Sociedad

Juicio ciudadano a Estado negligente

Manuel Rodríguez: "Las autoridades tienen que responder y tienen que entender que no nos vamos a detener hasta que se haga justicia"

Sabina Berman: "Este es un juicio contra la impunidad y la corrupción, contra el Estado podrido"

Imagen del jurado compuesto en su mayor parte por los padres y madres de los niños fallecidos (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Su hijo, Xiunelth Emmanuel, fue uno de los 49 niños menores de cuatro años que murieron quemados el 5 de junio de 2009, al incendiarse una guardería infantil que funcionaba bajo un esquema semiprivatizado en Hermosillo, capital del noroccidental estado de Sonora.

La batalla de los padres porque la justicia establezca las responsabilidades del siniestro llevó el domingo 29 a un inédito juicio ciudadano contra el Estado mexicano en el Zócalo de la capital.

Un juez ciudadano ‒el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, José Álvarez Icaza‒, una veintena de académicos, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil, que actúan como “jurado” y “testigos de honor”, familiares de los muertos, una “fiscal” y un “defensor de oficio” participaron del proceso “basado en la fuerza de la ética”. “Los crímenes del Estado se acumulan y se acumulan y se acumulan. Este es un juicio contra la impunidad y la corrupción, contra el Estado podrido”, dijo la dramaturga Sabina Berman, en su calidad de testigo de honor.

Además de los 49 fallecidos, en el fuego de la Guardería ABC también sufrieron lesiones de distinto grado otros 75 niños y niñas.

La guardería funcionaba bajo un esquema de subrogación a particulares que se multiplicó en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Sus propietarios eran miembros de la élite política y empresarial local y familiares del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours (2003-2009), y de Margarita Zavala, esposa del actual mandatario Felipe Calderón. La guardería ABC funcionaba en un antiguo almacén enrejado, con paredes tóxicas e inflamables, las puertas de emergencia clausuradas y sin cumplir normas de seguridad mínimas. Pero fue habilitada como concesionaria del estatal Instituto de Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2001 y confirmada en 2006, cuando el director del Instituto era Juan Francisco Molinar, ahora secretario (ministro) de Transporte y muy cercano a Calderón.

Ya en 2005 la guardería había sido alertada de que la lona y los plafones ubicados en sus salones eran muy inflamables y debían cambiarse. Pero los propietarios no lo hicieron y nadie los sancionó. Además, el día del incendio las salidas de emergencia estaban cerradas con llave. En respuesta a la presión social ante la impunidad en que quedó la tragedia, la Suprema Corte de Justicia hizo efectiva su facultad de investigación.

En marzo de 2010, una Comisión Investigadora de la Corte calificó de ilegal la operación del sistema de guarderías bajo concesión y señaló a 17 funcionarios de violar las garantías individuales de niños y niñas. Entre los mencionados estaban Molinar y el exgobernador Bours. Además, se encontró que de los 1.480 contratos con guarderías suscritos por el IMSS sólo 14 cumplían todos los requisitos. En noviembre, la Corte determinó que hay un “desorden generalizado” en el sistema de guarderías y que en el caso se cometieron violaciones graves a los derechos de los niños, pero no identificó a personas responsables.

Los padres de las víctimas conformaron el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, que el 2 de mayo logró que el Senado aprobara el proyecto de Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (conocido como “ley 5 de junio”) en cuya redacción participaron los especialistas más reconocidos en la infancia. Pero el proyecto debe ser votado en la Cámara de Diputados para entrar en vigor.

El proceso ciudadano abrió una serie de actividades planificadas para esta semana en conmemoración de la tragedia, y se vincula al movimiento por la paz y la justicia que encabeza el poeta Javier Sicilia y que el 4 de junio partirá en caravana rumbo a la fronteriza y norteña Ciudad Juárez.

Pese a que fueron invitados al proceso simbólico en el Zócalo, no asistió ningún representante de las instituciones enjuiciadas: el Poder Ejecutivo federal, del que depende el IMSS, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El 27 de mayo, el representante legal del Movimiento 5 de Junio, José Francisco García, padre del niño Andrés Alonso, recibió la respuesta al citatorio enviado al presidente Calderón, firmada por el subsecretario de Gobierno, Juan Marcos Gutiérrez González.

“(…) dada la naturaleza del evento, resulta absolutamente improcedente la asistencia del titular del Ejecutivo, así como la designación de representante alguno”, sostiene la carta que, sin embargo, asegura que el gobierno federal “estará atento a las peticiones que la organización haga en el futuro”.

Siluetas de cartón de unos niños durante una protesta exigiendo justicia para los 49 niños muertos en una guardería en Ciudad de México (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Sentado junto a cinco sillas vacías, el abogado Daniel Márquez, quien fungió como defensor de oficio, alegó que las leyes son buenas y que no es el Estado el culpable, sino que hay personas responsables. La fiscalía, a cargo de la doctora en derecho Mónica González, apeló a la Observación General Número 7 de 2005 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que establece que los Estados “son responsables de la provisión de servicios para el desarrollo en la primera infancia. El papel de la sociedad civil debe complementar, y no reemplazar, el papel del Estado”.

“La operación del esquema de subrogación lleva a un esquema de privatización. Y tenemos modelos que son peores, como el esquema de estancias infantiles (guarderías) de la Secretaría de Desarrollo Social” impulsado por el gobierno de Calderón, dijo la abogada.

El jurado ciudadano declaró culpables a las instituciones acusadas, y el juez Emilio Álvarez Icaza “condenó” al Estado a modificar el esquema de subrogación de guarderías, a asignar recursos para la primera infancia en concordancia con las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño, y a finalizar “a la brevedad” los juicios para determinar la responsabilidad penal de los involucrados. Entre las medidas de reparación, la sentencia “ordena” que el Estado garantice la protección y tratamiento de los niños lesionados, muchos de ellos con secuelas de por vida, construya un memorial en el lugar donde estuvo el centro infantil incendiado, y establezca el 5 de junio como día de luto nacional, además de poner en vigor el proyecto de ley de guarderías.

A los funcionarios que han estado al frente del IMSS en la actual administración, el mencionado Molinar y Daniel Karam, se los condenó a presentar una disculpa pública y a realizar un mes de trabajo comunitario por cada uno de los muertos y heridos en la guardería. Y, “por la gravedad de los hechos”, la sentencia “inhabilitó” a los dos funcionarios para desempeñar cualquier cargo público por un período de 20 años.

Como corolario del juicio, ondearon 25 banderas rosadas y 24 azules, en honor de los muertos, y una blanca, por los heridos. “De lo que se trata este juicio es que la tragedia no se vuelva a repetir”, resumió la fiscal González

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