Sociedad

La expulsión de los gitanos en los pasillos de la Unión Europea

Gitanos búlgaros con una bandera de la Unión Europea se manifiestan contra las expulsiones de gitanos en Francia, el 18 de septiembre (Valentina Petrova / AP)

Los acontecimientos protagonizados por Francia en las últimas semanas, mediante el desmantelamiento de campamentos y la expulsión de miles de ciudadanos de etnia gitana y de origen rumano y búlgaro, han generado un candente debate entorno a la situación de unos ciudadanos, que también son europeos. No obstante, otra polémica de fondo se desarrolla con la misma fuerza: la creciente retórica de extrema derecha en Europa, que atribuye la inseguridad y la criminalidad a la inmigración y a determinadas minorías.

Incluso “partidos que hasta el presente parecían pertenecer a ideologías políticas centristas están empleando discursos propios de la extrema derecha”, afirma Sophie Kammerer, de la Red Europea contra el Racismo. “La equiparación entre seguridad, delincuencia y criminalidad con determinados grupos de personas legitimizan este tipo de iniciativas”, añade.

Términos como “xenofobia”, “derechos humanos” o “retórica incendiaria”, siendo esta última una expresión atribuida a los discursos que han prevalecido entorno a las expulsiones de gitanos, han resonado en Bruselas desde que surgiera esta polémica.

El Parlamento Europeo no ha dejado de hacerse escuchar desde el principio, pidiendo la suspensión inmediata de las repatriaciones e insistiendo a las autoridades políticas que rechacen todo argumento discriminatorio. La eurodiputada, Hélène Flautre, del Grupo Político de los Verdes/ALE, no se ha mordido la lengua a la hora de denunciar las prácticas del gobierno galo y destacar el valor de prueba que posee la expulsión de gitanos en el respeto a la Carta de Derechos Fundamentales en Europa.

Flautre, miembro de la Comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, se ha caracterizado a lo largo de su carrera por su compromiso con los derechos humanos, además de trabajar, codo con codo, con Daniel Cohn-Bendit, eurodiputado del Grupo de los Verdes y alta figura de mayo del ‘69 francés.

Philippe De Bruycker, profesor de la Universidad Libre de Bruselas y especialista en inmigración, asilo y derechos humanos en la Unión Europea, afirma que la situación de Francia podría apuntar a una violación de la directiva europea en materia de libre circulación. Las expulsiones parecen no haber sido llevadas a cabo en base al principio de “caso por caso”, como establece la directiva 2004/38/CE, si no de manera colectiva. Además de ello “se ha tomado como blanco a los romaníes”, y añade que por lo tanto “existiría una discriminación sobre la base del origen étnico”, como evidencia una circular ministerial del 5 de agosto, publicada por un periódico francés.

A través de dicho documento, procedente del Ministerio del Interior francés, se instaba a que se diera prioridad a las repatriaciones de ciudadanos de etnia gitana y nacionalidad rumana y búlgara. A pesar de que el Ministerio haya modificado su contenido posteriormente, evitando toda alusión a una comunidad específica, no se ha podido negar la validez de la versión previa.

Gitanos manifestándose en Bulgaria contra la expulsión de éstos en Francia (Valentina Petrovia / AP)

Precisamente, la publicación de dicho escrito es lo que refuerza el argumento de numerosas ONGs y asociaciones de derechos humanos que denuncian el uso discriminatorio de la normativa europea sobre libre circulación. Y, precisamente, dicho documento es el que podría situar a Francia en posición de debilidad ante el análisis jurídico que la Comisión Europea está realizando para notificar la legalidad o la ilegalidad de la expulsión de alrededor de 8000 gitanos, especialmente porque se conservó oculto durante las conversaciones que París y Bruselas mantiene desde hace meses, cuando empezaron las expulsiones.

La conclusiones del análisis no se harán públicas hasta el próximo miércoles 29 de septiembre. No obstante, las tensiones entre París y Bruselas constituyen una realidad, especialmente, después de que la Comisaria Europea de Justicia y Derechos Civiles, Viviane Reding, comparara las actuales medidas emprendidas por Sarkozy con las deportaciones llevadas a cabo durante la II Guerra Mundial. Además, la rotundidad de su discurso lleva a pensar que no habría sido tan categórica si no estuviera tan segura del resultado.

En caso de que el fallo sea contrario a las expectativas francesas, la Comisión podría sancionar a Francia y llevarla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En una emisión de la televisión de la eurocámara, Michèle Striffler, diputada francesa del Partido Popular Europeo – misma familia a la que pertenece el partido de Sarkozy – declara que se trata más de un problema europeo que nacional, y deja entrever que no se debería atacar a Francia, dónde se destinan importantes fondos para integrar a la población gitana. Sin embargo, sus pretensiones chocan con los argumentos de un miembro del Consejo de Europa. Según este, París no sólo no presenta dificultades para la inclusión de esta comunidad, sino también para la integración de otras minorías étnicas, especialmente en el ámbito laboral.

Mientras tanto, y hasta que no se demuestre lo contrario, son bastantes los que defienden que las expulsiones se están realizando en base a lo que dictan las normas comunitarias en restricción de libre circulación cuando existe la ausencia de tres requisitos: contrato de trabajo, seguimiento de estudios o la falta de los recursos financieros suficientes, de manera que no se constituya una carga excesiva para el país de acogida. Para todos estos requerimientos se exige además la posesión de un sistema de seguridad social.

Antonio López-Istúriz, Secretario General de los Populares Europeos, apunta que, de manera general, en tiempos de crisis política y económica, siempre surgen movimientos populistas -tanto de izquierdas como de derechas – deseosos de sacar algún provecho.

En esta línea iría la idea de que el ataque a la población gitana constituiría un medio para acentuar las posturas políticas más extremistas, con tendencia a buscar un chivo expiatorio que permita desviar la atención. De hecho, esta teoría es que la que más pesa en los hombros del presidente galo, al que se ha criticado de oportunista y cínico en las últimas semanas, por su disposición a seguir con las expulsiones con el fin de aumentar el volumen de votantes entre el electorado de extrema derecha.

Ivan Ivanov, director de la Oficina de Información sobre los Roma Europeos, se muestra rotundo a este respecto. Se trata de “un asunto político. No se preocupan por ellos, sólo es el momento y lo están aprovechando”. Este médico, de etnia romaní, no duda en exigir sanciones de la parte del ejecutivo comunitario ante el temor de que de lo contrario, “Francia seguirá adelante y otros países europeos harán lo mismo”.

Dinamarca, con un gobierno de derechas, es otro de los países que también emprendió expulsiones de ciudadanos de etnia gitana, el pasado mes de julio, alegando motivos de seguridad. Por su parte, Suecia y Holanda, también pertenecen a este grupo de Estados dónde la ultra derecha ha alcanzado representación parlamentaria y dónde el discurso extremista amalgama criminalidad, delincuencia e inmigración.

En este contexto, si la decisión de la Comisión pusiera de manifiesto una violación de las normas comunitarias, esta constituiría un paso clave en la lucha contra las oleadas de xenofobia en Europa.

No faltan los más escépticos de cara al miércoles. Es el caso de De Bruycker que, aunque afirma que Francia podría ser enviada al Tribunal de Justicia, estima que el fallo podría ser más bien simbólico, dado que la circular ya fue modificada. Lo que significa que París ya ha tomado unas medidas que podrían serle exigidas más adelante. “Por otro lado, el proceso podría durar meses o años”, dado que las autoridades francesas buscarán una buena defensa, “de manera que para cuando haya un veredicto, éste ya no tenga el mismo peso” en la opinión pública, añade.

En las esferas políticas siempre se da una tensión entre el respeto de las normas y los intereses políticos y diplomáticos. Por ello, existe el temor de que el próximo miércoles la cuestión sea resuelta en función de las relaciones políticas, en lugar de las exigencias jurídicas. Bien es sabido el peso que posee Francia en la Unión Europea. No obstante, ni siquiera ella debería escapar al peso de los Tratados.