Sociedad

Eslovenia pasa página con los ‘borrados’

Dieciocho años después de eliminar a 25.000 ciudadanos del registro civil, el Estado esloveno se disculpa pero se lava las manos con una ley que descarta compensaciones

Alija Berisha ha luchado durante años para conseguir su nacionalidad (UNHCR)

Imaginemos un  improbable futuro en el que Extremadura se independiza pacíficamente de España y en el resto del país se desencadena una guerra civil en la que el resto de regiones lucha por su emancipación. Un buen día, un joven nacido en Madrid pero que ha pasado toda su vida en Badajoz va a sacarse el carné de conducir y los funcionarios del registro le arrebatan su documento de identidad, lo destruyen y le dicen que ahora es un extranjero ‘sin papeles’, y que su antigua nacionalidad, la española, ya no existe. Y se convierte en ciudadano de ninguna parte. En este escenario esperpéntico han vivido durante casi dos décadas 25.671 personas (según cifras del Gobierno, aunque podrían ser muchas más) que fueron eliminadas del registro en Eslovenia.

En 1992, este pequeña república de apenas dos millones de habitantes obtuvo su independencia de Yugoslavia sin sufrir los sangrientos conflictos que asolaron el resto de la región y convirtiéndose en un país modélico: de hecho, es por ahora el único que ha conseguido entrar en la Unión Europea. Sin embargo, debajo de esa cara amable se ha escondido durante años uno de los más graves atentados contra los derechos humanos cometidos en suelo europeo.

Tras la emancipación, Eslovenia dio la ciudadanía automáticamente a todos los eslovenos étnicos y el permiso de residencia permanente a húngaros, austriacos e italianos, tres importantes minorías presentes en el país, pero dio una moratoria de seis meses para los que consideraba ciudadanos de otras repúblicas de la antigua Yugoslavia.

Muchos no consiguieron los documentos que les pedían porque tenían que solicitarlos en países que estaban siendo destruidos por la guerra, otros pensaban que no necesitaban la ciudadanía porque llevaban años residiendo en Eslovenia, y algunos no entendieron en qué consistía el proceso y sus posibles consecuencias o ni siquiera se enteraron del mismo por su deficiente difusión. Incluso a niños nacidos más tarde -según los afectados, 5.600- se les consideró apátridas por tener padres “extranjeros”. Así que se vieron forzados a abandonar el país donde tenían toda su vida o a quedarse ilegalmente y sin acceso a los derechos humanos básicos como la educación o la sanidad.

Se dieron casos como el de Irfan, que había nacido, ido a la escuela y formado una familia en Eslovenia, y que en 1991 sufrió un accidente de coche que lo dejó postrado en el hospital durante varios meses. Cuando acabó su convalecencia y fue al registro a poner sus papeles en regla, los funcionarios destruyeron su documento de identidad porque sus padres eran de Bosnia. Aunque jamás en su vida hubiera pisado suelo bosnio. Hoy, dejado de lado por su familia, malvive con una exigua pensión de invalidez de 200 euros que le ha concedido el Estado esloveno ya que las consecuencias del accidente, que no pudo tratar adecuadamente, le impiden trabajar.

O como el de Aleksandar Todorovic, originario de Serbia y hasta el año pasado la cara visible de los borrados, que el 1993 fue a inscribir a su hija recién nacida y se encontró con que los funcionarios le quitaron todos sus documentos. Una semana después llegó la partida de nacimiento con el nombre de la madre, eslovena, y un espacio en blanco en el nombre del padre. Su hija no era legalmente suya. “Es la muerte civil de una persona”, lamentaba antes de retirarse de los focos.

Cada uno de los llamados ‘borrados’ cuenta una tragedia personal distinta de lo que ha supuesto para ellos vivir indocumentados en el sitio que consideraban su hogar, a lo que se ha unido la incomprensión y el escarnio social. Durante años, la derecha eslovena consiguió hacer calar en la sociedad la creencia de que ellos mismos se lo habían buscado por ser “traidores a la patria” y no querer nacionalizarse.

Durante todo este tiempo ni siquiera han logrado formar un frente unido, ya que muchos optaron por abandonar el país, otros fueron consiguiendo permisos de residencia como extranjeros con el paso del tiempo y la enmienda hecha a la Ley de Extranjería en 1999 y otros, como admite Irfan, no han luchado “por vergüenza”, por miedo al rechazo social. De hecho, en 2004 se celebró un referéndum en el que el 94 por ciento de los votantes rechazó una ley compensatoria para los borrados.

Los que han intentado hacerse oír han recibido el silencio por respuesta tanto del Estado esloveno como de la Unión Europea, a la que han pedido ayuda en varias ocasiones, a pesar de que el Tribunal Constitucional de Eslovenia emitió dos sentencias (la última en 2003) contra la ley que permitió el borrado.

No fue un simple error administrativo. “El borrado de estas personas se hizo en secreto”, explica Blaz Kovac, gerente de proyectos de Amnistía Internacional Eslovenia, una de las organizaciones más activas en la lucha por restaurar los derechos humanos de los ‘izbrisani’, como se les conoce en Eslovenia. Muchos afectados aseguran que el borrado fue una maniobra para crear un estado solo con “eslovenos puros”, y sobre esto Kovac destaca que cuando la Ley de Extranjeros fue aprobada en 1992 “el problema ya era conocido por el Parlamento”. “De hecho, antes de que se aprobara la ley un grupo de diputados propuso una enmienda para que los otros yugoslavos recibieran el permiso de residencia permanente en Eslovenia y fue rechazado por un voto”, apunta.

Solo en 2010, dieciocho año después, el Parlamento y el Gobierno esloveno han pedido disculpas por lo que reconocen que ha sido “una injusticia” y “un doloroso capítulo en la historia” del joven país. “Esta es la mayor violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales desde que Eslovenia obtuvo su independencia”, ha reconocido el Ejecutivo.

En junio de este año el Gobierno de centro-izquierda promulgó una nueva Ley de Extranjeros que pretende corregir los errores del pasado y “restaurar la dignidad humana de los borrados”. Ahora tienen tres años para demostrar que Eslovenia es “el centro de sus intereses vitales”, es decir, el lugar donde tienen (o tenían en 1992 pero se vieron a obligar a abandonar el país) su familia, su trabajo o su vivienda. De esa forma obtendrán la residencia permanente de manera retroactiva a partir del el día en que fueron eliminados del registro.

¿Es este el final del problema? “A los ojos del Estado, probablemente. A los ojos de la sociedad, en su mayoría. A los ojos de los borrados, rotundamente no. La nueva ley solo devuelve estatus legales y no provee medidas adicionales, apoyo social, integración, vivienda o compensaciones”, afirma Kovac.

El Gobierno ha reconocido el daño causado a los borrados, pero ha rechazado establecer indemnizaciones o cualquier tipo de compensación para los afectados. De hecho, la ministra del Interior, Katarina Kresal, tuvo mucho cuidado en insistir en ello, ya que los conservadores eslovenos auguraban una avalancha de denuncias que, estimaban, acabaría costándole al país más de 400 millones de euros.

De momento, no ha desembolsado ni un solo euro, ni parece que se cumplan las predicciones apocalípticas de la derecha nacionalista, ya que únicamente 55 personas han conseguido llevar su caso a los tribunales y en 30 casos su reclamación ha sido rechazada. Once afectados ganaron un proceso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en julio de este año, que reconoció la ilegalidad del proceso pero tampoco urgió a Eslovenia a compensarlos.

Así, puede que con la nueva ley se haya perdido cualquier posibilidad de una reparación completa para los ‘izbrisani’. “Los abogados tienen opiniones distintas sobre esto”, dice Kovac, que apunta que “hay opciones legales, pero no están siendo usadas por los borrados”. Aministía Internacional advierte que el tema de las indemnizaciones siempre se ha exagerado, y que la reparación debería incluir no solo dinero sino también otros beneficios sociales como educación gratuita, acceso a vivienda o asistencia psicológica y familiar. “Nosotros creemos que las compensaciones son una parte importante de la reparación, pero quizás no la más importante”, explica.

En todo caso, a muchos todavía les queda enfrentarse a “nuevos y complicados” procedimientos legales para obtener la residencia en Eslovenia de forma retroactiva. Aunque suponga un paso de gigante comparado con lo que se ha hecho hasta ahora, lo cierto es que mientras el borrado de hizo de manera automática y masiva, la restauración del estatus se lleva a cabo caso por caso y con muchas trabas.

“Se necesita una solicitud especial, hay que pagar tasas administrativas, hay que demostrar que todo lo afirmado es cierto y cumplir todos los requisitos”, dice Kovac, y quienes lo tienen más difícil son las alrededor de 13.000 personas que abandonaron el país dejándolo todo tras ser eliminadas del registro.

El Gobierno asegura que con la nueva legislación se ha flexibilizado el antiguo requisito de vivir en Eslovenia sin interrupción para restaurar el estatus de residentes, pero el portavoz de Aministía Internacional dice que se puede interpretar que la ausencia máxima permitida es de diez años, lo que deja a muchos fuera. Además, alerta la organización, toda la información sobre el proceso se ha distribuido solo en esloveno, una lengua que no todos los borrados dominan.

“Si nuestros temores son ciertos, a la mayoría de los borrados que aún viven fuera se les denegará la re-entrada y la estancia. Esperamos que nos estemos equivocando, aunque otros tres abogados que tratan temas de sociedad civil piensan de la misma manera”, asegura Kovac.

Así que todavía hoy miles de personas lo tienen muy difícil para que se reconozca la injusticia que se hizo con ellos y que ha sido ignorada durante años. Se estima que 1.300 de ellos murieron sin que ni siquiera se les restaurara el permiso de residencia, y todo ello en un Estado miembro de la Unión Europea. Y ni siquiera se ha hecho una investigación para encontrar a los culpables, algo que muchas ONG reclaman pero que quizás haya quedado aparcado para siempre con una ley que se limita a lo legal y deja de lado por completo la dimensión humana del problema.

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