Sociedad

Detenidos 32 miembros del 15M de Ciudad Juárez por pegar cruces

La Policía Municipal de Ciudad Juárez ya ha puesto en libertad sin cargo a los 32 manifestantes que fueron detenidos por protestar del Día de todos los Santos contra la violencia y en recuerdo de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.

La alcaldía ha impuesto una política de criminalización de la protesta y de la pobreza para limpiar la imagen de la ciudad

Dos policía arrestan a una manifestante en Ciudad Juárez (Nayeli González)

Estos mismos policías que ahora nos arrestan no son capaces de detener a los criminales, ustedes lo han visto. Este es el gobierno de México, que lo sepa todo el mundo”, gritaba Gero Fong mientras la Policía Municipal de Ciudad Juárez se lo llevaba. Es uno de los 32 de los llamados ‘Indignadxs de Juárez’ detenidos el primero de noviembre en esta urbe fronteriza, cuando se manifestaban contra la violencia. Con motivo de la celebración del Día de Muertos, una cincuentena de personas salieron a las principales avenidas de la ciudad a pegar y pintar 9.000 cruces, una por cada uno de los juarenses muertos desde que en 2007, el presidente mexicano Felipe Calderón emprendiese su ‘guerra contra el narco’.

Sin embargo, uno de ellos pintó una cruz en una sucursal bancaria y eso detonó la acción policial. Un grupo de agentes municipales, cargaron y detuvieron a los manifestantes y aquellos que se acercaran, entre ellas dos mujeres que circulaban por la avenida.

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En la noche, después de varias horas de las primeras detenciones, un nuevo grupo de ciudadanos se reunieron a las puertas de la Fiscalía Municipal para exigir que liberasen a sus compañeros. La policía respondió a la protesta pacífica con más golpes y detenciones. Esta vez incluso golpearon y detuvieron a dos periodistas: Christian Torres, el fotógrafo del principal periódico de Juárez, El Diario, y Ramiro Escobar, de la emisora Radionet, quien fue detenido por defender a Torres.

“Me golpearon contra el piso, estampando mi cara contra el pavimento, en varias ocasiones. También me dieron con las cachas de las armas de fuego, me patalearon en la cabeza y la espalda, me quebraron los lentes. Tengo un labio reventado por dentro, a patadas, y me duele la espalda y la cabeza”, declaró Torres a El Diario. Ambos reporteros fueron detenidos durante unas horas y después liberados. Pero el resto de ciudadanos no corrieron la misma suerte. Al cierre de esta edición, eran presentados ante la fiscalía 32 personas detenidas, entre ellos dos menores de edad y diez estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se les imputan cargos por lesiones, daños y delitos contra la salud (tal y como llaman legalmente a la tenencia o tráfico de drogas).

Manifestantes pintan a sus compañeros detenidos ( Jesús Robles Maloof )

Estábamos pidiendo que no sucedan tantos asesinatos y que haya una memoria colectiva, precisamente para que pare todo esta violencia. Y resulta que quien nos tiene que proteger de ello nos agrede”, resume consternada Betty, una de las juarenses que acudió a la manifestación. Esta psicóloga social asegura que el gobierno de Juárez “pretende decir que aquí ya no están pasando cosas, y no es que hayan dejado de pasar sino que han dejado de documentarlo”.  Una injusticia que pretende “criminalizar la protesta social”, pues según ha podido saber Betty, el delito contra la salud se le imputa a Gero Fong, uno de los luchadores sociales más activos de la ciudad, por traer presuntamente una dosis de marihuana. Fong, Betty, y otro de los detenidos, Julián Álvarez, militan en el Frente Plural Ciudadano, una de las organizaciones más críticas en la ciudad con la estrategia gubernamental de combate militar al narcotráfico.

Pero aún así, no se rinden. “Ahora lo que nos urge es saber el estado legal y físico de nuestros compañeros, que puedan recibir atención médica. Pero vamos a continuar visibilizando lo que sucede en Juárez, ésta es solo una más de las injusticias”, concluye Betty.

Protesta por la liberación de los detenidos en Juárez (Jesús Robles Maloof)

Pero la criminalización de los movimientos sociales no es un hecho aislado en Juárez. Hace justamente dos semanas dos menores de edad, voluntarios de la campaña infantil, ‘Escúchame, invierte en mi’ que promueve la Red por la Infancia, fueron detenidos en plena calle. Y dos días después, la misma policía municipal detuvo a otros 15 adolescentes, promotores de dicha campaña que regresaban de trabajar con niños y niñas de un barrio humilde. Los jóvenes, estudiantes y menores de edad, viajaban en un autobús de la organización cuando fueron detenidos por la policía, hostigados y trasladados unas horas a un calabozo.

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Estas situaciones se han empezado a dar después que el pasado 15 de octubre la Policía Federal, ampliamente acusados de corrupción y abuso de poder, dejase el mando de Ciudad Juárez a la Policía Municipal.

En esa ocasión, Lourdes Almada, secretaria ejecutiva de la Red por la Infancia, ya aseguró que “los adolescentes y jóvenes de esta ciudad son constantemente criminalizados por las autoridades policíacas y esto solo contribuye a que la comunidad pierda la confianza en las instituciones que se supone están para proteger a los ciudadanos”.

Las actuaciones de la policía municipal responden a las declaraciones públicas del alcalde de Juárez, Héctor Murguía, quien para limpiar la imagen de la ciudad ordenó a la policía detener a todo aquel que parezca “malandro”. Algo totalmente arbitrario y que atenta contra el derecho de libre tránsito. Para el visitador de la Comisión estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, esta estrategia, es “la versión en español de la Ley Arizona”.  Y asegura que, desde el 15 de octubre que se dio la orden, ya hay cientos de detenidos arbitrariamente, y cuenta como hace unos días detuvieron a unos chavales que jugaban futbol en la calle. “Evidentemente esos muchachos no traían ropa nueva o de marca, porque en Juárez hay 100 mil personas que han perdido su empleo en los últimos diez años”, señala.

Carteles contra las detenciones (Jesús Robles Maloof)

De la Rosa además acusa directamente al jefe de la Policía Municipal, Julián Leyzaola. “Es muy grave lo que está haciendo ya interpusimos varias quejas contra él”.  De hecho, la policía no permitió el acceso de los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos a los detenidos en las movilizaciones del martes hasta 20 horas después y cuando pudieron acceder descubrieron huellas de tortura en algunos de ellos. Periodismo Humano ha intentado comunicarse con la Policía para escuchar su versión y conocer el avance de los procesos, pero ésta no está atendiendo las llamadas.

Cabe recordar que el teniente coronel Leyzaola llegó a Ciudad Juárez después de volverse muy controvertido en Tijuana, donde ostentaba el mismo cargo y redujo las tasas de criminalidad con la aplicación de métodos muy cuestionables y a través de violaciones constantes a los derechos humanos. De hecho, aún tiene cinco denuncias abiertas en su contra por vulneraciones a derechos de detenidos.

A propósito de su traslado de Tijuana a Juárez, Raúl Ramírez, el exombudsman, defensor de los derechos de la ciudadanía, de la primera entidad, subrayaba en un artículo para la revista Contralínea, que Leyzaola “representa fielmente una política de Estado y una visión oficial sobre la seguridad pública que ignora olímpicamente los derechos humanos y la responsabilidad del Estado como garante”.

Los detenidos han sido puestos en libertad sin cargos, después de que Amnistía Internacional y otras organizaciones manifestaran “preocupación” por la detención de los manifestantes y de que el caso cobrará protagonismo en las redes sociales, en Twitter bajo el hashtag #indignadosjuarez.