Ecuador pide respeto a su justicia en el caso Chevron

Ecuador insta a la justicia estadounidense a no intervenir en el caso contra la petrolera Chevron por delitos medioambientales y contra la salud pública.

El litigio ha sido calificado como el "juicio ambiental del siglo" por abogados y activistas medioambientales ecuatorianos

(Foto AP)

El Estado ecuatoriano solicitó a un tribunal estadounidense que no intervenga en el proceso que condenó en primera instancia a la corporación petrolera Chevron a pagar 9.510 millones de dólares por daños a la salud humana y al ambiente en la selva amazónica.

“El Ecuador es un país que reconoce los principios consagrados bajo el Derecho Internacional y, así como acepta fallos internacionales, exige el mismo respeto a los fallos emitidos por su sistema judicial”, sostuvo la Procuraduría General del Estado (abogado del Estado) en un escrito presentado el jueves 9 y divulgado este viernes. El escrito, dirigido a la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Estados Unidos, fue una presentación de “Amicus Curiae” o “amigo de la corte”, un recurso de un tercero (en este caso Ecuador) ajeno al proceso, que voluntariamente ofrece su opinión en un asunto que ayude al tribunal a resolver el tema de fondo, explicó la Procuraduría General en Quito.

El litigio fue abierto en un tribunal de Nueva York por la empresa petrolera contra varios de los abogados y activistas que encabezan en Ecuador el “juicio ambiental del siglo”, que se inició en 2003 en la amazónica provincia de Sucumbíos para obtener reparaciones por la contaminación causada en la exploración y explotación efectuada entre 1964 y 1990 por Texaco, adquirida más tarde por Chevron.

La corporación petrolera acusa a los abogados Pablo Fajardo y Steven Donziger y al activista Luis Yanza, entre otros, de fraude y asociación ilícita, presuntos delitos cometidos para manipular el juicio contra ella en el tribunal de Sucumbíos. Con base en estas presuntas irregularidades, Chevron solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York que emitiera una medida cautelar prohibiendo la ejecución de cualquier sentencia que surgiera del proceso en Sucumbíos, a lo que accedió en marzo el juez Lewis Kaplan.

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Poco antes, el 14 de febrero, el juez de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, había condenado a Chevron a pagar reparaciones por 9.150 millones de dólares en distintos pagos, destinadas a la limpieza de las áreas contaminadas, la recuperación de la zona y la atención médica y social de las comunidades afectadas.

El fallo fue apelado por la petrolera, que reclama su nulidad, y por los litigantes, que cuestionan el monto de la indemnización. En el “Amicus”, Ecuador no tomó posición sobre los méritos de las acciones iniciadas por Chevron, ni sobre el proceso de Sucumbíos, pues se trata de juicios entre privados en los que el Estado no es parte. “Lo que hace ahora el abogado del Estado ecuatoriano es defender la validez de los fallos dictados por el sistema judicial ecuatoriano”, dijo Raúl Moscoso, abogado litigante, experto en temas ambientales y de derechos humanos.

Fajardo, abogado principal de los demandantes ecuatorianos, dijo que “lo que ha hecho el Estado es explicar el sistema jurídico ecuatoriano a la Corte de Apelaciones, sistema que desconoce y desprecia el juez Kaplan”. Fajardo sostuvo que hay al menos otras cuatro presentaciones de “Amicus” ante la Corte de Apelaciones, cuyos autores dijo no conocer, pero que apuntarían “a desenmascarar las estrafalarias teorías del juez Kaplan para juzgar y condenar el sistema jurídico” de Ecuador.

En una primera medida cautelar emitida el 8 de febrero, Kaplan sostenía que “Chevron afronta una seria amenaza de daño inmediato e irreparable“. El abogado Fajardo, al que el diario español El País calificó como “el hombre que avergonzó a Chevron”, expresó su confianza en que la Corte de Apelaciones revise lo hecho y corrija los “horrores jurídicos del juez Kaplan inducidos por las artimañas de Chevron”.

En su opinión, el magistrado fue parcializado a favor de la petrolera y sostuvo actitudes contrarias a Ecuador, “entre otras múltiples expresiones racistas”. “Si la solicitud proviniera de una Corte de Inglaterra la concedería, pero se trata de Ecuador”, habría contestado Kaplan cuando se le pidió que no interfiriera en el juicio ecuatoriano, según el recuento de Fajardo.

El proceso contra la petrolera fue decisión de un grupo de indígenas de la Amazonia que litigaron inicialmente en 1993 en tribunales estadounidenses. Luego de las apelaciones, favorables a la empresa, el intento se mudó en 2003 a Nueva Loja, capital de Sucumbíos.

En estos meses, varios medios de prensa estadounidenses tomaron el fallo de Kaplan para sostener que Chevron tenía casi ganado el caso. Lo que ahora solicita Ecuador a la Corte de Apelaciones es revertir lo planteado contra el sistema judicial ecuatoriano. La presentación sostiene que se deben establecer tres aspectos de la actuación del tribunal de Nueva York: que no consideró la protección legal que se provee a todas las partes que se presenten en estrados ecuatorianos; que Texaco y Chevron habían ganado casos en esta jurisdicción; y que en las últimas dos décadas se efectuaron muchas reformas para mejorar el sistema judicial de este país sudamericano.

El procurador general del Estado, Diego García, dijo que “Ecuador no está de acuerdo con la decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dado que interfiere con la administración de justicia“. García agregó que el sistema judicial ecuatoriano tiene los mecanismos necesarios y los recursos para corregir cualquier error que pueda existir en la administración de un caso particular. La empresa encargada de manejar las relaciones públicas de Chevron en Ecuador dijo que no conocía el tema y se abstuvo de dar declaraciones. Tampoco fue posible localizar a James Craig, portavoz de Chevron para América Latina.

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