Sociedad

Tribunales para silenciar activistas

Sindicalistas o investigadores que denuncian los abusos son a menudo denunciados y censurados por las empresas

Uno de los últimos casos ha afectado a un académico británico que investiga la explotación laboral a trabajadores inmigrantes

Protestantes en Tailandia en una manifestación de los camisas rojas en mayo de 2011./ Laura Villadiego

“No grabes los logos o el nombre de ninguna empresa si no quieres que te denuncien”, recomienda una investigadora medioambiental durante la realización de un reportaje. No es un consejo trivial. Los tribunales se han convertido en un medio eficaz en Tailandia para silenciar a aquellos activistas, sindicalistas, medios o investigadores que ponen su punto de mira sobre las consecuencias del rápido desarrollo económico del país asiático.

Tailandia ha pasado, en poco más de 25 años, de ser un país rural a convertirse en una de las principales economías exportadoras del mundo. En 2012 el comercio con países extranjeros supuso hasta un 75 por ciento de su PIB, según el Banco Mundial, y la industria tailandesa es ahora líder mundial en sectores como las gambas, el atún, las frutas procesadas, los automóviles o ciertos dispositivos electrónicos.

Pero este veloz crecimiento económico no ha estado exento de polémica. Numerosos informes, tanto de ONG’s como de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, han denunciado la base sobre la que se ha construido buena parte de esa industria: la explotación laboral y la contaminación medioambiental. Así, durante años se han revelado las dantescas condiciones de los trabajadores migrantes, procedentes de países vecinos más pobres, que sin papeles son sometidos a todo tipo de abusos laborales fundamentalmente en la industria pesquera. Otros han puesto de manifiesto el fuerte impacto ecológico de las actividades de las fábricas, debido a la deficiente gestión de los residuos industriales en un país donde las leyes medioambientales han empezado a desarrollarse hace apenas un lustro.

Uno de los últimos acusados, el activista de origen británico Andrew Hall, es el autor de uno de esos informes. Su investigación “Cheap has a high price” (“Lo barato tiene un alto precio”), publicada en enero de 2013 en colaboración con la ONG finlandesa Finnwatch y otros cuatro autores, relataba los abusos a trabajadores inmigrantes en tres grandes factorías exportadoras de Tailandia. Una de ellas, Natural Fruit, se querelló contra el investigador británico, quien había realizado las entrevistas a los trabajadores y quien había además presentado el estudio en la capital tailandesa. El activista y académico, que lleva años documentando los abusos a inmigrantes en Tailandia, se enfrenta ahora cuatro cargos – tres por difamación y uno por violar la Ley de Delitos Informáticos – que podrían suponerle una condena de hasta 7 años de prisión y una multa de 7,5 millones de euros. “Es evidente que detrás hay mucho más que una simple ofensa por difamación. Lo que quieren es silenciarme”, asegura el británico a Periodismo Humano quien ve la complicidad del gobierno después de que anularan su permiso de trabajo poco después de la acusación. “Ya lo han intentado antes. Este sólo es el último nivel de acoso”, afirma.

Leyes contra la libertad de expresión en Tailandia

Las leyes han puesto las cosas fáciles a las empresas. En Tailandia existen varias regulaciones que limitan la libertad de expresión y que han sido endurecidas o aplicadas con mayor restricción durante los últimos 7 años, después de que un golpe de Estado depusiera en 2006 al entonces primer ministro, Thaksin Shinawatra, e iniciara una crisis política que todavía no ha sido superada. Tailandia cayó así casi 30 puestos (del 107 en 2006 al 135 en 2013) en el ranking que realiza anualmente la organización Reporteros sin Fronteras sobre libertad de expresión.

El activista Andy Hall lee uno de los documentos presentados contra él. / Laura Villadiego

La regulación más temida es la Lesa Majestad, una ley que cuenta más de 100 años, pero cuyo uso era marginal hasta 2006. Su regulación sobre ofensas a la monarquía es una de las más duras del mundo y el castigo contempla penas de prisión de entre 3 y 15 años para los ciudadanos que “difamen, insulten o amenacen al rey, la reina, el heredero o el regente”. Durante los últimos años se ha utilizado fundamentalmente como arma política, pero los activistas están preocupados por la facilidad con la que se pueden presentar cargos y el alto porcentaje de condenas. “Las empresas se aprovechan de las leyes para deshacerse de activistas y sindicalistas y la lesa majestad es una de ellas”, asegura Patchanee Kumnak, de la Thai Labour Campaign (Campaña por el Trabajo en Tailandia).

Pero la más utilizada contra los activistas es la regulación por difamación que, a diferencia de la mayoría de países, no está castigada sólo de forma pecuniaria sino que también contempla penas de cárcel de hasta 2 años. “Es una gran presión para los activistas en Tailandia. Tenemos que ser muy conscientes del peligro que corremos al informar sobre violaciones de derechos humanos o daños medioambientales del sector privado”, afirma el ecologista  Somnuck Jongmeewasin, más conocido como el Doctor Verde por su lucha contra los impactos industriales. Una tercera legislación, la Ley de Delitos Informáticos, se implementó en 2007 con el objetivo de castigar estas mismas ofensas cuando se comenten en la red. Las penas de prisión en este caso pueden ser de hasta cinco años y la multa de 2.500 euros.

Estas dos últimas legislaciones han sido de las que se ha servido Natural Fruit para acusar a Andy Hall bajo el pretexto del daño moral y económico que el informe de Finnwatch ha supuesto para la empresa, que exporta buena parte de su producción a Europa. Las denuncias por el acoso a los trabajadores, los bajos salarios o el trabajo infantil han supuesto la cancelación de algunos de los pedidos que la empresa tenía en Europa, según Natural Fruit.

No obstante, no es una práctica limitada a las empresas tailandesas. En 2008, el grupo de distribución británico Tesco denunció al periodista Kamol Kamoltrakul por escribir en su columna que la expansión del gigante minorista había dañado al comercio local. Tesco retiró finalmente el caso por la presión internacional, mientras que en un caso similar, contra la periodista Nongnart Harnvilai, lo hizo después de una retractación en su mismo medio. Patchanee Kumnak afirma que lo más habitual es que el asunto se quede en amenazas por parte de la empresa y una disculpa pública, aunque muchos optan directamente por la autocensura o por hacer denuncias generales sin apuntar a empresas en concreto.

Una vez que el caso llega a los tribunales, los activistas tienen que preocuparse no sólo por la dureza de las sentencias sino por las disfunciones en la administración de Justicia, que es acusada con frecuencia de corrupción. El mismo Hall asegura que se están dando irregularidades y que no ha recibido la documentación a tiempo para poder preparar su defensa, pero el activista británico está convencido de tener las pruebas suficientes para revocar la acusación. “Hemos dicho la verdad y estoy seguro de que vamos a ganar”, asegura. “Pero no sé qué daño voy a sufrir por el camino”.