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Sociedad

Falla el control sobre los represores argentinos bajo arresto domiciliario

A pesar de recurrentes violaciones al arresto domiciliario por parte de enjuiciados por delitos contra la humanidad durante la dictadura argentina, organizaciones no gubernamentales igual reivindican el beneficio, pero exigen una mejor supervisión de los tribunales.

Pepa Pussek sostiene el retrato de su hijo Juan Carlos Galván, una de las víctimas de la represión de la dictadura argentina. Acaba de conocer la sentencia a prisión para el dictador Videla en Córdoba, el 22 de diciembre de 2010. Videla fue condenado a prisión, a los 85 años de edad, por tortura y asesinato de 31 prisioneros en 1976. (Natacha Pisarenko / AP)

La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado indica que 37,8 por ciento de los 813 detenidos por delitos de lesa humanidad que había a fines de 2012 cumplen arresto domiciliario.

La detención en sus viviendas puede ser otorgada por los jueces a procesados o condenados mayores de 70 años, enfermos terminales o con problemas de salud que no puedan ser tratados en unidades penitenciarias. Pero debido a la falta de control, esta modalidad es violada con frecuencia por los beneficiarios.

“Siempre se conocen casos en los que las víctimas los reconocen y los denuncian, y si no se denuncian más es porque no se los reconoce”, dijo el abogado Alan Iud, de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que busca a hijos de personas detenidas- desaparecidas por la dictadura que rigió en Argentina de 1976 a 1983.

En enero fue visto trasladándose en bicicleta por calles de Buenos Aires el exagente de Inteligencia del ejército Carlos Hidalgo Garzón, procesado por más de 200 delitos de lesa humanidad y condenado por la apropiación de Laura Catalina de Sanctis, hija de una pareja desaparecida.

Hidalgo fue reconocido por la propia De Sanctis, a quien había inscrito como hija biológica suya y que lo denunció ante la justicia. Estaba bajo arresto en un centro geriátrico de Buenos Aires, donde vivía. El tribunal le revocó el beneficio y lo derivó a un hospital que funciona en la Unidad Penal de Ezeiza, en las proximidades de la capital argentina.

Este mes, el obstetra Jorge Luis Magnacco, condenado por apropiación de menores y procesado por intervenir en numerosos partos en la Escuela de Mecánica de la Armada, en un barrio residencial de Buenos Aires, donde funcionaba uno de los más emblemáticos centros ilegales de detención de la dictadura, fue visto caminando por la calle junto a su esposa.

El ingreso de Magnacco a un centro comercial y luego a un local de comidas fue filmado por integrantes de la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).

El tribunal que le había otorgado el beneficio decidió también revocar el arresto y trasladar al médico condenado a un complejo penitenciario.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que no están en contra del beneficio para casos puntuales debidamente justificados. Sin embargo, coinciden en que el arresto en el domicilio no se puede otorgar sin ningún control o supervisión.

“El juez debería controlar el arresto domiciliario, que no equivale a excarcelación”, aclaró Lorena Balardini, coordinadora del Área de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización humanitaria orientada a temas jurídicos y de derechos humanos.

“Limitar el arresto domiciliario no es una opción, porque es parte de las garantías del debido proceso para cualquier delito. Pero tampoco se puede dejar al detenido a su libre albedrío”, señaló la experta a IPS. “El problema no es el beneficio en sí mismo, sino la desidia en el control”, apuntó.

Para Balardini, el arresto se revoca cuando se violan las condiciones, porque el detenido hace una salida que no está pactada con el juez. “Este tipo de arresto tiene ventajas porque el detenido está en la comodidad de su hogar, y ello está fundado en criterios legales y humanitarios”, sostuvo.

“Esto implica un compromiso de parte de estas personas de cumplir con las reglas del juego, pero, si no se hace, hay que revocar el arresto domiciliario porque esa también es una forma de darle entidad al beneficio”, indicó.

“Pero no hay que caer en la trampa de concluir que el problema es el arresto domiciliario”, aclaró.

Balardini consideró que lo principal es que el imputado esté detenido. “La modalidad, si es instrumentada con idoneidad, no es importante. Como organización de derechos humanos que trabaja con personas privadas de libertad por delitos comunes, no queremos que esta práctica sea erradicada”, advirtió.

La abogada también alertó sobre el riesgo de crear reglas especiales para delitos de lesa humanidad.

“Estos juicios son emblemáticos, pero no pueden tener reglas diferentes, porque eso puede ser peligroso para su legitimidad. El derecho penal dispone del arresto domiciliario y es el juez el que decide cuándo aplicarlo”, subrayó.

Iud, abogado de Abuelas, coincidió con el criterio. “No estamos en contra del instituto del arresto domiciliario que responde a razones humanitarias que deben ser atendidas caso por caso, pero sí creemos que, una vez que se ordena y que está estrictamente justificado, debe haber un control que hoy no existe”, denunció.

“Es el juez, o su secretario o personal del tribunal, el que debe encargarse de verificar si se cumple la orden judicial. Puede ser mediante una visita sorpresiva, un llamado telefónico o una guardia eventual. Hay que buscar un mecanismo, porque hoy no hay ningún control, y ellos (los arrestados) lo saben”, alertó.

Para Iud, el juez no puede escudarse en la falta de recursos, porque bastaría un llamado para verificar de manera periódica si se está cumpliendo con la orden.

En caso de no ser posible, debería habilitarse una institución que se encargue de esta vigilancia. El abogado sostuvo que podría ser el Patronato de Liberados, una asociación civil que hoy depende del Ministerio de Justicia y que tiene presupuesto del Poder Judicial.

Los procesos contra militares y civiles que actuaron durante la represión tienen a 1.013 personas procesadas y 378 condenadas. Esta última cifra se quintuplicó respecto de 2008 debido a que se unificaron causas y se aceleraron los procesos, según datos de la Unidad Fiscal.

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