Sociedad

“Tranquila, sólo necesitaría esa palabra”

Según un estudio del Observatorio DESC y la PAH, el 84% de los hombres y el 91% de las mujeres afectados por la hipoteca declara sufrir mala salud mental, mientras que del total de población en Cataluña, esa cifra no supera el 15%.

Este reportaje fue elaborado en el marco del II curso "Comunicación con enfoque de derechos, herramientas para un periodismo más humano", organizado por Periodismo Humano y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).

Núria Flores con sus hijos (C.C.)

Núria Flores está haciendo un curso de internet. Es uno de los requisitos para seguir en la bolsa de empleo del Ayuntamiento y no perder las ayudas que recibe. “Éste me lo he podido permitir”, dice, puesto que es un día a la semana, y ha encontrado con quién dejar a sus hijos durante esas tres horas. Confía en que, con lo que aprenda en el curso podrá ayudarles con sus tareas. “Creo que me va a ir bien; además, hay bolsa de trabajo”, dice, no muy esperanzada.

Hace poco, estando en el curso, empezó a sentir un fuerte dolor en el estómago, con náuseas y vómitos. Perdió el conocimiento, y una ambulancia la trasladó al hospital, donde estuvo ingresada hasta el día siguiente. Según el diagnóstico, eran efectos secundarios de la ansiedad. Ella misma reconoce que es muy nerviosa, que sufre del estómago y que tiene el colon irritable, “todo de mis nervios, de mi situación, de ser una campeona luchando, pero estas campeonas atraen estas consecuencias”. Se refiere, también, a un tumor que tuvo en el pecho, y que interpretó como un aviso de la vida. Le recomiendan que se relaje y se tranquilice, pero, “¿cómo se puede tener relax con dos niños que piden comer? Y hay que pagar piso, luz, agua, gas…”.

Maria Antònia Castellana, de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) de Cardedeu (en la provincia de Barcelona), ha visto a menudo “situaciones personales muy duras”, de angustia y más afectaciones en personas que están en riesgo de perder su vivienda, “es un período brutal”, sentencia. Hacía justo una semana Núria había recibido “el tocho”. Así le llaman a la notificación del juzgado según la cual el banco denuncia un impago de alquiler, a raíz del cual se inicia el proceso de desahucio. “Me da tanto miedo, que me he leído solo que es [un juicio] verbal”. En cuanto lo recibió, Núria fue a hablar con su asistenta social y con la PAH. En la asamblea, cuando llegó su turno, su voz sonó temblorosa pero decidida: “Estoy muy asustada, pero soy muy fuerte, y tiraré hacia adelante. Y lo haré con vuestra ayuda, que me ayuda mucho”. En la asamblea de la PAH de Granollers (la de Cardedeu deriva allí sus casos) le indicaron qué pasos debería dar a continuación. De momento, está a la espera de que le otorguen el abogado de oficio que ha requerido para poder preparar la vista oral. El suyo es un caso un tanto atípico en la PAH de Cardedeu, puesto que el propietario de su piso es Anticipa, una gestora inmobiliaria. Anteriormente, el propietario era un particular a quien también afectó la crisis y tuvo que hacer una dación en pago. Núria había acordado con él una rebaja del alquiler hasta los 250 euros. Con esta rebaja pudo seguir pagando hasta febrero. Al vencer este verano el contrato antiguo, Anticipa le propuso un alquiler de 840 euros, o “perdonarme la deuda a cambio de que me fuera del piso”, explica. Desde la PAH intentarán negociar y que Anticipa proporcione este u otro piso en alquiler social.

Núria está tramitando la petición de la nueva renta garantizada de ciudadanía de la Generalitat, que entró en vigor en septiembre. Actualmente tiene una ayuda de comedor que le permite pagar 16,70 euros por cada hijo; “a veces me cuesta pagarlo, pero no es lo mismo que 200 euros por niño cada mes”, añade. Sus hijos también disponen de una beca para una actividad extraescolar.

En el caso de que no se llegue a un acuerdo con Anticipa y el juez dicte una orden de desahucio, tramitará el certificado de riesgo de exclusión residencial.

La respuesta de la administración

Las administraciones públicas de Cataluña, para proteger a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial, pueden adoptar distintas medidas (según la ley 4/2016: mediación, expropiación, realojo, dotación de ayudas,…). En defensa de los desahucios que no cubre la ley 4/2016, según la ley 24/2015, las administraciones públicas deben garantizar “en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual”.

Benet Fusté, concejal de Vivienda, confirma que el Ayuntamiento de Cardedeu está realojando a todas las familias que se encuentran en esta situación. En los últimos cinco años, añade, ha habido entre 10 y 15 casos cada año; ahora mismo hay tres o cuatro familias en riesgo de ser desahuciadas. Para dar salida a estos casos extremos, el consistorio dispone de nueve pisos de vivienda pública de emergencia o inclusión, entre los cuales hay dos pisos de propiedad, tres cedidos por bancos, uno de un particular, “aunque la aspiración es que haya alguno más”, y tres alquilados. En algunos casos el Ayuntamiento cobra un alquiler social a los inquilinos. En breve, añade, dispondrán de otra vivienda de emergencia con tres o cuatro hogares para alojar familias mientras no se encuentra una vivienda social. El objetivo es que, al terminar la legislatura, el parque se amplíe a 15 o 20 hogares de uso social y de emergencia. Aún así, Fusté reconoce que, en un pueblo con 7.000 viviendas, este 0,2% “continúa siendo un dato irrisorio”. Lo que sería necesario, según Fusté, es que hubiera “un parque de alquiler de renta baja suficientemente potente como para, por una parte, atender las necesidades que tenemos, que son muchas, y por otra, contrarrestar una oferta en el mercado privado”. La mayoría de casos que atiende el consistorio son situaciones de privación económica permanente, “fruto de un mercado de trabajo que condena a la exclusión a los segmentos más bajos y menos cualificados”, cuando los servicios “están diseñados pensando en que la gente tiene situaciones de riesgo puntuales”.

Se trata de una situación que afecta más a las mujeres. En desalojos consumados, Fusté calcula que hay tres hombres por cada siete mujeres afectadas. “Las familias que tienen más dificultades para pagar la vivienda suelen ser hogares con uno o ningún ingreso y más de una persona a mantener; los hogares monomarentales, puestos a inventar neologismos, son mucho más predominantes”.

Derecho a tenencia segura

El derecho a la vivienda digna está reconocido en el Estatuto de Cataluña y en la Constitución Española. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure “la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda (…)”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también ratificado por España, recoge el derecho a toda persona a una “mejora continua de las condiciones de existencia”. Específicamente respecto al derecho a una vivienda digna y adecuada, establece que debe haber “seguridad jurídica en la tenencia”, es decir, que los ocupantes deben disfrutar de “una tenencia que les otorgue una permanencia segura” en el inmueble.

Por otra parte, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) relaciona directamente el derecho a una vivienda digna con la salud: “implica acceder a un hogar y a una comunidad segura en la que vivir en paz, con dignidad y salud física y mental”.

La angustia del ‘mientras tanto’ y los efectos en la salud

“Últimamente, desde la PAH intentamos dar más confianza, porque está claro que nadie se está quedando en la calle”, dice M. Antònia Castellana, aunque lamenta que “no conseguimos quitar la angustia”. Núria Flores, para quien Castellana “es mi ángel”, lamenta que no sea el propio Ayuntamiento quien se lo confirme. “Estaría muchísimo más tranquila”.

Recordando todos los casos que ha vivido, Castellana dice que suelen darse  situaciones de depresión muy elevada, de desasosiego sobre qué pasará, “qué debe hacer con los muebles, cómo irá todo, dónde podrá ir… y las soluciones siempre llegan en el último momento”.

Según un estudio del Observatorio DESC y la PAH, el 84% de los hombres afectados por la hipoteca declara sufrir mala salud mental, mientras que del total de población masculina en Cataluña, esa cifra es del 10%. En el caso de las mujeres, son el 91% de las afectadas las que acusan mala salud mental, frente al 15% del conjunto de mujeres en Cataluña. El estudio, que también detecta mala salud física entre los afectados, sostiene que el deterioro empieza en etapas tempranas, y la situación empeora cuando llega la orden de desahucio.

El Observatorio DESC y la PAH alertan en el informe del “grave impacto de la problemática en el bienestar de los menores”, puesto que “los problemas relacionados con la hipoteca también estarían aumentando el riesgo de padecer mala salud de los hijos de las familias afectadas”. De hecho, el 70% de los hijos de encuestados han estado tristes alguna vez durante la última semana, ante el 10% de la población infantil catalana.

El informe también detecta tensiones en el ámbito doméstico y deterioro de las relaciones familiares, y concluye que la emergencia habitacional tiene impactos concretos sobre la salud física y mental de todos los miembros del hogar. Señala que las desigualdades en salud “dependen en gran medida de determinantes sociales como son las condiciones habitacionales y de trabajo”.

Un acompañamiento específico

Ya en 2011, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) alertaba, en un comunicado, que las condiciones socioeconómicas desfavorables tienen consecuencias perjudiciales sobre la salud, y que estos efectos dependen del tipo de políticas económicas, sociales y laborales que se adopten. Respecto a la situación de emergencia habitacional, ODESC y la PAH señalan que esta situación requiere “reformas estructurales en diferentes ámbitos y con una visión integral más allá de la vivienda, como el de la salud o la atención a la infancia”.

En el Ayuntamiento de Cardedeu no hay un servicio específico de ayuda psicológica o emocional, explica Fusté, aparte de las genéricas que se ofrecen desde Servicios Sociales. Se remite, asimismo, al servicio de intermediación hipotecaria, que también ofrece asesoramiento en casos de alquileres. El concejal se muestra partidario de concentrarse “en garantizar el derecho [a la vivienda] e intentar que la ayuda psicológica no sea necesaria porque la angustia no se produzca”.

Sin embargo, ODESC y la PAH, en 2015 y en otro informe publicado en 2016, recomiendan concebir las políticas sanitarias desde una perspectiva que atienda las desigualdades sociales en salud vinculadas a las condiciones de exclusión residencial.

Fusté entiende que “las afectaciones psicológicas se producen sobretodo porque ha habido una situación de riesgo y de incertidumbre”, y cuando el derecho está garantizado, “eso se reduce notoriamente”. Afirma no tener claro “que la parte más emocional y psicológica sea percibida como una necesidad”, y cree que hay ciertas reservas a que desde el sector público se acabe intentando tutelar y que estos acompañamientos “sean percibidos como una intromisión”.

Núria, en cambio, sí echa en falta cierto acompañamiento a nivel emocional o psicológico por parte del Ayuntamiento. “Es muy duro ir a estos sitios a contar tu situación”, explica, y añade que “te tienes que buscar la vida sola”. En su experiencia con trabajadores sociales no ha encontrado “ese apoyo que realmente esperas. Un acompañamiento de decir “tranquila, no te vas a quedar en la calle”. Tranquila. Solo esa palabra”. Sí ha encontrado ese acompañamiento en personas como M. Antònia Castellana, “que, sin conocerte de nada, te ofrecen su vida”. Para la integrante de la PAH falta que desde los Servicios Sociales “entiendan que se trata de algo suficientemente duro como para necesitar un acompañamiento psicológico, que puedas llamar cuando quieras, cuando tengas un momento de ansiedad”. Afirma que recibe llamadas de personas afectadas muy a menudo.

Castellana, que resalta la capacidad empoderadora que tiene la PAH, afirma que para ella es muy gratificante dar este acompañamiento. “Te tienen como a una persona de mucho valor, aunque yo no sirva para casi nada, porque yo no tengo pisos para darles”.

SESPAS apunta la necesidad de evaluar las políticas de ajuste de gasto público que ya se han implementado, en términos de sus consecuencias para la salud y la equidad en salud en la población española. En este sentido, Amnistía Internacional, que recuerda que entre 2008 y 2015 hubo una reducción de más del 50% del gasto público en vivienda, denuncia en un informe de 2015 que no se hayan hecho específicamente “evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género”.

“¡Me voy al súper!”

Núria respira aliviada: le acaban de otorgar una ayuda para comida y otra para subsanar parte de la deuda del suministro de gas. “Me subo por las nubes porque ¡puedo comprar comida para los niños! ¡Ahora mismo me voy al súper y llenaré la nevera!”

Aunque está muy contenta con la trabajadora social que le han otorgado después de pedir un cambio, afirma que “no quiero ver a la asistenta, no quiero tener ayudas de ellos”. Lo que quiere es “tener un trabajo, que me permita poder pagar un piso, luz, agua y gas, y que mis hijos coman. No soy persona de lujos, valoro todo mucho”, concluye.

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie