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Sociedad

“Los presos liberados de Guantánamo deberían poder pedir una compensación”

Segunda y última parte de la entrevista que el periodista británico Andy Worthington ha concedido en exclusiva a P+DH [periodismo + derechos humanos]. Tras la primera parte, publicada el lunes, esta segunda entrega se centra en el futuro de los ex prisioneros de Guantánamo liberados, una cuestión que tiene una especial relevancia en España, que acogerá a algunos de ellos.

P: Algunas fuentes del Pentágono declararon este año que uno de cada siete prisioneros liberados de Guantánamo “regresa al terrorismo”. Algunos están utilizando esa supuesta reincidencia para justificar su oposición al cierre de la prisión y a la liberación de los prisioneros y todo ese asunto ha provocado una enorme controversia. ¿Qué piensas de ese supuesto nivel de reincidencia?

R: Como expliqué en un artículo poco después de que el New York Times publicara en primera plana la noticia que ofrecía aquella estadística, “en seguida surgieron voces críticas –básicamente quienes conocían el excelente trabajo que realizó la Facultad de Derecho de la Universidad de Seton Hall desmontando los informes del Pentágono sobre la ‘reincidencia’ (PDF)– que denunciaron aquella noticia”. También escribí: “El 28 de mayo, el Times brindó a Peter Bergen y Katherine Tiedemann, de la New America Foundation, la oportunidad de escribir una columna en respuesta al artículo de Bumiller, en el que concluían, a partir de un análisis del informe (PDF), que era más probable que la tasa de reincidencia se situara ‘en torno al 4 % de los 534 hombres puestos en libertad’ (basándose en el hecho de que ‘era posible confirmar de forma independiente la participación de doce ex prisioneros en atentados terroristas contra objetivos estadounidenses y había otros ocho sospechosos de tomar parte en esos actos’)“.

En cualquier caso, los informes de la Facultad de Derecho de Seton Hall son la mejor fuente disponible para desmontar los mitos del Pentágono. Recomiendo su último informe (PDF), que ofrece pruebas concluyentes de que los numerosos informes publicados por el Pentágono a lo largo de los años no son más que propaganda. Fue penoso que el New York Times se dejara engañar con tanta facilidad.

P: En España cobra una especial relevancia el tema de los presos inocentes de Guantánamo que van a ser liberados en terceros países. El caso de los uigures chinos es quizá el más famoso y el más representativo. Hace mucho tiempo que el ejército estadounidense declaró que no son “combatientes enemigos”, pero no pueden volver a China, donde se enfrentarían a torturas, o incluso a algo peor. Sin embargo, el gobierno estadounidense se niega a aceptar en su propio territorio a esos y otros prisioneros declarados inocentes incluso después de que un juez ordenara el año pasado que se permitiera entrar a 17 uigures en Estados Unidos y haya allí comunidades de compatriotas dispuestas a acogerlos. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se niega con tanta terquedad a aceptar la entrada en su territorio de unos prisioneros cuya inocencia está más allá de toda duda razonable?

R: Los jueces que anularon el valiente y justo fallo del juez Ricardo Urbina que acabas de citar pertenecen al Tribunal de Apelaciones, cuyo carácter conservador es bien conocido, por lo que no es sorprendente que lo anularan. En cualquier caso, lo más preocupante de la postura de Obama es que pone de relieve, casi más que ninguna otra, que a veces le falta coraje cuando es más necesario.

En lugar de recusar al tribunal de apelaciones y/o ordenar la liberación de los uigures en Estados Unidos cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, vaciló y permitió que Dick Cheney y otros políticos en activo iniciaran una campaña para asustar y desinformar sobre los prisioneros de Guantánamo que no sólo hizo imposible trasladar a los uigures a Estados Unidos, y permitió a algunos políticos imponer sus condiciones a los planes de Obama para cerrar Guantánamo, sino que también hizo que Obama perdiera gran parte de la iniciativa necesaria no sólo para vender sus planes de desmantelamiento, sino para asegurarse de que el pueblo estadounidense conociera en toda su magnitud las políticas erróneas de la administración Bush, que supusieron el encarcelamiento ilegal de casi 800 hombres, la mayoría de los cuales no tenía ninguna relación con al-Qaeda o el terrorismo internacional.

P: ¿Podría el gobierno estadounidense enfrentarse a problemas legales si esos hombres entraran alguna vez en Estados Unidos y decidieran pedir que se hiciera justicia en el sistema judicial estadounidense?

R: No parece que eso vaya a suceder, pero me atrevería a decir que cualquier persona a la que se libere en cualquier parte del mundo debería poder pedir, en algún momento, una  compensación por lo que le ha ocurrido.

P: Se sabe que España aceptará a cuatro o cinco ex prisioneros de origen tunecino y argelino. Se ha dicho que los prisioneros liberados en España disfrutarán de libertad de movimientos dentro del país, aunque estarán vigilados, pero no podrán viajar al extranjero. ¿Cuál será la situación legal de los prisioneros liberados en terceros países? ¿Cuáles son las responsabilidades de los países de acogida, y especialmente de España, con respecto a ellos?

R: Yo creo que no cabe esperar que ningún país esté dispuesto a aceptar a prisioneros declarados inocentes a no ser que los gobiernos de esos países tengan la certeza de que no son peligrosos. Eso es parte del problema en este momento, ya que la administración Obama no está dispuesta a admitir, como debería, que no ha logrado demostrar que la mayoría de los hombres encarcelados en Guantánamo tenga alguna vinculación con el terrorismo, porque la mayoría de ellos fueron capturados por sus aliados afganos o pakistaníes en una época en la que estaban a la orden del día las recompensas, de 5.000 dólares de media por cabeza, a cambio de “sospechosos de al-Qaeda o talibán” y porque la mayor parte de las llamadas “pruebas” que el gobierno esgrime en su contra proceden de interrogatorios a otros prisioneros, a los cuales, como han mostrado las apelaciones de habeas corpus, a menudo se torturó, coaccionó o sobornó para que hicieran declaraciones intrínsecamente poco fiables. Es necesario que los potenciales países de acogida entiendan estos hechos para que puedan comprender realmente por qué los funcionarios de los servicios secretos han afirmado durante años que sólo dos o tres decenas de prisioneros han tenido alguna relación con el terrorismo y también es necesario que recuerden que muy pocos ex prisioneros han causado algún problema y que, por lo general, los países occidentales nunca se han implicado en el gasto inútil de mantener bajo vigilancia a presos liberados. Sin embargo, sigo creyendo que este proceso sería mucho más fácil si Estados Unidos asumiera la responsabilidad de algunos de sus errores.

P: ¿Van a recibir los países de acogida algo del gobierno estadounidense a cambio?

R: Creo que cabe esperar que se produzcan negociaciones entre bastidores…

P: En España, el principio de jurisdicción universal podría permitir a los ex prisioneros demandar al gobierno estadounidense pero, cediendo a la presión diplomática, las leyes que lo recogen van a ser seriamente recortadas, lo que va a hacer imposible emprender algunas acciones legales contra el gobierno de Estados Unidos. ¿Hay algún lugar en el que los prisioneros liberados tengan la posibilidad de emprender acciones legales contra sus captores? ¿Existe algún trato entre los países de acogida y Estados Unidos para evitar que pueda suceder algo así?

R: No soy un experto en la materia, pero tengo entendido que algunos países pueden emprender acciones legales contra funcionarios de alto rango. No obstante, lo que más me interesa es si el gobierno de Obama –o, más concretamente, el fiscal general Eric Holder, puesto que es su responsabilidad– va a designar a un fiscal independiente para que investigue los crímenes de la administración Bush, como se ha insinuado en los últimos días (véase mi artículo al respecto).

Sabemos que Obama es reacio a hacerlo pero, como ya he dicho, en última instancia no es cosa suya y la cruda realidad es que si Holder no investiga los delitos de la administración Bush (porque la tortura es un delito según la ley estadounidense), habrá demostrado que los funcionarios estadounidenses de más alto rango pueden quebrantar tantas leyes como se les antoje siempre y cuando acaben dejando su cargo al final del mismo, y eso, simplemente, no es aceptable.

NOTA: Pocos días después de la realización de esta entrevista el periodista Sami Al Hajj (un cámara de Al Yazira al que las autoridades estadounidenses mantuvieron seis años encerrado en Guantánamo sin presentar nunca cargos en su contra y que fue liberado en mayo 2008) anunciaba su intención de presentar junto a otros antiguos prisioneros una demanda conjunta contra George Bush y otros altos cargos de su administración por la detención ilegal y las torturas que sufrieron durante su cautiverio en Guantánamo. Para ello, han creado una nueva organización llamada Guantánamo Justice Centre, con sede en Ginebra y dirigida por el ex-prisionero británico  Moazzam Begg, que se dedicará a reunir las pruebas necesarias y estudiará la mejor manera de demandar a la administración Bush, lo que probablemente harán en un tribunal europeo.

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