Sociedad
Reaprendiendo a vivir en paz
El desarme y la desmovilización de los excombatientes de Sudán del Sur son fáciles: el soldado entrega su arma y registra su nombre como ex combatiente.
Se hace en un momento. Lo que lleva tiempo y es complicado es la reintegración a la vida civil.
Una antigua escuela en Juba, la capital de Sudán del sur, ha vuelto a recibir alumnos. Pero quienes esta vez se sientan en viejas sillas de plástico y usan los escasos y demacrados pupitres no son las típicas hordas de niños ruidosos. Ahora se trata de veteranos de la guerra civil que enfrentó al norte y el sur de Sudán desde 1983 a 2005. En enero de ese año, un acuerdo de paz puso fin al conflicto y estableció las bases para el futuro entre las dos regiones, incluyendo un referéndum de independencia para el sur, que tendrá lugar del 9 al 15 de enero. Otro de los principales puntos era la reducción de los ejércitos de ambas partes en 90.000 efectivos cada uno. Este total de 180.000 personas han de seguir el proceso de lo que se llama DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración. El desarme y la desmovilización son fáciles: el soldado entrega su arma y registra su nombre como ex combatiente. Se hace en un momento. Lo que lleva tiempo y es complicado es la reintegración a la vida civil.
En Juba, los ex combatientes que han iniciado sus cursos en la escuela no están contentos. “Me uní a la resistencia para defender mi país”, dice Santino Lemi en árabe a través de un traductor, “pero desde que me desmovilizaron en 2006, he tenido que vivir de romper rocas en las montañas y esperar a que venga alguien a comprar”. En algunos lugares de África, una medida desesperada para ganar algo de dinero es convertir rocas en gravilla, que luego individuos o empresas compran para trabajos de construcción.
Cerca del 90 por cien de los ex combatientes que han iniciado el proceso de reintegración no saben leer ni escribir, según las propias organizaciones que les dan clase.
Lemi (J. M. C.)
Lemi, un antiguo campesino que no está seguro de su edad pero cree tener 47 años, se unió al SPLA (el ejército de sur Sudán) en 1996. Llegó al rango de subteniente y fue desmovilizado en 2006, a pesar de que él quería continuar en el ejército, principalmente por el sueldo fijo. Y hasta septiembre de 2010 no comenzó las actividades de reintegración. “Este curso, pues bien, pero lo que quiero es que me den el dinero y el kit al final para intentar volver a mi poblado”, cuenta al salir de clase, sentados a la sombra de uno de los pocos árboles para huir del calor enorme de Juba.
Lemi sigue un curso en el que enseñan a ex combatientes cómo montar pequeños negocios: un puesto de verduras, una peluquería, un puesto de recarga de baterías de móviles. Pero él quiere volver a trabajar la tierra y por eso le interesan el dinero y el kit de ayuda que los ex combatientes reciben al finalizar el curso. “Nos esperábamos más pero depende completamente del gobierno, son ellos los que nos desmovilizaron, deberían darnos algo pero si no, ¿qué podemos hacer? Solo podemos esperar”, dice resignado.
Como Lemi, Santina Juan fue desmovilizada en 2006. “Desde entonces, destilo licor para ganarme la vida y también voy al bosque a buscar leña para venir y venderla en la ciudad”, cuenta también en árabe y mediante traductor tras su clase del día. Juan comparte la amargura de Lemi. “No me están tratando como a una heroína, aún sigo esperando algún obsequio como muestra de agradecimiento del gobierno, algo que me permita construir una casa y ser independiente”.
Los casos de Lemi y Juan son paradigmático de un proceso de reintegración que está resultando una pesadilla para el gobierno y la comunidad internacional. Para empezar, la desmovilización no empezó oficialmente en sur Sudán hasta junio de 2009, y el proceso de reintegración lo hizo en mayo de 2010.
Juan (J. M. C.)
Lemi y Juan dejaron de pertenecer al ejército en lo que se llamó el “Proceso de Juba” entre 2005 y 2006, en el que todas las diferentes milicias que habían luchado en la guerra contra el norte se fusionaron con el SPLA, la mayor y mejor organizada y que había liderado la lucha. En este proceso, muchas de las mujeres que habían colaborado en la guerra y los ex combatientes heridos, considerados demasiado mayores o fuera de forma fueron efectivamente desmovilizados.
Estas personas pasaron a formar parte de la “Fase 1” del proceso DDR, que agrupa a aquellos con “necesidades particulares” y está previsto que desmovilice a 34.000 ex combatientes antes de julio, cuando sur Sudán declarará oficialmente su independencia. Será a partir de entonces cuando se iniciará el proceso de DDR para los 56.000 restantes, provenientes de tropas regulares del SPLA.
En teoría, y según estándares internacionales de DDR, el período entre la desmovilización y la reintegración no debería superar los seis meses. Para cubrir ese tiempo, en sur Sudán se entrega a los ex combatientes un paquete con 860 libras sudanesas (cerca de 260 euros), comida para unos pocos meses y utensilios básicos como cubos y mosquiteras.
Pero Lemi y Juan, y otros muchos como ellos, recibieron esa ayuda hace más de cuatro años y hasta ahora nadie se ha vuelto a ocupar de ellos. “Y por supuesto no es suficiente para empezar una nueva vida”, añade Lemi, para quien este paquete no fue suficiente para regresar a su poblado natal, Rokon, y poder construirse una casa. “Aquí en sur Sudán, la economía está muy mal, así que incluso cuando desmovilizas a la gente, no pueden conseguir un empleo, el único trabajo que existe en sur Sudán es la agricultura de subsistencia”, admite William Deng Deng, presidente de la Comisión de DDR de sur Sudán (SSDDRC, en inglés).
El programa de reintegración está financiado por dinero público donado por la comunidad internacional a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a quien muchos acusan de haber malgastado el dinero y de ser completamente ineficaz. “Hay muchas cuestiones que debemos tratar, incluyendo a los donantes (de fondos), porque nosotros no elegimos al PNUD, fueron los donantes quienes lo eligieron, y quizá el PNUD es competente en otras cosas pero en esto, definitivamente no lo es”, se lamenta Deng. El presidente de la comisión va más lejos y reconoce que “estaría de acuerdo si el PNUD se saliera de este programa y una organización más pequeña administrara los fondos”. De hecho, una auditoría interna encargada por el PNUD da una imagen muy negativa de cómo esta agencia está gestionando el dinero público para el programa de reintegración.
William Deng ha pedido la publicación de este informe pero, de acuerdo con el reglamento del PNUD, solo Estados miembros de Naciones Unidas pueden pedir ver la auditoría y esto solo físicamente en la sede de la ONU en Nueva York. Por lo que no está claro que el gobierno de sur Sudán, que de momento no es un Estado, pueda tener acceso al informe.
En esta auditoría, que periodismohumano ha podido ver, se destaca que son injustificables los costes de administración del personal del PNUD dedicado al programa de reintegración. El informe señala que 6 millones de dólares, casi la tercera parte del coste total del programa hasta septiembre de 2010, fue destinado a sueldos y extras de los empleados internacionales. “El PNUD contrata a casi 200 personas (en sur Sudán) y nadie sabe lo que están haciendo, el PNUD está siendo inusualmente ineficaz incluso comparado con lo mal que lo suelen hacer”, se queja una fuente cercana al programa y que no puede revelar su nombre.
Esta fuente explica que solo un 30 por cien del dinero donado para la reintegración llega a los ex combatientes, mientras que el 70 por cien restante se pierde en oscuros gastos administrativos, “cuando de acuerdo con estándares internacionales tendría que ser al revés: entre el 70 y el 80 por cien debería llegar a los ex combatientes”.
De hecho, el PNUD da a la organizaciones que implementan el programa 200 dólares para las clases y 400 para el kit que los ex combatientes reciben al final. Y esto a pesar de que, según su presupuesto, el PNUD gestiona 2.390 dólares por cada uno de los 90.000 ex combatientes y destina efectivamente 1.500 dólares por cada uno de las personas a reintegrar. Es un misterio el porqué la mayoría de ese dinero se pierde por el camino. Las organizaciones a cargo de implementar el programa son la Oficina Internacional para la Migración (OIM), la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, en inglés), la organización alemana GTZ y la bangladeshí BRAC.
La auditoría también revela que el PNUD aún no ha conseguido 331 millones de dólares para completar el presupuesto, por lo que el programa “no será sostenible a principios de 2011 si no se consiguen fondos adicionales”. Además, el PNUD envió tarde o no envió sus informes a los donantes y no mencionó que el programa iba con retraso y ningún ex combatiente había completado la reintegración en 2009. La auditoría destaca que los donantes están descontentos y se plantean cortar su contribución económica, lo que pone en peligro la totalidad del programa.
Las organizaciones a cargo de la implementación del programa se quejan de que el PNUD nunca realizó la principal tarea de la que era responsable: preparar y enviarles un documento detallando la duración y las características de los cursos. Esto ha resultado en el hecho de que BRAC ofrece cursos durante cuatro semanas, la OIM durante 14, la FAO durante 22 y GTZ durante 34, a pesar de que todas reciben el mismo dinero por cada ex combatiente con el que tratan.
Desmovilizados en uno de los cursos (J. M. C.)
Al menos en una ocasión, ex combatientes que asistían a cursos organizados por la OIM se manifestaron de forma violenta cuando se enteraron de que algunos de sus compañeros recibían apoyo y una ayuda económica durante más tiempo. Esto podría suponer un problema de seguridad, como reconoce William Deng. “¿Cómo evitamos que esta gente vuelva a las armas y se rebelen? Creando un buen programa económico para ellos, si pueden ganarse la vida como civiles, no volverán a las armas. Pero lo que no se puede hacer es simplemente dejarlos en la calle porque entonces crearán inseguridad”. La fuente cercana al programa va más allá: “¿Casi 200 personas trabajando en el programa en el PNUD y nadie se dio cuenta de que estas diferencias podrían crear problemas de inseguridad?”, se pregunta con ironía.
Nadie de la oficina de reintegración del PNUD en sur Sudán quiso hacer comentarios y todos remitieron a Stéphane Dujarric, director de comunicación del PNUD en su sede en Nueva York. Dujarric reconoce por email que “el programa se enfrenta a una serie de retos”. El portavoz del PNUD defiende la labor de sus colegas y dice en lenguaje diplomático que “los términos de referencia para las diferentes asociaciones de implementación fueron discutidos y acordados entre el PNUD y la comisión de DDR de sur Sudán”. Además, Dujarric dice que “las diferencias en la duración de los diferentes cursos depende en gran medida de los requerimientos de cada opción particular de reintegración”. Los ex combatientes pueden elegir entre agricultura/ganadería, formación vocacional, pequeño negocio y educación para adultos, pero BRAC, la OIM y GTZ ofrecen todas las opciones excepto agricultura/ganadería y, aun así, la duración de sus cursos es muy diferente. “Nosotros ya hemos contribuido para el gobierno”, lo resume Santino Lemi en su escuela, “y ahora es el gobierno el que debería mostrarse agradecido y contribuir para nosotros, porque nosotros defendimos a nuestro país, así que aquí estamos, esperando a nuestro gobierno, no tenemos otra cosa qué hacer”.
Pero William Deng Deng, el presidente de la comisión de DDR de sur Sudán, se muestra optimista y, sin contar ya con el PNUD para el futuro, dice que “hay que encontrar un fondo financiero internacional que tenga un buen historial y sea efectivo y rápido, porque el dinero que llega al PNUD es administrado por una cantidad ingente de personal que sin embargo es ineficiente”.
De momento, el sur ha desmovilizado a unas 15.000 personas de la Fase 1 de DDR. En los próximos meses, se les unirán 75.000 ex combatientes más a los que oficialmente su país considera “héroes” y quienes se creen con derecho a una vida civil digna. Pero si el programa de reintegración no cambia, estas personas se pueden acabar convirtiendo en la mayor amenaza para el nuevo país.
