Sociedad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobrevive a los desacuerdos

La Organización de los Estados Americanos aprobó en forma unánime una serie de reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero dio marcha atrás en las propuestas que más preocupaban a la sociedad civil.

Vista de las delegaciones en la sesión de la OEA del viernes 22 (Juan Manuel Herrera/OEA)

Los 35 estados integrantes de la CIDH han ordenado a la OEA a «continuar el diálogo respecto de los aspectos centrales del fortalecimiento» del sistema, que incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Con este documento, los estados respaldan elementos esenciales de un sistema robusto que seguirá siendo importante en el futuro», dijo  la directora ejecutiva del International Justice Resource Center, Lisa Reinsberg.

«Pero esperábamos que la sesión pusiera fin al debate sobre las reformas. En cambio, la CIDH deberá ahora invertir más tiempo y recursos en responder a las sugerencias, desviando su atención de problemas importantes de derechos humanos», agregó.

El polémico proceso de reformas , que lleva casi dos años, pudo tener efectos devastadores para un sistema de justicia apreciado por la comunidad de derechos humanos de América Latina y el Caribe, pero que incomoda a gobiernos de la región. Desde su creación, la CIDH demostró ser una de las partes más efectivas de la moribunda estructura de la OEA.

La CIDH es un organismo autónomo con facultades políticas –realizar visitas específicas y emitir recomendaciones e informes– y cuasi judiciales: recibir denuncias de particulares u organizaciones, determinar si son admisibles, solicitar a los Estados medidas cautelares y elevar casos a la Corte. Ambos organismos tienen la función principal de fiscalizar el respeto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969.

Si bien la reforma es caracterizada formalmente como un «proceso de fortalecimiento», la impulsan los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que han expresado su descontento con este sistema. Venezuela, inclusive, denunció la Convención Americana el año pasado.

Mientras tanto, otras preocupaciones sobre el fortalecimiento del sistema, en especial su crónica falta de recursos, se abordaron solo en parte. De hecho, la cuestión de la financiación es crucial para las partes enfrentadas. «Este proceso no logró un verdadero fortalecimiento ni tampoco más recursos», dijo la magistrada hondureña Tirza Flores el viernes por a mañana, frente a la sede de la OEA, en nombre de más de 150 organizaciones y de miles de personas que han peticionado ante la CIDH.

«Llamamos a los Estados a cumplir su obligación de financiar a la Comisión, en lugar de sofocarla limitando o condicionando las contribuciones externas que obtiene».

Flores reclamó asimismo que se ponga fin al «proceso político» de revisar los procedimientos del sistema. Esto fue obstaculizado por una propuesta de último minuto presentada por Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Bolivia de «continuar el diálogo», pues a su juicio el proceso «no ha logrado concluir su cometido».

En su propuesta, los cuatro países reclamaron que el debate se mantenga sobre media docena de asuntos, como la facultad de la CIDH de adoptar medidas cautelares de protección, el informe anual que publica sobre la política de derechos humanos de países individualizados y el funcionamiento de las relatorías especializadas.

Estos desacuerdos llevaron a varias delegaciones a expresar su preocupación porque la votación del viernes condujera a la ruptura, sobre todo porque Ecuador y Bolivia casi se niegan a votar la resolución final y han advertido varias veces que van a seguir los pasos de Venezuela.

Este cisma inminente fue el tema de fondo que pautó las negociaciones sobre el texto que debía incluir la resolución final.

La discusión giró en torno de tres desacuerdos principales: el alcance de la expresión «financiamiento total» de la CIDH; si las contribuciones «externas» que recibe el sistema deben ser asignadas de forma específica, y cómo se definen los intentos de «fortalecer» y de «financiar adecuadamente» las relatorías especiales.

Estados Unidos es el principal contribuyente de la CIDH, pues aporta 13 millones de dólares a su presupuesto anual de 10 millones, y además es el país sede de sus oficinas. Pero, por otra parte, lleva décadas negándose – como Canadá, otro importante financiador– a ratificar la Convención Americana, basamento de todo el sistema continental de derechos humanos.

Para empeorar las cosas, alrededor de un tercio del presupuesto del sistema procede de la Unión Europea (UE), un actor completamente ajeno a la OEA. «El control y las decisiones políticas no están en nuestras manos, sino en las de otros», argumentó el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. El impacto de esta forma de financiación, indicó el ministro, determina que el sistema de justicia continental refleje la ideología y prioridades de sus contribuyentes principales, en lugar de las de los países miembros. Por ejemplo, hizo notar Patiño, la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión –cara a los ojos de Washington y de la UE– recibe muchos más recursos que otras sobre mujeres, infancia o pueblos indígenas.

Patiño también propuso crear una nueva relatoría, sobre torturas y asesinatos extrajudiciales, haciendo referencia al programa de «drones», aviones no tripulados que Estados Unidos utiliza para ejecutar personas y atacar blancos en cualquier lugar del mundo. Pero en los últimos tres años, Ecuador aportó apenas 1.500 dólares al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mientras Bolivia y Venezuela no pusieron un centavo entre 2010 y 2012.

Sin embargo, parece evidente que «una mayoría clara de gobiernos de la región apoyan la respuesta de la CIDH al proceso de reformas», dijo la directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, Viviana Krsticevic, con sede en Washington.

Los procedimientos exigen que los estados hagan sugerencias de cambios a la CIDH. En respuesta al debate, la Comisión llevó a cabo un amplio programa de consultas, foros y contribuciones que concluyeron el 19 de este mes con su propia reforma.»Pero los gobiernos no comprometieron los 10 millones de dólares adicionales que se necesitan para que la CIDH funcione de manera efectiva», añadió.

El viernes casi todas las delegaciones reclamaron a los países unirse y tomar en sus manos la financiación completa del sistema, que tendría un costo de apenas dos centavos de dólar por ciudadano, tal como hizo notar un delegado.

Puesto que la resolución reafirma el compromiso de «financiación total», este parece ser un punto en el que se ha llegado a acuerdo, al menos formalmente.

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie