Sociedad

Ofensiva mundial contra las bombas de racimo

El segundo Encuentro Internacional de Estados Parte de la Convención para la Erradicación de las Bombas de Racimo constata los pasos efectuados para acabar con estas municiones

Israel, Rusia, China o Estados Unidos, principales productores, exportadores y usuarios, no se encuentran entre los firmantes de la Convención

Se estima que 500.000 personas, el 98% de ellos civiles, han sido víctimas de estos proyectiles desde 1965

Branislav Kapetanovic coloca su acreditación durante la Conferencia de Beirut. (Mónica G. Prieto)

El dispositivo tenía la forma y el tamaño de una lata de refresco, pero Branislav Kapetanovic sabía que se trataba del artefacto menos apetecible que podía hallar. Por aquellas fechas, noviembre del año 2000, el soldado de 35 años había desactivado cientos de aquellas trampas mortales esparcidas por los aviones de la OTAN en su país natal, Serbia, con motivo de la campaña militar de Kosovo. Centenares de minas disfrazadas de botes de refrescos que solían atraer la atención de los críos, porque antes de aquellos bombardeos internacionales, en Serbia no se habían visto este tipo de trampas.

Pero la experiencia de Branislav, desminador del Ejército serbio desde 1995, no le sirvió de nada aquella mañana que le tocó limpiar el aeropuerto de Dubinje, en Sjenica, al suroeste de su país. «Ni siquiera recuerdo haberlo tocado. Cuando explotó perdí las cuatro extremidades, mi audición quedó dañada y me quedé ciego durante varios meses. Pasé los cuatro años siguientes en hospitales militares, durante los cuales se consideraba que mi vida corría peligro». Necesitó 20 operaciones quirúrgicas para recuperar cierta destreza pero Branislav, convertido para entonces en un tronco humano, no se dejó vencer. Decidió consagrar su vida a acabar con este tipo de municiones. «Yo soy un militar adiestrado para desactivar este tipo de explosivos. Mire cómo quedé. Imagine lo que habría ocurrido si hubiese sido un civil», explica con voz ruda, en serbio. Su rostro rajado por la metralla se fija serenamente en la mirada del interlocutor mientras la intérprete traduce sus palabras.

Si hubiese sido un niño habría quedado completamente despedazado. Y suelen ser críos las víctimas de esta arma perversa, el colmo de los ingenios que traen muerte y destrucción. Se estima que un tercio de las víctimas de las bombas de racimo -contenedores que a su vez guardan decenas o centenares de minas, según el modelo- son niños. El 98% de las víctimas son civiles. Entre 58.000 y 85.000 ciudadanos han muerto a causa de estas municiones desde 1965, según el Observatorio Mundial de las Submuniciones. Y seguirán matando, porque el 40% de esas municiones no explotan en el momento, sino que quedan activas para siempre.

Dos soldados españoles de la FINUL desmina el sur del Líbano. (Mónica G. Prieto)

Unas 800 personas han acudido estos días a Beirut para ayudar a erradicar de este tipo de armas un año después de la implantación de la Convención para la Erradicación de las Bombas de Racimo, un tratado suscrito hasta la fecha por 110 países del mundo que obliga a poner fin a la fabricación, uso, almacenamiento y exportación de estas submuniciones. El encuentro, en el que han participado delegaciones oficiales de 120 países, representantes de ONG y supervivientes de estos artefactos como Branislav, tenía como objetivo aumentar las adhesiones y también diseñar planes de acción que incluyan la destrucción de arsenales, la limpieza de las zonas contaminadas y la asistencia a las víctimas por parte de los países que se han sumado al Tratado.

Un inspector del Grupo Consultivo de Minas (MAG, por sus siglas en inglés) recoge bombas de racimo en el pueblo Ouazaiyeh, Líbano (Mohammed Zaatari / AP)

El éxito hasta ahora es obvio, ya que varios países productores, entre ellos España, han destruido casi por completo sus arsenales -se estima que Madrid, París y Bruselas mantienen «unos centenares» posiblemente para labores de entrenamiento en desminado- y cada vez son más quienes se suman a esa tendencia. «La convención es el tratado más importante firmado en la última década. Pese a su corta vida, se han producido avances significativos sobre el terreno», estima Steve Goose, presidente de la Coalición contra las Bombas de Racimo (CMC, en sus siglas en inglés), una organización en la que participan centenares de ONG de 80 países diferentes. Durante el encuentro de Beirut, Swazilandia anunció su adhesión al Tratado, Eslovenia anunció haber terminado de destruir su arsenal y los países firmantes Italia, Hungría, Gambia, Camerún, Mauritania, República Checa y Sudáfrica confirmaron su intención de ratificar la Convención. Además Londres y Berlín anunciaron más fondos para desactivar submuniciones en los países contaminados. La ayuda de los donantes es indispensable para que eso suceda. El año pasado unas 49.000 de estas minas fueron desactivadas en todo el mundo.

Un bosque minado, herencia de la guerra civil, en el norte del Líbano. (Mónica G. Prieto)

Se estima que unos 30 países han padecido lluvias de minas de este tipo. El primer encuentro de los países firmantes, celebrado el pasado noviembre, tuvo lugar en Laos, el lugar más minado del mundo. Estados Unidos lanzó allí entre 1964 y 1973 dos millones de toneladas de bombas, que incluyeron 270 millones de submuniciones. Se calcula que 8.750 kilómetros cuadrados de Laos están sembrados de minas que han provocado 10.000 víctimas hasta el momento. Diez de sus 17 provincias están «duramente contaminadas», según las autoridades locales. Camboya, Angola, Irak o Afganistán también padecen este problema, pero fue la impunidad del bombardeo israelí del Líbano con bombas de racimo, lo que hizo reaccionar a unos gobernantes que durante 55 años se mostraron indiferente ante las consecuencias de este tipo de arma.

El ataque israelí de 2006 detonó la esperada reacción. La aviación de Tel Aviv arrojó cuatro millones de submuniciones mediante las bombas de racimo en el sur del Líbano, la mayoría de ellas en las 36 horas que precedieron a la entrada en vigor el alto el fuego. Las minas quedaron esparcidas en terrenos de cultivo, localidades, carreteras, zonas públicas y privadas… podían verse incluso en viviendas particulares. La economía del sur, basada en agricultura y ganadería, quedó también amputada. Más de 400 personas han muerto desde entonces gracias a la herencia israelí. El Centro Libanés de Acción contra las Minas (LMAC, dependiente del Ejército) estima que aún necesita entre cinco y seis años para desactivar las que quedan, si hay financiación internacional.

Las imágenes hicieron al mundo reflexionar y gracias a ello se firmó, en 2008, el Tratado sobre las Bombas de Racimo que pretende poner fin a su uso. Para ello es necesaria la voluntad de algunos países que no parecen mostrar el menor interés por abandonarlas. Son 19 los que la han utilizado desde el final de la II Guerra Mundial, 17 las siguen produciendo -entre ellos EEUU, China, Israel, Rusia, Brasil, India, Pakistán,Egipto y Turquía– y 70 las almacenan. Los grandes productores no han expresado el menor interés por sumarse al Tratado.

Un equipo civil de desminado trabaja en una finca rural del sur del Líbano. (Mónica G. Prieto)

Sólo Estados Unidos posee entre 700 y 800 millones en sus arsenales. Y las siguen usando: en 2009, Washington las empleó en la guerra invisible que lleva a cabo en Yemen contra presuntos miembros de redes extremistas islámicas, según denunciaban las organizaciones presentes en la Conferencia. Este año, sólo Tailandia y Libia las han utilizado, en lo que los organizadores del encuentro ven un índice de cierto éxito.

«Legalmente no hay mecanismos legales que nos permitan evitar que un país use este tipo de armas», explica a Periodismo Humano Bonnie Docherty, investigadora de Human Rights Watch, poco antes de su intervención ante los participantes. Eso, pese a ser consideradas una violación de la Convención de Ginebra al tratarse de armamento indiscriminado. «Precisamente esa impunidad, sobre todo tras el caso de los bombardeos de Israel en el Líbano, impulsa la Convención [sobre las bombas de racimo] porque aumenta la estigmatización de quien las usa y por tanto la presión política de sus aliados», asegura. Para Docherty, signo de esa esperanza es que Estados Unidos -con la excepción de Yemen- no las ha vuelto a usar desde que las empleara en sus invasiones de  Afganistán, en 2002, e Irak en 2003.

Branislav participa desde 2007 en todas las conferencias y encuentros sobre bombas de racimo que se convocan. El portavoz local de CMC en Serbia recorre el mundo manejando su silla de ruedas motorizada con un muñón y hablando con la autoridad que le confieren sus cuatro miembros amputados. «Las bombas de racimo son una de las armas más horribles que existen por su alta incidencia en civiles y niños. Entre los militares apenas se encuentran víctimas», recuerda en el hall del Hotel Phoenicia de Beirut, en un receso de la conferencia. Suele decirse que las minas suelen provocar tres bajas temporales: la víctima en sí más las dos personas que requiere su evacuación. De ahí su eficacia a bajo coste, por no hablar de su longevidad. De ahí la necesidad de un compromiso firme que las erradique.

Son muchas las muletas y sillas de ruedas que podían verse en los pasillos de la conferencia. Jesús Martínez, salvadoreño, quedó amputado por una mina antipersona cuando sólo tenía 17 años: sus dos piernas volaron ante sus ojos. «En ningún momento perdí el conocimiento. Iba caminando, me paré en algo que no pude ver y la explosión me lanzó hacia arriba. Cuando aterricé estaba rodeado de trozos de carne, en medio del humo, de la sangre. Me miré y entendí que eran los restos de mis piernas». Aquel joven nunca había oído hablar de las minas -«a pesar de la guerra civil, de que todos los bandos las usaban, no había campañas de concienciación ciudadana», lamenta- y quiso morir. Años de rehabilitación después, decidió dedicar su vida a ayudar a otras víctimas y fundó la Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador, que preside. Y en su cruzada particular las bombas de racimo son un objetivo prioritario. «Hay que demostrar a los Estados que esas armas no sirven a la defensa de un país porque las consecuencias en la población civil les obliga a asumir responsabilidades con las víctimas», explica.

Jesús Martínez, responsable de la Red de Supervivientes de El Salvador, durante la Conferencia. (Mónica G. Prieto)

Maia Buchukuri, responsable del CMC y ICBL en Georgia, recuerda cómo en el conflicto que asoló esta república ex soviética en agosto de 1998 ambos bandos usaron esta munición. «El Ejército ruso bombardeó sectores civiles con ella, y el Ejército georgiano las lanzaba para frenar el avance de los rusos. El precio ahora lo pagamos los civiles. Al menos 800 personas han resultado afectadas por las bombas de racimo», explica la activista en un receso de la conferencia.

«Oficialmente las submuniciones han sido eliminadas, pero aún se siguen encontrando algunas en jardines privados. Afortunadamente la gente está muy concienciada y eso minimiza las víctimas». Sus políticos no lo están: según Buchukuri, Tiblisi no está dispuesto a suscribir el tratado «con el argumento de que el conflicto no ha acabado aún y eso afectaría a su capacidad defensiva. Pero lo cierto es que en 1998 las usó para ganar tiempo y los afectados terminamos siendo nosotros mismos».

Maia evoca cómo antes del ataque ruso ya escuchaban hablar del uso de bombas de racimo por parte de Moscú en Chechenia y antes en Afganistán. La república asiática, epicentro de guerras civiles e invasiones militares desde los años 70, es uno de los 10 países del mundo con más minas en su terreno. Por eso es especialmente remarcable para los organizadores del encuentro de Beirut que Kabul haya firmado y ratificado en estos días la Convención, lo que obliga -al menos en teoría- a desminar las zonas contaminadas y a invertir en la recuperación de las víctimas.

Falta más implicación. Por ejemplo, el compromiso de los países firmantes para no participar en maniobras militares con Estados que sigan usando bombas de racimo, que sin duda resultaría una presión aún mayor para sus usuarios. También se intenta que los países firmantes lleven el Tratado a sus legislaciones nacionales -de carácter siempre vinculante- aunque sólo 14, entre ellos España, lo ha hecho. Nueve estados están en proceso de adopción de normas al respecto, y otros 14 están redactando leyes nacionales sobre estas municiones. A la Conferencia acudieron, en calidad de observadores, representantes de 40 países que aún no se han sumado a la Convención: delegados de países como Malasia, Gabón, Tayikistán o Sudán del Sur que mostraron su interés por adherirse a la misma, en lo que supone otro factor de esperanza. Como rezaba la Declaración de Beirut con la que se puso fin a cinco días de reflexiones, «juntos, estamos obligados a hacer más mientras haya gente en riesgo para lograr nuestro objetivo común: un mundo libre de municiones de bombas de racimo«.