Sociedad

Salud y solidaridad en las Villas Miseria

Los barrios marginales de Buenos Aires sufren una “violación sistemática y permanente” del derecho a la atención sanitaria

Los deficientes sistemas de agua, electricidad y limpieza de las villas se extienden a unos centros de salud desbordados ante una creciente población

Ni de segunda categoría, “somos ciudadanos de cuarta”, sentencia el habitante de la Villa 20, en el porteño barrio de Lugano, Diosnel Pérez sobre las carencias sufridas en los asentamientos marginales de Buenos Aires. Denominadas favelas o chabolas en otras latitudes, los barrios informales en Argentina se llaman villas y se apellidan de emergencia o miseria como muestra inequívoca de la pobreza, exclusión y desigualdad ahí sufridas. Aunque sobre todo evidencian la extrema dificultad de miles de personas para acceder a una vivienda digna en Argentina, los precarios domicilios implican, además, la vulneración de otros derechos fundamentales como la salud.

Un automóvil policial vigila el acceso del centro de salud de la porteña Villa 20. (A.C.)

De la carestía de vivienda resultó trágica prueba la toma del parque Indoamericano, junto a la Villa 20 precisamente, por 6.000 personas a finales del pasado año. Desalojos por parte de la policía y agresiones de los vecinos sobre los ocupantes de la segunda mayor zona verde porteña se saldaron con tres fallecidos por impacto de balas y decenas de heridos tras diez jornadas de disturbios, aunque el conflicto se extendió después a otras tomas de terrenos públicos y privados en la capital federal, el conurbano bonaerense y el resto del país con mortal resultado también en la desocupación de una parcela en la norteña provincia de Jujuy a finales de julio. Funestas consecuencias implicó también la desigualdad sanitaria a principios de abril, pues un vecino de la Villa 31 murió por la negativa de la ambulancia a ingresar en el barrio. Y, para colmo, la desatención del servicio púbico se agravó poco después por el cierre parcial de Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) en las villas por una protesta laboral basada en la retirada de la vigilancia policial de los edificios. Acuerdos para el despliegue de gendarmes ante los ambulatorios y de patrulleros junto a las ambulancias, entre otros puntos, parecieron superar los dos desencuentros, pero un simple paseo por cualquier villa porteña demuestra la imposibilidad de zanjar el problema de fondo con una “solución militarizada” y, por tanto, la persistencia de múltiples riesgos para la salud.

“Es muy jodido vivir acá, estamos muy dejados”, resume Diosnel Pérez, miembro de la Junta Vecinal de la Villa 20 y referente en la zona del Frente Popular Darío Santillán. Nacido en Paraguay durante 1964, el dirigente barrial emigró con 19 años hasta Argentina, “como vinieron todos, buscando un futuro y una vida mejor. Allá era imposible vivir, porque la educación y la sanidad eran muy caras. Aunque mi papá ya estuvo antes, yo vine solo y armé mi familia acá [5 hijos y 7 nietos]. Ocupamos este lugar 50 familias hace 25 años y ahora somos casi 40.000 personas”, recuerda sobre la toma de terrenos germen del actual asentamiento informal junto a las vías ferroviarias en Lugano, en el sur de la capital federal argentina. El dato ejemplifica, además, la evolución demográfica global de las villas durante la última década, con un crecimiento del 50% hasta superar los 160.000 habitantes en la ciudad autónoma y más de dos millones en toda el área metropolitana. Pintor de obra de profesión, aunque también se gana la vida como albañil o fontanero, Diosnel Pérez inició su militancia en el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Lugano al perder su empleo con la crisis económica de 2001.“No respondemos a ningún partido político, todo se consigue a través de la lucha social”, subraya en el comedor comunitario instalado en la planta baja de su casa, donde cada noche cenan alrededor de 120 chicos con los alimentos donados por instituciones públicas.

El dirigente vecinal Diosnel Pérez posa junto al depósito policial de vehículos. (A.C.)

Muy cerca de su vivienda, con una calle sin asfaltar y una polvorienta cancha de fútbol de por medio, una parcela alberga desde los años 80 un depósito al aire libre de la Policía Federal Argentina para vehículos intervenidos por orden judicial o abandonados en la vía pública. “Un estudio sanitario hace varios años detectó, además de problemas respiratorios y dermatológicos, que el 35% de los chicos tenía mucho plomo en la sangre por la contaminación ambiental del cementerio de autos. Y el metal deja secuelas en los chicos, que no avanzan en los estudios, tienen dolores en la cabeza o en la panza y están más nerviosos o agresivos. Mi hijo de 13 años tenía 11,7 microgramos de plomo por decilitro de sangre y sufre convulsiones, dicen que quizá sea principio de epilepsia”, explica Pérez. De hecho, un informe de la no gubernamental Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) recuerda que “Villa 20 fue declarada en emergencia ambiental y sanitaria y de infraestructura” desde 2008, pero “el cementerio de autos sigue instalado y el predio contaminado, a pesar de las tareas que se iniciaron para remover todos los vehículos” un año después tras una sentencia judicial contraria al almacén policial por las continuas protestas vecinales. Y allí permanecen, efectivamente, pilas de viejos automóviles que compiten en altura con las viviendas contiguas y parecen el graderío de la cancha de fútbol, un escenario tan propicio para el desarrollo de juegos infantiles como para la proliferación de ratas y mosquitos.

Por si no fuera suficiente, Diosnel Pérez teme una mayor degradación de las condiciones sanitarias del entorno a causa de la futura instalación de un polígono industrial farmacéutico junto a la villa. “Hablan de prevención y no se puede prevenir, sólo sirve salir de acá, pero ¿adónde vamos?”, se pregunta, hastiado de los incumplimientos políticos y judiciales. De hecho, una ley local estableció la urbanización de la Villa 20 y “ordenó construir 1.600 viviendas, pero no hicieron ni una. A ningún gobierno le conviene urbanizar, porque usan nuestra necesidad para prometer mejoras y conseguir votos cada cuatro años. El Estado nos obliga a ocupar”, argumenta Pérez, imputado precisamente junto a otros representantes vecinales en la causa judicial por la usurpación del parque Indoamericano. “Es una vergüenza que nos procesen por un reclamo justo, pedimos una vivienda digna y nos dan una celda. ¿Cómo puede ser que nos persigan a nosotros en lugar de a los asesinos?”

Índices sanitarios propios de países menos desarrollados

Un niño del asentamiento marginal de Lugano, junto a un carro de tracción animal. (A.C.)

Al margen de causas externas como la contaminación industrial, la situación higiénica presenta deficiencias por la inherente precariedad de los servicios básicos en las propias villas. Ante la escasez o ausencia total de infraestructuras ejecutadas por las administraciones públicas, los vecinos deben encargarse de establecer sus propias redes de agua y electricidad con los consiguientes riesgos por una instalación inestable o defectuosa. “No se garantiza el acceso al agua segura y a condiciones sanitarias adecuadas, ya que las conexiones informales, pueden presentar en muchos casos fallas técnicas”, destaca el resumen de ACIJ antes de advertir, por ejemplo, de “filtraciones” entre las cañerías para consumo y para desagüe, aunque la red de cloacas se limita al vertido en pozos negros. Tampoco existe, aparte de gas natural o línea telefónica,  un servicio de limpieza de la vía pública y el sistema de recogida de residuos no vacía los contenedores comunitarios con la “frecuencia necesaria”, una combinación que “termina generando grandes acumulaciones de basura en las calles” y ya motivó una sanción económica a sus responsables políticos por decisión judicial.

En definitiva, “el Gobierno de la Ciudad, en vez de implementar políticas públicas inclusivas que tiendan a desdibujar las diferencias socioeconómicas existentes entre las villas y las zonas ricas, posterga sistemáticamente a sus habitantes, convirtiendo a las villas en verdaderos ghettos en los que habitan personas marginadas del resto de la sociedad”, concluyen desde ACIJ. Según la organización humanitaria, las carencias padecidas en las villas también se extienden a los centros de atención primaria allí instalados y, por ejemplo, “atentan contra la prestación del servicio [sanitario] en condiciones dignas la falta de provisión agua para mantener la higiene del lugar, la falta de electricidad y la falta de higiene ambiental en el entorno” de los ambulatorios. Y, además, la situación se agrava ante la “casi única y exclusiva” dependencia del sistema público de salud por parte de los habitantes de las villas, ya que sus recursos económicos inferiores en un 80% al resto de ciudadanos porteños impiden el acceso a mutualidades o aseguradoras privadas. Es decir, “el servicio de salud presenta una falla colectiva en su prestación, que lesiona el derecho a la atención de la salud -en el componente más básico, atención primaria y emergencias- de la comunidad más vulnerable de la ciudad, justamente la que no tiene otra alternativa para recibir atención médica que la del sistema público”.

Las villas albergan numerosas colonias de población paraguaya y boliviana. (A.C.)

Tampoco ayuda, en este contexto, la tendencia demográfica de la treintena de villas porteñas, concretada en la Villa 20 en un incremento de 7.000 a 35.000 personas durante los últimos 25 años. Por ello, la demanda “nos excede y sobrevivimos como podemos, priorizando turnos y colocando parches”, admite el pediatra Daniel Ventura, director desde 2007 del Cesac 18 pero con un cuarto de siglo de experiencia laboral en el asentamiento marginal de Lugano. Así, el ambulatorio dispone de una plantilla de 3 médicos clínicos, 2 generales, 5 pediatras, una docena de residentes, 4 enfermeras y otras tantas trabajadoras sociales: una treintena de profesionales para atender a 35.000 pacientes potenciales. Eso sí, “tratamos de dar el mejor servicio en cuanto cruzan la puerta para que no sean pacientes de segunda”, destaca Ventura. Aunque “mejoraron las infraestructuras, los recursos humanos y los medicamentos, continúan las carencias organizativas y las trabas administrativas. Y hay baches cada tanto como, por ejemplo, cuando estuvimos casi un mes sin insulina”, lamenta el director del Cesac de la Villa 20.

Precisamente, el pediatra advierte de la incidencia de enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión, asociadas a un índice del 40% en la obesidad infantil y enumera otros registros negativos de los barrios marginales: la mortalidad infantil es un 25% superior a la media del país, la muerte violenta de adolescente es tres veces mayor, hay cuatro veces más casos de tuberculosis… En general, las villas registran índices sanitarios similares a países limítrofes menos desarrollados a causa de la importante emigración procedente de Bolivia y Paraguay sin apenas variación de sus condiciones de vida. Afortunadamente, “no hubo mucho dengue ni tampoco cólera. Vamos zafando porque es una población resistente”, suspira Daniel Ventura. Del aguante de los habitantes, sobre todo de las mujeres, también habla la trabajadora social Mercedes Cristófol, con cuatro años de experiencia en el Cesac 18, como encargada de atender las peticiones de información sobre, fundamentalmente, planes sociales, programas sanitarios o plazas educativas. “Hay mucha soledad, porque no tienen redes familiares. La mujer es más vulnerable y sufre violencia física o psicológica. Es muy común que el marido se marche, no pase la pensión por su informalidad laboral y ella se quede sola, con los hijos, sobrecargada de trabajo. Es desesperante pero cosas ínfimas tienen un impacto importante en esa familia, por lo que te sentís útil y redoblás la apuesta de estar acá”.

Interior de un comedor comunitario infantil en la Villa 20, en el sur de la capital argentina. (A.C.)

Sin embargo, los gobiernos nacional y, sobre todo, municipal se limitan a realizar en las villas miseria una apuesta sencilla, un juego simple como sin buscar un premio en el resultado. A juicio de Mercedes Cristófol, “es más fácil vulnerar el derecho de la gente más pobre y, durante los últimos cuatro años, hay una falta de respeto y vulneración permanente en los barrios más pobres de la ciudad por parte de la gestión política actual”. Y no exagera, pues desde ACIJ se coincide en que “el modo de prestación diferencial del servicio de salud en las villas de la ciudad es desigual y discriminatorio por la condición socioeconómica de sus habitantes. Quienes habitan en las villas de la ciudad son sectores de la sociedad sistemáticamente marginados y postergados por las políticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Más aún, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia denuncia la “existencia de una violación sistemática y permanente que requiere de políticas públicas coordinadas que den una solución permanente y definitiva a los problemas en la atención a la salud”. Tan sólo medidas estructurales en sintonía con el vecindario de las villas permitirán garantizar un acceso igualitario a la sanidad pública y, de este modo, el ascenso de ciudadanos como Diosnel Pérez desde la cuarta categoria social.

Una niña descansa en un banco del Cesac 18. (A.C.)

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie