Sociedad

La pena de muerte resucita en Guatemala

El debate sobre la pena de muerte en Guatemala vuelve a saltar a la palestra en la medida que se acercan las próximas elecciones generales.

El Partido Patriota y la Bancada Líder presionan al Gobierno para reactivarla, mientras que defensores de derechos humanos ven amenazados los acuerdos internacionales ratificados por Guatemala, entre ellos el Pacto de San José.

Entre el cielo y el infierno. Este es el estado en el que se encuentran actualmente más de 20 condenados que esperan en Guatemala a que las autoridades competentes les concedan un indulto definitivo que les salve la vida, tras haber sido acusados de cometer delitos de secuestro, violación y asesinato. Aunque la última ejecución de la pena máxima en el país fue hace 10 años, ésta sigue estando contemplada en el Código Penal, justificación a la que se aferran ciertos partidos políticos de ultraderecha y un alto porcentaje de sociedad civil. Unos y otros presionan al Gobierno con el objetivo de que esta medida vuelva a ser implementada de forma eficaz.

El reo salvadoreño Walter Rivera participa de una demostración en la cámara de inyección letal de Pavón, en Guatemala. Esta sala actualmente se está volviendo a adecuar, después de 10 años desde que fuera utilizada por última vez.

“Hay que regresar, lamentablemente, a los tiempos de la G2 y las ejecuciones extrajudiciales para ponerle freno a esta situación. La pena capital es un mal necesario en Guatemala. Como dice un refrán, aquí el que a hierro mata, a hierro muere”, opina convencido J.P. Pérez, ciudadano guatemalteco. Pese a lo taxativo de sus declaraciones lo cierto es que son muchas las personas que piensan como él. Durante los últimos meses decenas de afiches con el lema ¡Pena de muerte ya!, escrito sobre un fondo rojo sangre, empapelan los principales edificios del centro histórico capitalino y las calles más transitadas. Un brote de radicalidad que coincide con el alarmante recrudecimiento de la violencia que se ha venido observando desde principios de año. Por eso, para comprender las raíces del debate en torno a la pena máxima, primero hay que mirar hacia atrás. Al pasado. A los antecedentes.

Un vacío legal que dura 10 años

Eran las 7:20 hora local. A unos 25 kilómetros de la capital guatemalteca, en el “módulo de la muerte” del Centro de Detención Pavón. Unos dedos, los de Tomás Cerrate, se movieron durante 8 minutos de agonía hasta que se quedaron finalmente quietos, sin signos vitales. La dosis letal de dormicum, cloruro de potasio y penthotal administrada por vía intravenosa, había surtido efecto. Lo mismo había sucedido, momentos antes, con su compañero, Luís Cetino, también miembro de la banda de secuestradores “Los Pasaco”. Sus madres se desmayaron, mientras que los demás siguieron orando en un espectáculo, cual reality show, que fue retransmitido por los principales canales de radio y televisión guatemaltecos. Niños, ancianos, enfermos, chicleros, empresarios. Aquel 29 de junio del 2000, todos vieron u oyeron en vivo la noticia.

Dos miembros de la banda de secuestradores "Los Pasaco" fueron los últimos ejecutados en el año 2000. Los medios de comunicación nacionales retransmitieron en vivo la agonía (Foto: Archivo).

“Con estas dos muertes “legales”, diría el reportero, se eleva a 5 el número de ejecutados desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. Guatemala es, junto con Cuba y los EE.UU. uno de los pocos países que todavía no han abolido esta medida”. Pero los “ajusticiamientos”, llevados acabo en medio de una oleada de violencia asesina y rabia social, no hicieron surtir el efecto disuasorio deseado, más bien al contrario. Por eso, poco después, el Presidente Alfonso Portillo, que llevaba en el poder poco más de 6 meses, se arrepintió de su decisión y renunció a su potestad de indultar o no a los penados a muerte. Ante esta situación la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que la ley que regula el proceso y que data de 1982  no especifica qué autoridad debe encargarse de valorar los recursos de gracia presentados por los condenados, por lo que le correspondía al Congreso legislar para enmendar este vacío legal. Mientras, la pena capital quedó aletargada, en suspenso.

Una década más tarde la situación no ha variado mucho. Cuando hace dos años la aprobación de una nueva ley volvió a facultar al Presidente en curso para decidir sobre la vida y la muerte, Álvaro Colom decidió vetarla, al considerar que esta forma de castigo entra en contradicción con el derecho a la vida del reo, la retroactividad de la ley y los compromisos internacionales firmados por Guatemala como miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos, posición que ha mantenido hasta el día de hoy. “En ningún estado, argumenta, la pena de muerte ha sido un mecanismo disuasivo para la violencia ya que la única forma de acabar con ella es fortalecer las instituciones judiciales y de seguridad y que haya paz y tranquilidad social”. Tres años de legislatura sin resultados positivos en esta dirección, sin embargo, han dado alas a las tendencias políticas de oposición más radicales.

En los primeros 7 meses de 2010 se registraron, según el GAM, casi 2000 asesinatos en el país, una media de unos 12 diarios. El punto culminante fue en junio, cuando varias cabezas aparecieron ante el congreso y otros puntos estratégicos de la ciudad acompañadas de amenazas. (Foto: PNC)

Un futuro incierto

Defensores de derechos humanos, partidos y partidarios de tendencia izquierdista, así como miembros de la iglesia católica y evangélica, son quienes ojean con mayor preocupación la prensa nacional, en cuyas páginas anuncios en campos pagados exigen en estos días “la aplicación inmediata de la pena de muerte a todo criminal encontrado culpable de homicidio, extorsión y secuestro”. Firma el diputado Manuel Baldizón, de la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder).

Al igual que él Otto Pérez Molina, uno de los principales candidatos de oposición al mando del Partido Patriota (PP), también ha hecho anuncios de campaña anticipada en diferentes medios de comunicación. En ellos sale a relucir su formación militar. Aboga por la mano dura, a través de la aplicación de la pena capital y la supresión de las garantías constitucionales en las áreas más conflictivas, conocidas como “zonas rojas”. Ambos proponen, además, una consulta popular, a sabiendas de que más del 80% de la población estaría a favor, así como desligarse de las directrices del Pacto de San José, contrarias a la reactivación de esta pena. Su influencia no es menor, ambos tienen bastantes posibilidades de llegar a la Presidencia. Por el momento, sin llegar a un consenso en el Congreso, se han terminado por cancelar varias sesiones plenarias en el último mes.

Imagen de previsualización de YouTube

Uno de los anuncios de Otto Pérez Molina en los canales de televisión nacional

El principal problema, según los expertos consultados, es que a un paso de las elecciones generales del próximo año parece ser que la cuestión va más allá de un debate ético-moral para convertirse en pura estrategia electoral. Así, Marco Antonio Canteo, director del  Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), explica que “los altos índices de violencia hace que en tiempos electorales se vuelva a levantar el tema de la pena de muerte para ser aprovechado políticamente.” Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) coincide con él y añade que “sin duda, en este momento, cuando la población ya no sabe qué hacer para seguir aguantando o cuidarse, la pena capital resulta ser una bandera muy llamativa para ganar votos, pero esta no es la solución”. Hace referencia a varios informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en los que se indica que no se puede demostrar científicamente que la aplicación de medidas punitivas de este tipo sean un buen disuasivo para reducir los índices de criminalidad de una nación.

Imagen de previsualización de YouTube

Alejandro Giammattei, ex Director del Sistema Penitenciario en Guatemala y hoy vinculado a una red ilegal que cometía ejecuciones extrajudiciales, daba su opinión en 2008 sobre la Pena de Muerte.

El reto del actual Gobierno, en definitiva, es el de adoptar acciones concretas para poder resolver una situación que lleva estancada demasiado tiempo, como un nudo político demasiado duro de aflojar. Como dice la experta en seguridad Iduvina Hernández, con respecto a este tema, “se ha hablado mucho pero se ha hecho poco, debido a la falta de consenso entre las partes. Y es que, entre el “a favor” y el “en contra”, lo que hay que tener en cuenta es que lo que urge verdaderamente en Guatemala es una reforma integral de su sistema justicia. Hasta que ello no se consiga, el futuro se plantea difuso, incierto y hasta amenazante”, comenta. No solo para los condenados a muerte que desconocen cuál será su destino, sino también para el devenir histórico de toda una nación que, aún inmersa en una etapa de posguerra, está todavía en vías de poder consolidar su apuesta democrática.