Sociedad

Un juicio histórico que pende de un hilo

Cuatro jueces de la Cámara de Apelaciones decidirán el futuro del juicio contra el rebelde congoleño Thomas Lubanga, acusado de reclutar niños soldados.

Momento en que los jueces de la Sala 1 ordenan la suspensión incondicional de los procedimientos y la liberación del acusado (CPI / Aegis Trust)

El futuro del primer juicio ante la Corte Penal internacional pende de un hilo. Cuatro jueces de la Cámara de Apelaciones decidirán el destino de un hombre, el rebelde congoleño Thomas Lubanga, y la continuación del caso que busca justicia para las víctimas de los crímenes cometidos en la región de Ituri, al noreste del Congo. En su mayoría niños menores de 15 años, convertidos en soldados en la guerra que la Union de Patriotas Congoleños, liderada por el Hema Lubanga, libró contra su “enemigo Lendu” entre 2002 y 2003.

Tras dictar la Sala I la suspensión “incondicional” de los procedimientos y ordenar la liberación del acusado, serán los jueces de apelación los que dicten o eviten el final abrupto de un juicio histórico. Tras cuatro años en detención preventiva y dieciocho meses de juicio, el pasado 15 de julio, la Sala I de la CPI, presidida por el juez Adrian Fulford, suspendió las audiencias por abuso de proceso y ordenó la liberación de Thomas Lubanga. “Dado que la Cámara ha impuesto un alto incondicional en los procedimientos, y desconociendo el momento en que los mismos podrán comenzar de nuevo, sumado al largo tiempo que el acusado ha estado detenido, cualquier decisión diferente a la de su liberación sería injusta,” dijo el juez. “El acusado, por tanto, deberá ser liberado incondicionalmente.

“Los jueces llegaron a esta conclusión tras interrumpir las audiencias el pasado 8 de Julio, aduciendo que la Fiscalía no había acatado la orden de desvelar a la Defensa la identidad de uno de sus intermediarios. Este individuo, bajo el seudónimo “Intermediario 143”, había ayudado a los investigadores a contactar a testigos potenciales. A lo largo del caso, el conocimiento de su identidad se convertiría en necesaria para resolver contradicciones en algunos testimonios. Pese a las repetidas indicaciones de los jueces, los fiscales insistieron en que el nombre de su intermediario no debía desvelarse sin la implementación de las medidas de protección adecuadas.

El Fiscal interpuso entonces un recurso de apelación contra la decisión de interrumpir los procedimientos, considerada una sanción “excesiva y desproporcionada”.”La Cámara tenía a su disposición otras alternativas que no hubieran afectado en tan drástica forma a la continuación del juicio, una medida que afecta no sólo a los derechos de la Fiscalía sino también a las víctimas y las comunidades donde los crímenes tuvieron lugar,” dice Moreno-Ocampo en su apelación.

En el escrito, el Fiscal de la CPI aduce que su trabajo incluye además la protección de individuos que puedan estar en peligro por su colaboración con la oficina. “La Fiscalía no se ha negado a cumplir las órdenes de la Cámara, en su lugar (…) ha empleado todos los instrumentos legales a su alcance para evitar daños a una persona en peligro por su interacción con la Corte. Lo que la Fiscalía hizo, no fue situarse por encima de la Cámara con respecto a las decisiones sobre protección, sino cumplir con sus obligaciones de protección”.

El pasado 16 de julio, Moreno-Ocampo presentó un segundo recurso contra la decisión de liberar a Thomas Lubanga. En el escrito, el Fiscal de la CPI exponía que la liberación del acusado, cuando aún se espera el resultado de la apelación interpuesta por su equipo, tendría “consecuencias nefastas” para el caso, en particular sobre pruebas y testigos. En opinión de Moreno-Ocampo, la detención de Lubanga era necesaria para garantizar su presencia en el juicio, ya que la posibilidad de fuga es “innegable” y existe la posibilidad real de que la Corte no logre recuperar su custodia si el acusado es liberado. Hoy, Thomas Lubanga continúa en detención preventiva a la espera de la decisión de los jueces de apelación.

Los intermediarios

Durante sus investigaciones en zonas de conflicto, como es el caso de la República Democrática del Congo, la Fiscalía se sirve de intermediarios que faciliten el contacto con testigos. Un rol convertido en ingrediente esencial en este juicio después de que varios testigos de la Defensa admitieran haber mentido a los investigadores siendo inducidos por terceras personas. Todos ellos apuntaban a los mismos responsables: los intermediarios.

El pasado 31 de Julio, tras “extensas acusaciones” contra dos intermediarios -316 y 321-, los jueces decidieron llamarles a testificar. Igualmente ordenaron la revelación de la identidad de un tercero, Intermediario 143, hasta entonces confidencial. Aunque ningún testimonio apuntaba a una conducta fraudulenta por su parte, su identidad era esencial para resolver contradicciones en algunas declaraciones de testigos de la Fiscalía. En la misma decisión, los jueces apuntaron que ésta información no sería desvelada hasta que el intermediario gozara de las medidas de protección necesarias.

La cuestión de los intermediarios saltó a la palestra en junio de 2009, cuando el testigo 15 de la Fiscalía admitía haber mentido a los investigadores de la Corte. En su declaración implicaba al intermediario 316, de quien dijo haber participado en la elaboración del falso testimonio. En relación a la supuesta motivación corrupta de estos colaboradores, el testigo afirmó: “Lo hacen por dinero.” “El intermediario me dijo: ‘tienes que cambiar tu nombre, tu identidad. No cuentes la verdadera historia’. En otras palabras, había otra historia que [los intermediarios] contaban a los testigos,” afirmó el testigo 15.

Cuando el equipo de la Defensa comenzó su caso en enero de 2010, el rol de los intermediarios se convertía en blanco de las acusaciones. “La Defensa probará a la Cámara que muchos de los testigos de la Fiscalía han acudido a esta Corte a sabiendas que prestarían falso testimonio,” decía la abogada Catherine Mabille. “Nuestra intención es demostrar que algunos de estos testimonios fueron fabricados con la asistencia de intermediarios que colaboraron con la Fiscalía”.

El testigo 16 fue uno de los llamados por la Defensa para apoyar este argumento. El joven negó a los jueces haber sido niño soldado en las filas de Thomas Lubanga, asegurando seguir un plan establecido por el intermediario. “Planeamos decir que Thomas Lubanga había reclutado a niños, y que yo estaba entre ellos,” dijo el testigo.

Saber quién miente parece tarea difícil en este proceso. La Fiscalía argumenta que muchos de los testigos llamados por la Defensa han recibido presiones de su entorno para cambiar su testimonio. La mayoría proceden de Bunia, la capital de Ituri y feudo innegable del acusado. Son muchos los que celebraron la posible liberación del acusado en 2008, de ello es consciente la Fiscalía. En la mente de los abogados ronda la misma pregunta: ¿Cómo es posible que mintieran durante tantos años? Para los fiscales es ahora cuando los testigos de la Defensa mienten.