Sociedad

Comisión de la Verdad: última esperanza para ofrecer justicia a las víctimas del franquismo

Asociaciones de memoria histórica, juristas, miembros del periodismo y la cultura y las propias víctimas se han dado cita en Madrid para la presentación pública de la Plataforma por la Comisión de la Verdad que tratará de evitar que los crímenes del franquismo queden impunes. Para muchos de los presentes, esta Comisión es una de las últimas esperanzas, por no decir la última, para que la memoria no caiga en el olvido.

Acto de presentación Plataforma por la Comisión de la Verdad (RMH)

«Mi padre fue fusilado por ser del PSOE y de UGT. Estuvo luchando en Asturias con los maqui hasta el final de la guerra. Luego volvió a casa y permaneció encerrado durante 7 años. Al no encontrar a su hijo, se llevaron a mi abuela presa a la cárcel de mujeres de Valladolid», son las palabras con las que arranca su intervención Julia Merino, hija y nieta de represaliados por el franquismo, que continúa sin que le tiemble la voz ni en un sólo momento: «he visto a mi madre en casa toda la vida en silencio, mientras que a mí me decía: esto pasó y se tiene que saber. Quedamos muy pocos ya, pero seguimos en ello».

En 1977, con la Ley de Amnistía, se renunciará a saber qué crímenes se cometieron durante el franquismo en España e impartir la justicia y reparación correspondiente a sus víctimas. Para el derecho internacional los crímenes contra la humanidad no pueden beneficiarse de la amnistía, como tampoco pueden prescribir en el tiempo los delitos, por muchos años que hayan pasado.

La primera iniciativa judicial de las víctimas franquistas que tuvo trascendencia fue la presentación de varias denuncias y querellas por víctimas y asociaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y de la memoria historia, además de sindicatos y otros organismos, que tuvo lugar en 2006 ante la Audiencia Nacional. El 16 de octubre de 2008 el juez Baltasar Garzón la admitió a trámite. El Tribunal Supremo, no sólo paralizó la investigación, sino que ordenó el procesamiento del juez que la había iniciado.

La sentencia del 27 de febrero dictada por el Tribunal Supremo estableció que no cabía investigar penalmente los crímenes del franquismo y afirmaba que los delitos estaban amnistiados y habían prescrito, además de considerar que a esos crímenes no se les puede aplicar el Derecho Penal Internacional.

Julia Merino, hija y nieta de represaliados por el franquismo (RMH)

A principios del mes de mayo un problema “burocrático” impidió la celebración de la prueba testimonial, a través de Skype, que doce víctimas iban a prestar en declaración ante la jueza argentina María Servini, encargada de la querella interpuesta en Buenos Aires el 14 de abril 2010. De este modo, la justicia argentina, gracias al principio de justicia universal que contempla la constitución del país, tiene competencia para abrir una causa judicial contra los responsables de delitos de lesa humanidad en otros países, como lo ha hecho en España. Pero de momento, la querella se ha estancado, aunque las víctimas han asegurado que están dispuestas a ir a testificar a Argenitna, si así lo requiere la situación.

El pasado 21 de mayo en el Congreso, UPyD se abstuvo y PP votó en contra de la propuesta presentada por Izquierda Plural, para que se declarase el 18 de julio (día en el que se inició la Guerra Civil), como día oficial de condena al franquismo.

Ante la falta de tutela judicial efectiva en relación con estos crímenes por parte del Estado español, (que no gobierno, en lo que se hace hincapié, sino Estado), una plataforma ciudadana, compuesta por alrededor de 40 asociaciones de memoria histórica, exige la creación de esta Comisión de la Verdad como un conjunto de mecanismos y órganos no judiciales que garanticen a las víctimas de estos crímenes la verdad, la justicia y la reparación consecuente. La decisión de construir la Plataforma por la Comisión de la Verdad fue tomada el pasado 29 de septiembre, en el Encuentro estatal de Asociaciones de la Memoria Democrática y de Víctimas del Franquismo en Madrid, y hoy ha sido presentada de forma oficial. «Es mi última esperanza», comentaba Julia Merino, hija de víctima de la represión franquista, al respecto.

Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (RMH) 

«No nos estamos inventando nada. La Comisión de la Verdad es una herramienta que la ONU pone a disposición de los países que han sufrido algún tipo de conflicto para que puedan abordar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, reconocidas como tal. Esta herramienta se ha utilizado en más de 40 países en el mundo desde Canadá a Suráfrica, pasando por Chile, Argentina y en el propio Guatemala, aunque con otro nombre, contra Ríos Montt», así de claro se mostraba Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE), que se preguntaba: «¿por qué no aquí?». «La historia de la democracia en España no nació en el 78, tenemos una historia de lucha por las libertades anterior que es lo que hay que tratar de defender, para poder asentar una democracia con raíces fuertes en nuestro país».

Una Comisión de la Verdad es un organismo extrajudicial cuya función es la de buscar la verdad de lo que aconteció: qué crímenes se cometieron, por qué se cometieron, quiénes fueron sus víctimas y sus autores. El establecimiento de este tipo de Comisión es un mecanismo complementario a la justicia, permitiendo que gracias a la información recopilada a través de ella, sirva para que se inicien procedimientos penales contra los responsables posteriormente.

Naciones Unidas define estas comisiones como: «organismos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años».

Auditorio Marcelino Camacho, donde se ha presentado la Plataforma por la Comisión de la Verdad (RMH)

«Este país necesita una catarsis», ha comentado Francisco González, presidente de la Asociación SOS bebés robados, en el acto de presentación de la Plataforma, quien ha dedicado palabras muy duras contra el Estado español como las siguientes: «nos metieron en una casa llena de mierda y nadie se ha molestado en limpiarla. Los ciudadanos merecemos esa limpieza. Merecemos saber la verdad» (…) » se nos impide el acceso a archivos oficiales, mil 300 personas han presentado denuncias por ello, todas archivadas. Tan sólo hemos encontrado un pequeño resquicio en la Defensora del pueblo, que no le ha quedado más remedio que admitir el 97% de las querellas presentadas por este asunto».

En su manifiesto la Plataforma escribe: «el derecho a la verdad, la justicia y la reparación es un derecho humano de las víctimas, especialmente de aquellas que lo han sido como resultado de los crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad, de las que fueron eliminadas, secuestradas, ejecutadas extrajudicialmente mediante juicios sumarísimos injustos, torturadas, exiliadas, desaparecidas, sustraídas de sus familias naturales por mecanismos y métodos diseñados por los aparatos de poder organizados desde el Estado o fuera del mismo, pero con su apoyo y reconocimiento».

La Plataforma piensa llevar el asunto ante las instituciones internacionales como el Tribunal de Derechos Humanos y Estrasburgo. También al Parlamento Europeo pero con la finalidad de que lo que se apruebe en Europa, tenga legalidad en España, «que aquí en vez de ayudar a las víctimas, se homenajea a los verdugos», ha comentado Jaime Ruiz.

Plataforma por la Comisión de la Verdad. 23 de Mayo 2013 

Aprovechando la visita el próximo septiembre del Comité de la ONU de Desapariciones Forzadas y que preguntará al gobierno español sobre estos hechos, las asociaciones de memoria histórica podrán contrarrestar la información que ofrezca el gobierno, elaborando un «informe sombra», en el que aportarán los datos que ellos tienen y que el gobierno quizás «desconozca», comenta Jorge Rodríguez, representante de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH).

Desde la prespectiva judicial, Araceli Manjón, profesora de Derecho Penal de la UCM, señalaba en el acto, que una Comisión de la Verdad es de las pocas esperanzas que quedan cuando los crímenes de guerra civil, genocidio y lesa humanidad, no es posible llevarlos ante la justicia, como lo determinó el Tribunal Supremo en su día dotando al asunto de «impunidad jurídica»; cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «insulta a las víctimas», recriminándoles haber tardado mucho en presentar la denuncia, ignorando la historia de este país; y cuando la Ley de la Memoria Histórica se aborta por falta de financiación.»Una Comisión de la Verdad puede intentar reconstruir esta memoria colectiva, ya que no hay ninguna norma jurídica que lo impida». Y concluye tajante Manjón su argumentación: «O vemos en esta Comisión de la Verdad una posibilidad de hacer justicia o se hará el olvido de la memoria».

Los cadáveres de al menos 120.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, convierten a España, tras Camboya, en el segundo país en mayor número de fosas comunes del mundo. Además: «En España podría haber 300 mil carnets de identidad mal acreditados por el intento de borrar la identidad de los bebés que les fueron robados a las familias republicanas», señala Francisco González. «El Comité de Derechos Humanos del grupo de personas desaparecidas en Ginebra, ha admitido que en España hubo una red criminal para el tráfico de niños y eso está constatado, para desgracia del Estado, en documentación», decía Gonzaléz en rueda de prensa.

Y advertía: «En España no ha existido un sólo apunte de búsqueda del esclarecimiento de la verdad, es más, ha habido ocultación de pruebas y la ocultación de pruebas necesarias para aplicar las acciones legales correspondientes en un proceso como este, es un delito criminal, del que no está exenta la Iglesia Católica, que no es un ente al margen de la Constitución ni de la ley». Hoy en el acto oficial de presentación lanzaba una pregunta al aire -aplaudida por el auditorio- al respecto: «¿es una obra de caridad vender a un niño o a una niña y cambiarle la identidad?, Eso lo tendría que contestar Rouco Varela».

Sobre el robo de bebés en España, tal y como informamos en Periodismo Humano , el Parlamento Europeo ha abierto una investigación, tras muchas reticencias, sobre el tema.

María Teresa Melgar, hija de víctimas del robo de bebés y Cocha Carretero, represaliada franquista. 23 de Mayo 2013 (RMH) 

María Teresa Melgar, hija de víctimas del robo de bebés, confía en que a través de esta Comisión de la Verdad se imparta justicia y reparación a las víctimas, ya que tal y como comenta en sus propias palabras: «lo que luego se convirtió en una trata de bebés, comenzó siendo un arma política contra aquellas personas de estatus socio-económico débil, que no tenían un ideario nacional-católico afín al régimen. Se trató con ello de reeducar a las nuevas generaciones de republicanos con ese ideario, alejándolos de sus familias y cambiándoles la identidad».

La iniciativa de esta Plataforma está abierta a todas las asociaciones y personas que estén dispuestas a luchar por la misma causa. Pretenden también presentarla en el Parlamento español para que se adhieran a ella los grupos que así lo deseen.
Creen que sin verdad, justicia y reparación, jamás se podrán sentar las bases de un auténtico Estado democrático y de Derecho en nuestro país.