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Sociedad

La “adicción al encarcelamiento” de Estados Unidos

El Parlamento de Estados Unidos advierte de que tres décadas de aumento "sin precedentes históricos" de la población carcelaria han conducido a una superpoblación que afecta la infraestructura del sistema federal de prisiones

Proporcionalmente, este país ha encarcelado más personas que ningún otro.

Unidad 4 de la prisión estatal de Nuevo México, Estados Unidos
(Shelka04 /en.wikipedia)

En los últimos 30 años, la población recluida en penitenciarías federales pasó de 25.000 a 219.000 personas, lo que constituye un aumento de casi 780 por ciento, según un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso legislativo, fechado el 22 de enero. Estados Unidos ha encarcelado más proporción de personas que ningún otro país, y hoy registra 716 reclusos cada 100.000 habitantes. Si bien los informes del Servicio de Investigaciones no se entregan al público, una copia del mismo puede hallarse aquí.

“Este es uno de los mayores problemas de derechos humanos dentro de Estados Unidos, puesto que muchos de los atrapados en el sistema de justicia penal pertenecen a sectores de bajos ingresos y a minorías étnicas y raciales, frecuentemente marginados por la sociedad”, nos dice la subdirectora del programa estadounidense de Human Rights Watch, Maria McFarland.

En los últimos años, la oficina de McFarland ha registrado nuevas tendencias en las medidas de detención, que muestran un aumento de menores de edad y de ancianos puestos tras las rejas, a consecuencia de la imposición de una política de castigos más severos. “El año pasado, unos 95.000 menores de 18 años fueron a prisión, y en esa cifra no contamos a quienes fueron a instituciones penales para adolescentes”, indicó. “Y entre 2007 y 2011, la población de mayores de 64 años creció 94 veces respecto de la población carcelaria general. Es evidente que las prisiones no están equipadas para cuidar ancianos, y uno se pregunta qué peligro entrañan para la sociedad, cuál es la justificación para recluirlos”, añadió.

Según el informe del Servicio de Investigaciones, una cantidad creciente de esos reclusos son encerrados por cargos vinculados a violaciones de normas migratorias y posesión de armas. Pero el número mayor se debe a pequeños delitos de drogas, una tendencia que puede resultar contraproducente para abatir las estadísticas de delincuencia, advierte el autor, Nathan James, especialista en políticas penales. “La investigación sugiere que si bien el encarcelamiento contribuyó a abatir las tasas de delitos violentos en la década de 1990, hay reducciones marginales asociadas con niveles de encarcelación siempre crecientes”, indica James. Una explicación posible es que la gente es cada vez más condenada a prisión por delitos que tienen “un alto grado de reemplazo”, arguye James. Por ejemplo, si se envía a prisión a un violador contumaz, el sistema judicial tiene el poder de impedir más ataques sexuales de ese delincuente y es probable que nadie ocupe su lugar. “Pero si se encarcela a un vendedor de drogas es posible que alguien tome la posta”, agrega. “Por tanto, encarcelando a ese individuo no se evitan nuevos delitos”.

El boom de la población carcelaria de este país debe rastrearse en cambios dentro del sistema penal federal. En las últimas décadas se hizo popular la “mano dura” judicial, bajo la cual incluso delitos no violentos se reprimen con duras penas de reclusión. A su vez, la superpoblación es un problema generalizado. En 2011, el sistema penitenciario federal funcionó 39 por ciento por encima de su capacidad, según el informe. En consecuencia, casi se duplicó el presupuesto de la Oficina de Prisiones, para llegar a 6.400 millones de dólares, pese a lo cual todavía hay problemas de infraestructura no resueltos por valor de cientos de millones de dólares.

Estos problemas contrastan con ciertas tendencias en el ámbito de los estados. Si bien algunos tienen niveles preocupantes de superpoblación –como California, que en 2011 recibió la orden de la Corte Suprema de Justicia de tomar medidas al respecto–, en los últimos años se han visto medidas para reducir el encarcelamiento. Algunas pueden deberse a escasez presupuestal. El costo anual de alojamiento de un recluso ronda entre 25.000 y 30.000 dólares.

Según un informe del grupo promotor de reformas penitenciarias Sentencing Project, todas las poblaciones carcelarias de Estados Unidos declinaron 1,5 por ciento en 2011. Más aún, el año pasado, legisladores de 24 estados adoptaron políticas que “pueden contribuir a abatir la cantidad de reclusos de las prisiones”. “Ha habido un notable cambio en la actividad estadual para poner fin a nuestra adicción al encarcelamiento”, nos plantea la subdirectora legal de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, Vineeta Gupta. “Algunos estados están debatiendo algo que hubiera sido imposible 10 años atrás, sobre actuar con inteligencia, en lugar de dureza, contra el crimen. Ninguna de esas medidas es lo suficientemente amplia como para responder a la gran dimensión del problema, pero son puntos de partida importantes”, agregó. “Lamentablemente, el gobierno federal va en la dirección contraria”, concluyó.

El elemento más importante para explicar los números de población carcelaria puede ser los requerimientos mínimos obligatorios para imponer sentencias que, tanto bajo la ley federal como estadual, han impuesto de forma automática ciertas penas de prisión para ciertos delitos, en particular narcotráfico.

Tales políticas cercenaron la capacidad de los jueces de concebir respuestas judiciales a las circunstancias individuales. Con el paso de los años, algunos magistrados renunciaron por esas políticas de requerimientos mínimos y otros pelearon visibles batallas por su desmantelamiento. “Se debe prestar especial atención a la reforma de los requerimientos mínimos y a los mecanismos de libertad condicional, pues pueden funcionar para reducir las poblaciones carcelarias estaduales”, indica Sentencing Project. “Los requerimientos mínimos obligatorios no reducen el delito, pero tienen como resultado penas más largas que contribuyen a la superpoblación”.

El año pasado, siete estados relajaron o rechazaron algunas regulaciones de requerimientos mínimos obligatorios. Este análisis se asemeja a las conclusiones del Servicio de Investigaciones.

A mediados del mes pasado, el senador Patrick Leahy, presidente del influyente Comité Judicial del Senado, dijo que estaba dispuesto a apoyar el fin de los requerimientos mínimos obligatorios federales, que calificó de “un gran error”. “Los comentarios de Leahy son un gran paso hacia una conversación sobre las fuerzas motrices del crecimiento federal”, opinó Gupta. “La esperanza es que algo de lo que está pasando en los estados, que registran en ciertos lugares una delincuencia muy baja, sirva de ejemplo al sistema federal”.

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