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Economía

Activistas tratados como terroristas

La dictadura de Arabia Saudí agrava la persecución de reformistas y defensores de Derechos Humanos acusándoles de desestabilizar el reino

Las protestas sociales, en especial en la región de Qatif, siguen movilizando a cientos, sino miles, de saudíes

Los activistas temen que el proyecto de ley antiterrorista, denunciado por ONG internacionales, se aplique permitiendo el arresto de disidentes bajo cargos de terrorismo

Un coche con banderas nacionales y fotos del rey Abdullah y del príncipe heredero, Sultan, en Riad./Hassan Ammar/AP

La suya era una sentencia esperada, aunque fuera injusta. El 16 de abril Mohamed Saleh al Bajadi, cofundador de la Asociación para los Derechos Políticos y Civiles de Arabia Saudí (ACPRA, lo más parecido a una ONG independiente que existe en el reino wahabi), fue condenado por un tribunal anti-terrorista a cuatro años de prisión seguidos de una prohibición de viajar de cinco años. Al juicio, que se celebró en secreto, no asistieron familiares del reo ni tampoco su representante legal, pero en la sala sí se encontraban oficiales de uniforme que daban al procedimiento un aire inequívoco de corte marcial.

Detenido el 21 de marzo de 2011 tras una protesta pacífica, Al Bajadi, que mantenía una huelga de hambre en protesta por su arresto sin cargos, se convertía así en el último y más prominente activista condenado por el Tribunal Especial Criminal, instaurado para juzgar delitos de terrorismo y relacionados con la Seguridad nacional y compuesto por jueces designados a dedo por el régimen. Eso, pese a que sus crímenes poco tienen que ver con la seguridad del reino: fue condenado por “poseer libros prohibidos, cuestionar la independencia de la Justicia, dañar la imagen del Estado mediante los medios y convocar a familiares de detenidos políticos a protestar”.

La condena de Al Bajadi ha suscitado críticas internacionales y el temor generalizado a que la caza de reformistas se agrave. “Ese tribunal fue establecido hace un par de años para juzgar a detenidos acusados de pertenecer a Al Qaeda. Nadie sabe demasiado sobre él o sobre las leyes que lo sustentan. Recientemente, presos civiles, muchos de ellos relacionados con protestas, han sido y están siendo juzgados por este tribunal especial. Al Bajadi fue jugado por esa corte, y parte de los cargos son participar en el establecimiento de una organización para los Derechos Humanos y animar a familiares de presos políticos a manifestarse en apoyo de los suyos”, explica Sadek al Ramadan, fundador del Centro saudí para los Derechos Humanos Adala, que nunca recibió la autorización del régimen para trabajar en su territorio, mediante un intercambio de correos electrónicos. La ACPRA, que tampoco fue autorizada, es la única organización que vela por los presos de conciencia saudíes y sufre por ello las presiones del régimen.

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“Este tipo de tribunales dependen del Ministerio del Interior”, explica por su parte el abogado saudí Saleh al Amer, en conversación telefónica. “No han sido utilizados durante algún tiempo, e incluso se creó una tendencia de juicios públicos en 2010 y 2011 con presencia de abogados e incluso de medios de comunicación. Pero en el caso de Bajadi es especial porque se volvió a la tendencia anterior. Su juicio supone una violación de varias leyes saudíes, dado que es el Tribunal Superior de Justicia el que debe nombrar los jueces y tribunales. El hecho de que el Ministerio del Interior se arrogue esas competencias es ilegal. Pero sería todo un desafío plantearlo así ante los tribunales saudíes”.

El caso de Al Bajadi es un ejemplo del caprichoso uso que se hace de la Justicia en Arabia Saudí, donde la Sharia o Ley Islámica es la única fuente de jurisprudencia, los delitos dependen de la interpretación y a menudo de la imaginación de sus jueces y donde la separación de poderes es una quimera. También es un índice de la persecución oficial contra activistas de Derechos Humanos mediante tribunales anti-terrorismo, como destaca el investigador de Human Rights Watch Christophe Wilcke.

“Desde principios de 2011, estos tribunales juzgan y condenan a gente que critica la política del Gobierno y las instituciones religiosas o a aquellos que piden más respeto por el Estado de Derecho. En abril, condenaron a dos personas a prisión por activismo pacífico. Y el juicio de otros cuatro está en proceso por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, escribía en su informe de HRW. “Yusuf al Ahmad, un académico religioso, ha sido sentenciado a cinco años por un video donde criticaba la detención sin cargos y los juicios de sospechosos”. El profesor Khalid al Juhani fue condenado por “distorsionar la reputación del reino” tras una aparición en la BBC en la que hablaba de democracia; el líder tribal Mikhlif al Shammari lo fue por “retirar su obediencia al líder” tras expresarse de forma crítica contra la corrupción y el extremismo religioso; el activista Fhadil al Manasif por pedir la liberación de “dos ancianos tomados como rehenes por las fuerzas de Seguridad para que entregasen a sus dos hijos buscados”…

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“La situación de los defensores de Derechos Humanos saudíes siempre fue muy dura, pero en el último año está peor que nunca”, explica el joven Walid abu AlKhair, abogado, activista y fundador del grupo Facebook Monitor of Human Rights in Saudi (más de 5.500 seguidores) por teléfono desde su país natal. “Por poner un ejemplo, en el último mes una decena de activistas se han visto privados de su derecho a viajar. La diferencia es que ahora los activistas son más valientes y hablan alto, siguiento el ejemplo de nuestros colegas árabes, y algunos buscan cambios en Arabia Saudí. Y las autoridades usan la Sharia para perseguirnos”.

El 24 de mayo, Fowzan al Harbi, defensor de los Derechos Humanos y miembro de la ACPRA, era detenido en el aeropuerto de Riad cuando se disponía a viajar a Ginebra para participar en un encuentro internacional. Le impidieron tomar el avión. El 10 de abril, el mencionado Mikhlif al Shammari era interceptado cuando se dirigía a Bahréin. Las autoridades le prohibieron viajar durante los próximos 10 años. Días antes, lo mismo le había ocurrido al propio AlKhair, conocido defensor de los Derechos Humanos, a quien se le comunicó la decisión por teléfono y además se le acusó de “falta de respeto a la Justicia” y de contactar con organizaciones extranjeras. Su caso irá a los tribunales en agosto, y su pena podría oscilar entre los seis y los 12 meses de prisión.

En Arabia Saudí, la primavera árabe también sabe a represión aunque ello no sea una novedad en la dictadura más conservadora del mundo, a quien se presume el servicio de Inteligencia (muhabarat) más eficaz y temible del mundo árabe. La dinastía en el poder actuó con premura en las primeras semanas de levantamientos regionales con medidas populistas que rayaban el chantaje: una subida del 15% en los sueldos de los funcionarios, un importante aumento del presupuesto para la sanidad y otro para la ayuda a la vivienda. Pero la corrupción, el nepotismo, el caso de los presos políticos y las desigualdades sociales animaron las primeras acciones, impensables meses atrás en el reino, donde cualquier tipo de protesta está terminantemente prohibida. En el país con más petróleo de todo el mundo árabe, el desempleo roza el 20%, y las libertades fundamentales son una quimera, en especial en lo referido a las mujeres, que necesitan el permiso de un varón de su familia para cualquier actividad que pretendan realizar en sociedad. En la penúltima polémica, el Comité Olímpico Internacional ha congelado la participación del reino wahabi salvo que autorice la participación de sus mujeres deportistas. La pena de muerte se aplica de forma habitual, y las sentencias basadas en las tradiciones y justificadas por la religión desafían, en muchas ocasiones, la lógica.

Protesta chií en Qatif por la liberación de presos políticos. / AP

A medida que crecía la insurrección regional, el régimen wahabi optó por combinar la zanahoria económica (de un total de 130.000 millones de dólares) con palos de diferente forma, desde decretos religiosos prohibiendo las manifestaciones hasta la modificación de un controvertido borrador de ley que suscitó amplias críticas. En julio de 2011 Amnistía filtraba el proyecto de ley anti-terrorista que estaba diseñando el régimen saudí, donde la tipificación del delito de terrorismo era tan amplia que incluía prácticamente cualquier acción que molestase a las autoridades. “El borrador supone una seria amenaza a la libertad de expresión del reino en nombre de la prevención del terrorismo”, estimaba Philip Luther, responsable para Oriente Próximo de Amnistía. “Si es aprobado, despejará el camino para que los más insignificantes actos de disidencia pacífica sean tachados de terrorismo y para masivas violaciones de los Derechos Humanos”. “El proyecto de ley antiterrorista intenta amparar como legales las prácticas ilegales del Ministerio del Interior saudí”, valoraba por su parte Wilcke.

El abogado Al Amer estima que “el proyecto de ley prohibe completamente cualquier tipo de protesta por cualquier tipo de cosa, ya esté relacionada con el terrorismo o no. Irónicamente, cualquier protesta a favor del Gobierno estaría prohibida según esa ley. Tiene un impacto enorme en la libertad de expresión. Otro aspecto que da miedo es que se eliminan todas las garantías civiles que se ponían a disposición hasta ahora del acusado, de forma que una persona puede ser encarcelada y sometida a incomunicación, sin representación legal, por un periodo indefinido y sin ningún tipo de garantías”. “La definición de terrorismo es extremadamente vaga, puede ser utilizada de múltiples formas para incluir actividades que no tienen nada que ver con el terrorismo”, prosigue el legalista saudí.

Lo que más inquieta a los activistas consultados es el momento elegido para reformar la ley. “La idea surgió en 2006, y el proyecto de ley, que aún no ha sido ratificado por el rey así que no está en vigor, lleva desde entonces ahí, mucho antes de las primaveras árabes, pero hay ciertos elementos que responden a la primavera árabe, en especial en lo que respecta a la libertad de expresión. Incluso se persigue el hecho de expresar ideas en público que no sean aprobadas… En la definición de terrorismo, según el proyecto de ley, amenazar la unidad nacional es un crimen, lo cual es algo extremadamente vago. También lo es acusar a los dirigentes, cuestionar al rey o al príncipe heredero: básicamente puede ser una herramienta para inmunizarse contra cualquier tipo de crítica y aniquilarla con un disfraz de legalidad”, concluye Al Amer.

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En concreto, el proyecto de ley considera crimen terrorista acciones como “describir al rey o al príncipe heredero como infieles, dudar de su integridad, difamar su honestidad, romper el juramento de lealtad [hacia él] o incitar cualquiera de esos actos”. “Si la ley es aprobada en estos momentos, no habrá otra explicación posible que el hecho de que sea un serio intento para controlar y limitar los movimientos de los que piden reformas en el país”, indica Al Ramadan.  El escándalo suscitado por el borrador fue tal que el régimen se vio obligado a revisarlo. “Han sido cancelados muchos artículos del proyecto de ley, al menos una decena, pero sigue permitiendo que el Ministerio del Interior use la ley para perseguir a los activistas por los Derechos Humanos”, prosigue el abogado y activista AlKhair. “La ley ha sido revisada, desde mi punto de vista, de una forma objetiva por muchos partidos y organizaciones, algunos internacionales y otros regionales o locales. Coincido con la mayoría de los análisis de que esta nueva ley limitará hasta un punto inquietante el grado ya de por sí muy bajo de libertad que disfrutamos comparado con la media internacional”.

Si bien en el reino de los Saud no existen las estadísticas oficiales, se estima que hay entre 9.000 y 30.000 presos políticos en Arabia Saudí que no gozan de ninguna garantía jurídica. No hay cargos oficiales contra ellos, tampoco han sido enjuiciados. “Aparentemente, los disidentes políticos pacifistas son tratados igual que los terroristas o traidores”,  escribía la activista saudí Hala al Dosari en este artículo publicado en Al Jazeera. Los familiares de estos presos, pese a la prohibición expresa de protestas, suelen manifestarse ante el Ministerio del Interior -llevado hasta su muerte, el pasado sábado, por el conservador príncipe heredero Nayaf, firme defensor de la línea dura religiosa y considerado por la diplomacia norteamericana un “autoritario de corazón” según las filtraciones de WikiLeaks-   exigiendo noticias de los suyos: en algunos casos llevan 15 años en prisión sin cargos. En ocasiones, incluso algunas mujeres han sido arrestadas violando así las tradiciones ultraconservadoras del reino y generando aún mayor malestar entre la población, consciente de que engrosar la lista de presos de conciencia es cuestión de mala suerte.

La partida presupuestaria extraordinaria destinada a comprar la satisfacción social no podía ocultar el malestar de parte de la población del reino más opresor en lo que se refiere a libertades. Un hombre de 65 años se inmoló a finales de enero en la región de Jizan, al oeste del país, dando paso a pequeñas pero representativas protestas en buena parte del reino que no han tardado en reproducirse en todos los ámbitos. Las marchas más numerosas se produjeron –y se siguen produciendo- en la región de Qatif, donde habita la minoría chií del país (entre el 10 y el 15% de la población, que denuncia discriminación por parte del régimen respecto a la mayoría suní), y son violentamente disueltas por las fuerzas de Seguridad. Varios policías han sido dados por muertos en las agencias estatales, si bien es imposible confirmar esos datos, mientras que ocho manifestantes han sido abatidos por los agentes, según activistas consultados.

Un joven, herido en una de las protestas de la región de Qatif. (Monitor for Human Rights in Saudi)

Cada muerte, como ha ocurrido en otros escenarios de revueltas sociales, intensificó las protestas: donde al principio se pedía el final de la discriminación religiosa ahora se piden reformas democráticas. Se trata de una noticia ausente en los medios, tanto internacionales –no en vano Arabia Saudí, rico en petróleo, considerado valedor de los suníes musulmanes  y aliado fundamental de los países occidentales en Oriente Próximo- como, obviamente, los nacionales. El hecho de que las manifestaciones sean aisladas implica que no hay ninguna cobertura de los medios. No creo que se estén extinguiendo, la cuestión es más bien que la gente dentro del país no está al tanto de ellas”, explica el abogado Saleh al Amer. “El Gobierno juega muy bien a la carta sectaria en Arabia Saudí, despertando simpatías entre los suníes que escuchan los rumores promovidos por el Ejecutivo de que son protestas motivadas por la agenda iraní, algo que es absolutamente falso. Al principio, todo el mundo participaba. Ahora, dadas las muertes, es más bien la nueva generación la que protesta, y pide el final de toda discriminación contra la minoría chií, más derechos religiosos y la liberación de los presos políticos. Tras producirse ocho muertes entre los manifestantes, ahora sus demandas están aumentando y piden justicia”.

El activista saudi Sadik al Ramadan coincide en la valoración del abogado. “Se han producido decenas de marchas en Qatif. Algunas han contado con miles de personas, en especial los funerales de los asesinados, y en otras han participado cientos. Ninguna de las marchas que conozco han hecho ningún llamamiento de naturaleza sectaria. Todas piden igualdad, reformas y algunas apoyan al movimiento [revolucionario] de Bahréin. Las autoridades insisten en vincular esas protestas a Irán y los medios oficiales en Arabia Saudí apoyan esa dirección”.

Con la generalización del uso de Internet y las redes sociales, sin embargo, es difícil que cale el discurso oficialista de la dictadura wahabi. “La primavera árabe ha permitido que los saudíes se animen a buscar cambios. De ahí desafíos como el de las mujeres que lanzaron una campaña de conducción [para provocar un cambio en la tradición local que se lo impide], una de cuyas promotoras fue mi esposa, Samar Badawi [otra de las representantes de la campaña es Manal al Sharif, autora de un vibrante discurso sobre la situación de los Derechos Humanos en Arabia Saudí en el Foro de las Libertades de Oslo]. A raiz de esos hechos y de mi actividad como defensor de los Derechos Humanos, las autoridades nos investigan y pretenden que nos separemos”, denuncia Walid Abu AlKhair.

Manifestación nocturna en Qatif, Arabia Saudí. En la pancarta en árabe puede leerse "Libertad, libertad". / AP

“La primavera árabe está animando a la gente a actuar, no hay más que ver la actividad saudí en Twitter, un lugar de libertad donde se hablar de casi todo menos de Arabia Saudí, porque somos conscientes de que lo están vigilando y a la gente le da miedo. También ha animado a muchos a convertirse en vocales de los Derechos Humanos, en este último año han aparecido muchos activistas que están siendo arrestados por ello”, prosigue AlKhair.

Al contrario de lo que pueda parecer, esa nueva generación de saudíes inquietos y preocupados por sus derechos y libertades no pretende acabar con la dictadura totalitaria que rige el reino. “No estoy seguro de que haya un creciente desapego de la sociedad hacia la familia real, pero sí hay una crítica creciente hacia la familia real, en especial hacia la riqueza de algunos miembros de la familia real. El rey es bastante popular, la gente le sigue viendo como un símbolo nacional. La insatisfacción saudí no está dirigida contra los Saud, sino contra la corrupción y el sistema en general”, explica Saleh al Amer. “Hay cierto nivel de libertad en Twitter, lo que les permite expresarse de una forma impensable a cualquier otro nivel”, prosigue el abogado. “Pienso que una nueva generación pide más reformas civiles y Derechos Humanos, es algo evidente que se desprende de lo que se escribe en la red”, coincide Al Ramadan. Pero no veo mucho resentimiento contra el régimen o la familia real”.

4 comentarios

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  2. [...] "CRITEO-300×250", 300, 250); 1 meneos Activistas saudís tratados como terroristas periodismohumano.com/sociedad/activistas-tratados-como-te…  por DexterMorgan hace [...]

  3. [...] “Desde noviembre de 2011, alrededor de una docena de hombres han muerto y varios más han resultado heridos por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad durante las protestas en la Provincia Oriental o en relación con ellas. Las autoridades saudíes han afirmado que las muertes y heridas se produjeron durante enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y personas que habían usado armas de fuego o cócteles molotov, pero suscita preocupación el hecho de que las fuerzas de seguridad usaran, al menos en algunos casos, la fuerza excesiva —y medios letales— contra manifestantes desarmados”, da a conocer Periodismo Humano. [...]

  4. [...] está cansada del régimen, pero pone sus intereses están en peligro con su inacción. En Kuwait o Arabia Saudí ya hay manifestaciones diarias. Mantener vivo el levantamiento en Bahréin encenderá la mecha de todo Oriente Próximo”, [...]

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