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Sociedad

Cuando la corrupción significa muerte

Hace 4 años que el incendio en una guardería del norte de México mató a 49 niños y dejó con graves secuelas a más de 70. La Corte Suprema reconoció que hubo “violaciones graves a las garantías individuales” pero los responsables del siniestro siguen impunes. Ahora la Procuraduría “investiga la investigación” tras nuevos indicios que apuntan a que el fuego pudo haber sido provocado.

Padres de niños fallecidos en la guardería ABC exigen justicia.
(AP Photo / Marco Ugarte)

En el Zócalo de la Ciudad de México varios centenares de personas contienen la respiración, el corazón en un puño y la vista clavada en una pantalla donde proyectan el documental “ABC Nunca mas” . “Llegar a la morgue era la antesala de una sentencia de muerte, como si te llevaran al paredón o a la horca porque de repente pasaba alguien y lo podías ver salir sonriendo, diciendo ‘mi hijo no está aquí’  o escuchabas el grito, el llanto desgarrador, una cosa horrible”. Quien habla es Julio César Márquez, padre de Yeyé, uno de los 49 niños que murieron el 5 de junio de 2009 en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la mayor tragedia infantil de la historia de México y una de las historias más tristes de corrupción e impunidad de la que todavía no se ha escrito el final.

“¿Qué ha sucedido en cuatro años?” se preguntaba Abraham Fraijo, padre de Emilia, una de las víctimas, durante otro de los actos del cuarto aniversario, esta vez, en Hermosillo. “En cuestiones de justicia no ha pasado nada. Las instituciones de Gobierno siguen protegiendo criminales, asesinos de niños, por tener apellidos poderosos y por tener los contactos en (Ciudad de) México. El caso de la guardería ABC, de haber sucedido en cualquier otro país, tumba presidentes, tumba gobernantes, tumba gente, y si no, hubieran renunciado, pero aquí no pasa nada, están en el país en el que muere gente, niños, y no pasa nada”.

Padres de niños fallecidos en la guardería ABC exigen justicia.
(AP Photo / Marco Ugarte)

Son fechas duras para las familias porque al dolor diario por el hijo ausente se une la indignación ante la falta de resultados y la impotencia ante una tragedia que pudo haberse evitado, como constató la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no se hizo.

Los hechos son contundentes. El 5 de junio de 2009, una nave acondicionada como guardería se quemó. El fuego llegó de la bodega contigua, llena de documentos. En los alrededores solo había una gasolinera y un taller de ruedas y repuestos de automóvil.  La zona era una “bomba de relojería”, dijeron los equipos de rescate. “La altiva Sonora no se acordaba que también era parte del tercer mundo, hasta que murieron 49 niños en una bodega improvisada como establecimiento para cuidar a hijos de hombres y mujeres que tenían que trabajar”, cuenta Diego Enrique Osorno en el libro Nosotros somos los culpables, así titulado, explica, porque vuelve la mirada a los “pequeños actos de corrupción cotidiana” de los que nadie se ocupa hasta que acaban en tragedia.

ABC era una guardería del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) gestionada por particulares mediante subrogación, una fórmula que permitía al estado ahorrar dinero y que ofrecía las concesiones a dedo, según se supo después. Entre los dueños de la guardería ABC estaba Marcia Matilde Gómez, prima de la esposa del entonces presidente Felipe Calderón (PAN) y familia del entonces gobernador de Sonora Eduardo Bours (PRI).

Protesta por niños fallecidos en la guardería ABC.
(AP Photo / Marco Ugarte)

“Desde 2005 se habían detectado irregularidades, insuficiencias importantes en materia de seguridad” debidamente “acreditadas en evidencias documentales”, dijo el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. Aún así, la guardería seguía funcionando.  El 5 de junio los detectores de humo y los extintores no funcionaron, las salidas de emergencia estaban bloqueadas, en el techo había plafones de materiales tóxicos y una lona de colores de material muy inflamable ardió y se cayó sobre 176 pequeños (desde bebés de meses hasta niños de 5 años) mientras la mayoría dormía la siesta.

Los testimonios de los vecinos y gente anónima que ayudó en el rescate, recogidos en el libro de Osorno, sobrecogen. “El cuarto niño que saqué me partió el alma: iba todo descarapelado, como cuando a un tomate le quitas el cuerito; en la bata del uniforme se me quedó la carne cocida del niño. Lloraba, respiraba forzado, le iba diciendo que aguantara que ya íbamos a llegar al hospital”. “Había mucho humo espeso, empecé a tentar, tenté carnita, la agarré, cuando pude vi que era una niña, estaba toda quemada, no hacía nada; no lloraba, tenía los ojos grises. Nomás se me quedó viendo, nada más abría la boca y la cerraba, como los peces”.

En estos cuatro años, casi una treintena de personas han estado bajo proceso penal,  pero por delitos no graves y solo una empleada de menor nivel del IMSS, ex coordinadora de Guarderías, Delia Irene Botello, está en prisión. Según dice ella, la utilizaron como “chivo expiatorio”. Los dueños de la guardería o los altos funcionarios del IMSS o de gobierno estatal o municipal, pasean libres.  En el proceso contra Marcia Matilde Gómez el juez consideró que no tenía obligación de proteger a los menores.

Un estudio de la UNAM posterior al siniestro constató que solo 14 de las 1.480 guarderías del IMSS cumplían al 100%  los requisitos de seguridad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una investigación en 2010 http://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Sinopsis%20Pleno/TP-160610-AZLL-01.pdf que determinó que había un “desorden generalizado” en las estancias infantiles y se habían cometido “violaciones graves a las garantías individuales” pero cuando llegó el momento de fincar responsabilidades, el alto tribunal miro para otro lado. Según los padres, ganaron las presiones políticas sobre los jueces que no aprobaron el dictamen.

Padres de niños fallecidos en la guardería ABC exigen justicia.
(AP Photo / Marco Ugarte)

¿INCENDIO PROVOCADO PARA ELIMINAR DOCUMENTOS?

La vida de más de cien familias cambió radicalmente ese 5 de junio. Unos perdieron un hijo o una hija, otros, además, el trabajo, el matrimonio o la salud. “No pudimos vivir el duelo, porque en lugar de llorar nos tuvimos que levantar de la cama para luchar”, afirma Martha Lemas, madre de otro de los muertos,  Santiago Zavala. Los padres y madres de los fallecidos comenzaron la batalla para castigar a los culpables y para que nada igual volviera a repetirse. “Es la única manera de dar sentido a su muerte”, afirma José Francisco García padre de Andrés Alonso. “Y los  papás de los heridos no tienen tiempo, se la pasan de hospital en hospital”. De los más de 70 lesionados, 47 sufrirán de por vida las consecuencias de haber inhalado humo toxico; 22 tienen quemaduras graves;  ocho van todavía de forma constante a un hospital de EEUU; y tres niñas sufrieron amputaciones.

“¿Cuánto tiempo más vamos a estar esperando justicia? Tienen que empezar a rodar cabezas, la primera la del ex gobernador Bours”, clama Cristina García, madre de Brian Alexander, otro de los fallecidos. Cristina  pertenece a la organización Manos Unidas por Nuestros Niños    . Este colectivo ha impulsado la nueva línea de investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) acaba de reabrir. La mujer recuerda que en 2010 ya se habló de que el incendio pudo haber sido provocado y ahora tiene ciertas esperanzas de que la investigación avance, no tanto porque haya cambiado el gobierno federal (en 2009 el PRI gobernaba Sonora y el PAN México, ahora es al revés) sino porque hay nuevas evidencias.

“Nuevos datos confirman que el incendio fue intencionadamente provocado para destruir documentación relacionada con una deuda de 10.000 millones de pesos” (más de 600 millones de euros) contraída por la administración sonorense del ex gobernador Bours”, explica. Esos datos también indican, según Manos Unidas, que el causante del fuego fue el chofer y guardaespaldas del secretario del ex gobernador Bours, Carlos Andrés López Meza, que dos meses después del incendio fue encontrado muerto con nueve impactos de bala, una ejecución nunca investigada, según su viuda.

La PGR, de momento, solo ha dicho que será una “investigación de la investigación” pero ha prometido resultados en un mes.

Protesta por niños fallecidos en la guardería ABC
(AP Photo / Marco Ugarte)

PETICION A LA ONU

Patricia Duarte, mamá de otra de las víctimas, Andrés Alonso, no participó este año de los actos de homenaje por prescripción médica. “Me pidieron que no entrara en redes sociales ni viera televisión”, explicó vía Twitter. A un mes de dar a luz a su segundo hijo, tiene un embarazo de riesgo y los médicos temían el impacto del cuarto aniversario del suceso. “Es difícil todo el año pero estos días mucho más, es mucho el dolor y la impotencia”, afirma su marido, José Francisco García.  Ellos forman parte del otro colectivo de padres que no ha parado de reivindicar justicia, el Movimiento 5 de junio  y que en lugar de acudir a la PGR está trabajando en los foros internacionales.

“Han sido cuatro años muy duros, hemos conseguido cosas como la aprobación de la ‘Ley 5 de junio’ (para que las guarderías sean más seguras y estén más controladas) pero es increíble ver cómo sigue habiendo lugares, hemos detectado 13 casos, donde podrían haberse dado tragedias similares”, añade indignado García. “Queremos castigo para los culpables pero también la no repetición de los hechos, es la única forma de seguir adelante”.

Por eso pidieron ayuda a la ONU y a  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta les recibió el relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, que hace poco estuvo en México, “porque en su mandato tiene la defensa del derecho a la vida”, señala García.

Un juicio ciudadano  ya sentenció a los principales responsables (el ex gobernador y los titulares del IMSS) pero todos tienen claro que el que se llegue a hacer justicia es cuestión de voluntad política y de presión ciudadana. “Qué más prueba necesitan que 49 niños muertos y más de 70 con lesiones – dice Julio César Márquez-. Necesitamos saber la verdad por justicia pero también por una cuestión emocional porque hay días malos en los que no te puedes ni levantar. Es un camino largo pero hay que romper la inercia de la impunidad”.

En este tercer aniversario, volvemos a recomendar el documental de María Royo, ganadora de un Oscar de directores jóvenes, y Antón Calderón sobre este caso.

UN AÑO SIN JUSTICIA from JurJur on Vimeo.

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5 comentarios

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