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Sociedad

Las 100.000 personas que quieren votar

Casi 100.000 personas en España están privadas del derecho al sufragio.

Son personas con discapacidad intelectual y psicosocial a las que una sentencia judicial de incapacitación les impide elegir libremente a sus representantes.

Este reportaje fue elaborado en el marco del curso Comunicación con enfoque de derechos, herramientas para un periodismo más humano", organizado por Periodismo Humano y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).

Acto #VotaParaQueVotemos organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

Miles de personas en nuestro país son excluidas en cada cita electoral. Lo permite la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) al disponer que ‘carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que ésta declare expresamente la incapacidad para su ejercicio’.

Esta situación vulnera el derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución española y  en el artículo 29 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como nos recuerdan desde el movimiento organizativo de la discapacidad, fue ratificada por España, y por tanto, es de obligado cumplimiento. Este artículo 29 establece que los Estados Parte garantizarán a todas las personas con discapacidad, también a las personas con discapacidad  intelectual y psicosocial, el derecho  a participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las  demás, lo que incluye el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas.

Rafael de Asís

¿Por qué se les priva entonces de este derecho? Para Rafael de Asís, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) e investigador del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas  (IDHBC),  instituto con una amplia y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ‘la sociedad en general y los jueces en particular utilizan un modelo de tratamiento de la discapacidad ajeno al discurso de los derechos’. En su opinión, las personas con discapacidad deben ejercer su derecho al voto en las mismas condiciones que el resto de personas, por lo que su negación es una violación clara de los derechos humanos.

En la misma línea se expresa Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para quien existe “una anomalía democrática, un déficit muy grande en nuestro sistema democrático, que ataca a la diversidad, a la gente con discapacidad’.

Luis Cayo, presidente de CERMI

El Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU ya advirtió en 2011 al Gobierno español que no había hecho los deberes en materia electoral y le instó  a cambiar la LOREG. Pero, a día de hoy, sigue sin modificarse.

‘Que esta limitación de un derecho fundamental sin que se justifique la pertinencia se haya mantenido a lo largo del tiempo-  explica María del Carmen Barranco, Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la UC3M  e investigadora del IDHBC- obedece a los estereotipos socialmente vigentes a propósito de las personas con discapacidad’.

¿‘Incapacitados/as’ para votar?

Los procesos de incapacitación, ahora denominados de modificación de la capacidad de obrar, ‘normalmente’ los inician las  familias cuando una persona con discapacidad intelectual y psicosocial  es mayor de edad y tiene que tomar decisiones económicas o personales.

La Ley de Enjuiciamiento Civil exige que en estos procesos los jueces determinen  de manera exhaustiva en qué esferas la persona en cuestión va a ver restringida su capacidad de obrar. Pero no suele hacerse. El resultado, por regla general,  son sentencias de incapacitación absolutas: la persona se ve privada de su capacidad de obrar, tanto en la esfera personal como en la patrimonial, y se nombra a un tutor que actúa como su  representante, sustituyéndola en la toma de decisiones.

En todo caso, estas sentencias, por mandato de la LOREG, sí que se pronuncian de manera concreta sobre la cuestión derecho al voto y generalmente, y si bien la práctica está cambiando un poco en los últimos años, lo hacen para privar de este derecho a las personas que son declaradas totalmente incapaces sin dar argumentos adicionales.

Patricia Cuenca

‘La concurrencia de una discapacidad intelectual o psicosocial justifica la incapacitación total y ésta determina, a su vez, de manera automática la privación del derecho del voto. La naturaleza de este derecho impide, además, que pueda ser ejercido por representación’, señala Patricia Cuenca, Profesora de Filosofía del Derecho de la UC3M e investigadora del IDHBC.

Las razones para negar el sufragio, para Rafael de Asís, se mueven en dos planos: el de la no comprensión de los programas electorales y el de la posibilidad de ser influenciable. ‘El problema, subraya, es que estos dos planos no son exclusivos de las personas con discapacidad, pero sólo se les aplican a ellas’. Una clara discriminación.

Sin embargo, la Convención, y en concreto su artículo 12, reconoce la misma capacidad jurídica, lo que incluye la capacidad de obrar,  para todas las  personas y exige a los Estados el deber de asegurar los apoyos suficientes a las personas con discapacidad para garantizar  su ejercicio. ‘Desde estas nuevas premisas, el resultado de estos procesos no debería ser la privación del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, sino la determinación de los apoyos necesarios en cada caso para poder ejercerlo en igualdad de condiciones con los demás’, comenta la Profesora Cuenca.

Recuperar el derecho al voto

Irene Medina Rodríguez tiene 28 años y una discapacidad intelectual. A ella no le han privado de su derecho al voto y, por supuesto, lo ejerce. ‘Quiero demostrar que soy igual que los demás. Quiero votar al partido que me gusta’, afirma Irene.  La LOREG no le gusta porque, señala, ‘todos tenemos derecho a votar si queremos’ y  anima a hacerlo a las personas, que como ella tienen una discapacidad intelectual o psicosocial: ‘Nadie puede quitarnos nuestros derechos. También podemos decidir’.

Y es que como sostienen desde el IDHBC, el reconocimiento del derecho al voto resulta imprescindible para que las personas con discapacidad se consideren realmente parte de la sociedad y funciona también una herramienta de empoderamiento.

Pero, ¿qué podemos hacer si estamos privados de esta derecho? En la legislación española existe  la posibilidad de reclamar la restauración del derecho al voto.  Así que, mientras se sigue reivindicando la modificación de la LOREG, organizaciones como Plena Inclusión y CERMI llevan a cabo campañas de información dirigidas a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial sobre los procedimientos que hay que seguir para recuperar este derecho y que cada vez seamos las personas que podamos ejercerlo.

El problema es que las personas con discapacidad que han sido incapacitadas totalmente encuentran también barreras para acceder a la justicia- legales y económicas, entre otras-  y, en gran medida, dependen en este ámbito de la representación de sus tutores. ‘Y los tutores en el sistema español no están obligados a respetar la voluntad y las preferencias de las personas declaradas incapaces. Un círculo vicioso’, afirma Cuenca.

A pesar de estas dificultades, en  los últimos años han sido varios los casos de personas que han reclamado, con éxito, la reintegración de su derecho al voto y, según el movimiento asociativo de la discapacidad, cada vez son más las que están dispuestas a recurrir a los tribunales para recuperarlo.

Desde el Ministerio Fiscal, además, se han realizado instrucciones generales señalando que la privación del derecho debe producirse sólo en casos excepcionales y exigiendo que los jueces argumenten específicamente sobre la necesidad de proceder a esta privación. Algo está cambiando, aunque aún no lo suficiente.

Procesos electorales no accesibles

Si una persona con discapacidad intelectual y psicosocial está en la lista del Censo Electoral, ¿está garantizado que puede ejercer su derecho al voto en las mismas condiciones que los demás? Lo cierto es que no porque, como apunta  María del Carmen Barranco, ‘los procesos electorales no han sido diseñados para todas las personas’. No sólo las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, sino también las personas con discapacidad física o sensorial, encuentran obstáculos que les dificultan o impiden su derecho al voto.

Por lo que respecta  a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, en las pasadas elecciones, Plena Inclusión detectó barreras cognitivas  y comunicativas que obstaculizaban la comprensión del proceso de voto en los  Colegios Electorales, como la identificación de las papeletas, la indicación de los espacios o la ubicación de las listas del censo… Tampoco la información y los programas electorales de los partidos, señalan, son siempre accesibles.

Además, para las personas que, ‘en más ocasiones de las deseables’, explica Barranco, están institucionalizadas no se prevén  los mecanismos para garantizar la libertad de su decisión de acudir a votar o no y tampoco se prevén los mecanismos para facilitar que materialmente voten, ya sea por correo u organizando su desplazamiento a los colegios electorales.

A esto hay que sumar las barreras actitudinales relacionadas con la persistencia prejuicios y estereotipos acerca de este colectivo. ‘Es posible que su entorno considere que no es importante para una persona con discapacidad intelectual o psicosocial el ejercicio del derecho al voto y no le preste la asistencia que puede necesitar o, incluso, que no se les permita votar o participar en Mesas electorales porque se presupone que no tienen  juicio suficiente para emitir su  voto o poder responsabilizarse de que otros puedan votar’, señala la Profesora Cuenca.

La Convención, de nuevo vulnerada, exige a los Estados la eliminación de todas estas barreras y el diseño universal de los sistemas y procesos electorales, la realización de ajustes razonables y la prestación de los apoyos necesarios para favorecer el ejercicio del derecho al voto.

“Si se dirigen a la ciudadanía a captar el voto, que sepan que hay un diez por ciento que tiene más complicado acceder al mismo porque puede no enterarse bien o no recibir el mensaje. Aunque sea solo por egoísmo, los partidos deberían tomar más medidas de accesibilidad”, anota el Presidente del CERMI, Pérez Bueno.

Una cuestión de voluntad política

En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que elaborara una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses. Seguimos sin  noticias.

‘La modificación de la Ley Electoral tiene un coste cero para el Estado’, señala Pérez Bueno, y sostiene que si no se ha hecho aún ha sido  ‘por  falta de compromiso y la falta de conciencia de los Derechos Humanos’.

A esa falta de voluntad apuntan también desde el IDHBC. ‘Los derechos de las personas con discapacidad no han tenido hasta ahora  prioridad en el Congreso’.

Y no solo ocurre en España. Según se desprende de la documentación generada en el proceso de revisión de los informes iniciales de los Estados Partes de la Convención ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en Europa la situación no pinta mucho mejor.  La mayoría de los Estados, como Francia, Italia, Portugal, Alemania, Dinamarca, Hungría, Lituania, Bulgaria, Luxemburgo, Malta o Polonia, impiden votar a las personas privadas de capacidad jurídica. Incluso algunos de ellos recogen esta privación del derecho al voto de las personas incapacitadas en su propia Constitución.

Ejemplos de buenas prácticas son Suecia y Austria que sí garantizan que todas las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, puedan ejercer el derecho de voto y a ser elegidas. Si bien, en los dos países encontramos también barreras que dificultan el ejercicio de este derecho.

¿Algo se mueve?

Hemos estrenado una nueva legislatura. El cambio en el estancado panorama político y la potencialidad del Parlamento actual podrían hacer, a juicio de Pérez Bueno, que esta sea una legislatura muy positiva para las políticas de discapacidad ‘si se trabaja buscando grandes acuerdos, debido a la necesidad de lograr mayorías suficientes, lo que obligará a ceder y consensuar’.

El Presidente del CERMI saluda también ‘la a aparición de nuevos agentes políticos, los llamados nuevos partidos, que entre otras cosas han impulsado más la presencia de personas con discapacidad en puestos de responsabilidad’.

Esta potencialidad del Parlamento se verá, además,  reforzada tras la decisión del Congreso de dar luz verde a la propuesta que partió del diputado de UPN, Íñigo Alli, de otorgar a la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad carácter legislativo, una demanda sostenida del movimiento asociativo de la discapacidad representado por el CERMI y con la que los grupos ya se habían comprometido.  La Comisión podrá ahora conocer, promover y aprobar iniciativas legales, lo que a juicio de Pérez Bueno es un ‘hecho muy alentador’.  Tras ‘décadas de desatención y preocupación escasa’, la discapacidad entraría a formar parte del núcleo de asuntos de importancia de la agenda política.

Además, en su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se comprometía  a promover  una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que la regla general sea reconocer el derecho de voto a las personas con discapacidad.

Que estos cambios y compromisos  se materialicen por fin en una  reforma de la LOREG, está todavía por ver. Pero hay que recordar que, mientras esperamos,  casi 100.000 personas seguirán privadas del derecho al sufragio y otras muchas encontrarán numerosas dificultades prácticas para su ejercicio. Que hablamos, como nos recuerdan desde el IDHBC, de un derecho  político esencial, que tiene que ver con la pertenencia a la comunidad y con la participación en la discusión pública. Y que no reconocerlo y no facilitar su ejercicio  es seguir vulnerando los derechos humanos del 10%  de la población. Nada más, ni nada menos.

APOYOS

  1. #Votaparaquevotemos

El 17 de junio, en plena campaña electoral, el Comité Español de Representantes de personas con discapacidad  (CERMI) convocó una concentración cívica frente al Congreso de los Diputados bajo el lema Vota para que Votemos para exigir el derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo que no lo tienen reconocido en la actualidad, y para reclamar que se dote de plena accesibilidad a todos los procesos electorales.

  1. Imagen de previsualización de YouTube#Mivotocuenta

Mi Voto Cuenta 2016 es una campaña lanzada por Plena inclusión de cara a las Elecciones Generales de 2016. La campaña se basa en el artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entre sus objetivos figura hacer llegar a los representantes de los partidos políticos y a la Junta Electoral Central las reivindicaciones del colectivo de personas con discapacidad intelectual y psicosocial sobre su derecho al voto y el acceso a la información electoral.

Imagen de previsualización de YouTube

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie

2 comentarios

  1. Karo De Karo

    Hay mucho de cierto, pero de buena fuente te digo que en muchos colegios y hogares para personas con capacidades diferentes y algunos geriatricos en donde hay muchos mayores con Alzheimer; a todos ellos les llevan en transporte particular (que nunca falta) al local donde tienen que votar que curiosamente estan todos inscritos allí. Y como solo hay que depositar un sobre pues ya van con el sobre hecho. Sabes que votan? PP

  2. Alberto

    La verdad que esta iniciativa puede resultar beneficiosa para todas aquellas personas en esta situación ya que puede hacerlas sentir útiles. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué ocurre con aquellas personas cuya capacidad intelectual es mínima? En mi caso tengo un familiar con síndrome de Down y su capacidad no le permite comunicarse, distinguir el valor de las monedas ni mucho menos comprender a quién está votando en caso de que tuviera derecho a voto. Entiendo que hay casos que tienen la capacidad de decidir por sí mismos. Pero hay otros que no. Es un asunto complicado de resolver.

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