Sociedad

Adolescentes maltratados en centros de acogida

Amnistía Internacional denuncia malos tratos en los centros terapéuticos de menores

La mayoría de los menores entran en los centros sin orden judicial y no son supervisados por la Fiscalía

La organización reclama una ley estatal que unifique las normas de los centros

“Le ataron a la cama una vez porque no quiso acostarse, le daban medicación para dormir. Por no comerse la cena le llevaron a la ducha, le quitaron la ropa y le hicieron ducharse con agua fría. Si no hacían lo que ellos decían lo sacaban a la calle desnudo y le tiraban agua con una manguera, le insultaban”, lee el abogado Endika Zulueta. Es el relato de uno de los cuatro menores (tres de ellos son ya mayores de edad) que en diciembre y enero denunciaron al Centro “Hogar de Galapagar” de Madrid por malos tratos. El juicio está todavía en curso, y según el abogado, los responsables del centro ha reconocido en su declaración “haber tenido a niños atados en una cama de pies y manos”. Además, cuenta con un protocolo de actuación que contempla las celdas de aislamiento, la sedación y la contención mecánica (atarlos a la cama) cuando los menores están “fuera de control” según un informe del Defensor del Menor. El caso de este centro no hace más que avivar las denuncias realizadas por el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional sobre lo que ocurre en los centros terapéuticos.

Vídeo: Si vuelvo me mato

Hace nueve meses Amnistía presentó el informe “Si vuelvo me mato” que recogía también testimonios de menores que habían pasado por los centros, como Sara. “Me ataban a la silla con la boca tapada, me duchaban con agua fría, y me hinchaban a pastillas. Una vez llegué a perder el conocimiento y me dejaron tumbada en el suelo. Si intentaba contar lo que estaba pasando me decían ‘ten cuidado con lo que hablas’, así me callaban”. Cuando pasó Sara era menor de edad y estaba internada en un centro terapéutico. “Estuve tres años, de los 15 a los 18, sin salir y mi madre ni siquiera sabía donde estaba. Casi no lo sabía ni yo, me tenían siempre sedada. Tomaba cuatro pastillas por la mañana, 3 al mediodía y otras 4 por la noche, me tenían que sentar en una silla de ruedas porque no tenía fuerza”. El documento aseguraba que los menores son con frecuencia castigados sin comer, amorzándoles, prohibiéndoles la visita de sus familiares y obligándoles a permanecer durante horas de pie.

Estos centros terapéuticos son recintos que los gobiernos de las comunidades autónomas dejan en su mayoría en manos de entidades privadas, como fundaciones y ONG, donde se trabaja por la reintegración de menores con trastornos en la conducta y dificultades sociales. No son delincuentes, ya que sobre ellos no pesa ningún delito, sino adolescentes conflictivos que vienen de familias desestructuradas y con dificultades socioeconómicas que no pueden hacerse cargo de ellos. Los únicos datos de los que dispone el Defensor del Pueblo sobre cuántos hay en España y cuántos menores están ingresados en ellos son de 2006. En ese año había 58 centros y  818 menores. Amnistía Internacional denuncia la “poca trasparencia” que los rodea y que en muchos casos los centros no son supervisados por un juez o fiscal, ni existen resoluciones judiciales para el ingreso de los menores que entran en el recinto por decisión del gobierno autonómico.

Portada del informe de AI

Tras la publicación del informe, centrado en los centros terapéuticos de Andalucía, Cataluña y Madrid, que acaparan el 55% de los centros españoles, fueron muchas las voces que desde las comunidades autónomas (sobre quienes recae la competencia de los centros) acusaron a la organización de tergiversar, exagerar y ser irresponsable con sus declaraciones. “No se están dando pasos ante las denuncias de los menores y la respuesta ha sido más en defensa de su imagen pública”, afirma Virginia Álvarez, responsable de política interior de la organización.

Nueve meses después de ese primer informe Aministía Internacional ha presentado “Si vuelvo me mato (II)”, donde se reafirma en cada uno de los puntos del primer documento. “El sistema que vulnera los derechos humanos de los menores está intacto”, asegura el director de Amnistía, Esteban Beltrán. “Es un régimen especial y arbitrario que permite que menores de edad sometidos a muchos casos a medidas de aislamiento (como las celdas de aislamiento) o contenciones mecánicas (como atarlos a la cama) o farmacológicas (como suministrarle sedantes) no tengan supervisión judicial en la mayoría de los casos. Esa supervisión es menor en el caso de los menores que no han cometido ningún delito que en el caso de los adultos privados de libertad“.

Amnistía reclama una ley estatal que proteja a los menores, ya que actualmente cada comunidad autónoma tiene una normativa y cada centro, a su vez,  la suya propia. Pero de momento, el único avance ha sido la elaboración de un protocolo de buenas prácticas para los centros terapéuticos, un documento que concreta cómo deben ser tratados los menores aunque no es vinculante. Cada comunidad autónoma decidirá si lo cumple o no. “El documento contempla que los menores puedan ser ingresados sin examen psiquiátrico e incluye castigos como la reclusión en celdas de aislamientos, que está prohibido por las Naciones Unidas. Además, no garantiza que un juez vaya a supervisar los ingresos, ni que la Fiscalía vaya a estar informada en todo momento de todas las medidas, ni hay una ley estatal que recoja cuáles son los derechos de estos menores”, recuerda Virginia Álvarez, que lo considera “muy insuficiente” y acusa al Gobierno de delegar sus responsabilidades a las CCAA y no garantizar, como recoge la Constitución, que se cumplan los derechos de estos menores “que eso sí es su responsabilidad”.

Según la organización, siguen llegando denuncias tanto a Amnistía Internacional como al Defensor del Pueblo. El Comité de los Derechos del Niño ya ha advertido a España de que esta situación no protege el el interés superior del niño como recoge la Convención de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura de la ONU pidió en noviembre que se investiguen las denuncias de aislamiento y medicación.