Sociedad

La defensa de la Patagonia llega a Sol

Las protestas contra la construcción de mega proyecto energético en la Patagonia ha llegado hasta la Acampada de la Puerta de Sol, donde representantes de los chilenos residentes en España explican el impacto de un proyecto que realizará Endesa.

Hasta Sol llegan las protestas del colectivo chileno español representado por la Federación de Asociaciones de Chilenos de España (FEDACHE) para crear una asamblea que trate de explicar a los ciudadanos españoles que el gobierno chileno quiere construir, como hemos contado en periodismohumano, un megaproyecto energético que, según los detractores, arrasaría con 23 mil hectáreas de bosque nativo y recursos naturales de gran valor ecológico de la zona de la Patagonia chilena, mediante la construcción de 5 represas en Aysén. Un proyecto que estaría a cargo de Endesa como accionariado mayoritario.

La Puerta de Sol se ha convertido en un hervidero asambleario en el cual distintas agrupaciones sociales encuentra hueco para expresar sus reivindicaciones. La Federación de Asociaciones de Chilenos de España (FEDACHE) acude por primera vez desde que se inició la acampada Sol, precisamente por eso: quiere conseguir que su voz se haga más fuerte al lado de los que luchan por tratar de lograr que la historia adquiera un nuevo rumbo mediante la transformación del sistema democrático actual, que ponga freno al neoliberalismo imperante.

Protestas contra el proyecto Hydroaysén, en Santiago de Chile, 20 de Mayo, 2001. AP Photo/Roberto Candia)

El pueblo chileno conoce de cerca este sistema ya que fue Chile el laboratorio en el que se aplicó por primera vez la experiencia neoliberal.

La doctrina de Libre Mercado desarrollada por Milton Friedman en la Universidad de Chicago, fue una respuesta al avance casi incontenible de las doctrinas socialistas que se impusieron en la mitad del planeta, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Los enunciados de la economía de Libre Mercado se fundamentan en el siguiente dogma: el mercado, con una “mano invisible”capaz de solucionar los problemas económicos de un país, sin que nada pueda interferir los objetivos de ese mercado. Dicha teoría sostiene por tanto, que siendo escasos los recursos de una economía, éstos deben administrarse con la mayor eficiencia y que, atendido que el Estado es ineficiente para administrar recursos escasos, corresponde privatizar todas aquellas empresas públicas de su propiedad, aún cuando estas sean rentables.

En 1957 el gobierno norteamericano y la Fundación Ford ofrecieron a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, la más prestigiosa del país, recursos para financiar estudios de postgrado en economía en EEUU para estudiantes de esta Facultad. El Decano, Luis Escobar Cerda, rechazará dicha oferta. La Fundación Ford hará entonces la misma oferta a la Universidad Católica, que al aceptarla, convertirá a aquellos estudiantes seleccionados para formarse en Chicago en los futuros difusores en Chile del pensamiento económico neoliberal de Friedman.

Protestas contra el proyecto Hydroaysén, en Santiago de Chile, 20 de Mayo, 2001. AP Photo/Roberto Candia)

Hoy, 40 años más tarde de que eso sucediera, los chilenos siguen sufriendo las consecuencias de las políticas que se aplican dentro de sus fronteras: el 9 del pasado mayo, como contamos en periodismohumano, se aprobó un megaproyecto denominado Hidroaysén que consiste en la construcción de 5 presas en Aysén, territorio perteneciente a la Patagonia chilena. Esto significa que 23 mil hectáreas de bosque nativo y recursos naturales de gran valor ecológico serán destruidos de llevarse a cabo dicho proyecto, tal y como se tiene planteado. Lo que se pretende con esas represas es posibilitar que la electricidad llegue a 4.300 kilómetros de sur a norte del país para abastecer a otras empresas mineras. “Ni tan siquiera el propio pueblo chileno se va a beneficiar de este megaproyecto que destruye reservas naturales de un valor incalculable y con un impacto medioambiental terrible para la zona”, nos dice Nélida Molina, Secretaria de la Federación de Asociaciones de chilenos en España. Para llevarlo a cabo se destinará una inversión de 3.500 millones de dólares, avalada por la empresa Endesa-Chile, filial de la Endesa-España, y por la empresa chilena Colbún.

Este hecho mantiene en vilo al pueblo mapuche –el pueblo originario mayoritario de este país- debido a que las tierras en las que se quiere construir son de su propiedad, y por tanto de llevarse a cabo este proyecto, se vería muy afectada su vida socioeconómica y cultural.

Protestas contra el proyecto Hydroaysén, en Santiago de Chile, 20 de Mayo, 2001. AP Photo/Roberto Candia)

Cabe tener en cuenta además, que con la aprobación de esta actuación Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, se salta la normativa internacional ya que el convenio 169 de la OIT –ratificado por el Estado chileno en el año 2008- obliga a consultar previamente a los pueblos originarios en asuntos que afecten a sus territorios y recursos, particularmente en lo referente al desarrollo, la utilización o explotación de recursos minerales, forestales, hídricos, o de índole similar.

Pero no solo los mapuches han levantado la voz de alarma, ya que en los últimos días entre 80.000 y 100.000 chilenos han salido a las calles a protestar porque se sienten “igual de indignados que los españoles ante este sistema”, tal como señala Nélida Molina. Por eso la pretensión de FECHADES, que engloba un total de 9 asociaciones chilenas en España, es desarrollar en Sol su propia asamblea para informar a la ciudadanía española sobre lo que está haciendo Endesa en los territorios mapuches.

Tal como comenta Nélida, antes del 15M el modelo de la Federación de Asociaciones de Chilenos en España ya era un modelo asambleario, ya que para la Federación que representa es importante “ser capaces de ir más allá de los límites que fija este sistema  y en mi opinión,  la forma de trabajar que se está dando en Sol, la asamblearia, la misma forma de trabajar que tienen los mapuches, es la correcta para llegar a conseguir algo”.

Ahora lo que se plantea por parte de los colectivos chilenos- tanto de dentro como de fuera de las fronteras de su país-  es mostrar al Congreso chileno su rechazo a este megaproyecto mediante mecanismos legales, por lo que si en un plazo de 60 días- plazo que tiene el Congreso  para revisar esta situación y pronunciarse de nuevo-  el gobierno no les da una respuesta satisfactoria, no les quedará más remedio que acudir a la Justicia Internacional.

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