Sociedad

El Gobierno de Kenia reta a la CPI

El 1 de abril de 2010, el Fiscal de la Corte Penal Internacional actuaba por primera vez de oficio y lo hacía para investigar la violencia post-electoral de 2007 en Kenia

El Gobierno keniano pide a los jueces que declaren inadmisible el caso contra los seis presuntos responsables entre los que se encuentran tres ministros

La petición no suspende la comparecencia inicial de los sospechosos, programada para el próximo 7 y 8 de abril, acusados de cometer crímenes contra la humanidad

El Gobierno de Kenia ha presentado a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional una solicitud por la que impugna la competencia del tribunal en los dos casos abiertos contra algunos de sus miembros (William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey, Joshua Arap Sang, Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohamed Hussein Ali) por su supuesta participación en los  crímenes que tuvieron lugar tras las elecciones presidenciales de diciembre de 2007. La petición ha sido presentada días antes de la comparecencia inicial de los sospechosos el próximo 7 y 8 de abril.

Un hombre de la etnia Kikayu es atacado por turbas en Mathare, Nairobi, tras las elecciones celebradas en Diciembre 2007 (AP Photo/Jerome Delay)

Según el gobierno keniano, la adopción de la nueva Constitución (aprobada el 4 de Agosto del pasado año en referéndum) y las consiguientes reformas acometidas dotarían de capacidad al país para llevar a cabo sus propios procedimientos judiciales. De acuerdo con el texto presentado a los jueces, “la Constitución otorga efecto a unas amplias reformas judiciales que transforman de manera fundamental la administración de justicia en Kenia,” y asegura que “las deficiencias y debilidades del pasado han sido especialmente acometidas con el fin de garantizar una justicia imparcial e independiente.”

El Estatuto de Roma, el texto fundacional de la CPI, contempla el reto que el gobierno de Kenia plantea hoy a la jurisdicción del tribunal internacional. Según el artículo 19, cualquier Estado “podrá impugnar la admisibilidad de la causa o la competencia de la Corte” cuando “tenga jurisdicción en la causa porque está investigándola o enjuiciándola, o lo ha hecho antes.” La CPI, atendiendo al principio de complementariedad, tan solo actuará cuando los sistemas nacionales demuestren incapacidad o falta de voluntad para enjuiciar a los responsables de crímenes bajo su competencia: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Así lo determinaron los jueces cuando el 31 de marzo de 2010 atendieron a la petición del Fiscal Jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, de abrir investigaciones sobre los crímenes contra la humanidad cometidos en Kenia tras las elecciones de 2007. Según la Fiscalía, en aquel momento no existían procedimientos nacionales en marcha que impidieran a la Corte actuar. El Gobierno de Kenia prometía entonces cooperar plenamente con el tribunal. Era por tanto la primera vez que la CPI actuaba de oficio sin que la situación hubiese sido referida por el propio estado, o bien por el Consejo de Seguridad de las NNUU, como en los casos de Darfur o Libia. El 8 de Marzo de 2011, y después de que la Fiscalía hiciese pública su investigación de los hechos, los jueces pedían la comparecencia de seis presuntos máximos responsables de la violencia post-electoral en la que más de mil personas fueron asesinadas, cientos fueron víctimas de abusos sexuales y más de 300.000 fueron desplazadas.

El Fiscal Jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo (izquierda) con el Presidente Mwai Kibaki (centro) y el Primer Ministro Ralia Odinga (derecha). (AP Photo/Karel Prinsloo)

Los sospechosos

La CPI ha dividido a los presuntos responsables de acuerdo a su afiliación política. En diciembre de 2007, el actual presidente Mwai Kibaki (líder del Partido de Unidad Nacional y representante de la tribu Kikuyu ) era proclamado vencedor de las elecciones sin el beneplácito de su rival, hoy Primer Ministro, Raila Odinga (líder del Movimiento Democrático Naranja y voz de las tribus Kalenjin y Luos) quien declaró los comicios fraudulentos. Las diferencias desembocaron en violentos enfrentamientos entre los partidarios de ambos líderes, supuestamente organizados y alentados por los hombres que hoy ocupan puestos en el gabinete de gobierno y que han de comparecer ante los jueces de la CPI.

Los jueces mantienen que existe una “base razonable para creer” que el grupo de William Samoei Ruto (Ministro de Educación), Henry Kiprono Kosgey (Ministro de Industria) y Joshua Arap Sang (locutor de radio) organizaron un plan de ataques contra civiles partidarios del Partido de Unidad Nacional de Kibaki con el fin de expulsarles de la región y lograr cotas de poder para el Movimiento Democrático Naranja de Odinga. Los tres hombres deberán comparecer el próximo jueves 7 de de abril ante la cámara.

Por su parte el grupo de Uhuru Muigai Kenyatta (Vice Primer Ministro y Ministro de Finanzas) y Mohamed Hussein Ali (anterior jefe de Policía), sería responsable de los ataques contra los partidarios de Odinga, con el fin de mantener en el poder la partido de Kibaki. Los tres deberán comparecer el próximo viernes.

Por tanto la solicitud del Gobierno sobre la admisibilidad de los casos no afectaría al curso de los procedimientos hasta que los jueces adopten una decisión al respecto. Durante su comparecencia inicial, los sospechosos serán informados de sus derechos y de los cargos que se les imputan, entre los que se incluyen el asesinato, el desplazamiento forzado, violación, persecución y otros tratos inhumanos.

Un país polarizado

Las diferencias entre el Presidente Kibaki y su rival, el Primer Ministro Ralia Odinga sobre la admisibilidad de los casos ante la CPI, parecen estar polarizando al país. Mientras que Odinaga considera que los responsables de la violencia deben ser juzgados en La Haya con todas las garantías, su opositor, Kibaki, considera que debe ser un tribunal nacional el que les juzgue. “Kenia no puede en corto tiempo crear una corte transparente e independiente. Para eso es necesario hacer drásticas reformas jurídicas,” ha dicho Odinga en una entrevista con Radio Netherlands. Parece que el riesgo de manipulación del proceso judicial está entre los miedos del líder del Movimiento Naranaja.

Por su parte el Presidente Kibaki, quien ya había solicitado al Consejo de Seguridad que prorrogase un año los procedimientos ante la CPI, asegura que el país implementará la nueva constitución y acometerá reformas judiciales que permitan enjuiciar a los responsables en Kenia.

En cuanto a la población, las últimas encuestas aseguran que el 60% de los kenianos prefieren que los responsables sean juzgados en La Haya.

Manifestantes en Nairobi a favor de la intervención de la CPI. (AP Photo/Sayyid Azim)

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