Condenados sin sanidad

Asociaciones de derechos humanos, personal sanitario y presos llevan más de diez años esperando que el sistema sanitario en prisión mejore y deje de vulnerar el derecho a la salud de las personas presas

Este reportaje ha sido elaborado en el marco del II curso "Comunicación con enfoque de derechos, herramientas para un periodismo más humano", organizado por Periodismo Humano y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

Un cartel que indica la dirección del Centro Penitenciario de Sevilla I (Alejandra G. Pujol)

Honorio Gómez lleva preso más de 25 años. Su caso es especial porque ha dado testimonio encontrándose en prisión. Normalmente resulta difícil acceder a confesiones de reclusos que aún estén en prisión o que tengan un permiso ya que no quieren arriesgarse a empeorar su situación en la cárcel con sus declaraciones.

Honorio tiene la enfermedad de Dupuytren, un mal degenerativo que afecta a los tendones de las manos. Además, tiene problemas renales, es portador de hepatitis C y tiene dos hernias inguinales. Debido a ello, es un enfermo que necesita ser operado. “Con el tema de la hepatitis han pasado página, se han olvidado”, afirma. Cada vez que le confirmaban que lo llevarían a un hospital para intervenirlo, finalmente lo que sufría era un traslado a otro centro penitenciario. “Cada vez que voy a tener una operación aparece un traslado misterioso”. Con el paso del tiempo, las dolencias aumentan. “Los únicos días que he contado en la cárcel no han sido los de los permisos, sino los de las operaciones” comenta Honorio.

La Constitución de la OMS afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. El derecho a la salud incluye el acceso a servicios de atención de calidad. Sin embargo, este derecho fundamental no siempre se cumple. Sobre todo, los grupos vulnerables y marginados de las sociedades son los que, en la mayoría de los casos, tienen que soportar una “proporción excesiva de los problemas sanitarios”.

José Quiñonero, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, ha declarado que “algo irrenunciable y que llevamos reclamando de forma reiterada desde hace años es el cumplimiento de la Ley de Cohesión del SNS de 2003, o lo que es lo mismo, la integración de la Sanidad Penitenciaria en los Servicios de Salud Comunitaria. Sobre este tema, las distintas administraciones no se ponen de acuerdo, salvo que haya interés político como es el caso de Euskadi y Catalunya. Esto supone que la prestación sanitaria a las personas privadas de libertad es de segunda clase y pone en duda la continuidad de la misma al no haber un modelo de futuro”.

Pero hay valoraciones de todo tipo, lo que hace aún más difícil llegar a un consenso. “Hace tiempo, más de diez años, que pretenden que la sanidad penitenciaria sea competencia de cada comunidad autónoma. Hay opiniones muy diversas al respecto, la mía personal es que la sanidad en el ámbito penitenciario está muy bien como está”, afirma Luisa Puerta, subdirectora médica del Centro Penitenciario de Huelva, confirmando que la sanidad en este centro es válida y completa. “Contamos con una plantilla de siete médicos y doce enfermeros; los pacientes-reclusos están perfectamente atendidos, se derivan a la sanidad pública cuando es necesario y cuando acuden a urgencias apenas tienen tiempo de espera”

Algunos a favor, otros en contra, pero más de diez años después se sigue esperando a que se cumpla esta ley. “Los presos tienen los mismos derechos sanitarios que la población libre  (…) es cierto que en el momento en el que una persona entra en prisión pierde su libertad, pero eso no quiere decir que pierdan el derecho a la salud, a la vida” comenta Vanesa, voluntaria de la APDHA.

Claudio Esteban, coordinador de prisiones del CSIF, no ha querido pronunciarse, alegando que “no quiere saber nada de derechos humanos (refiriéndose a la asociación APDHA)” y solo ha afirmado que “claro que la sanidad penitenciaria está mal” pero que “si una persona ha cometido un delito y está en prisión es por algo”.

Un marco normativo confuso

En todas las comunidades autónomas españolas, excepto Catalunya y Euskadi, el derecho a la protección de la salud de las personas reclusas se desarrolla a través de convenios con el Ministerio Competente en Instituciones Penitenciarias. Es un convenio que ha estado renovándose desde 1995. En la página web de Instituciones Penitenciarias podemos ver cómo la propia Administración se define como “Una pieza ineludible de la política de seguridad de un país y también de la política de intervención social”. Y, continúa diciendo que “solamente construyendo espacios de tratamiento, reeducación y rehabilitación para aquellas personas que han cometido un delito podremos dar respuestas eficaces que incrementen nuestra seguridad y nuestra libertad ciudadana”. Atendiendo a estas afirmaciones, ¿Por qué asociaciones e instituciones médicas llevan años denunciando la situación de la sanidad penitenciaria?

Lo que se pide en concreto es una transferencia de los servicios sanitarios a las comunidades autónomas para la plena integración en los servicios autonómicos de salud y como se establecía en la Disposición Adicional sexta de la Ley 16/03, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), una de las razones que explican las disfunciones del sistema es que la red sanitaria de atención primaria de las prisiones está aislada y gestionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. No solo organizaciones como la APDHA o la Federación Enlace han denunciado esta situación. También lo han hecho el Defensor del Pueblo Andaluz, el Defensor del Pueblo Español, El Consejo General de la Abogacía Española, la Fiscalía General del Estado, los profesionales de la sanidad y la sanidad penitenciaria.

“El problema radica en que no hay coordinación entre los servicios de salud externos y la sanidad penitenciaria. De tal manera que cuando ingresa en prisión alguna persona que tiene un tratamiento específico, el médico de prisión no tiene posibilidad de consultar el historial médico de esta persona y saber qué tratamiento y por qué enfermedades estaba siendo tratado en el exterior” comenta Marisa Díaz Quintero, coordinadora de SOAJP (Servicios de Asistencia y Orientación Jurídico-Penitenciaria).

Este hecho no para de acarrear problemas dentro de las prisiones. Tengamos en cuenta que un centro penitenciario puede albergar a gran cantidad de reclusos. Por ejemplo, solo en Sevilla I hay más de 1.300 personas recluidas, por lo que se necesita un equipo médico con personal suficiente para atender a un posible gran número de pacientes. No podemos olvidar que una buena parte de ellos son personas con problemas de drogodependencia o sufren enfermedades graves como VIH o Hepatitis y necesitan un tratamiento continuado.

El pasado verano los reclusos de Sevilla I han tenido que soportar una asistencia sanitaria prácticamente inexistente porque los diez enfermeros de plantilla se dieron de baja a la misma vez por cuestiones como largas listas de espera para que los pacientes fueran atendidos, los cambios en el sistema de administración de metadona o el desbordamiento del servicio sanitario.

Los médicos del penal firmaron un escrito dirigido a Instituciones Penitenciarias donde denunciaban el “incumplimiento de una de sus obligaciones fundamentales: velar por la seguridad y la vida de los internos bajo su tutela”. Por su parte, Instituciones Penitenciarias afirmaba que “el servicio sanitario del Centro Penitenciario Sevilla I está extraordinariamente bien dotado”.

Centro Penitenciario de Sevilla (Alejandra G. Pujol)

El traslado de un enfermero del Hospital Psiquiátrico Penitenciario y la contratación de una enfermera por seis meses fueron la solución de urgencia que adoptó la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Los profesionales sanitarios han tenido que soportar turnos de más de 76 horas semanales. Es solo uno de los casos sonados de la situación sanitaria en prisión en España.

Según Marisa Díaz Quintero, coordinadora de SOAJP, la población reclusa en el año 2016 estaba compuesta de 61.423 internos para los cuales había 326 médicos y 485 enfermeros, es decir, un facultativo por cada 200 presos. “Esto nos da un idea de la falta de recursos existentes para realizar una correcta atención, no queriendo indicar que los servicios médicos de prisión no cumplan con su función”. “Lo que queremos indicar es que la falta de recursos lleva a una atención deficitaria por falta de medios, pero hay muy buenos profesionales en la sanidad penitenciaria que reclaman esa transferencia”.

Con motivo de este reportaje, el subdirector médico y el subdirector de tratamiento de la prisión Sevilla I, solo han respondido que “no podían dar ningún tipo de información sin la autorización de Instituciones Penitenciarias” que, tras varios y continuados intentos por establecer contacto, no ha querido pronunciarse.

“Un daño irreversible por no tener una cura a tiempo”

Manuel está coinfectado con hepatitis C en grado uno y con VIH. Estuvo luchando cerca de dos años para conseguir el tratamiento adecuado, evitar así una cirrosis y un empeoramiento de ambas enfermedades y poder mejorar su estado de salud. Instituciones Penitenciarias se escuda en estas situaciones aludiendo a la imposibilidad presupuestaria para atender a todos los presos con estas características. Sin embargo, estamos ante un tratamiento necesario que se suministra de manera normalizada y sin listas de espera para la población libre.

Amigos y familiares de presos se manifiestan por la mejora de las condiciones de vida en la cárcel (APDHA)

T. G. es un joven que no quiere revelar su nombre ni los de otros reclusos porque aún se encuentra en prisión, “Estando fuera, la cosa cambia”. No lleva mucho tiempo en la cárcel pero ya ha vivido distintas situaciones y ha sido testigo de la falta de recursos de la sanidad penitenciaria. “Por ejemplo, conozco el caso de un hombre al que le han dado dos ictus dentro de prisión y opina que la tardanza es eterna por depender de un ATS disponible para que autorice su salida a un hospital”. “Otro compañero se dislocó un hombro y estuvo dos días sin atención médica, le dieron cita para una cirugía en el hospital, pero cuando llegó el día no pudo operarse porque habían perdido sus papeles… a veces se produce un daño irreversible por no haber tenido una cura a tiempo”, comenta T. G. sobre lo que ha vivido hasta ahora en la prisión de Sevilla I.

“Como profesionales de la justicia, han sido muchas las ocasiones en las que hemos tenido que defender a presos porque no les prestaban la adecuada atención sanitaria” cuenta Marisa Díaz Quintero. Las quejas solían ser por variados motivos respectivos a la salud. “No se les atendía por parte del médico o psiquiatra, no les daban el tratamiento para la hepatitis que la Seguridad Social sí suministraba para personas en libertad, no hay enfermeros y los que hay están de baja, no se hacía un seguimiento médico de determinadas enfermedades que, con el tiempo, se cronificaron y derivaron en situaciones más graves, como por ejemplo: la amputación de varios dedos de una mano por no atender a tiempo y convenientemente la enfermedad de Dupuytren (en el caso de Honorio); o la colocación de un ano artificial, por no atender a tiempo y convenientemente una fístula anal”.

Las prisiones, por lo general, cuentan con personal médico profesional y cualificado y los pacientes suelen ser atendidos. El problema parece que surge cuando se trata de enfermos graves o que necesitan tratamientos con costes elevados. Es, en estos casos, cuando más se vulnera el derecho de estas personas a la salud. Además del problema que conlleva que los médicos no cuenten con unas buenas condiciones laborales.

Las personas con enfermedades mentales, aún más olvidadas

Otro grave problema al que debe enfrentarse Instituciones Penitenciarias es el hecho de que haya una importante cantidad de personas con enfermedades mentales en las prisiones ordinarias. Según datos de la APDHA, ocho de cada diez personas presas han sufrido en su vida algún trastorno mental. En torno al 40% padecen algún trastorno mental y de la personalidad y sobre un 8% enfermedades mentales graves. Más de la mitad de los internos reciben medicación con psicofármacos.

¿Por qué esta equidad entre presos comunes y enfermos mentales con el riesgo que ello supone tanto para el enfermo como para las personas que están a su alrededor? España solo cuenta con dos hospitales psiquiátricos penitenciarios. Uno en Sevilla, con 371 plazas y otro en Alicante, donde solo disponen de 158 camas. La Administración Penitenciaria cuenta con el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM), pero parece que este recurso no está dando buenos y completos resultados.

Paco es un preso al que le diagnosticaron esquizofrenia. Cuando tiene una crisis puede reaccionar de manera violenta o incontrolada, por lo que la cárcel podría no ser el lugar adecuado para él y otros reclusos con estas patologías. “He luchado siempre para que a mi hijo le dieran el tratamiento, incluso he querido llevárselo, pero tú allí no puedes tener cita con nadie, se niegan a todo… Allí le dan unas pastillas que dicen que es para relajarlo, pero que mi hijo no sabe lo que es y el tratamiento que él necesita nadie se lo da” afirma Pepa, su madre.

Asamblea de amigos y familiares de presos (APDHA)

“La prisión no es el lugar para el tratamiento de personas con patología mental grave. Actualmente estamos asistiendo a un tipo de paciente que se encuadra sobre todo en la Patología Dual. El consumo de drogas y los trastornos de personalidad son con diferencia la patología mental más prevalente”, comenta José Tomás Quiñonero, presidente de la SESP.

T. G. piensa que no se cuenta con los medios necesarios “ni por asomo”. Afirma que en la mayoría de ocasiones un recluso que tiene problemas, con enfermedad mental o sin ella, lo que recibe son “medicamentos fuertes como la quetiapina (antipsicótico), tranxilium, trankimazin… y estimulantes para potenciar sus efectos y mantenerle más tranquilo y controlado, causando así daños colaterales”. “Este fallo favorece aún más la dependencia al fármaco y el preso que no toma nada también va a la ventanilla y coge este tipo de medicación para luego venderla o cambiarla”.

Organizaciones como APDHA y Federación Liberación celebran en su sede asambleas en la que participan abogados, psicólogos y también familiares y amigos de presos. Una nueva ocasión para reunirse, informar y sobre todo intentar evitar situaciones que vulneren los derechos humanos de las personas. Un encuentro para seguir luchando por la reinserción y también por el derecho a la salud porque, como decía Honorio “Ya estás cumpliendo con esa privación de libertad y de movilidad pero no quiere decir que te priven de tus derechos como el derecho a la salud, a la vida. No tienen por qué condenarme a muerte indirectamente”.

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie