Sociedad

La ONU enciende la alerta roja en Jerusalén Este

La OCHA elabora el primer informe integral sobre la parte árabe de la ciudad. Su conclusión: se están "socavando" los derechos básicos de la población

Israel ha revocado al menos 14.000 permisos de residencia, 10.000 niños no tienen colegio al que ir y 190.000 colonos obligan a desalojar a los vecinos palestinos

El autor del estudio reclama el fin de los asentamientos, la ampliación de las zonas de construcción para árabes y medidas provisionales contra el cerco del muro

Vista del barrio palestino de Silwan, junto a la ciudad vieja, donde cada viernes hay disturbios con colonos judíos.

Vista del barrio palestino de Silwan, junto a la Ciudad Vieja, donde cada viernes se producen disturbios entre vecinos árabes y colonos judíos.

“Es insostenible. Hay que actuar y de forma urgente. La situación en Jerusalén Este debe dar cuanto antes un giro integral”. No lo dice ningún portavoz palestino ni el presidente de una ONG afín a su causa. Lo afirma, repetidamente, sin dudas, sin eufemismos, el investigador de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) Ray Dolphin. Suyo es el primer informe global -recién publicado- sobre la situación de los casi 270.000 árabes que residen en la Jerusalén oriental, en la que un día será la capital del estado palestino, en ese suelo invadido por Israel en 1967 y que la comunidad internacional entiende como ilegalmente ocupado. La radiografía que dibuja el estudio Jerusalén Oriental: principales preocupaciones humanitarias, es la de una población “en permanente crisis” por culpa de las “violaciones sistemáticas de sus derechos de residencia, planificación urbanística o servicios básicos”. “Ese sometimiento está socavando la presencia palestina en la zona”, confirma el autor.

Sus conclusiones, que han tenido un eco imperceptible en Israel, son claras. Las políticas estatales y municipales desde la Guerra de los Seis Días “perjudican notablemente a los palestinos, aumentando significativamente su vulnerabilidad“, tanto de los ciudadanos que resisten “en pésimas condiciones” como en los que “por presiones y desesperación” han decidido probar suerte lejos de Jerusalén. Los barrios del este de la ciudad están sometidos a una doble separación de sus vecinos y familiares de Gaza y Cisjordania: la física, con el muro de hormigón y alambre, y la imposibilidad de viajar a la franja, y la administrativa, ya que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) no puede operar en la zona en virtud de los Acuerdos de Oslo. “Así que los ciudadanos están sometidos, limitados y desconectados” de quienes podrían ayudarlos, de su pueblo, “en el plano territorial, político, social y cultural”. “La consecuencia es un claro vacío político e institucional y la sensación de abandono generalizada”, resume.

Un grupo de niños juega delante de una casa de Ras Al Amud, uno de los barrios más hacinados de la zona.

Un grupo de niños juega delante de una casa de Ras Al Amud, uno de los barrios más hacinados de la zona.

Hay un problema esencial que afecta a todos los demás. Es el de la residencia. Israel se anexionó 70 kilómetros cuadrados de Jerusalén en 1967. Los palestinos que quedaron en ese importante bocado de tierra fueron declarados “residentes permanentes” de Israel, pero no ciudadanos. Para obtener y renovar esa catalogación han de demostrar que su “centro de vida” es Jerusalén Este. ¿Cómo se hace? Presentando pagos de alquiler, certificados de impuestos y fotos aéreas de la casa en la que se reside, revisadas por un perito israelí. Si salen a los Territorios o a cualquier otro lugar durante “unos siete años”, pierden ese derecho. Son las autoridades israelíes las que, en cada caso, entienden si se han excedido los tiempos, denuncia la ONU. Según la OCHA, 14.000 palestinos han visto revocado su permiso desde 1967, 4.500 de ellos en 2008, el peor año registrado. Esa es la cifra oficial del informe, “hasta donde hemos podido investigar”, matiza el autor. Lo cierto es que horas después de que se presentara este trabajo, el diario israelí Haaretz publicó otro informe en el que el Gobierno de Tel Aviv reconocía que de 1967 a 1994 se habían retirado 140.000 permisos. Es lo más básico, el derecho de estancia, y también la principal barrera: dice la ONU que sólo en febrero pasado se presentaron ante el Ministerio del Interior 841 peticiones de residencia de las que se rechazaron 364; se aprobaron apenas 31 (el 4%) y el resto aún no se han resuelto.  Esas peticiones procedían de recién nacidos o de palestinos cisjordanos que quieren residir con familia de Jerusalén, ya que el estatus de residente ni se logra automáticamente con el matrimonio ni se da con la descendencia. Hay que reclamarlo por la vía de la reagrupación familiar, un proceso “oneroso” y que se ha vuelto “prácticamente imposible desde 2003, al aprobarse la Ley de Nacionalidad y Entrada de Israel”, apunta el estudio. En 2010 se produjeron 600 peticiones de reagrupación, sólo se revisaron 282 y se concedieron 33. “Así se dan fenómenos complejos de familias de residencia mixta, unos con derechos, otros sin ellos, en permanente alerta ante las consecuencias de su estado”, apunta el investigador. Sin este carné de residente no hay derecho a escuelas o a médicos, de ahí que Naciones Unidas denuncie la “falta de oportunidades” de estos palestinos. “Muchos de ellos, al menos mil en dos años, han tenido que regresar a su ciudad para no perder el estatus, pero si se habían ido es porque no tenían oportunidades de prosperar… Es demencial“, abunda, usando términos poco comunes en el discurso de fría corrección de las organizaciones internacionales.

Sólo el 13% del territorio anexionado por Israel en 1967 se puede edificar. 44 años después, la zona está saturada de viviendas y falta de infraestructuras

Una vez logrado el permiso, hace falta una casa donde vivir y unos servicios a los que recurrir. Pero sostiene el informe que eso, en Jerusalén Este, no es más que un propósito voluntarista, nunca una realidad. Desde el 67, insiste, la zona no ha tenido una planificación urbanística y de infraestructuras mínima, por lo que “no se satisfacen las necesidades de vivienda y servicios”. Sólo el 13% de la zona que Israel se anexionó en la guerra tiene permiso para edificar; todo lo demás ha sido invadido por colonos o es tierra intocable, que se reserva el Ayuntamiento de la ciudad. Ese 13%, 44 años después de la contienda, está “saturado“; el número de permisos de construcción aceptados para edificar en suelo nuevo empieza ya a no cubrir la demanda y hay “demasiados” requisitos formales para solicitar más tierra. “El resultado es la grave escasez de viviendas y otras infraestructuras básicas“, reconoce Dolphin. Sólo queda la opción de construir ilegalmente. Calcula la ONU que el 32% de las casas de Jerusalén Oriental carecen de permiso, esto es, que sus 86.500 residentes pueden ser expulsados y sancionados en cualquier momento. Las autoridades municipales pueden ordenar la demolición inmediata de estas casas, como han hecho con los 839 hogares derribados en la última década. Sólo en Silwan hay mil personas en vilo. Casos como el de esta semana, cuando un juez decidió paralizar la destrucción de 22 casas de este barrio porque aún no hay lugar para realojar a sus habitantes, son excepcionales. En vez de pisos, el consistorio jerosolimitano quiere hacer en ese espacio un parque dedicado a los reyes bíblicos David y Salomón.

Dolphin advierte que la situación está desembocando en “desesperación“, ya que los precios de los alquileres están subiendo ante la imposibilidad de encontrar suelo nuevo para edificar, llegando a niveles de Jerusalén Oeste, de la zona judía de la ciudad, con 700 dólares de media, una cifra “inasumible” para una población en la que el 47% de sus miembros se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Hasta las casas ilegales están exigiendo ya esos precios. Hay una segunda consecuencia “peligrosa”: el hacinamiento. Con familias de cinco miembros como mínimo y viviendas estándar de 45 metros cuadrados, es evidente que falta espacio. La situación es muy grave en los barrios de Ras Al Amud y Silwan, los más poblados de la zona, con unos 32.000 habitantes cada uno. Y también hay una tercera: si se hacen casas ilegales, no suele llamarse a buenas empresas constructoras, sino que las levantan las propias familias, con escasos medios y conocimientos. De ahí que al menos una cuarta parte de esos edificios se encuentren en “alto riesgo de desplazamiento de estructuras” por la pobreza de materiales o los cálculos erróneos, sin plano que valga. “El Plan Maestro diseñado por el ayuntamiento en 2000 no ha servido para nada, porque estaba pensado sólo para la Jerusalén Occidental. No se han proporcionado soluciones. Es más, diría que es una estrategia diseñada para preservar una mayoría demográfica judía en relación con los pobladores árabes“, insiste el autor.

Unos jóvenes judíos discuten con una mujer árabe en Sheikh Jarrah. La casa que aparece a sus espaldas era de una familia palestina que fue expulsada. La vivienda se entregó gratis a un matrimonio hebreo en junio de 2010.

Unos jóvenes judíos intimidan una mujer árabe en Sheikh Jarrah. La casa que aparece a sus espaldas era de una familia palestina que fue expulsada. Luego se entregó gratis a un matrimonio hebreo en junio de 2010.

Especialmente alarmante es el diagnóstico de la ONU al evaluar la presencia de colonos judíos en Jerusalén Este: “desestabilizan el vecindario”, “cortan las comunicaciones”, “impiden la vida en comunidad de los palestinos”, “provocan incidentes“, “impiden cualquier tipo de solución negociada sobre el reparto de la ciudad”… Actualmente hay 190.000 judíos en asentamientos levantados dentro de zonas árabes, anexionadas en 1967, fruto de una dinámica de colonización acelerada en la última década, opuesta a la prohibición de transferir población civil al territorio ocupado. Más de un tercio de la superficie árabe de la ciudad, en la periferia de los barrios palestinos, ha sido expropiada para la construcción y expansión de asentamientos, según la ONU, “lo que redunda en una reducción de tierra y de recursos para el desarrollo de Palestina”. El fenómeno más dañino es la creación de colonias “interiores“, en el corazón de áreas árabes, que han creado la llamada “Cuenca Sagrada”, un espacio de enorme simbolismo religioso para los judíos, por albergar restos arqueológicos “de importancia capital”, en palabras del Ayuntamiento de Jerusalén. La Ciudad de David y su complejo de ocio anexo es el mejor ejemplo de cómo se puede vaciar un valle de presencia palestina para entregarlo en manos de los judíos. Esos asentamientos interiores, multiplicados en la Ciudad Vieja, Silwan y Sheikh Jarrah a base de desalojos y derrumbes, “suponen un elevado impacto en la convivencia, además de restricciones en el espacio público, el crecimiento residencial y la libertad de movimientos“, desvela el estudio de la OCHA.

Las entrevistas mantenidas con colonos para elaborar el informe destapan un motivo que va más allá del simbolismo de los enclaves o del sentimiento de que Jerusalén Este es parte de la tierra prometida por Dios a los judíos: “queda clara la intención adicional, declarada por los colonos, de impedir una solución negociada a la cuestión de Jerusalén, previniendo cualquier posibilidad de dividir la ciudad” en un acuerdo de paz. Esa política de agujerear Jerusalén se alienta con la aplicación de la Ley de Ausencia, de 1950, que permite a los israelíes explotar las tierras de los palestinos que no las trabajen constantemente (no importa si es porque son refugiados, porque han debido exiliarse, porque el muro les ha separado de sus propiedades) y con la implantación de servicios aún mejores que los que disfrutan el resto de los israelíes, e infinitamente mejores que los que reciben los palestinos. Ray Dolphin aporta una comparación: en el campo de refugiados de Shu´fat, en Jerusalén Este, con 10.000 habitantes, no hay ni colegio ni ambulatorio. En cambio, en la colonia de Pisgat Ze´ev, al norte de la ciudad, con 45.000 habitantes, hay cuatro colegios y un instituto, seis ambulatorios, un centro de especialidades médicas con servicio pediátrico, una casa de la cultura, oficina de correos, comisaría de policía…

Un vecino de Abu Dis mira la carretera a través del muro. Su barrio quedó partido por la mitad.

Un vecino de Abu Dis mira la carretera a través del muro. Su barrio quedó partido por la mitad.

El día a día de los árabes de Jerusalén se complicó más aún desde que en 2002 se aprobó la construcción del muro de segregación con Cisjordania, del que 142 kilómetros transcurren por la ciudad. Esta línea infranqueable de hormigón y espino de acero supone “un nuevo trazado de los límites geográficos del territorio palestino” y una “separación radical” de la capital respecto de sus vecinos cisjordanos. Así, es “imposible” que estos barrios sigan teniendo una “importancia permanente” como centro de vida de los palestinos de todo el territorio ocupado, como lo ha sido históricamente. Ese riesgo de distanciamiento es, a juicio de la ONU, uno de los mayores que afronta la población palestina de cara a una posible declaración de independencia, de ahí su empeño en “mantener unidas las partes”. Y si eso ocurre el mérito, en parte, será del muro, que ha fragmentado la zona de forma desquiciante. Al menos 55.000 palestinos jerosolimitanos se han quedado al otro lado de la valla, en Cisjordania, por obra y gracia de su trazado, unos residentes que tienen que cruzar a diario para tener educación o salud en su propio municipio, mientras siguen pagando sus impuestos rigurosamente. Por contra, otros 2.500 palestinos de 16 comunidades diferentes, residentes históricos de Cisjordania, ahora han sido “desplazados” a Jerusalén, están fuera de la cerca, con un estatus de residencia incierto, con problemas de desplazamiento y servicios. La separación “abarca todos los supuestos imaginables”, según el estudio: aleja a las periferias del centro, “con devastadoras consecuencias sociales y económicas”, y también a las comunidades rurales respecto de las más urbanas e interiores, “lo que limita el acceso de los agricultores y disminuye la producción agrícola y los medios de subsistencia” al menos en un 25% respecto a los años previos al levantamiento del muro. En zonas como Bir Nabala, el precio del dunum (una medida otomana que equivale a 1.000 metros cuadrados) cayó a la mitad, se han cerrado el 45% de las tiendas por falta de compradores y el camino a la Puerta de Damasco, el corazón de la Jerusalén árabe, ha pasado a cubrirse en una hora y no en 20 minutos. La culpa: de los checkpoints que hay que superar.

Esas limitaciones de movimiento afectan también a la educación. Los profesores tienen problemas para acceder desde Cisjordania, que es donde se encuentra la mayor cantera de docentes palestinos. El principal campus de Magisterio, el de la Universidad de Al Quds, se ha quedado al otro lado del muro, en Abu Dis, así que los títulos de sus estudiantes no son reconocidos como válidos para Jerusalén por el Ministerio de Educación israelí. Los que ya tenían permiso, igual que los niños que han quedado en barrios jerosolimitanos intramuros, tienen restricciones en sus permisos de paso y han de superar puestos de control y barreras para una actividad tan básica como ir a clase. Como explica el informe de la ONU, en Jerusalén Este hacen falta al menos 1.000 aulas más para dar cabida a todo el alumnado, 87.624 chicos que cursan los 12 grados obligatorios (hasta los 18 años). Son estimaciones oficiales del Gobierno de Israel. Apenas se han levantado 30 más en los últimos dos años. Esto hace que apenas la mitad de los estudiantes (42.271) esté matriculado hoy en escuelas públicas gratuitas, pese a que tienen este derecho reconocido por ley. 20.000 chavales estén en escuelas privadas -con el esfuerzo económico inmenso que supone para sus familias-, otros 3.000 tienen servicios de la UNRWA y 12.200 más acuden a las WAQF schools, islámicas, pagadas con dinero jordano. Lo grave es que casi 10.000 estudiantes no asistieron a clase el curso pasado porque no podían pagarse una plaza en un centro privado. Es la contradicción: hasta cinco proveedores (escuelas municipales, privadas, concertadas, de obras pías y organismos internacionales) y sin posibilidad de educación.

Dos niñas intentan cruzar el muro por una rendija, en Abu Dis. Así se ahorrarán 40 minutos en su camino al colegio.

Dos niñas intentan cruzar el muro por una rendija, en Abu Dis. Así se ahorrarán 40 minutos en su camino al colegio.

Las infraestructuras educativas, añade el informe, son “deficientes e inadecuadas” en su mayoría. A menudo los chicos reciben clase en casas alquiladas que no cumplen con las normas básicas sanitarias (que tengan plan anti-incendios es ya impensable). De nuevo, la limitación en la zona de construcción impide la llegada de más equipamientos. Los directores piden más dinero a las familias para arreglar las aulas, y muchas acaban por sacar a los niños del centro, por no poder abonar lo que les piden, mientras los edificios envejecen y aparecen los riesgos de derrumbe. Esta situación de colapso económico en las familias, además, está llevando a un alto grado de abandono escolar, especialmente en muchachos, niños, chicos, de entre 12 y 14 años, que empiezan a trabajar para sus padres.

Las tribulaciones educativas tienen sus equivalencias en la sanidad. Un residente de Jerusalén Este tiene derecho a un “alto nivel de asistencia”, en teoría. Existen seis hospitales para palestinos, mantenidos por entidades sin ánimo de lucro. En el resto de Gaza y Cisjordania también dependen en gran parte de estos centros, sobre todo en atención de especialistas, por no estar disponibles en sus territorios. Eso, siempre que logren el permiso indispensable para pasar los controles, que suele llegar al 78% de los pacientes. En estos hospitales, el 62% de la plantilla procede de Cisjordania, donde se forman los médicos, como en el caso de los maestros (en Al Quds, nuevamente; en An Najah, en Nablus…), por lo que deben superar los mismos obstáculos físicos y burocráticos. Los inconvenientes para acceder a sus lugares de trabajo van en detrimento de la atención a los pacientes. Estas restricciones también afectan a la creación de nuevos centros sanitarios, porque no hay suelo, y a la entrada de equipamiento médico y medicamentos, que deberían llegar desde Cisjordania pero que se demoran por las limitaciones a la importación impuestas por Israel.

El informe de Ray Dolphin, que ya se ha entregado a las autoridades de Israel para que tomen nota y hagan cambiar el dictamen, incluye tres recomendaciones esenciales: que se frene la construcción de asentamientos, porque junto a “medidas represoras” como esta o la construcción del muro “se modifica el estatus y la naturaleza de Jerusalén, lo que es contrario a varias resoluciones de la ONU, como las 252, la 267, la 471, la 476 y la 478, entre otras”; que se dé prioridad a la ampliación de la zona de construcción para los palestinos; y que se tomen medidas provisionales para paliar la situación “crítica” generada tras el levantamiento del muro, a la espera de un tratado de paz final. Tras tantos datos, tan negros, ¿confía el autor en que Jerusalén se pueda partir y ser una capital doble, de dos estados? Dolphin suspira y responde: “Hoy es muy complicado, muy complicado, muy complicado…”.

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