periodismohumano

23.11.2011 · Carmen Rengel · (Jerusalén)

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El centro de Tel Aviv sirvió de punto de encuentro para las reivindicaciones de los grupos "pro democracia". Activestills.

“Dejemos el narcisismo solitario de nuestra profesión. Unámonos, porque está en juego nuestro oficio, nuestra libertad y la de nuestro pueblo. Sin prensa libre no hay país libre“. Lo lanzó ayer -decenas de miles de ciudadanos atentos- el locutor más reverenciado de Israel, Razi Barkai, a cargo de las noticias de la radio militar. Su voz, tan familiar, tan cercana, trasladó a la calle el sentir de los periodistas israelíes, angustiados por el cerco al que los está sometiendo el Gobierno, especialmente con la tramitación de la llamada Ley de Difamación, que el lunes, de madrugada, pasó el primero de sus tres trámites parlamentarios. Básicamente, se incluye una nueva cláusula en la ley de libelos que sextuplica la demanda económica a un medio por difamación, pasando de los 50.000 shekels (9.900 euros) a 300.000 (59.450 euros), un dinero que se puede exigir sin necesidad de demostrar los hechos, de presentar pruebas que den fe de ese libelo. La amenaza de una sanción mayor lleva a la prudencia excesiva, esto es, al silencio, y por eso los profesionales temen que, de pronto, ya no puedan casi informar por no enfrentarse a semejantes cuantías. A ello se suma la nueva cláusula que obliga a publicar siempre el comentario que quiera hacer la parte implicada (el político, la firma, la institución de la que se hable) en su totalidad, decidan la extensión que decidan. Dimi Reider, colaborador de la web +972, lo resume gráficamente: ”Si un periódico quiere escribir unas 300 palabras sobre una determinada empresa que está siendo negligente, hay que acompañarlo de todo lo que esa compañía quiera decir, incluso si se trata de una nota de 5.000 palabras. El resultado más probable, entonces, es que la noticia no salga nunca“.

Imagen de la campaña emprendida por los periodistas israelíes en Facebook.

La norma superó el primer trámite por 41 votos a 32, con la coalición de gobernabilidad que sustenta al primer ministro, Benjamín Netanyahu, usando la disciplina de voto, contentando así a la derecha y negando la mayor: dice el líder israelí que “la libertad de expresión está garantizada” y que la nueva ley permitirá que su país siga siendo “una democracia ejemplar y flexible” donde se informa y se protege al protagonista de la información. “Si ese fuera el objetivo, genial. Pero lo que buscan es el mutismo absoluto. Están borrachos de poder y no tienen límites“, denuncia Barkai.

Su lectura es compartida por izquierdistas como el partido Meretz y la ONG Peace Now, algunas de las que ayer lanzaron una convocatoria urgente, inesperada, para gritar desde Tel Aviv que no toda la ciudadanía se conforma con ver “pisoteados sus derechos”, como enfatiza Anne Weiss, abogada de la asociación pacifista. Otras dos normas han encendido a los iraelíes progresistas y los han sacado a la calle en mitad de la semana: la que limita e investiga la financiación extranjera de las ONG de izquierda que denuncian la ocupación en los Territorios Palestinos (tan polémico, tan fiscalizador, tan acusador, que Netanyahu se ha visto forzado a congelarla) y la que modifica el control de los nombramientos en el Tribunal Supremo, que ahora dependerán de una comisión en la que la separación de poderes queda algo turbia y donde el primer ministro tendrá más facilidades para elegir a magistrados afines, denuncian los progresistas.

Un grupo de fotógrafos, durante un acto en el museo Yad Vashem de Jerusalén.

Estas dos normas -”todas en la misma línea de presión a quien piensa distinto”, apunta Weiss- han servido de pegamento social en la manifestación de ayer, que arrancó en el bulevar Rothschild, donde se daban cita este verano los indignados del 14J. La base de la convocatoria era la prensa, unida por vez primera en el país, en un paso insólito movido por la necesidad. “Vivimos tiempos muy preocupantes y no podemos ceder más sin dejar de llamarnos informadores libres“, resumió Danny Zaken, presidente de la asociación de periodistas de Israel. Ya el pasado domingo, 20 de noviembre, un grupo de 3.000 profesionales se concentró en la Cinemateca de Tel Aviv sin orden del día, sin discursos preparados, sin portavoces, llevados por el ansia de compartir con los colegas las inquietudes y el temor. Se había confirmado: la ley antidifamación estaba redactada y se iba a convertir en un arma contra el ejercicio de su labor, como hasta ahora lo entendían. “Imagina, no sólo es lo que hay que pagar, sino que se aligera tanto la definición de lo que son injurias y calumnias que, a poco que denunciemos, nos veremos con una sanción encima. Y sin prueba alguna enfrente. Es demencial”, insiste Zaken. Reporteros Sin Fronteras se sumó ayer a la protesta de los periodistas de Israel emitiendo un comunicado en el que tilda de “draconianas” las nuevas condiciones del Gobierno y muestra su “grave preocupación” por la evolución de las libertades en el país. “La severidad de las penas económicas que se incluyen en este proyecto se dirigen claramente no sólo a estrangular financieramente a los medios, sino también a intimidar a los periodistas que se atrevan a revelar la corrupción y a criticar al Gobierno“, alertan.

En los últimos días, tres casos más habían ya enervado al gremio periodístico, caldeando el ambiente. El primero fue la negativa de una comisión parlamentaria en la Knesset de rescatar las cuentas del Canal 10 de la televisión nacional, uno de los más vistos y respetados, con notables programas de información y críticos con las políticas de Netanyahu. Esta misma comisión, copada por partidos de derechas como el Likud o Isrel Beitenu (el liderado por Avigdor Lieberman, ministro de Exteriores ultranacionalista), sí que ha dado luz verde al rescate de empresas de similar tamaño y deuda en los dos últimos años. Nadie ha dado explicaciones de por qué con un medio de comunicación la postura es diferente. “La jugada está clara y es peligrosísima: cambian la ley, nos aprietan las tuercas y encima tratan de silenciar suavemente a trabajadores como los del Canal 10… Es muy preocupante, porque no sólo alteran y limitan los contenidos, nos ponen una espada amenazante sobre el cuello, sino que quieren acabar con la competencia, que es esencial para una prensa en democracia“, dice, en un gesto de honor, el director del Canal 2, el rival directo del 10, Avi Weiss.

Anat Kamm, periodista, condenada a 4,5 años de pena por filtrar documentos cuando hacía el servicio militar.

El segundo gran golpe al periodismo de Israel se produjo la semana pasada, cuando el Ministerio de Comunicaciones cerró una emisora de radio en la que trabajaban israelíes y palestinos supuestamente por no tener licencia y ser “pirata“. Mossi Raz, responsable de emisiones de Kol HaShalom (Todos por la paz), aún no se lo cree. “Llevábamos en antena desde 2004, todos nosotros tenemos acreditaciones de la oficina de prensa del Gobierno israelí, nuestra sede está registrada… ¿Y ahora no saben quiénes somos?”, dice, apesadumbrado. Llevan seis días que no emiten en el lado israelí, pero desde sus estudios de Jerusalén Este aún lanzan sus programas en Cisjordania, hasta donde no llega la orden de fin de emisiones. Sus abogados ya preparan el recurso contra las acusaciones de ilegalidad y van a atacar usando precisamente a un miembro del partido de Netanyahu, el radical Danny Danon, quien “dejó ver que esto es una caza política”, dice Raz. Y es que fue este diputado el que pidió al ministerio que cerrara la cadena alegando que era “una estación de izquierda radical que se convierte en un instrumento de incitación que no se debe permitir que tenga difusión entre el público generalista”. De momento, otra voz medio silenciada.

El tercer gran pesar que arrastran los informadores de este país es la condena a cuatro años y medio de cárcel y 18 meses de libertad condicional para la periodista Anat Kamm por espionaje y por proporcionar información confidencial sin premiso. Hoy precisamente ingresará en la cárcel, tras dos años de arresto domiciliario que no computarán como pena pasada. Kamm filtró más de 2.000 documentos del Ejército de Israel cuando estaba cumpliendo su servicio militar en las oficinas del Comando Central de las IDF. Copió los papeles -muchos de ellos, catalogados como de alto secreto-, los guardó en un CD y los entregó a Uri Blau, el especialista en materia de Defensa del diario Haaretz. La joven ya había trabajado como reportera en varias webs antes de entrar en las IDF y supo ver fácil la noticia: unos papeles que demostraba que las Fuerzas Armadas habían violado una sentencia del Supremo a sabiendas. Blau publicó en 2008 la información referente a varios asesinatos selectivos de miembros de la Yihad Islámica en Yenín (Cisjordania) un año antes, cuando el Alto Tribunal había recomendado que no se matase a los sospechosos de terrorismo si era posible su arresto. Dos informes de las IDF dan fe de su conciencia al saltarse esa orientación. Obviaron el fallo y fueron a por los integristas.

Un jubilado lee el Yedioth Aharonot en una terraza de Jerusalén.

Lo curioso de aquella información es que, como todas las referidas a Defensa, pasaron por el censor, por si afectaba en algo a la seguridad nacional. Nadie se quejó. Las consecuencias vinieron después: amenazas, persecución, presiones… Blau no pudo trabajar con normalidad nunca más. Se negó a revelar sus fuentes, aunque devolvió al Ejército todo el material de que disponía. Le prometieron que no habría revanchas, pero en 2009 logran identificar a Kamm como el origen de la filtración y la detienen. El periodista, entonces de viaje, teme por su vida y se exilia, sin regresar a Israel, en Londres. Allí pasó un año, hasta que el Gobierno le garantizó que no lo encarcelaría. No se le ha vuelto a ver firmar. Blau era uno de esos reporteros de investigación que incomodan constantemente a quien manda. En enero de 2009 se hizo con los planos y directrices de la Operación Plomo Fundido en Gaza antes de que se llevara a cabo; sólo la mediación del Ejército, intensa y desesperada, evitó la publicación. Suyas son las informaciones que han desvelado que el ministro de Defensa, el ex laborista Ehud Barak, transfirió su equipo de asesores a una consultoría privada, propiedad -casualidad- de sus tres hijas, cuando la ley sólo permite un contrato así si las hijas hubieran sido simples empleadas, no dueñas del negocio. Esa empresa, publicó Blau, recibió además dos millones de dólares de origen desconocido desde que el ministro llegó al cargo. En su externalización de servicios contó con el apoyo -casualidad- de un socio muy particular, el ex jefe del Estado Mayor de las IDF, Gabi Ashkenazi. Blau fue quien desveló en sus artículos la corrupción de mordidas del ex primer ministro del Kadima, Ehud Olmert, que actualmente investigan los tribunales, y quien demostró que Lieberman usaba una empresa a nombre de su hija para lograr grandes subvenciones.

Malos tiempos para la prensa también en el lado palestino, donde entre agosto y noviembre se han llevado a cabo varias detenciones en serie de periodistas árabes, que el Gobierno de Tel Aviv no ha explicado y que han sido también denunciadas por Reporteros Sin Fronteras. El método suele ser similar en todos los casos: arrestos de madrugada, sin informar a familia o abogados, cuestionario sobre su oficio, ninguna explicación sobre los motivos de su detención, vuelta a casa, “pura intimidación”, a juicio de Jessica Montell, directora de la ONG israelí B´Telem. Además, cinco periodistas que viajaban a borde de la flotilla que trató de entrar a Gaza hace 15 días siguen siendo investigados. No sólo aprieta Israel: Amnistía Internacional ha denunciado la persecución de la ANP a profesionales de Cisjordania menos afines a sus intereses y, en Gaza, Hamás acaba de implantar unas condiciones de control extremo, con listados en el Ministerio del Interior, fixers obligatorios y limitación de movimientos. Un paraíso, a un lado y otro del muro, para las mordazas.