud actual desde su ingreso al parlamento en 2002, se mostró pesimista sobre la posibilidad de que la criticada norma resulte anulada. “No se producirá (la derogación). La coyuntura del gobierno será cambiar a unos vivos (aprovechados) poderosos, por otros más vivos y más poderosos“, sentenció a IPS.
La ley determina un Plan Obligatorio de Salud, con medicamentos a cargo de las EPS, y reconoce el reembolso del valor de medicinas no incluidas en el programa, en situaciones específicas de gravedad del paciente. La devolución del dinero corresponde al estatal Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).
El desfalco se basó en solicitar el reintegro de una misma medicina varias veces, con sobrecostos de entre 39 y 671 por ciento por encima del valor real. Además, se incluyeron unos 100 medicamentos no autorizados o por clasificar dentro del plan obligatorio y se utilizaron nombres de personas fallecidas como supuestos usuarios.
El presidente Juan Manuel Santos informó el 2 de mayo que “descubrimos desfalcos monumentales y cerca de diez modalidades de recobros”, al asegurar que lo hallado es solo “la punta del iceberg” de la presumible corrupción total con los reintegros de pagos de medicinas. El destape de Santos del llamado “caso de los recobros” reactivó las denuncias permanentes por parte de organizaciones médicas y científicas, universidades, investigadores sociales y parlamentarios a lo largo de los 18 años de vigencia de la ley.
“Ha sido una larga lucha con participación de mucha gente. Es imperante establecer un sistema con auditoría real. Por eso, sin dejar de prestar el servicio, es fundamental derogar la Ley 100″, anotó Robledo. La exdirectora del estatal Instituto de Seguros Sociales, Cecilia López, denunció que “la plata (dinero) de la salud se la robaron los corruptos, los narcotraficantes y los paramilitares” de extrema derecha respaldados por estamentos políticos y militares, según ha comprobado la justicia.
Marcela Vélez, una médica especializada en sanidad pública y autora de “Salud: negocio e inequidad. Quince años de la Ley 100 en Colombia”, también consideró indispensable que se anule la norma. “La única forma de establecer control es fijar un sistema de pagos controlado. De lo contrario, seguir con el sistema actual hace imposible controlar los ingresos de las EPS y sus cuentas con el Fosyga” dijo Vélez. Subrayó además que la gubernamental Superintendencia de Salud, responsable de los controles, no cuenta con recursos humanos y económicos para la tarea.
A las voces públicas se unieron las redes sociales. Facebook cuenta con grupos como “Abolición ya, a la Ley 100 de salud colombiana“, con 34.104 miembros. Con menos seguidores están “A que encuentro 40 mil colombianos que odiemos la Ley 100″; “Basta de rogar: salud y pensión con dignidad” y, “Un millón de firmas o más, para exigir la derogatoria de la Ley 100″.
La ley fue promovida en su momento por el entonces senador derechista Álvaro Uribe, que después gobernó el país entre 2002 y 2010. Uribe impulsó junto con su ministro de Protección Social, Diego Palacio, el cierre de hospitales públicos y universitarios de larga trayectoria, para consolidar el dominio privado del sector.
En diciembre de 2009, Uribe y Palacio emitieron 10 decretos de emergencia social, bajo el argumento de la urgencia en enfrentar la crisis económica de las EPS, que amenazaban con cierre de actividades. Los decretos fueron declarados inexequibles (sin efecto) en abril de 2010 por la Corte Constitucional, por ser contrarios a la carta magna de 1991.
La grave situación del sistema de salud en Colombia se ahondó con el escándalo de los recobros y ha generado manifestaciones por diferentes puntos del país, en demanda de la anulación de una ley que permite el contraste de desfalcos millonarios con una precaria prestación de servicios.
La expresión más dramática de esta precariedad son los llamados “paseos de la muerte”, de enfermos que terminan por fallecer frente a hospitales u otros centros de salud, tras haber sido llevados de uno a otro y negárseles atención por no tener respaldo económico o incluso por tener algún pago mensual atrasado con la seguridad social.
Diez días después de que Santos reveló el caso, fue intervenida la mayor EPS de Colombia, Saludcoop, con cuatro millones de afiliados, por presuntos ilícitos financieros, y el 24 de mayo se allanaron las instalaciones de otras cinco firmas.
El 31 de mayo, la Fiscalía General acusó formalmente a los primeros cinco implicados en el fraude: dos funcionarios del Ministerio de Protección Social, un subgerente de la aseguradora de capital español Sanitas, un asesor externo para varias EPS y un particular.
Por su parte, la Corte Constitucional comienza este martes 7 una serie de audiencias con ministros del gobierno de Santos y organismos estatales de fiscalización, control y acusación pública para que informen sobre el cumplimiento de la Setencia T-760 de 2008. En ella se ordenó la revisión y mejora del sistema de atención sanitaria, mediante el fortalecimiento del Plan Obligatorio de Salud y la atención a niños y niñas que estuviesen excluidos del programa.
[...] Tras la privatización, la corrupción en el Sistema de salud colombiano periodismohumano.com/sociedad/salud/tras-la-privatizacion… por Ayolea hace 1 segundos [...]
Este es uno más de los escándalos del mandado de Uribe que han explotado, para enumerar solamente algunos más (http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2035765,00.html):
. Agro Ingreso Seguro: programa de subsidios al sector agrario (medio y minifundista) que terminó otorgando beneficios entre otros a grandes terratenientes y reinas de belleza, dejando fuera del sistema o otorgando subsidios irrisorios a los campesinos a los cuales en teoría se dirigía el Programa (http://www.cambio.com.co/paiscambio/847/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-6185730.html).
. Interceptaciones y seguimientos por parte del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad: organismo de investigaciones del Estado) a políticos, miembros de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, personal de ONG, defensores de derechos humanos, cuya tesis eran contrarias a la que se establecía desde el Palacio de Nariño, es decir: el conflicto armado existe, hay desaparecidos, desplazados, despojo de tierras y bienes, etc., en Colombia. Actualmente se encuentran procesadas algunas personas muy cercanas a Uribe, entre ellos el Secretario Personal de la Presidencia durante su mandato (http://www.semana.com/nacion/procuraduria-apoyo-pedido-detencion-contra-maria-del-pilar-hurtado-bernardo-moreno/157264-3.aspx).
Tal y como señalaba The Guardian hace unos días: el desarrollo anti-ético de Colombia: http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/jun/06/colombia-amoral-development-uribe
En este artículo se afirma que las EPS han desfalcado 16 millones de dólares al estado colombiano cuando eso aún no se ha comprobado.
Es cierto que Saludcoop ha sido intervenida por irregularidades en sus cuentas pero no se ha llegado a ninguna conclusión sobre si han desfalcado o no dinero.
Aunque la ley 100 no es un ejemplo de máxima equidad en el mundo, ha conseguido que el sistema sanitario en Colombia mejore drásticamente frente a lo que era antes del año 93. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) En 1993 la cobertura era del 22% de la población y hoy supera el 95%. Este mismo organismo califica el sistema sanitario colombiano en el número 22 en cuanto a desempeño y en el número 1 en cuánto a solidaridad.
El POS
El programa obligatoria de salud regula qué servicios médicos deben prestar las EPS a los usuarios y cuáles no. Uno de los problemas es que el POS no se ha revisado desde la década de los 90 con lo cual se han incrementado los recobros.
¿En qué consisten los recobros?
Las EPS prestan servicios que no están incluidos en el POS y pasan las facturas de los mismos al estado. El FOSYGa (fondo de solidaridad y garantía) es el organismo estatal encargado de aclarar esas facturas y posteriormente de pagarlas a las EPS.
¿Qué ha pasado?
La burocracia que supone esos recobros dio lugar a la creación de unas empresas encargadas de tramitar esas facturas y recobros en nombre de las EPS. Una de esas empresas está acusada de hacer transacciones fraudulentas sobornando personal en el ministerio de salud y haciendo cobros que ya se habían hecho o incluso de personas fallecidas.
¿Quiénes son los imputados?
Personas que trabajan en esa empresa, en el ministerio y un empleado de la EPS Sanitas que presuntamente ayudaba a dicha empresa en su tiempo libre.
El día 10 de Junio se celebró la audiencia de acusación de este grupo de detenidos y tanto el fiscal del caso como la juez afirmaron que no existe ninguna mención o acusación en contra de ninguna de las EPS.
(Ver: declaraciones de la fiscalía en los medios de comunicación colombianos.
¿Qué está pasando?
Apoyados en los casos mencionados, se ha desatado una campaña de desprestigio, por parte del estado y de los medios de comunicación colombianos, contra las EPS y el sistema sanitario en su totalidad. Esto se ha hecho sin tener en cuenta el derecho al debido proceso o la presunción de inocencia. El estado colombiano ha hecho allanamientos irregulares en las EPS (sin levantar actas ni permitir el inventario del material confiscado) avisando de los mismos previamente a los medios de comunicación.
¿Qué es lo que no cuentan lo medios de comunicación colombianos ni tampoco el gobierno de ese país?
El estado colombiano tiene una deuda millonaria con las EPS (cerca de 500 millones de dólares repito 500 millones de dólares).
No olvidemos que el presidente Juan Manuel Santos era el ministro de defensa durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez probablemente el periodo en el cuál el estado más ha violentado los derechos humanos en Colombia.
(Ver: http://periodismohumano.com/en-conflicto/noches-de-caceria-paramilitar.html).
¿No podría ser este un nuevo pero diferente caso de “falsos positivos” en este caso para evitar pagar esa millonaria deuda?
Tampoco nos mencionan, y en esto parece que el país entero sufre de una amnesia colectiva que gracias al actual sistema sanitario, Colombia dejó de tener los peores indicadores de salud de América. (Ver informes de la OMS acerca del progreso de la salud en Colombia en los últimos 17 años como por ejemplo la disminución de mortalidad infantil y mortalidad materna; aumento de la cobertura de vacunación, etc.)
En cualquier caso, en mi opinión, creo que hay que evitar la des-información propia de los principales medios de comunicación colombianos ni repetir verdades a medias o calumnias sin su previo análisis. Tengamos en cuenta que se está desacreditando a un sistema que no sólo incluye a unos cuántos empresarios sino también a miles de médicos, enfermeras y personal de servicios que día a día trabajan por la salud en Colombia. Dejemos que los tribunales hagan su trabajo antes de continuar con esta malsana cruzada.
Gracias.
No entiendo porque ha sido borrado el comentario que hice hace algunos días a esta noticia, en el que enumeraba algunos de los demás casos de corrupción que ha dejado el gobierno colombiano anterior. No utilicé lenguaje obsceno o despectivo y cada afirmación estaba respaldada por información de prensa.
Me gusta y agradezco mucho la visión de la comunicación que tienen en su medio, los sigo con bastante asiduidad. Por eso no comprendo esta “censura” además sin explicación. ¿no venia al caso según ustedes?