periodismohumano

03.06.2010 · Majo Siscar · (México)

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“He pasado las horas más terribles de mi vida. En estos momentos estoy escondida, resguardada porque un juez liberó una orden de aprehensión en mi contra, simplemente porque cumplí con mi deber periodístico de investigar y divulgar asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos, y que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel (…) Pasé la noche en vela por segunda ocasión, atenta a que de un momento a otro mis captores me ubiquen y me lleven no sé a dónde y ni en qué condiciones. Mi familia no sabe de mí y ahora, por oídos de todos ustedes, les digo que espero seguir viva. Mis temores no son en vano. Desde el año pasado denuncié ante las autoridades judiciales, ante la Fiscalía de Protección a Periodistas, ante el Congreso de la Unión, el acoso en mi contra, las amenazas de muerte, la persecución, la vigilancia en mi domicilio, pero ninguna autoridad, en absoluto, movió un dedo.”

Este es un fragmento del testimonio que Ana Lília Pérez, periodista de la revista Contralínea, mandó vía telefónica el 18 de enero del 2009 a un acto de solidaridad dos días después que el director de este semanario fuese arrestado sin previo aviso por la publicación de una serie de reportajes que desvelaban la corrupción de empresas contratistas de la empresa estatal Petróleos Mexicanos. Al enterarse de la detención de su director y de que sobre ella también habían dictado una orden de arresto, decidió esconderse unos días.

En sus 8 años de salir a la venta, este semanario ha abordado temas espinosos de corrupción, asuntos de seguridad nacional y seguridad pública, guerrilla y movimientos indígenas. Como consecuencia, la publicación y sus periodistas padecen desde el 2007 un acoso sistemático personal y legal. Badillo fue liberado a las 36 horas, pero junto con Pérez han sido objeto de acoso, persecución, represión y amenazas de muerte por personas implicadas en sus investigaciones.

Todo empezó en 2004, cuando ambos publicaron una entrevista con el entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción, quién reveló que era “objeto de presiones” por parte del director general para que otorgase contratos millonarios para el arrendamiento de embarcaciones a la naviera Oceanografía, empresa en que gestionaban la familia de la esposa del expresidente Vicente Fox. Durante los cuatros años siguientes, Oceanografía demandó a los periodistas en diversas ocasiones por daño moral.

A pesar de las demandas, ambos reporteros continuaron investigando las empresas contratistas de Pemex. Las acciones en su contra se recrudecieron en 2007, después que Ana Lilia Pérez documentase una serie de cobros de facturas políticas por parte del consorcio gasero Grupo Zeta al Presidente Felipe Calderón, a cambio de prebendas. También señalaba que esta compañía apoyó las campañas electorales de los dos últimos presidentes. La fuente directa fue una entrevista realizada por Pérez al presidente de la gasera, Jesús Zaragoza con su pleno consentimiento.

La periodista, además, verificó antes de difundirla, toda la información. Sin embargo, a consecuencia de la publicación, Zaragoza y sus abogados la amenazaron de muerte y le advirtieron que “acabarían” con la revista. En agosto de ese año, Zaragoza presentó querellas contra Pérez y Badilllo, por “daño moral”. Y la justicia le dio la razón al empresario pese a que se demostró que la voz de las grabaciones era suya y que él había dado el consentimiento para la entrevista.

Además, se incrementaron los hostigamientos, llamadas con amenazas de muerte y hasta les seguían a sus casas y les tomaban fotos. Un acoso difícil de digerir, pero que no les ha hecho rendirse. Realmente, sorprende la serenidad de Ana Lília Pérez al contar su caso. “Ha sido muy complicado, tienes miedo, piensas en renunciar, pero al final, dada la importancia de la información, yo decidí seguir publicando”, confiesa a Periodismo Humano. “La amenaza es la advertencia para que te rindas pero yo no entiendo otra manera de hacer periodismo, si no escribo estas informaciones, mejor dejo el oficio, aunque claro que la incertidumbre es dolorosa, chocante”, agrega.

Pérez tiene 33 años y lleva 13 ejerciendo, siempre reportando asuntos espinosos. Pese a su juventud ha recibido numerosos premios internacionales de periodismo de investigación y es autora de los libros “Camisas Azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos” (Grijalbo), y Sonda de Campeche, paradigma de explotación laboral (International Transport Worker’s Federation), además de coautora de “Morir en la Miseria” (Océano). Y piensa seguir, pese a que reconoce que tanta tensión es desgastante. Ahora mismo, ella y la revista aún enfrentan 7 procesos legales en su contra.

“La judicialización de la libertad de expresión es un método de censura más sutil pero  efectiva, porque los periodistas somos obligados prácticamente a cohabitar en tribunales, cuando debemos estar investigando e informando a la sociedad sobre asuntos de interés público”, asegura.

Las oficinas de Contralíneas fueron allanadas el sábado 10 de abril por cuarta vez en tres años. Fotografía de David Cilia/Contralínea

Por si no fuese poco, las oficinas de Contralínea fueron allanadas por desconocidos este pasado abril. Es la cuarta vez en tres años. “No fue un robo común, se llevaron tan sólo la computadora del director, y información fiscal y financiera, hasta el acta fundacional… ¿a qué ratero le interesa eso? Sabían lo que buscaban”, asegura Nancy Flores, la editora de la revista, que aunque no ha recibido tanto acoso personal como Pérez o Badillo cuenta con medidas cautelares desde el año pasado, al igual que todo el equipo. Y continúa: “no se ha entendido que el periodismo es un contrapoder, que la sociedad merece un periodismo crítico, pilar fundamental para construir la democracia”.

Si bien el caso de Contralínea es uno de los más sonados, es sólo uno de los centenares de medios y periodistas acosados, amenazados o judicializados por su trabajo. El informe “Agresiones a la Libertad de Expresión en México”, elaborado por las ONGs Article XIX y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), registra 244 vulneraciones a la libertad de prensa, en el 2009, y sólo un 6,15% fueron responsabilidad del crimen organizado, aunque son las más violentas. El 65.5% de todos los casos fueron perpetrados por agentes del Estado y 28% los llevaron a cabo miembros del Ejército u otras instituciones militares y policíacas.

Sin embargo en México se contemplan las garantías legales a la libertad de prensa. La constitución recoge el derecho a la libertad de expresión, y a nivel federal se derogaron los denominados “delitos contra el honor”, es decir, la difamación, calumnias e injurias. Además hay una institución dedicada a los ataques a la prensa, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las investigaciones reposan en un limbo jurídico. No se cierran las pesquisas pero tampoco se continúan las averiguaciones. Incluso en los casos de asesinatos. En los últimos nueve años han asesinado almenos 62 periodistas, 4 en lo que llevamos de 2010, y otros 10 desaparecidos desde el 2003. El último, Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal del periódico Cambio de Michoacán, quién desapareció el 6 de abril de 2010, poco después de cubrir el ataque de un grupo armado contra una familia indígena.

Acto de protesta en la Ciudad de México para que se detengan y esclarezcan la muerte de los 62 periodistas asesinados desde que llegó el Partido Acción Nacional al gobierno hace más de nueve años. AP Photo/Marco Ugarte

Son cifras alarmantes, que sitúan a México como uno de los países más peligrosos para los reporteros, con más periodistas asesinados y desaparecidos que en lugares con guerras abiertas cómo Afganistán.

Sin embargo, como tantas otras agresiones en este país, suelen quedar impunes. Alberto Herrera, de Amnistía internacional, subraya que “es fundamental el acceso de la justicia, el mensaje que el gobierno está enviando es que estos crímenes se pueden cometer sin que sean castigados”.

Portada de la revista Contralínea del pasado 18 de abril después del último allanamiento

Para Iñigo Prieto, de Cencos, la clave de Contralínea, a parte de ser un medio centrado en la investigación de la corrupción, es que utiliza la propia revista para denunciar tanto la problemática general de la falta de libertad de expresión como las agresiones particulares que está sufriendo. Y eso parece hacerla más peligrosa. Pues la mayoría de los medios, no responden ante las agresiones a sus trabajadores, aumentando la impunidad. “La estrategia de Contralínea es una línea a  seguir, pues cuando haya solidaridad por parte de las empresas mediáticas y el resto de profesionales se podrán conseguir cambios en la legislación, las políticas públicas y las medidas de protección”, asevera Prieto.

Con esta voluntad, nació el pasado diciembre el Frente Nacional de Periodistas. Su portavoz, y periodista del diario La Jornada, Judith Calderón explica que frente a la desídia de las instituciones, no queda otra alternativa que unirse y apoyarse mútuamente, porque sinó “vence el temor”. Y asegura que hacer periodismo de investigación en México “conlleva persecución”.

Ante tantas agresiones de todos lados, es frecuente caer en la autocensura. Pese al compromiso del periodista a informar, Calderón se pregunta “hasta dónde vale la pena exponerse?” Al mismo tiempo subraya que la progresiva precarización del periodismo, que rompe las relaciones contractuales entre periodistas y medios y extiende la figura del colaborador, también desprotege.

Más allá de la coacción institucional y empresarial, hay que sumar la exacerbación de la violencia por la guerra contra el narcotráfico. Un factor que, según los profesionales, ha agudizado la situación. Por ejemplo, en los estados más golpeados por el narcotráfico, los medios se ponen de acuerdo para publicar conjuntamente las notas relativas a estos criminales, y lo hacen sin que firme el periodista.

El último informe de Reporteros sin Fronteras sobre México explicita que además de los cárteles, en esta multiplicación de asesinatos y agresiones a periodistas hay una “implicación directa de algunas autoridades en hechos de violaciones de derechos humanos, donde la lucha contra el narcotráfico y la escalada de la seguridad pública sirven de argumentos”.

Una cruz con el nombre del periodista de Indymedia Bradley Roland Will, asesinado durante las protestas de Oaxaca en 2006 por sicarios del gobierno, reposa en el suelo junto a otras dedicadas a sus compañeros. AP Photo/Luis Alberto Cruz

“Con este clima parece que te van a perseguir por cualquier cosa que escribas”, comenta Calderón. La persecución legal y constante a la libertad de expresión en México, ha preocupado incluso a la ONU. “Casos como los de la revista “Contralínea” o las demandas que enfrentan otras personas dedicadas al periodismo, dan muestra de cómo el acoso judicial se ha convertido en un nuevo instrumento contra las libertades con qué los medios y las y los periodistas satisfacen el derecho de la sociedad a estar informada”, expresó en rueda de prensa Liliana Valiña, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

A parte de todo lo anterior, desde Contralínea denuncian otra forma de presión más sutil pero igualmente eficaz, como es el retiro de la publicidad oficial. El gobierno federal la canceló desde que en 2008, otra vez Ana Lília Pérez difundiese los contratos que el entonces secretario de Gobernación (el equivalente al Ministro de Interior), firmó con Pemex para la empresa privada que él también dirigía, siendo el primer escándalo de corrupción del gobierno de Calderón. “Nos están asfixiando económicamente, cómo ya hicieron con otros medios pequeños que tuvieron que cerrar”, confiesa Flores.

Obviamente, los reporteros de Contralínea ahora tienen que enfrentar muchas trabas para conseguir la información, sobretodo por parte de las instituciones. Nunca son invitados a las ruedas de prensa de Pemex, y el propio gobierno ya no contesta nunca sus solicitudes de información. Tienen que acogerse a la ley de la transparencia, lo que ralentiza su trabajo.

La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en septiembre de 2009, donde determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación, y acreditaron como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Sin embargo, nueve meses después, el estado no ha cumplido las recomendaciones.

Para que no se repitan estas agresiones, Amnistía Internacional junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Cencos y Article XIX, se están reuniendo desde principios de año con la Secretaría de Gobernación para impulsar un Mecanismo de Protección de Periodistas.

Un protocolo que se ve con mucho escepticismo desde los profesionales del sector. “Cualquier marco legal que se cree es falso. México no es un estado de derecho. El propio gobierno está dando en bandeja de plata que se den estas situaciones hacia nosotros y hacia la sociedad, pues si militares matan a niños y no pasa nada, ¿qué van a hacer con los periodistas?” concluye Flores.