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Sociedad

Documentar el apartheid palestino

El conflicto palestino-israelí es, sin lugar a dudas, el más cubierto periodísticamente en las últimas décadas. Un hecho que ha desalentado a más de una generación de periodistas que ha visto cómo, pese a estar ampliamente documentado, no ha menguado en su brutalidad ni tiene visos de resolverse en los próximos años. Muchos son los profesionales de la información que, en sus crónicas, cargadas de sangre, sudor y lágrimas, han apostado por introducir también el derecho internacional en medio con el fin de cargarlo de verdad jurídica indiscutible gracias a los numerosos tratados internacionales firmados por la mayoría de los países del mundo y que, por tanto, son signatarios de compromisos básicos con toda la humanidad y no sólo con sus ciudadanos.

Paralelamente, la aplicación del concepto de apartheid a la situación de los territorios ocupados palestinos a manos del Estado israelí se ha ido consolidando en los últimos años. En una entrevista realizada por periodismohumano hace algunos meses a Raji Sourani, director del Centro de Derechos Humanos de Palestina, y el abogado palestino especializado en DDHH más reconocido internacionalmente, explicaba así la concienzuda labor que desarrolla su organización, a través, entre otras labores, del informe semanal que recopila semanalmente los crímenes cometidos por Israel:  “los crímenes de guerra necesitan ser legalmente documentados y difundidos. Israel llegó a pedir que el Papa se disculpara por haber estado al tanto de la persecución de los judíos y el Holocausto y no haber actuado. Pues nosotros nos queremos asegurar de que la gente lo sabe y de que nadie pueda decir que no lo sabía”. Sourani es el autor del prólogo de este libro.

Documentar, documentar es una de las prioridades de las organizaciones de derechos humanos, lo cual sólo puede tener un fin: la respuesta de la justicia internacional. Y en medio de este panorama aparece el libro Apartheid contra el pueblo palestino, un informe elaborado por Luciana Coconi, una especialista en Estudios Internacionales y habitual colaboradora del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.

¿Por qué escribes este libro?

Una agrupación de entidades que trabajan por Palestina en Cataluña me planteraron hacer una análisis jurídico para averiguar si de acuerdo al derecho internacional Palestina vive una situación apartheid. El discurso social ya está bastante extendido, pero faltaba un planteamiento desde el derecho. Entonces pensé que las fuentes de información debían ser la propia Naciones Unidas a través de los informes anuales que los distintos comités de los Tratados (para la eliminación de la discriminación racial, de derechos del niño, para la eliminación de la discriminación contra la mujer…) así como el derecho internacional de los derechos humanos -el que protege a los ciudadanos frente al Estado-, del derecho humanitario internacional -el que se aplica en conflictos o en situaciones de ocupación- así como del derecho interno israelí.

En base a todos estos, y pese a que Coconi confiese que en algunos momentos sintió que este trabajo no era más que una recopilación de datos, precisamente su valor informativo es que recoge una serie hechos y cifras resultados de violaciones sistemáticas del derecho según las propias Naciones Unidas y de plantemientos legales de Israel que incuestionablemente llegan a la conclusión de que este Estado ejerce un apartheid contra el pueblo palestino. Sorprende la claridad con la que se expresan estos informes o los Relatores Especiales de ONU, como Richard Falk en su informe sobre la situación entre enero y julio de 2008, por ejemplo cuando apunta que todas las violaciones de derechos humanos que va relatando con mucha más contundencia que la mayoría de las informaciones de los medios de comunicación, sorprendentemente, han provocado que “la mayoría de los civiles experimente ira, ansiedad, pánico, depresión, frustación y desesperación, sentimientos provocados por las prácticas de ocupación israelíes, el asedio y la pobreza”.

Puesto de control de Qalandia para ingresar a Jerusalén, donde miles de palestinos son sometidos a una humillación cotidiana cuando intentan dirigirse a sus trabajos, a la escuela, o al médico (AP)

Uno de los asuntos que recoge el informe es cómo Israel intenta exhimirse del cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos en los Territorios Ocupados.

Según Israel, en el caso de los Territorios Ocupados sólo se aplicaría el Derecho Internacional Humanitario, es decir, el que le obliga como potencia ocupante a ciertas obligaciones con su población. Pero tampoco lo cumple porque las colonias son ilegales, las demoliciones son castigos colectivos y, por tanto, ilegales, y todas las violaciones de derechos humanos vulneran el derecho internacional. Y por otro lado está el derecho internacional de derechos humanos, que son todos los tratados de las Naciones Unidas, que según Israel sólo se aplicarían en su Estado porque este derecho regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Sin embrgo, la ONU desde hace mucho tiempo viene insistiendo en que estos también deben aplicarse en los territorios ocupados puesto que están bajo el control y la autoridad israelí, por lo tanto, Israel tiene que garantizarles los mismos derechos que a sus ciudadanos. Por ejemplo: no puede ser que la definición legal de menor de edad en Israel sea menor de 18 años y en Palestina de 16. Hay un doble estándar permanente que convierte a los palestinos que viven en Israel como en los TOP en ciudadanos de segunda.

Siguiendo con este tema, la mayoría de los informes de la ONU denuncian el trato dado a los menores palestinos y árabes israelíes por parte de Israel.

La diferencia en la minoría de edad es lo más grotesco. Pero a esto hay que sumar las violaciones de sus derechos, que también los son en los adultos, pero que si cabe, aún son más graves con estos jóvenes: las declaraciones bajo torturas, las detenciones administrativas, encarcelamiento en prisiones en territorio israelí de tal modo que sus familiares no pueden visitarles.. Con la excusa de que puedan haber cometido actos terroristas según su legislación, se saltan todos los tratados.

Hablas de las detenciones administrativas, una figura jurídica israelí ilegal según toda la legalidad internacional vigente.

Los estándares marcan que si una persona es detenida, tiene que serlo bajo una acusación, por un período muy corto y tiene que tener acceso a la asistencia de un abogado. Pero en base a unas leyes antiterroristas muy ambiguas, el Estado israelí detiene a muchas personas por plazos de seis meses que se pueden ir prorrogando sin saber de qué se les acusa. Esto es contrario a los derechos más básicos del derecho internacional.

A menudo Israel utiliza el tema de la situación de la mujer en su Estado como un referente de su superioridad moral frente a la situación de ésta en el mundo árabe. Sin embargo, el Comité contra la discriminación contra la mujer de la ONU, es muy duro con la doble discriminación sufrida por la mujer palestina y la árabe israelí.

Uno mira los presupuestos para salud, educación, vivienda… y evidentemente hay una discriminación para la población árabe de Israel. Y esto se nota más en la población femenina, incluída la falta de representatividad en la administración pública, por ejemplo. Por otro lado están las mujeres beduínas del Neguerev, esta población que era nómada y que ha sido obligada por Israel a sedenterizarse, está muy discriminada. Prácticamente no tiene ningún derecho a nada y en el caso de la mujer, aún peor.

Nacionalidad y ciudadanía son dos conceptos que Israel aplica discriminatoriamente, según todos los informes jurídicos.

La nacionalidad está asociada a ser judío y no a ser israelí. Entonces, las personas palestinas que se quedaron después de la guerra del 48, y que tienen documentación israelí, son considerados ciudadanía, lo que trae aparejado la privación de una serie de derechos. Esta ley establece que se puede ser ciudadano nacional o ciudadano no nacional. Los que son ciudadanos no nacionales, como los palestinos que se quedaron tras las expulsiones de 1947-1949, no pueden ser beneficiarios de ninguna de las instituciones y privilegios reservados a los nacionales, es decir, el acceso a la mayor parte de los recursos del Estado, que son manejados por el Fondo Nacional Judío, la Organización Sionista Mundial y la Agencia judía.

La ley de retorno, una de las leyes pilares del Estado israelí, permite que cualquier persona de origen judío pueda ir a Israel e inmediatamente recibir la ciudadanía y la nacionalidad, y todos los privilegios que llevan aparejados. Está situación obviamente es claramente discriminatoria.

Y la Ley de Ciudadanía y Entrada a Israel que obstaculiza a los árabes israelíes que tienen sus parejas en Cisjordania la reagrupación familiar en suelo israelí.

A partir de ahora, ¿cuál es el recorrido de este libro?

Israel tiene muy buenos abogados encargados de buscar argumentos “jurídicos” para justificar sus acciones. Pensamos que es necesario tener una herramienta jurídica para las personas que defienden los palestinos en los Territorios Ocupados y en Israel. Porque sí que hay leyes que les protegen, pero también hay que hay falta de voluntad política por parte de los países que deberían obligar a Israel a que cumpla con el derecho. Y lo que se está haciendo es dejar que Israel viva al margen del derecho, por encima del derecho, haciendo lo que le viene en gana. Mucha gente tiene una imagen de una Naciones Unidas tibia, alejada de la realidad. Pero los informes son muy contundentes, relatores especiales que hablan de apartheid, de violaciones de derechos humanos muy graves e incluso denuncian situaciones que ni siquiera se daban en el apartheid sudafricano como es la existencia de carreteras separadas, como ocurre en Cisjordania. Ni siquiera en Sudáfrica existían carreteras para los blancos y otras para los negros. Pero el órgano que toma decisiones es el Consejo de Seguridad con sus cinco miembros permanentes, entre los que está Estados Unidos que va a frenar cualquier condena a Israel.

Así que este libro tiene que servir para sensiblizar. Hay un gran número de personas que piensa que éste es un discurso que no tiene sustento, que es proárabe o antisemita… No, este es un argumento de derechos humanos y estos deberían ser respetados por todo el mundo. En definitiva, esta documentación tiene que servir para que la sociedad civil se apropie de ella y usarla como herramienta de derecho para exigir a los gobiernos que actúen. Naciones Unidas ha sido muy contundente, pero el tema está en quienes tienen el poder de decisión política.

Algunos datos destacables

  • Israel considera que Gaza no está bajo ocupación desde el 12 de septiembre de 2005, cuando transfirieron los poderes a la Autoridad Palestina. Según el Relator Especial Richard Falk, además de seguir ejerciendo un control estrictor sobre todas sus fronteras, así como el espacio aéreo y las aguas territoriales, “el sitio que Israel ha impuesto impone grandes dificultades a los habitantes de Gaza y trata de obtener la participación internacional ha impedido a las autoridades administrativas palestinas (Hamás) proporcionar un nivel mínimo de bienestar a los 1,5 millones de habitantes (…) la Franja de Gaza sigue bajo la ocupación de Israel, que tiene responsabilidades jurídicas como Potencia ocupante y que los Convenios de Ginebra siguen plenamente vigentes”.
  • Se calcula que entre 1967 y 2009 Israel ha destruido más de 24.000 viviendas en los Territorios Ocupados Palestinos.
  • Entre 2005 y 2009, más de 2000 niños, algunos de ellos de tan sólo 12 años, han sido inculpados de delitos contra la seguridad.
  • Según Israel, hay 530 palestinos detenidos en régimen administrativo.
  • El 40% de los tres millones de habitantes de los Territorios Ocupados reside en viviendas inadecuadas, la mayoría de ellos en “concentración”, el estado impuesto por Israel para la población palestina, según el Relator Especial por una vivienda apropiada de la ONU.
  • El ritmo de crecimiento de los asentamientos en Cisjordania es de un 4% anual. Ya son más de 200 asentamientos estables, 100 asentamientos de avanzada y 29 bases militares israelíes las que ocupan su territorio, y donde viven medio millón de colonos. El coste de esta ocupación es de unos 556 millones de dólares al año.

1 comentario

  1. [...] Fuente: periodismohumano.com [...]

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