Cuando alguien es asesinada por su orientación sexual y/o su identidad de género estamos frente a un crimen de odio. América Latina y España no se libran de la existencia de este tipo de crímenes, algo que además se ve influenciado por una visión cultural y religiosa profundamente machista.

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Ciudad Juárez, uno de los epicentros de la guerra narco. Al fondo se divisan las luces de El Paso, la vecina ciudad estadounidense

La inacción gubernamental en este sector habilita a que las organizaciones delictivas mexicanas y extranjeras prosigan con actividades como el tráfico de drogas y de personas, la extorsión y el contrabando, señalan expertos.

“Por un lado, se han vuelto más poderosos, porque no se les han tocado los patrimonios, y por otro, se han diversificado, han colocado capitales en varios sectores, para diversificar riesgos y obtener mayores retornos”, dijo Buscaglia, presidente del no gubernamentalInstituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, en entrevista con IPS.

Este doctor en economía y con un posdoctorado en jurisprudencia y política social estudió 22 negocios clandestinos, como el tráfico de drogas y de indocumentados, la trata de personas, el contrabando, el secuestro y la extorsión, y concluyó que el comercio ilegal de sustancias psicoactivas ha disminuido en los últimos años.

Desde 2006, las autoridades mexicanas se incautaron de casi 1.000 millones de dólares en efectivo, una cifra minúscula si se coteja con los montos estimados por consultoras y organizaciones internacionales.

El informe “México: Flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía informal”, publicado en enero, concluye que esos movimientos, producto de corrupción, sobornos, actividades criminales y esfuerzos por ocultar riqueza, sumaron 5,2 por ciento del producto interno bruto mexicano entre 1970 y 2010.

El documento elaborado por Global Financial Integrity (GIF), un programa del estadounidense Center for International Policy que promueve mejores controles sobre los capitales ilegales, indica que en la década de 1970 el monto anual de dineros ilícitos salidos de México era de 3.000 millones de dólares. En los años 80 trepó a 10.400 millones de dólares y en la década de 1990 a 17.400 millones. A partir de 2000, se fueron del país unos 49.600 millones de dólares por año en esos flujos ilegales. Mientras, la consultora estadounidense Stratfor cifra en 40.000 millones de dólares anuales la cantidad proveniente de las drogas que ingresa a la economía de este país.

“Cuantas más esperanzas se suelen poner en las medidas sobre el blanqueo (lavado) es porque menos éxito se está teniendo en la lucha contra las drogas”, dijo a IPS el académico Carlos Resa, de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha estudiado el narcotráfico en México desde la década pasada.

La política antidrogas del presidente conservador Felipe Calderón privilegia el uso de la fuerzasobre otras medidas, como el desmantelamiento de los soportes financieros, clave para debilitar el poder corruptor de las mafias, según los expertos.

Apenas fue investido en diciembre de 2006, Calderón dispuso el despliegue de miles de soldados y policías para enfrentar a las organizaciones narcotraficantes. En esa guerra han muerto más de 50.000 personas, según recuentos periodísticos. Desde 2007 la Procuraduría (fiscalía) General de la República abrió 1.376 investigaciones por lavado de activos, pero solo consiguió 79 sentencias.

México es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que reúne a todos los países industriales, y del Grupo de los 20 estados ricos y emergentes, dos ámbitos que promueven la transparencia fiscal y financiera y la lucha contra el lavado de activos. Pero nunca ha sido penalizado.

México también integra el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental dedicado a combatir delitos económicos, fiscales y transfronterizos, que tiene 40 recomendaciones sobre lavado de dinero y nueve sobre financiamiento al terrorismo. El país cumple solo unas pocas, pero el GAFI no lo ha colocado en ninguna de sus listas grises. Y en un informe de 2008 sostuvo que realiza esfuerzos sin precedentes para combatir estos delitos.

El lavado está tipificado en México como delito y penado con entre tres y nueve años de prisión. Pero no hay una legislación específica. Por eso el gobierno presentó un proyecto de ley que endurece los controles sobre compras de inmuebles, vehículos, joyas y operaciones en efectivo, estableciendo topes, crea una unidad específica antilavado en la PGR y penaliza el fomento del lavado, el uso de testaferros y de documentos falsos para encubrir una entidad. También endurece las penas al encubrimiento y crea la figura del decomiso equivalente para aplicar cuando desaparecen los bienes obtenidos con fondos ilícitos. Sin embargo, el proyecto no pudo aprobarse en esta legislatura.

La Secretaría (ministerio) de Seguridad Pública Federal estima que hay en este país siete carteles que se disputan la distribución de drogas hacia Estados Unidos, el principal mercado, en tanto operan aquí 17 bandas internacionales.

No hay cifras fiables de producción de drogas. El informe de 2011 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE), indicó que la confiscación de cargamentos de marihuana aumentó, pero disminuyó la de cocaína, que proviene sobre todo de Colombia. La incautación de marihuana creció de 2.109 toneladas en 2009 a más de 2.248 en 2010, en tanto que la de cocaína cayó de 21,4 toneladas en 2009 a 9,4 toneladas el año siguiente.

Según Resa, nadie supervisa si esas cifras son reales. “Hay muchas posibles causas de ese aumento, entre otras una notoria falta de escrutinio público sobre esos decomisos de marihuana”, dijo. ”La disminución de los decomisos de cocaína puede significar que existe un menor tránsito, que las autoridades son más incompetentes o que los transportistas de drogas son cada vez más habilidosos”, acotó el español.

De los 712 laboratorios desmantelados desde 2007, 592 estaban en la costa del océano Pacífico, un corredor estratégico para el movimiento de metanfetaminas hacia el mercado estadounidense.

Esas drogas se elaboraban en el propio Estados Unidos, hasta que una ley de 2005 obstaculizó la obtención de precursores químicos como la efedrina. A partir de entonces, México se convirtió en la fábrica de esas sustancias, con materia prima proveniente de países como China e India.

Según la JIFE, en 2009 apenas se erradicaron 14 hectáreas de cultivos de adormidera (amapola), de la que se obtiene opio y heroína, y los decomisos de esta última droga cayeron de 450 kilogramos en 2005 a 369 kilos en 2010.

“Los tres países de origen para la materia prima de la heroína que se consumió en América del Norte en 2009 continuaron siendo Afganistán, Colombia y México”, dijo la JIFE. Este país latinoamericano aporta nueve por ciento de la producción mundial de esa droga.

La producción de marihuana (cannabis) y adormidera se concentran en los estados del norte y el oeste de México. En esas regiones, la economía de aldeas paupérrimas gira en torno de esos cultivos, en los que laboran familias campesinas enteras, incluso los niños, describe en su libro “Los señores del narco” la periodista Anabel Hernández.

Esa es una porción de la economía real, pero informal, del narcotráfico. ”Nadie cubre la economía real, los edificios, bodegas, camionetas, sistemas de distribución tangibles”, dijo Buscaglia.  ”Hay un vacío institucional… Cada estado debería tener una unidad de investigación patrimonial. El lavado es solo un pedacito. La parte real es identificar quién es el dueño de tal fábrica y si tiene alianzas con grupos ilegales”, insistió.

“La parte financiera y económica no se está abordando, porque cuando se empieza a tocar, empresas legales que financian campañas de todos los partidos se protegen”, dijo. “Si se desmantela, les pega a las campañas” electorales, aseguró.

De hecho, en el marco de la actual competencia para las elecciones presidenciales y legislativas de julio, el parlamento se negó a aprobar el proyecto de ley contra el lavado, que queda pendiente para la próxima legislatura.

El conflicto en esa comunidad estalló el 1 de este mes cuando agentes de seguridad privada, policía y militares reprimieron una protesta de vecinos que se oponen a la construcción del complejo hidroeléctrico Canbalam I, que generará cinco megavatios, propiedad de la firma española Hidralia. La disputa le costó la vida a un campesino, y otros dos resultaron heridos.

Como respuesta, el presidente derechista Otto Pérez Molina, declaró el estado de sitio en ese municipio y envió tropas del ejército y policías con el mandato, según declaró, de “capturar a los responsables”. Finalmente el viernes 18 levantó la medida. Hasta ahora han sido detenidos 17 líderes comunitarios, mientras centenares de pobladores salieron a las calles el martes 15 para pedir su libertad y el levantamiento del estado de sitio.

Gaspar señaló que los inversionistas, antes de iniciar un proyecto en sus territorios, deberían dialogar y considerar las opiniones de las poblaciones del lugar para evitar hechos lamentables. “Así tiene que ser”, dijo. ”Yo no estoy de acuerdo”, respondió Gaspar con expresión lacónica cuando se le preguntó si estaba a favor del funcionamiento de la hidroeléctrica Canbalam I. Aunque seguidamente matizó: “Nosotros no tenemos nada que ver con esas cosas, me da lo mismo”.

Quizás suavizó su postura por temor, debido a que el municipio está sitiado por policías y militares, como durante la guerra civil. Guatemala fue asolada por un enfrentamiento armado entre la guerrilla izquierdista y las fuerzas del Estado entre 1960 y 1996, que dejó como saldo 250.000 personas muertas y desaparecidas, en su mayoría indígenas, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Lo sucedido en Santa Cruz Barillas reflejó una realidad que en este país es causa de innumerables conflictos sociales, principalmente en el área rural: la explotación de los recursos naturales. La extracción de minerales y petróleo y la explotación de energías renovables a través de represas hidroeléctricas son fuentes de cruentos enfrentamientos entre comunitarios y fuerzas de seguridad. Pero, ¿por qué estos proyectos industriales suelen encontrar tal oposición en las comunidades?

“No hay una decisión de escuchar las demandas y necesidades de los grupos sociales que habitan en los lugares donde se están dando esas actividades económicas”, dijo a IPS el director del Instituto de Estudios Interétnicos de la estatal Universidad de San Carlos, Eduardo Sacayón. Por el contrario, hay una tendencia “del gobierno de usar la fuerza para demostrar a los grupos económicos su disposición de apoyarlos sin importarles la opinión de la mayoría de la población del país que está afectada por esta actividad”, agregó.

De hecho, el gobierno anunció oficialmente en abril la creación de un brigada militar con 500 efectivos en el municipio de San Juan Sacatepéquez, cercano a la capital guatemalteca, “para el combate contra el narcotráfico y reforzar la seguridad ciudadana”. En coincidencia, el cuartel militar funcionará en una zona con un profundo conflicto social derivado de la férrea oposición comunitaria a la instalación de una cementera.

Esta clase de conflictos se prolongan por los cuatro puntos cardinales del país. Según Zacayón, “el problema es la falta de interés por estudiar las necesidades que marcan las comunidades indígenas, particularmente, en relación al tema de la explotación de los recursos naturales”. ”Hay una lógica económica que empata muy bien con el interés empresarial pero que choca con la lógica de los pueblos indígenas, particularmente, sobre la concepción que tienen de su relación con su naturaleza que no es la misma que tiene una empresa dedicada a explotar los recursos naturales”, explicó el académico.

Mientras, la explotación de recursos naturales florece en todo el país. La minería de metales, por ejemplo, pasó de generar unos nueve millones de dólares en 2004 a 522 millones en 2010, según el Ministerio de Energía y Minas.

Sin embargo, las comunidades, sumidas en la pobreza, se quejan de que no ven beneficios, sino solo para los las grandes compañías explotadoras de recursos, sin contar el deterioro ambiental que padecen sus territorios.

Domingo Hernández, de la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, dijo  que “las firmas trasnacionales no sirven para desarrollar un país sino para saquear los recursos del Estado, mientras las poblaciones indígenas continúan en la pobreza”. Guatemala es uno de los países más pobres de América Latina: 54 por ciento de sus 14 millones de habitantes, en su mayoría indígenas, viven en condiciones de pobreza, y 13 por ciento en la indigencia, según la estatal Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2011.

“Hay más represión que diálogo, y si hay diálogo es que se quiere imponer la voluntad del otro. Necesitamos construir nuevas relaciones entre pueblo y Estado, marcadas hasta ahora por su divorcio de la sociedad”, explicó Hernández.

Los ambientalistas también han aportado su grano de arena al debate.

Yuri Melini, del no gubernamental Centro de Acción Legal Ambiental, indicó que están a favor de la creación de las hidroeléctricas como una forma de invertir la matriz energética nacional, hoy dominada por los combustibles fósiles causantes de la contaminación.

“Pero las poblaciones deben ser beneficiadas a través de modelos público-privados donde participen como accionistas mediante cooperativas”, precisó. Sin embargo, para el caso de la minería química de metales fue tajante. “Debería prohibirse en el país” debido a la conflictividad social y la contaminación ambiental que produce, apuntó el experto.

En todo caso, Melini condenó la violencia “venga de donde venga” y abogó por un diálogo “libre de radicalismos ideológicos”.

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Bandera LGBT (AP)

Desde la aprobación en julio de 2010 en Argentina de la ley de matrimonio igualitario, muchas parejas extranjeras del mismo sexo han venido haciendo consultas para viajar a Buenos Aires, no con intención de radicarse sino para legalizar el vínculo que tienen y forzar luego el reconocimiento en sus países de origen.  Pero el trámite no resultaba sencillo y hubo que modificar reglas de registro civil para adecuarlas a la nueva demanda. Primero lo hizo la oriental provincia de Santa Fe, que en marzo habilitó el matrimonio de extranjeros con sólo 96 horas de residencia en el país.

Enseguida, una pareja de homosexuales paraguayos viajó para casarse en Rosario, la ciudad más populosa de esa provincia y una de las más importantes del país. En apoyo de la unión, la intendenta, la socialista Mónica Fein, firmó como uno de los testigos del matrimonio.  La pareja casada en Rosario está integrada por Simón Cazal Fernández y Sergio López Centurión, activistas de la comunidad gay de Paraguay, quienes buscan ahora legitimar su matrimonio en su país.

Después se sumó Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina, que eliminó la obligatoriedad de residencia permanente, y más tarde la oriental provincia de Buenos Aires, hasta donde llegó para casarse este mes una pareja proveniente de Australia.

El australiano Alexander Greenwich y el alemán Víctor Hoeld viven en Sydney, donde son también militantes a favor de los derechos de las personas LGBT, y querían casarse en la ciudad de Buenos Aires, pero les exigieron un documento de identidad para extranjeros, cuyo trámite requiere de por lo menos tres meses para su expedición.

Ante esa dificultad, la pareja hizo el pedido en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde se adoptó una resolución que le permitió legalizar la unión sin que sus integrantes necesitaran documento de identidad argentino. La pareja convocó a unos 40 familiares y amigos provenientes de Australia, Alemania y Estados Unidos para celebrar la unión con una fiesta que tuvo amplia repercusión en la prensa argentina y también en la de Australia, donde el tema está en pleno debate.

Con esos antecedentes y la presión de activistas homosexuales locales, la ciudad de Buenos Aires aceptó adecuar sus normas. Ahora los extranjeros no residentes pueden casarse presentando solamente el pasaporte y el domicilio de referencia que dan al ingresar al país.

La normativa advierte a los empleados públicos que deben “facilitar los turnos” a fin de que la pareja extranjera no deba esperar más de cinco días entre el pedido y la fecha para la boda, a fin de “no frustrar el espíritu y la voluntad” de la ley.

“Si hasta ahora teníamos consultas de extranjeros todas las semanas, ahora con esta resolución de Buenos Aires nos van a llover los pedidos”, dijo a IPS el activista Alejandro Nasif Salum, de la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans.

La Federación trabajó fuertemente por la ampliación de estos derechos en Argentina, y luego también para las parejas de extranjeros, ya que se trata de un instrumento que puede ser utilizado para forzar cambios en las legislaciones nacionales.

Un informe presentado esta semana en Ginebra por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales indica que el matrimonio igualitario sólo existe en 10 países, entre ellos Argentina.

La presentación se hizo en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebra cada 17 de mayo, en conmemoración de la decisión tomada ese día de 1990 por la Organización Mundial de la Salud de eliminar la homosexualidad de su lista de trastornos o enfermedades mentales.

El informe revela también que apenas en 12 países se permite la adopción a parejas del mismo sexo, entre ellos Argentina. En cambio, hay 78 donde la homosexualidad es considerada ilegal y cinco en los que se la condena con la pena de muerte.

En Argentina, desde la aprobación de la ley en 2010, hubo más de 4.000 casamientos de personas del mismo sexo. En el resto de la región hay países donde se debaten proyectos en ese mismo sentido, y otros donde la igualdad avanza por otras vías. En Brasil, el Tribunal Supremo Federal falló a favor de reconocer que las uniones civiles de personas del mismo sexo equivalen a un matrimonio. Para llegar en este país al matrimonio igualitario habría que hacer una enmienda constitucional, justificó Nasif.

“En Uruguay (que cuenta con la unión civil de personas del mismo sexo), Bolivia, Paraguay y Chile hay proyectos de ley con más o menos consenso para el matrimonio igualitario, y en Colombia se avanzó en un reclamo ante la justicia, por eso todo el tiempo tenemos consultas de parejas que quieren venir a casarse a Argentina”, dijo.

En los pocos países donde es ley el matrimonio entre homosexuales, se exige, en general, tener residencia permanente a los extranjeros que quieran casarse. Argentina sería entonces el primer país que avanza en la eliminación de estas trabas también.

“Es muy probable que por ser Buenos Aires una ciudad tan accesible y atractiva, esta resolución traiga a muchas parejas a casarse aquí, pero no sólo parejas homosexuales sino también extranjeros heterosexuales que ahora podrán hacerlo”, sostuvo Nasif.

Justamente, en la capital argentina, las autoridades se negaban argumentando su rechazo a los tours de homosexuales que llegarían a la ciudad para casarse solamente. Hasta que entendieron que la resistencia debía ceder, contó el activista.

“¿Cuál es el problema de que se abra un mercado turístico de parejas de extranjeros que quieran venir a casarse a Buenos Aires, a Rosario o a Tierra del Fuego? Se va a abrir un mercado turístico, pero no nos parece mal”, celebró.

Un policía agarra a un fotoperiodista en Sol (José Luis Cuesta)

Policías antidisturbios se abalanzan sobre un periodista que fotografía el desalojo de Sol

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“Me rompieron las gafas y el flash”

Agresión a fotoperiodista (Pedro Armestre)

El fotoperiodista Alberto di Lolli de Associated Press es empujado por un policía (José Luis Cuesta)

Mario Valverde, fotoperiodista: “Me sacaron casi a rastras, luego daban patadas y tapaban objetivos”

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Fueron directos a por los fotoperiodistas. A mí me cogieron entre dos por la espalda y a empujones, casi a rastras, me llevaron hasta la plaza del Carmen.

Cada vez que intentaba sacar la cámara ellos intentaban ponerse en medio para que no captara imágenes de  cargas y empujones a la gente que intentaban desalojar.

Policías tapan los objetivos de los fotoperiodistas (Mario Valverde)

Ponían la mano delante de los objetivos, tengo constancia de que a algunos les golpearon las cámaras…

Los policías no dejaban de empujar y dar patadas, principalmente a los fotógrafos.

Les repetí gritando en varios ocasiones ’soy fotógrafo, soy fotógrafo, soy fotógrafo’ y cada vez tiraban más fuerte de mí, casi estaban arrastrándome, entonces empecé a gritar ‘cámaras’ porque temía por mi seguridad y la de mi equipo.

Javier Zurita, fotoperiodista:”Un policía me rompió la cámara y se ocultó tras sus compañeros”

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Los testigos no pueden reconocer a alguien que va tapado

Cámara roto de Javier Zurita en Calle Alcalá (Javier Bauluz)

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Antonio Navia, periodista, dos días en calabozo por hacer fotos y acusado de atentado a la autoridad.

Me detuvieron por sacar unas fotos cuando iba al coche para transmitirlas a la agencia

No me dejaron identificarme como prensa, se me echó encima un policía (..) y acabé esposado

Gritaba soy de prensa, dejadme tranquilo, soy de prensa(…) y ya detenido, vio mi carnet de prensa y me dijo: “mala suerte”, que se lo hubiera dicho antes.

“En Comisaría nos tuvieron esposados, de pie, entre dos y cuatro horas sin dejarnos levantar la cabeza”

“Escuché el bofetón que le dieron a una chica, llorar y caer al suelo en Comisaría”

“En la detención el policía me retorció el brazo derecho, que tiene una invalidez del 33%. Me lo estuvo retorciendo, le grité que soy minusválido de ese brazo… Por la presión de las rodillas en la espalda contra el suelo me ha producido una contusión torácica bastante severa. Tengo las marcas”

“Ayer me levanté sin poder respirar ni moverme”

“Tengo una denuncia por atentado a la autoridad, resistencia…  me piden de dos a cuatro años de prisión”

Un policía aparta a un fotoperiodista (Juan Plaza)

José Luis Cuesta, fotoperiodista: “El policía me empujaba y decía `O te vas o te denuncio por desacato”

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Los desalojados fuimos nosotros (…) se nos impedía hacer fotos de lo que estaba ocurriendo con el grupo que resistía en Sol

El policía me dijo que si me quería ganar una denuncia por desacato que no le hiciera caso, así que me dejé llevar hasta Callao

No pudimos cubrir el segundo día de desalojo. Se me impidió trabajar por ser fotógrafo.

El fotoperiodista Gabriel Pecot es sujetado por un policía (José Luis Cuesta)

Virginia P. Alonso, Subdirectora adjunta de 20Minutos.es: “El policía me dijo `Aquí no se puede hablar¨

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EL fotoperiodista Angel Colina es apartado por un policía (Fotogracción)

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Javier Bauluz es golpeado por un policía (Gabriel Pecot)

Javier Bauluz, director de Periodismo Humano: “Me han pegado por hacer mi trabajo como periodista”

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Javier Bauluz es empujado por un policía (Javier Bauluz Peláez)

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Leñador en el sureño estado mexicano de Chiapas

“Por eso sabemos cuáles son las amenazas. Pedimos que dejen de molestar a Chimalapa, que nunca ha sido egoísta. Pedimos que se no discrimine a la gente campesina que necesita las tierras, que no sigan invadiendo”, llamó este indígena zoque de 47 años de edad, dedicado a la siembra de maíz, frijoles y calabazas.

La selva de los Chimalapas, repartida mayoritariamente entre los municipios de San Miguel Chimalapa, donde se asienta la comunidad Benito Juárez, y Santa María Chimalapa, es escenario de un conflicto secular entre esas poblaciones y las del vecino estado de Chiapas, que han invadido unas 160.000 hectáreas de las 594.000 que los dueños originarios poseen.

La disputa agraria pendiente, que ya dejó heridos y muertos, se remonta a 1967, cuando comunidades chiapanecas tomaron 4.975 hectáreas, el lastre de las explotaciones madereras que iniciaron en la zona en la década del 50, y luego de que el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz (1911-1979) expidiera dos decretos de reconocimiento de los límites comunales.  Pero los edictos presidenciales los despojaron de 300.000 hectáreas del total que habían adquirido con monedas de oro en tiempos coloniales.

Las pugnas agrarias son una de las amenazas para bosques y selvas, y sumadas a la deforestación y el cambio climático, ponen en jaque las zonas verdes de México, uno de los 15 países con mayor biodiversidad del planeta. La Secretaría (ministerio) de la Reforma Agraria reconoce la existencia de 526 disputas agrarias. En 2011, esa cartera resolvió 159 de esos diferendos.

“El conflicto ha afectado una parte importante de estas selvas debido a intereses políticos y económicos, de apropiación de la tierra, de explotación de recursos naturales”, dijo a IPS el académico Miguel Vázquez, del estatal El Colegio de la Frontera Sur, en Chiapas, uno de los estados más pobres de México. ”La pérdida es lamentable, por la disminución de la biodiversidad y de servicios ambientales, germoplasma, abastecimiento de agua, con un potencial alimentario, forestal, medicinal y ecoturístico”, explicó Vázquez.

Este especialista que ha estudiado la región fue uno de los asistentes al foro realizado el 26 y 27 de este mes titulado “Por la conservación y la integridad del territorio zoque chimalapa: la región más biodiversa de México”.

Considerada el ecosistema de mayor riqueza natural de los tres que componen la llamada Selva Zoque, que toca también territorio del sudoriental estado de Veracruz, la zona de los Chimalapas presenta cuatro tipos de bosques, además de albergar una gran variedad de flora y fauna, virtualmente incalculable.

México cuenta con unos 65 millones de hectáreas cubiertas de árboles. Las autoridades aseguran que se pierden anualmente unas 150.000 hectáreas, pero organizaciones ambientalistas elevan esa cifra hasta 300.000 o más. Los bosques, cuyo año internacional fue celebrado en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas, son parte de los territorios de unas 2.300 comunidades, 600 de las cuales manejan empresas forestales, según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

El Grupo Mesófilo, compuesto por la Comisaría de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa y varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas, indica que el área natural citada sirve de albergue a por lo menos 146 especies de mamíferos, 316 de aves y 900 de mariposas, muchas de ellas endémicas.

“El listado puede ser mayor si consideramos que solo una pequeña parte de la vegetación ha sido muestreada”, advirtió Adolfo Navarro, investigador de la Facultad de Ciencias de la estatal Universidad Autónoma de México.  ”La fauna sigue siendo poco conocida, pero la importancia como área natural protegida es indudable y es una zona que posee un rico acervo de diversidad biológica“, indicó a IPS. Navarro integró un equipo de estudio que mapeó la zona entre 1995 y 1997 para levantar un inventario de la biodiversidad presente. El grupo encontró 114 variedades de mamíferos, 464 de aves y 140 de reptiles y anfibios.

Desde los años 80, los sucesivos gobiernos estaduales de Chiapas fomentaron la toma de tierras en Chimalapa, que en lengua zoque significa “jícara de oro” y en náhuatl “lugar entre dos escudos”. Sus pobladores dicen que su núcleo perdura inmaculado.

Si bien el altercado permaneció inerte en la década pasada, se reanimó en 2011 con ataques y bloqueos carreteros de ambos lados. Así, una fracción del territorio ha sido presa de cortadores ilegales de madera (talamontes), ganaderos y últimamente narcotraficantes.

Las administraciones municipales de San Miguel y Santa María y el gobierno estadual de Oaxaca presentaron demandas constitucionales sobre los límites territoriales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene previsto fallar en las próximas semanas.

“Lo que funciona es formar una mancuerna con los dueños ancestrales; hemos construido una red con organizaciones no gubernamentales, conservacionistas, ecologistas, en un frente contra los intereses depredadores”, explicó a IPS el coordinador del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, Luis Bustamante.

En San Miguel, con unos 6.600 habitantes y que cuenta con 134.000 hectáreas boscosas, se creó un área de conservación comunitaria de 15.300 hectáreas, de la cual los campesinos extraen resina de pino. Por su parte, Santa María, con 460.000 hectáreas de vegetación y 8.500 habitantes, analiza la creación de un territorio similar.

“Queremos que nuestra voz sea escuchada afuera por los gobernantes y que se detenga el deterioro ecológico que se acelera cada vez más en nuestra región”, reclamó Heriberto Hernández, indígena zoque que se especializó en etnobotánica local. ”Aunque la comunidad ha luchado, mientras no haya definición de límites no puede proceder ningún plan”, señaló a IPS.  ”Esas situaciones tenemos que enfrentarlas hasta con la vida. O desaparece la selva o desaparecemos los zoques”, anticipó Hernández, quien ha sido guía de los científicos que han visitado la zona desde los años 80.

“Si no se pone un alto a la invasión y la tierra vuelve a sus dueños originales, se va a acabar con todo”, enfatizó Bustamante.

El Consejo de Seguridad sesiona para abordar el mantenimiento de la paz internacional, pero las riñas políticas le impiden una acción eficaz

La resolución promovida por Costa Rica, Jordania, Liechtenstein, Singapur y Suiza, que están entre los estados más pequeños del foro, apunta a “mejorar la responsabilidad, la transparencia y la efectividad del Consejo de Seguridad” con una serie de recomendaciones. La votación en la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), de 193 miembros, está prevista para fines de esta semana.

Sin embargo, los representantes de China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, los cinco miembros permanentes del Consejo, ya dijeron que no le incumbe a la Asamblea General, principal órgano deliberativo y de formulación de políticas, hacer tales recomendaciones al Consejo de Seguridad.

“Es una lucha desigual”, dijo a IPS un diplomático asiático que pidió reserva de su identidad. “Pero veamos cómo sale la votación”, apuntó.

La iniciativa cuenta con un fuerte respaldo de organizaciones no gubernamentales como laCoalición Internacional para la Responsabilidad de Proteger y la Coalición por la Corte Penal Internacional.

Al ser consultado sobre cómo actuará el Consejo de Seguridad en caso de adoptarse la resolución, el coordinador de CICC, William Pace, dijo a IPS que el texto de la misma pide debidamente a la Asamblea General hacer recomendaciones de un órgano principal a otro.

No será una resolución vinculante, apuntó, pero el impacto político y moral que tendrá con el tiempo será tremendo.

“Si la Asamblea General adopta la resolución y el Consejo de Seguridad implementa las 20 recomendaciones, será uno de los avances más importantes para este último”, observó Pace.”Podrían salvarse millones de vidas y evitar montones de guerras y revueltas en los próximos 30 años”, añadió.

En un comunicado de James Christie, presidente del Consejo del Movimiento Federalista Mundial-Instituto de Política Global, dijo que su organización está totalmente en desacuerdo con el argumento de los cinco miembros permanentes de que la Asamblea General debe mantenerse al margen de los asuntos del Consejo de Seguridad.

El hecho de que ella “elija 10 miembros (no permanentes) del Consejo de Seguridad cada dos años y autorice los presupuestos enviados por este son solo dos razones de peso de por qué su posición no es racional”, arguyó. Pace elogió a los cinco países pequeños por el coraje de su convicción para promover una resolución de cinco páginas que recomienda varias medidas “para la consideración de los cinco miembros permanentes”. Entre ellas, “explicar las razones para recurrir al veto o declarar su intención de hacerlo, en especial su consistencia con los Propósitos y Principios de la Carta de la ONU y el derecho internacional aplicable”. ”Una copia de la explicación debe circular entre todos los miembros de la organización como documento separado del Consejo de Seguridad”, indicó Pace.

Esta iniciativa cobró mayor relevancia porque el año pasado Rusia y China vetaron una resolución de Occidente para amenazar a Siria con sanciones por la matanza de civiles.

Según la ONU, más de 7.500 civiles murieron desde el inicio de la revuelta en marzo de 2011.

El Consejo de Seguridad también demoró en reaccionar cuando el genocidio de Ruanda en 1994, que dejó 500.000 personas muertas. En abril de ese año, el órgano condenó la masacre, pero se negó a calificarla de “genocidio”.

Pace dijo a la prensa que la resolución de los cinco pequeños no tiene relación con las negociaciones para la reforma y ampliación del Consejo de Seguridad, que describió como un asunto “divisivo” pues implica una enmienda de la Carta de la ONU.

Un comunicado de Andres Serbin, presidente de la Coalición Internacional para la Responsabilidad de Proteger, señala que el artículo 24 (2) de la Carta de la ONU establece claramente que todas las decisiones del Consejo de Seguridad, incluido el uso del veto “deben hacerse de forma tal que sean consistentes con los propósitos y principios de la ONU”.

Pero casi todos los años, la comunidad internacional observa deliberaciones del Consejo de Seguridad en que el uso (o el abuso) es inconsistente con esas disposiciones, una situación que la resolución de los cinco pequeños pretende corregir.

En una carta enviada a los estados miembro, los cinco pequeños informan que hace un año presentaron un borrador “con la esperanza de involucrar al Consejo de Seguridad en un diálogo constructivo sobre nuestras propuestas”. ”Después de un año de consultas, creemos que llegó el momento de que la Asamblea General tenga la oportunidad de pronunciarse sobre el asunto”, añade.

“La mayoría de nosotros integramos una vez el Consejo de Seguridad como miembros no permanentes. Algunos nunca lo pertenecieron ni lo harán”, añade la carta. ”Prefiere mantener las cosas como están o ser tratado con más transparencia y apertura. Es su elección”, reza la misiva buscando el apoyo de los miembros.

En aquel momento la primera frase que me vino a la cabeza fue la de Unamuno: “Venceréis pero no convenceréis”

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Al verles allí sin el número de placa y actuando de esa manera, intenté dialogar diciéndole que ni siquiera llevaba la placa visible

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Tardé dos días en denunciar porque el 13 y el 14 de mayo se estaban haciendo cosas mucho más interesantes que el desalojo de la Plaza Mayor, asambleas temáticas de las que salieron un montón de alternativas y propuestas y que por desgracia muchas veces no llegan a ser noticias cuando es realmente donde se plasma el trabajo de todo este año

Al final fui a denunciarlo al Juzgado y me hicieron un parte de lesiones en el ambulatorio donde llevo rotando los últimos tres años como voluntaria

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El umbral de la pobreza cada vez aumenta más, el paro también, recortes en derechos sociales y servicios públicos o la excusa de una deuda que se reconoce ilegítima. El año pasado yo estaba de Erasmus en Alemania, me recuerdo viendo en Youtube viendo toda aquella utopía, aquellas ganas y desde septiembre estoy implicada…

Estamos intentando cambiar el mundo y nadie dijo que fuera fácil y rápido… Cada uno es responsable de la página de la Historia que quiere escribir

En el 15M este año se ha pasado de ‘el no nos representan’ al ’sí se puede’

El movimiento de stop desahucios me parece un ejemplo precioso de solidaridad, aquel concepto que durante tanto tiempo se han empeñado en que olvidemos y que ahora de repente vuelve a relucir…

El Estado ha pagado mucho por nuestra educación y creo que es de recibo devolverlo de alguna manera, a pesar de la precariedad laboral… Pero si no luchamos nosotros desde aquí, no van a venir los alemanes a defendernos.

El tener que aceptar unas condiciones laborales inhumanas de un modelo chino… tendríamos que volver a unos principios éticos que intentan que perdamos pero no lo van a conseguir.

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El 15M cumple un año

Alberto Senante · Alberto Sicilia · Patricia Simón · Javier Bauluz

Fotografías, crónicas y vídeos.

Alfredo Villatoro estuvo secuestrado seis días antes de ser asesinado

Este hecho conmocionó Honduras, uno de los países más violentos del mundo y que tiene en los trabajadores de la prensa a sus víctimas habituales. Alfredo Villatoro, coordinador de noticias de la radioemisora HRN, la más influyente del país, recibió dos balazos en la cabeza. Su cuerpo fue hallado a la orilla de una calzada de la colonia Las Uvas, en el sur de la capital. Vestía un uniforme moteado del cuerpo policial de elite Cobras, con calcetines y un pañuelo en la cabeza de color rojo. Los primeros informes forenses indican que su ejecución se habría perpetrado horas después de revelarse que estaba vivo.

A mediodía del martes 15, el presidente Lobo reveló en la norteña ciudad de San Pedro Sula, a 250 kilómetros de la capital, que Villatoro “está vivo; hemos visto unos videos enviados por sus captores a la familia”. ”Esperemos que lo liberen pronto, pero él está vivo”, insistió Lobo. Horas después, su ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, confirmó al noticiero TN5 que Villatoro estaba muerto.

En comunicación telefónica con TN5, el mandatario lamentó entonces la muerte y dijo que había dado la noticia de que se encontraba vivo en horas del mediodía “para dar esperanzas. Desde el sábado teníamos esa información, pero lamentablemente hubo ese desenlace fatal. Mis condolencias para la familia y para todo el gremio de periodistas”.”No puedo decir si es un mensaje a mi gobierno o a la prensa, yo jamás daría a conocer algo que pueda dañar a una persona. No creo que lo dicho por mi persona tenga que ver con el desenlace, solo les puedo decir que no debemos dejarnos intimidar, espero dar respuestas a esta investigación muy pronto”, agregó.

Este miércoles 16, en un escueto mensaje, el mandatario ofreció 150.000 dólares de recompensa a quien ayude a encontrar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato, y reiteró una vez más que “dará seguridad” a los hondureños. Con esta muerte, suman 20 los periodistas asesinados en los últimos dos años y 27 en la última década, según el último reporte del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

El martes 15 por la noche, se agolparon en la morgue judicial periodistas todavía incrédulos, dirigentes sociales y políticos y activistas humanitarios, en una vigilia que duró hasta bien entrada la madrugada de este miércoles. La reportera de HRN, Lucía Alvarado, dijo que “hace una semana que vivimos esta angustia, creímos que iba a regresar. Fue mi jefe por 20 años y todos los días, en su silla de la cabina de la radio, yo imaginaba que le diría ‘¡qué tal, jefe!’… pero lo mataron”, agregó en medio del llanto.

El portavoz policial Héctor Iván Mejía aseveró que “se hizo lo humanamente posible por rescatarlo a salvo, pero no dimos con ellos (los captores)”. Según se informó, las autoridades desplegaron grupos de elite para buscar a Villatoro, y se contó inclusive con colaboración de efectivos de Colombia.

La socióloga Mirna Flores, analista en seguridad, dijo a IPS que Honduras se encuentra ante “una violencia imparable. Esta muerte es un mal mensaje, pero sobre todo es un golpe a todas las instituciones al develar su incapacidad para resolver las cosas”.

“Por las características y patrón de la muerte, este es un mensaje del crimen organizado. Es un mensaje terrible”, agregó.

La sospecha de Flores cobra fuerza ante la afirmación del ministro Bonilla de que “puede ser” una acción de las mafias, en respuesta a los golpes recibidos y a la aprobación de laextradición de ciudadanos hondureños requeridos en el exterior por delitos de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.

El gobierno convocó para este miércoles una reunión de emergencia del Consejo Nacional de Seguridad. El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Juan Ramón Mairena, constató que “nos quieren callar. Tocaron a un periodista influyente de un gran medio de prensa, pero no nos debemos intimidar”. “Esperamos que esta muerte no quede impune como otras”, añadió. Pedimos “al presidente Lobo que este crimen” no engrose apenas “una estadística de las muchas que adornan su gobierno”, dijo Mairena a IPS.

Honduras, un país centroamericano de ocho millones de habitantes, soporta desde hace siete años un promedio de 18 asesinatos por día, de acuerdo con datos oficiales. Esta situación se agudizó con las denuncias de corrupción y penetración del crimen organizado en la policía, cuya imagen pública se encuentra en el peor momento. Implicada en asesinatos, secuestros, robos, extorsiones, tráfico de armas y otros delitos, la policía hondureña se apresta a abrir un proceso de reforma para el cual se ha solicitado asistencia a Chile y Canadá.

Entidades de derechos humanos estatales y no gubernamentales insisten al gobierno en que debe depurar la cúpula policial, señalada en abundancia como impulsora de los “carteles del crimen” que operan desde la misma estructura de la fuerza de seguridad. Pero las autoridades no toman las decisiones necesarias, pese a las pruebas presentadas, confiaron a IPS fuentes de esos grupos.

En cuanto a los periodistas, su indefensión y las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión han sido motivo de denuncias y duros reclamos de organizaciones mundiales defensoras de la prensa. Un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), asevera que los asesinatos de periodistas obedecen a “fallas del gobierno”, que intenta minimizar la mayoría de los casos.

El martes 15, representantes de la Unión Europea en Honduras expresaron preocupación por la situación de los derechos humanos y las amenazas e intimidaciones contra defensores humanitarios, periodistas y la comunidad de gays y lesbianas. Precisamente, el crimen contra Villatoro se cometió nueve días después del asesinato del también periodista Erick Martínez Ávila, portavoz de la asociación Kukulcán –defensora de los derechos de las minorías sexuales–, opositor del golpe de Estado de 2009 y miembro del recién creado partido Libertad y Refundación, que encabeza el derrocado expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).

Martínez Ávila fue estrangulado, y las autoridades siguen sin pistas sobre los culpables. La impunidad es una característica común de los asesinatos de periodistas en este país.