Sociedad

La Corte Penal Internacional actúa por primera vez de oficio

Por primera vez, una investigación de la CPI parte de la petición del fiscal actuando motu proprio

El fiscal investigará la violencia que tuvo lugar en Kenia tras las elecciones presidenciales de 2007

"Vamos a por los máximos responsables"

La Corte Penal Internacional investigará por primera vez unos casos de crímenes contra la humanidad a partir de una petición del Fiscal. Hasta ahora sólo se habían seguido las otras dos vías estipuladas: la solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el caso de Darfur, o de uno de países los firmantes del Estatuto de Roma, en los otros tres casos.

En diciembre de 2007, Kenia saltaba a las portadas internacionales por la ola de violencia desatada por supuestas irregularidades en las elecciones presidenciales. Más de mil muertos, un número desconocido de mujeres violadas y 400.000 personas desplazadas de sus hogares era el saldo de unos enfrentamientos de base étnica e identificada con los partidos políticos oponentes. Las comunidades del Valle del Rift atacaron a supuestos simpatizantes del partido gobernante, en su mayoría de la etnia kikuyu. Según las investigaciones de varias organizaciones, entre ellas, Human Rights Watch, la violencia estaba dirigida por “líderes locales, políticos y hombres de negocios según testigos presenciales”. Un joven participante en las agresiones contaba a los investigadores de esta organización “Esto no fue realizado por ciudadanos ordinarios, fue organizado por gente con dinero; ellos compraron a los desempleados como yo. Necesitamos algo que comer cada día”. La respuesta gubernamental, a través de la policía y el ejército, fue brutal. Cientos de manifestantes y transeúntes fueron asesinados, muchos con disparos en las espaldas cuando intentaban huir.

Fueron cuarenta días. Los cuarenta días que investigará la Corte Penal Internacional y que terminaron cuando los líderes políticos decidieron, ante la presión internacional y la proximidad de una guerra civil, formar un gobierno de coalición y una comisión de investigación independiente. El resultado de ésta, un informe de más de 500 páginas recogía dos recomendaciones fundamentales: la creación de una Comisión para la Verdad, la Justicia y la Reconciliación y un tribunal específico para juzgar los crímenes. Ninguna de estas dos propuestas obtuvo el respaldo parlamentario necesario para salir adelante. Por entonces, Kofi Annan ya tenía en su poder una carta de la misma comisión con los nombres de los responsables de los delitos, que posteriormente fue entregada al fiscal de la CPI.

El fiscal, Luis Moreno Ocampo, en una visita a Kenia en julio de 2009, más de un año y medio después de los hechos, le dio de plazo hasta septiembre al gobierno keniata para que iniciara las investigaciones judiciales. Pasado el plazo, en noviembre el fiscal anuncia que ha solicitado a la CPI la autorización para investigar los hechos. La II Cámara de Asuntos Preeliminares, encargada de admitir a trámite los casos, anunció este miércoles que “la información disponible para creer que en Kenia fueron cometidos crímenes contra la humanidad”. Asimismo consideró que “todos los condicionantes necesarios para el ejercicio de la jurisdicción de la Corte estaban satisfechos”. La decisión fue aprobada por todos los miembros salvo uno, el juez Hans-Peter Kaul, quien considera que “los crímenes de Kenia no pueden ser calificados como crímenes contra la humanidad” porque no considera que fuesen dirigidos por una “política estatal o de una organización” como exige el Artículo 7 del Tratado de Roma, texto regidor de la Corte.

Sin embargo, tanto el informe de la comisión keniata, como de otras organizaciones, así como el fiscal, consideran que los dirigentes políticos o altos responsables del sector económico que dirigieron los enfrentamientos estaban asociados al Partido de Unidad Nacional del entonces presidente Mwai Kibaki o al Movimiento Democrático Naranja del jefe de la oposición Raila Odinga.

Si bien es la primera vez que el fiscal hace uso de su poder para actuar de motu proprio, no es la primera que hace alusión a su potestad para ello. Durante las discusiones con las autoridades de República Democrática del Congo y de Uganda para iniciar las investigaciones previas a los juicios de la CPI, el fiscal les expuso que una petición de los propios gobiernos sería muy bien recibida, pero que en el caso de que no lo hicieran sería el mismo quien usaría su potestad para iniciarlas.

La protección de las víctimas y de los testigos

“Es un momento importante para las víctimas y las comunidades afectadas en Kenia. Pedimos a la Corte que desarrolle una estrategia de comunicación limpia y específica para establecer contacto con las comunidades afectadas tan pronto como sea posible y asegurar una protección necesaria de las víctimas y testigos” explica  Y es que, según informaba ayer HRW, “desde que el fiscal anunció hace algunos meses su intención de investigar los hechos, han aumentado significativamente los ataques contra testigos que habían aportado su testimonio”. Y subraya que “es conocida lo inadecuado del sistema de protección de las víctimas así como su sometimiento a constantes reformas”.

“Vamos a por los máximos responsables”

“Las investigaciones se centrarán en los máximos responsables de los incidentes más graves,” ha dicho en rueda de prensa el Fiscal Jefe, Luis Moreno Ocampo. “Debemos actuar de inmediato para contribuir a la prevención de tales crímenes durante las próximas elecciones.”

La Fiscalía ha presentado a los jueces una lista preliminar de 20 sospechosos entre los que se hallan líderes políticos y hombres de negocios asociados a los partidos que lideraron los enfrentamientos, el Partido de Unidad Nacional del entonces presidente Mwai Kibaki o al Movimiento Democrático Naranja del jefe de la oposición Raila Odinga. La Fiscalía ha elaborado esta lista a partir de la información emitida por la Comisión Wakabi, una comisión internacional establecida por el Gobierno de Kenia para investigar la violencia postelectoral. “Esta lista es sólo indicativa, no es vinculante, es sólo el principio, ahora tenemos que recoger evidencia” ha dicho el Fiscal. Las investigaciones serán imparciales e independientes y mostrarán especial atención a los numerosos casos de violencia sexual.

El Fiscal ha anunciado que el número de testigos que llamará a testificar será menor que el de casos anteriores. En los procedimientos contra los rebeldes congoleños Thomas Lubanga, Germana Katanga y Mathieu Ngudjolo, la Fiscalía ha presentado cerca de 30 testigos. La intención, dice el Fiscal, es reducir los riesgos a los que se exponen estos individuos, manteniendo su compromiso con la obligación de proteger a cada testigo.

Moreno Ocampo ha anunciado que viajará a Kenia el próximo Mayo donde se reunirá con víctimas de la violencia y visitará algunos de los escenarios donde se cometieron los crímenes. “Escucharé a las víctimas, respetaré sus observaciones y pediré para ellas justicia,” ha dicho. Igualmente ha asegurado que buscará la participación conjunta de todos los keniatas, de todas las comunidades. “Quiero que comprendan por qué todos debemos trabajar juntos para garantizar la prevención de futuros crímenes. Esta Corte es su Corte. La justicia ayudará a unificar comunidades divididas,” ha dicho.

La Fiscalía espera finalizar sus investigaciones este mismo año y presentar entonces su caso ante los jueces. “Ellos decidirán. Esto es un proceso judicial,” ha dicho. Se espera que las próximas elecciones en Kenia tengan lugar en 2012.

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie