Sociedad

Estados Unidos busca reinventar su sistema penitenciario

"Cuanto más construyes, más presos puedes alojar. Ahora piensan en a quién pueden soltar"

Estados Unidos invierte 50 mil millones de dólares al año en sus cárceles. Algunos estados invierten más del 10 % de la recaudación de impuestos. El coste que supone tener a uno de cada 31 norteamericanos en prisión o libertad condicional, combinado con la deuda de muchos estados, ha obligado a reconsiderar las políticas penitenciarias.

A la cabeza está California. Sus cárceles casi alojan el doble de presos de su capacidad. Simbolizan desde hace décadas los fallos de un sistema obcecado en construir más cárceles para más presos. Un planteamiento sordo a los gritos de expertos por un cambio de mentalidad que vaya del castigo a la reinserción. El estado quiere ahora ser ejemplo de cambio. Mientras reduce su presupuesto de prisiones -todavía por encima del de educación- promete facilitar procesos de rehabilitación y libertad condicional para aliviar las cárceles.

“Elegimos las universidades antes que las cárceles”, declaró el gobernador de California el pasado mes de enero. Schwarzenegger acaba de restar  mil millones de dólares a su gasto en el sistema penitenciario en los próximos presupuestos. El objetivo es darle a la vuelta a esa imagen del estado con más dinero para cárceles que educación y aliviar la deuda del estado.

El crecimiento de la población encarcelada comenzó hace unos treinta años. “El énfasis estaba en el castigo, no en la rehabilitación”, explica Amanda Petteruti, , abogada del Instituto por la Justicia Legal. Los esfuerzos de lucha contra la droga y el crimen coincidieron con un cambio en la filosofía, más centrada en largas sentencias. Desde entonces, el número de norteamericanos en prisión no ha hecho más que aumentar. En 2008, el Pew Research Center  reveló que uno de cada cien estadounidenses están entre rejas.

Ni la reducción de los índices de criminalidad en todo el país ni de las tasas de encarcelamiento ayudan a cambiar las estadísticas. Siguen entrando más presos de los que salen. Son más de un millón y medio de personas. Los encarcelados se han triplicado en los últimos veinte años. Entre los factores que han contribuido al crecimiento de la población encarcelada está la legislación, más centrada en obtener sentencias que en la reinserción de los presos; la colaboración entre gobiernos estatales y la comodidad de delegar el servicio de prisiones a compañías privadas -desde la construcción del edificio al alojamiento de presos.
Gracias a las cárceles de empresas privadas, el estado ahorra costes y tiempo en proyectos legales, la búsqueda de financiación y terrenos o los permisos para construir. “La realidad, a largo plazo, es que sale más caro”, afirma Petteruti.

Las prisiones privadas cobran al estado por preso alojado. Los defensores de programas alternativos y de reinserción ven en éste método un incentivo para mantener a los presos entre los muros de la cárcel. Las empresas subcontratadas deben obedecer a las mismas leyes y normas penitenciarias que las públicas. Sin embargo, centros como el Instituto por la Justicia Legal defienden que el creciente número de denuncias por el tratamiento a los presos en estas cárceles privadas, en comparación con las quejas que se producen en instituciones estatales, es una evidencia de estrategias para alargar la estancia de los presos.

“Es difícil de demostrar, pero hemos encontrado casos en los que se ha negado a un preso la práctica de su religión, algo que está reconocido por ley, o normas de conducta mucho más estrictas que bloquean la libertad condicional de muchos presos”, declara Petteruti.

Un trabajador de una de las prisiones de California lleva a tres reclusos recién llegados a sus celdas (Rich Pedroncelli / AP)

El primer contrato para una cárcel privada llegó en los años 70, coincidiendo con el cambio de rumbo en la filosofía penitenciaria. La Corporación de Centros Correccionales de América, que lleva una de las cárceles privadas de Colorado, ingresó 1.400 millones de dólares en 2008.  El negocio no es sólo alojar presos por un largo periodo de tiempo. Los reclusos trabajan a veces en servicios que después son vendidos al público. El Correccional Central de Maryland, por ejemplo, cuenta con un servicio de lavandería que cubre las necesidades de agencias gubernamentales y hospitales de todo el estado.

La acogida de presos procedentes de otro estado es otra forma de ingreso. Ante la saturación de las cárceles de California, Arizona, Georgia o Louisiana, se traslada a los presos a otros estados. Lejos quedan sus abogados, familia y cualquier recurso que ayudara a su reinserción.

“Es un círculo vicioso, porque cuanto más construyes, más presos puedes alojar. Esto sólo se rompe si no queda dinero para financiar el sistema y te ves obligado a buscar alternativas. Ahora piensan en quién pueden soltar”, cuenta Petteruti. Es el ejemplo de lo que ha pasado en California, obligado a buscar otras soluciones.

Antes de que reaccionara el gobierno o llegaran las medidas contra la crisis, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) optó por dar la vuelta a los presupuestos y trabajar en las condiciones de vida de los presos a punto de recobrar la libertad. Pero es difícil hacer llegar todos los servicios. Dependiendo de la condena, no todos tienen acceso a cursos escolares, programas de rehabilitación o de drogodependencia. Cuando tienen acceso, el obstáculo son las listas de espera por la saturación de los centros.

El recorte de presupuesto para el sistema de prisiones dificulta ahora las labores de reinserción. Y esa es una de las claves para que funcione la histórica reforma anunciada por Schwarzenegger. “Hemos perdido 250 millones de dólares destinados a rehabilitación”, argumenta Peggy Banks desde el CDCR. “Han desaparecido más de 600 puestos de trabajo dentro de las prisiones, iniciativas de rehabilitación han pasado de durar entre seis y treinta y seis meses a sólo tres”.

El CDCR ha dejado de contar con el estado para obtener recursos. Sus cómplices ahora son centros educativos como la Universidad de San Diego o el Centro de Justicia Criminal, con programas de apoyo para presos recién liberados. “La experiencia ha demostrado que si apoyamos estos programas en poblaciones donde hay presos disfrutando de libertad condicional, por ejemplo, podemos reducir los porcentajes de reincidencia”, explica Banks.

El cambio en el sistema también quiere centrarse en el momento antes de entrar en prisión. “Hemos encontrado presos que estarían mucho mejor rehabilitados de no haber entrado en la cárcel”, argumenta Petteruti. El estado de California, incapaz de afrontar el coste de las prisiones, cambió hace dos años la legislación. El estado se centra desde entonces en lograr sentencias sobre aquellos detenidos que supongan mayor riesgo para la sociedad, y dar otra solución a presos con mayor probabilidad de rehabilitarse mediante libertad condicional.

Del éxito en California depende el cambio en el resto del país. Allí buscan resultados desde abogados y expertos hasta los propios trabajadores de prisiones, asfixiados por la superpoblación de cárceles. Nueve trabajadores penitenciarios son atacados cada día en California. Hace dos años, un motín en una cárcel de Colorado terminó con la huida de todos los trabajadores.

Para Petteruti es obvio: “No se trata de construir más prisiones, sino de encarcelar a menos gente”.

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