Integrantes del pueblo pukobjê-gavião en su territorio indígena Governador. Crédito: CIMI

El “paro nacional” de actividades convocado por el Frente Parlamentario Agropecuario movilizó unos pocos miles de personas en algunos lugares y centenares en otros, pero es solo parte de una ofensiva de los hacendados contra la creación de nuevos territorios indígenas o la ampliación de los ya existentes.

Modificar la Constitución de 1988, que asegura a los pueblos indígenas el “usufructo exclusivo” de tierras que ocupaban tradicionalmente, en una extensión suficiente para su “reproducción física y cultural”, es el mayor objetivo de los ruralistas, que en 2012 ya lograron revisar el Código Forestal, en beneficio propio y en desmedro del ambiente. Otras medidas reclamadas, como la participación de los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Agrario y de centros de investigación agrícola en el proceso de demarcación, apuntan a contener el reconocimiento de nuevas reservas indígenas.

Componen “un retroceso completo”, según Marcos Terena, funcionario de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), el organismo gubernamental responsable de la política para el sector, y veterano líder de luchas por la afirmación y autonomía de los pueblos originarios.

Para los ruralistas se trata de “una disputa patrimonial”, desean expandir el gran negocio agropecuario como siempre, adueñándose de tierras públicas, en áreas no ocupadas o atribuidas a la conservación y a pueblos tradicionales, sostuvo Marcio Santilli, experto del no gubernamental Instituto Socioambiental y expresidente de la Funai. Por eso buscan definir como simple conflicto agrario el caso de tierras identificadas como indígenas que incluyen predios privados, que son legalmente inadmisibles y condenados a la evacuación.

En numerosas ocasiones son posesiones ilegales, pero en el occidental estado de Mato Grosso do Sul, muchos hacendados tienen títulos de propiedad válidos, concedidos por anteriores gobiernos. Allí, gran cantidad de conflictos se prolongan desde hace décadas y se volvieron cruentos. Ese estado ganadero y gran productor de soja concentró 57 por ciento de los 560 asesinatos de indígenas ocurridos entre 2003 y 2012 en Brasil, según datos del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), vinculado a la Iglesia Católica. No todos los homicidios se deben a disputas por la tierra, pero la matanza refleja la absoluta asimetría en la confrontación entre los ruralistas e indígenas.

Las muertes violentas no impidieron que una explosión demográfica inimaginable tres o cuatro décadas atrás, cuando la población indígena parecía amenazada de extinción. En los años 80 se estimaba que en Brasil solo quedaban algo más de 200.000 integrantes de los pueblos originarios. En el censo de 2010 se declararon indígenas 896.917 personas, el triple que en 1991, cuando pasó a incluirse esa categoría entre las opciones étnicas, para autoidentificación de las personas empadronadas.

La sola natalidad no triplicó la población. El reconocimiento de la Constitución de 1988 de los derechos de las minorías étnicas estimuló un renacimiento indígena, que hizo recuperar la identidad, aun viviendo fuera de sus aldeas originales. De los autoidentificados en 2010 como indígenas, 36 por ciento viven en ciudades. Hay “aldeas urbanas” indígenas en varias de ellas, como Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

La resurrección alimenta avances en la educación indígena, a veces con el rescate de la lengua originaria, en las raíces culturales y en la adopción de nuevas tecnologías. En unos 10 años, “un factor nuevo” determinará el desarrollo de los pueblos indígenas y sus relaciones con la sociedad envolvente, pronosticó Terena. “Son los doctores indígenas”, que se están formando en las universidades, “sin perder su cultura propia”, especialmente en el sur de Brasil, detalló.

Este ciclo representó un vuelco en la historia brasileña de etnocidio desde la llegada de los colonizadores portugueses en 1500, cuando se estima que cinco millones de indígenas habitaban el actual territorio nacional. Pero ahora afronta nuevas amenazas.

Además de los ruralistas, que buscan cerrar las instituciones que alimentaron el renacimiento indígena, grandes proyectos de infraestructura en la Amazonia tienden a alterar las condiciones tradicionales en que viven varios pueblos originarios.

La construcción de decenas de centrales hidroeléctricas, planificadas para los ríos de la cuenca amazónica en los próximos anos, está intensificando las batallas entre indígenas, las empresas constructoras y el gobierno.

A las repetidas invasiones indígenas de plantas de la hidroeléctrica de Belo Monte, en construcción en el río Xingú, un gran afluente del Amazonas, en el norteño estado de Pará, corresponde un recrudecimiento de la represión policial.

Ese clima de exasperación culminó con la muerte de Oziel Gabriel el 30 de mayo, aparentemente provocado por un disparo de la policía en el municipio de Sidrolandia, en Mato Grosso do Sul.

La tragedia ocurrió durante una operación policial, ordenada por la justicia, para retirar centenares de indígenas que habían ocupado una hacienda, identificada como parte del territorio tradicional de los terenas hace 13 años. Contrapuestos fallos judiciales y dificultades para indemnizar el propietario van dilatando el proceso.

La correlación de fuerzas y la prioridad que concede el gobierno al desarrollo económico son totalmente adversas para los indígenas. Pero ellos cuentan con la Constitución, convenios internacionales y una opinión pública internacional que  defiende la diversidad humana.

Con la conciencia y los valores hoy consolidados, “la sociedad brasileña no permitiría retrocesos en los derechos reconocidos en la Constitución”, confía Paulo Maldos, secretario nacional de Articulación Social del gobierno brasileño, cuya función ya lo llevó a peligrosas negociaciones con grupos indígenas rebelados.

La repercusión negativa desestimula actos antiaborígenes. Cada indígena asesinado, como Gabriel, se convierte en un mártir que realza la resistencia de sus pueblos. Por eso es posible que esa muerte neutralice, o por lo menos modere durante algún tiempo, la ofensiva ruralista contra territorios ancestrales. En el país, según datos de la Funai, hay más de 450 territorios indígenas en proceso de demarcación, que suman más de 100.000 hectáreas, mientras otro centenar de territorios están en fase de identificación.

Ibase/Camila Nobrega.

A pesar de que la mayoría de dichas protestas han sido de carácter pacífico, en algunos puntos el enfrentamiento con la Policía ha derivado en acciones violentas, con hogueras, vehículos incendiados, lanzamiento de piedras e intentos de tomar edificios correspondientes a instituciones públicas.

El motivo aparente  de las marchas, que en los últimos días protagonizaron miles de personas, fue el costo del pasaje de autobús urbano, que en São Paulo pasó de tres a 3,20 reales (de 1,40 a 1,50 dólares) y en Río de Janeiro de 2,75 a 2,95 reales (de 1,28 a 1,38 dólares).

Las mayores concentraciones tuvieron lugar en estas dos ciudades emblemáticas de Brasil. En la capital paulista, la primera marcha ocurrió el 6 de este mes y la última el lunes 17, organizadas por el Movimiento Pase Libre.

Miles de manifestantes protagonizan las mayores protestas de los últimos 20 años en Brasil

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Las primeras protestas estuvieron marcadas por la represión de la policía, que usó bombas de gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma para intentar dispersarlas. Decenas de personas resultaron heridas por los disparos, mientras que más de 230 fueron detenidas.

También Río de Janeiro fue escenario de más de una protesta en la noche del jueves 13, tres días después de la primera realizada en la ciudad. Las autoridades policiales justificaron la represión en que se trató de controlar actos de vandalismo.

Para Amanda Castro, de 27 años y formada en relaciones internacionales, la protesta en Río fue una demostración de democracia.

“Estaban reunidos integrantes de varios movimientos, feministas, sin techo, además de jóvenes estudiantes, y la clase media también apoyó”, dijo.

“Todo eso se despertó por el aumento de las tarifas de los autobuses, pero es una coyuntura política de aumento de los precios, de especulación, debido a los próximos encuentros deportivos, como son la Copa Mundial de laFIFA (Federación Internacional del Fútbol Asociado), en 2014, y los Juegos Olímpicos de 2016”, añadió.

17 de Junio 2013 (YasminTyler)

Castro acompañó toda la marcha, que se concentró al caer la noche en la católica Iglesia de la Candelaria, en la zona central de la ciudad, y siguió por una de las principales avenidas hasta la plaza de Cinelândia. Los manifestantes continuaron en dirección a la Asamblea Legislativa y siguieron rumbo a la estación de trenes Central do Brasil.

“Fue un movimiento pacífico, pero cuando estaba cerca de la Central ya había vándalos, la policía avanzó y comenzó la confusión. La policía empezó a correr encima de todo el mundo, lanzando gas lacrimógeno para dispersar. Tuve que huir, hasta respiré gas pimienta. Había clima de tensión”, recordó la joven.

Castro describió que había jóvenes vestidos de negro y encapuchados que incendiaron latas de basura.

“Era un grupo anarquista y punk que incendió basura y quedó fuera de control. Pero fueron excepciones, pequeños grupos de adolescentes que causaron confusión”, afirmó.

Para Castro, el aumento del precio del boleto fue apenas el disparador. Las masas fueron influenciadas por los recientes acontecimientos en Turquía, donde miles de personas protestaron en la plaza Taksim de Estambul, inicialmente en defensa de uno de los pocos espacios verdes de la ciudad. Luego fueron cobrando un fuerte tinte político y de crítica a la falta de consulta popular y contra la violencia permitida por el gobierno.

En Brasil, “las personas salieron a las calles para oponerse a ese modelo desarrollista que el gobierno predica”, y con los ejemplos de Turquía, del mundo árabe y de la Europa en crisis, “están viendo que es posible luchar y hacer historia”, sostuvo Castro.

Alexandre Rizzo, de 45 años, que participó en gran parte de la protesta en Río, señaló que hacía muchos años no asistía a grandes movilizaciones como las que han ocurrido en estas últimas semanas. La última vez había sido en 1984, en ocasión de la campaña popular por el voto directo en el fin de la dictadura (1964-1985), en el mismo local donde tuvo lugar la manifestación de esta semana.

“El objetivo de la violencia policial es intimidar a la población. En la próxima marcha voy a ser precavido. Es obvio que quedamos preocupados con la violencia”, dijo.

Pero esta vez la violencia policial no fue suficiente para intimidar a los manifestantes. Ya se fijó una próxima marcha para el 21 de este mes, el mismo día en que se jugará en el famoso estadio de Maracaná un partido de laCopa Confederaciones.

El centro de Río de Janeiro amaneció el viernes 14 con señales de depredación. Por lo menos 2.000 personas participaron de la protesta.

La Prefectura informó que un monumento y 143 mobiliarios urbanos fueron depredados durante una manifestación con decenas de paradas de autobuses y vidrieras destruidas, así como baños públicos y contenedores de residuos.

Según el diputado estadual Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad (PSol), el principal foco de las protestas es la crítica a la política de transporte en buena parte de las ciudades brasileñas.

Es importante que el debate sobre la insatisfacción a propósito de la política de transporte “se profundice en el parlamento. La abrumadora mayoría de esos jóvenes salen a las calles por un motivo justo”, declaró Freixo en un discurso en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj).

“Setenta por ciento de los habitantes de Río de Janeiro se trasladan en autobús; eso es un atraso. Hay un grado de sumisión del poder político a los intereses económicos”, criticó el legislador.

En un comunicado oficial, la Alerj manifestó su apoyo a las movilizaciones sociales, pero rechazó los actos de vandalismo cometidos.

Ya Amnistía Internacional defendió una solución pacífica para el impasse entre manifestantes y autoridades, e incluso criticó la violencia contra los periodistas que cubrieron los hechos.

Según la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, por lo menos 15 periodistas fueron heridos por la policía durante la manifestación en São Paulo. La entidad condenó los ataques a la prensa y llamó a castigar a los responsables de las agresiones físicas contra los reporteros.

Frente a las irregularidades en que incurre la existencia de los CIE, ¿cabría la posibilidad de que algún tribunal, europeo o español, los declarase ilegales?

Hay que partir de la base de que en Europa existe una Directiva, del año 2008, conocida como Directiva de la vergüenza, que fue promovida por el Partido Socialista, que autoriza la existencia de estos centros. Lo que habría que cuestionarse es qué disfrute de derechos podrían tener las personas que se encuentran recluidas en los CIE. A día de hoy, cerrar un CIE en Europa resultaría complicado. Partiendo de las diferentes convenciones de Derechos Humanos, efectivamente podrían existir argumentos jurídicos para considerar que estos centros incurren en la ilegalidad y así posibilitar su clausura, si bien en la práctica resultaría extremadamente difícil. Sí sería factible que, por parte de algún tribunal, bien español o de otros países de la UE, se estableciese una regulación más dura para con las administraciones, evitando así que se cometan las barbaridades que a día de hoy tienen lugar en estos centros. La aspiración que tenemos, evidentemente, es el cierre total, pero a día de hoy resulta complicado, sobre todo cuando es la propia Unión Europea la que establece que existan esos centros.

Precisamente, hemos visto que, en cuestión de derechos de los internos, la situación es de un marasmo absoluto, ¿cree ud. que acabarán por regularse a nivel nacional o europeo?

Efectivamente, es un marasmo. De hecho, la Directiva establece unos plazos de retención que oscilan desde los 40 días hasta los 18 meses, lo que es una barbaridad y un sinsentido. Esta medida se tomó únicamente para poder retener a la gente en los estados en que los períodos de estancia eran indeterminados. Es una barbaridad, y tiene que ver con la criminalización de las personas migrantes. En caso de que no pudiera darse un cierre definitivo de los CIE, lo ideal sería la existencia de una reglamentación que no fuese una Directiva, sino un reglamento, sin diferencias en la restricción de derechos entre los países de la Unión Europea. Puede haber diferencias en los derechos, pero nunca en la restricción de los mismos entre los miembros de la UE. Remitiéndonos al artículo publicado recientemente por Periodismohumano sobre el caso de Josephine Thomas, que es recluida no en un centro de internamiento, sino en un centro no regulado en el que se dispone de menos derechos que la gente interna en los CIE, que a su vez suele gozar de menos derechos que las personas recluidas en una prisión. En teoría, la única restricción debería ser la de la libertad deambulatoria. Se está elaborando un reglamento para la regulación de los CIE que todavía no ha salido a la luz, y mientras tanto, disponemos únicamente de unas sentencias, en Madrid y Valencia, de los respectivos Juzgados de Instrucción que regulan someramente el funcionamiento de sus respectivos centros. Se ha publicado un informe de Pueblos Unidos que trata precisamente de esto. En definitiva, es algo que debería estar regulado, pero a nivel europeo y por medio de un reglamento. A nivel de directivas, tenemos la experiencia de lo sucedido con las Directivas de Asilo, que han dado lugar a unas regulaciones muy diferentes y a unas aplicaciones completamente distintas de un país a otro. La Directiva sólo propicia una enorme inseguridad jurídica, algo que no debería darse en los casos de restricción de derechos.

¿Le consta que haya denuncias en curso contra los CIE en lo que se refiere a las condiciones de vida de sus internos o las restricciones de sus derechos?

Por lo que tengo entendido, aparte de denuncias públicas tales como las de prensa, no hay ningún proceso abierto contra ninguno de estos centros. En caso de haber alguno, se trata de procesos abiertos ante juzgados, todavía sin mayor trascendencia. De todas formas, puede ser que esté errado. Por otra parte, la situación de desconocimiento en que se encuentran los internos resulta total, así como una enorme presión psicológica derivada de una culpabilidad infundada, según la cual los internos creen no tener derechos por haber incumplido la ley. No hay que olvidar, además, de que el funcionamiento y control de los CIE dependen en primera instancia de la Policía, por lo que cualquier queja que pueda darse es directamente desestimada. Un ejemplo de cómo funcionan las cosas se da cuando un interno quiere ponerse en contacto con un abogado, con una organización o, simplemente, solicitar asilo. Para ello, el proceso pasa por rellenar un formulario y depositarlo en un buzón. En la mayoría de las ocasiones, esos formularios no llegan, pues deben pasar por el Director de Seguridad del CIE o la Oficina de Asilo para dar comienzo a los trámites. Muchas veces no llegan, y son las organizaciones las que tienen que estar pendientes de que las solicitudes de los internos sean atendidas. Existen, asimismo, espacios vacíos en los que se denuncian casos de malos tratos. Aunque ello no trascienda, indica que algo está pasando. La excusa de que se trata de personas que han delinquido no es válida. Si realmente se trata de personas condenadas y cuya pena ha sido sustituida por la expulsión, quizás no debieran estar ahí. Si se trata de personas condenadas, cuya pena ya ha sido cumplida y pendientes de expulsión, también cabría preguntarse si debieran estar ahí, o de qué manera deberían relacionarse con el resto de internos, ya que en torno al 70% de los internos son gente cuya única falta es estar en situación irregular, a los que en principio se les restringe el derecho de libertad deambulatoria, si bien en la práctica se encuentran con muchísimas más restricciones.

Podríamos decir, pues, que la atención e información de los internos corre a cargo de las diferentes organizaciones interesadas en el funcionamiento de estos centros.

Por supuesto, el régimen de los CIE no deja de tratarse de un régimen policial. Nos encontramos con celdas sin baños, colas enormes para acceder a las oficinas de renovación de permisos, edificios como el de Aluche, en el que las rejas de las ventanas se encuentran camufladas por unos paneles azules para no ser vistas desde fuera, etc. En ese contexto, es evidente que los internos no tienen ningún acceso a esa información por parte de la Policía. Fue, de hecho, gracias a los juzgados como se consiguió el acceso de las organizaciones -como ocurrió con el auto del 3 de enero de 2011 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid-, algo que anteriormente resultaba imposible.

¿Hay algún movimiento a nivel europeo por el cierre de estos centros o su existencia pasa inadvertida?

Existe desde hace años una red llamada Migreurop, con sede en Francia, que de hecho tiene localizados todos los centros de internamiento de Europa.No creo que haya una campaña como tal, pero sí una movilización de determinados sectores sociales contra la existencia de estos centros. De hecho, cuando se dictó la llamada Directiva de la vergüenza, nos encontramos con movimientos importantes en determinados países. Podemos decir que sí existe, fuera de España, la esperanza de que se de una articulación definitiva.

¿Cuál cree que será el futuro de estos centros?

Mientras sigan dándose políticas de criminalización, el futuro será la pervivencia de los CIE. En ese sentido, somos bastante pesimistas. La experiencia frente a los tribunales revela una visión bastante xenófoba de la inmigración, precisamente en el sentido de considerar a estas personas como gente sin derechos y cuya situación es justificable por alguna razón poco concreta. Así, generalmente nunca se deniega el internamiento de una persona, los recursos son denegados, las denuncias son rechazadas, etc. Frente a la Directiva vigente, la perspectiva no es halagüeña, y menos en un contexto de crisis en que todas las personas son vistas como una competencia.

¿Qué opinión le merece el Anteproyecto de Real Decreto para la regulación de estos centros en España?

Pese a que todavía no he podido tener acceso a él, cabe pensar que traerá algunas cosas buenas en el sentido de que, cuando algo es regulado, desaparece la inseguridad jurídica, y eso no deja de ser un paso hacia delante. A día de hoy, sólo hay unos seis o siete artículos en la Ley de Extranjería que regulen el funcionamiento y régimen de internamiento en los CIE, donde se establece que se podrá emplear fuerza de contención cuando la situación lo requiera, por ejemplo. No soy optimista al respecto, y menos viendo las políticas aplicadas de España en los últimos años. Lo que sí es cierto es que, aunque se regule mal, desaparecerá la incertidumbre jurídica. De todas formas, no hay motivos para pensar en el optimismo.

Taksim (AP Photo / Vadim Ghirda)

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What looked like a beautiful dream really was only a dream. After twelve days of festival of freedom in central Istanbul, Turkish government cracked-down the protest(ers), arrested many activists, journalists and lawyers and destroyed the idea that something like a democracy is possible in Turkey. It’s not. And it will never be. The era of human rights is dying down fast. There’s no place for this “dead-weight” concept in neoliberal economy with etatistic fundamentals. Turkey. China. India. Brasil. And, yes, European Union.

But still … Taksim square was for days a place of freedom and forgotten ideals. It will, forever, stays in the memory; in the historical memory. And one could feel it while the festival of freedom was going on. It was nostalgia in live. And a story fortold.

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“En América Latina cometimos un error histórico al permitir que prevalezca la versión comercial de la información”, sostuvo La Rue, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión.

En entrevista con IPS, el experto guatemalteco indicó que “la libertad de expresión debe entenderse como un derecho colectivo de la sociedad a estar informada, a asociarse y expresarse, pero también, como un derecho de los pueblos a tener una cultura, idioma, valores y a trasladarlos al mundo con medios propios de comunicación”.

También se refirió a los otros desafíos que afronta la libertad de expresión en la región. Uno de ellos son las llamadas “leyes de censura” que castigan, por ejemplo, la difamación a funcionarios públicos y que inhiben la posibilidad de hacer planteamientos críticos a quienes están en el poder, o la sanción penal al uso no autorizado de frecuencias radiales.

Otro, “muy importante”, es el caso de las leyes de telecomunicaciones que se discuten en países como Honduras y México.

IPS: ¿Qué condiciones básicas deben cumplir las nuevas leyes de telecomunicaciones?

FRANK LA RUE: Parte de la libertad de expresión es defender la diversidad cultural. He venido sosteniendo que debe haber cuatro categorías de medios de comunicación con el uso de frecuencias electromagnéticas

Una son las radios comerciales, que deben regularse por una norma de concesiones, las comunitarias, que deben tener los mismos derechos que las primeras sin importar que sean de baja potencia y de corto alcance, una tercera para los grupos étnicos claramente identificables y, finalmente, la telecomunicación pública, que es del Estado no del gobierno de turno.

En este último caso, no se trata de medios controlados por quien tiene el poder político, sino del uso de recursos públicos para un medio público.

Y debe haber una recuperación de lo público. Eso se perdió en América Latina, a diferencia de Europa, donde hay varios países en los que se mantiene la visión de lo público.

Pero las frecuencias son un bien público, existen en el ambiente, y el Estado es el que regula como se administran para beneficio de todos, igual que con otros recursos naturales.

IPS: ¿Es necesario dividir el espectro en partes iguales?

FLR: El Estado no necesita una tercera parte de las frecuencias, como en Argentina. No tendría la capacidad administrativa ni los recursos para hacerlo. Lo que si debe haber es una reserva para frecuencias comunitarias.

Hay un principio en derechos humanos, de diversidad de medios y pluralismo de posiciones: Por encima del derecho individual del periodista, está el derecho humano de la sociedad de estar informada.

La idea es que la gente de un pueblo pueda construir un pensamiento propio. En ese sentido, la concentración de medios es un atentado contra la democracia, no solo contra los derechos humanos.

¿Dónde está el truco? En los mecanismos de concesión. La subasta no es el mecanismo idóneo, porque privilegia el poder económico. Debe haber concursos públicos y transparentes, con reglas claras.

IPS: ¿Qué tipo de reglas?

FLR: Las frecuencias, como son un bien del Estado, no son regalo ni una concesión vitalicia. Por eso deben darse por un tiempo determinado.

Hay una característica básica: frecuencia que nos es usada en el momento de la concesión, debe perder el derecho, porque de pronto hay gente que las acumula y no las usa, las tiene solo para evitar competencia.

Entonces, hay que establecer normas que regulen como se puede perder la concesión, y debe haber un límite de cuantas frecuencias puede tener una persona, porque la acumulación indebida lleva al manejo de la opinión pública y eso no es correcto.

IPS: Eso nos lleva a otro tema, que se discute en México, por ejemplo, sobre mecanismos de financiamiento, porque se entiende que solo los medios comerciales pueden acceder a publicidad…

FLR: Una entidad no lucrativa no es que no cobres, sino que no lucres con ella, que no te beneficies con el usufructo de las ventas.

El Estado debe tener un reglamento de distribución de la publicidad oficial, con criterios claros. Y poner orden, pero no criminalizar las radios comunitarias. Tener una emisora fuera de las normas legales no puede ser un delito, porque, además, si uno revisa el origen de los grandes consorcios tampoco hubo procesos legítimos de entrega de concesiones. Todos los dieron gobiernos dictatoriales o corruptos.

IPS: En Honduras ha sido muy controversial la inclusión de regulación de contenidos en el proyecto de ley de telecomunicaciones…

FLR: El Estado no debe meterse en los contenidos en ningún caso. Hay limitaciones legítimas a la libertad de expresión, basadas en normas y principios de derechos humanos, pero yo dejaría un solo aspecto de contenido, que es la regulación de horario para la protección de la niñez.

Se debe prevenir que niños, niñas y adolescentes presencien en vivo escenas gráficas de violencia directa y de actos sexuales, no de sexualidad, sino de actos sexuales y de pornografía o del uso malintencionado de la sexualidad.

Pero nada más. En la libertad de expresión, la norma que prevalece es la apertura y la amplitud. Las limitaciones son la excepción y no deben generalizarse demasiado, porque es ahí donde entramos en censura. Y siempre existe la tentación, a la hora de legislar, de que cada quien quiera imponer su opinión.

IPS: ¿Y en Internet?

FLR: Menos. Internet es un espacio abierto en el que caben todos. Por su naturaleza, está fuera de las posibilidades de la regulación, que no sea el monitoreo, pero eso atenta contra la privacidad.

Es un tema de autorregulación. Hay un nuevo desafío de profesionalismo y de ética que le corresponde a la misma prensa autodefinirlo. No es el Estado quien debe definirlo, sino son los mismos periodistas y las periodistas y los medios.

Ríos Montt (AP / Moisés Castillo)

La incertidumbre de los testigos ixiles se instaló al conocer que pueden ser convocados para contar otra vez su trágica historia en nuevo juicio, después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) acogió una de las tantas recusaciones presentadas por la defensa de los acusados y dejó sin efecto el tramo final del proceso a Ríos Montt.

Esa decisión anuló la sentencia a 80 años de prisión que le habían dictado el 10 de mayo.

Según la CC, el juicio debe volver atrás en el tiempo y retomarse a partir de lo actuado hasta el 19 de abril, cuando el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmín Barrios, ya había escuchado la mayoría de los testimonios y analizado los peritajes, y únicamente faltaba que la parte acusadora y la defensa resumieran sus argumentos y se dictara sentencia.

Como la ley guatemalteca prohíbe que una misma corte vuelva a emitir una opinión sobre un mismo caso, las nuevas actuaciones quedarán en manos del Tribunal de Mayor Riesgo B. Este tiene ya 21 procesos en su agenda, lo cual significa que el nuevo juicio a Ríos Montt y a su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, se programaría recién para abril de 2014.

La corte presidida por Barrios había concluido que el jefe de la dictadura desde marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983 “tuvo el poder absoluto por lo que tenía pleno conocimiento de los crímenes ejecutados y no los detuvo a pesar de tener el poder de hacerlo”.

Así, Ríos Montt fue encontrado culpable de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, mientras que Rodríguez Sánchez fue absuelto, ya que se consideró que no existía suficiente evidencia para demostrar su involucramiento en esos crímenes.

Ese fallo significó un momento histórico, no sólo para Guatemala sino para muchos países latinoamericanos y de otras regiones que sufrieron experiencias represivas similares, ya que fue la primera vez que un exgobernante era condenado por genocidio por un tribunal de su propio país.

Extraños visitantes

Días después de que 98 ixiles narraran ante el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo masacres, violaciones grupales contra mujeres y niñas, torturas y ejecuciones de que las habían sido víctimas o testigos, llegaron varias personas a la comunidad, quienes aseguraron que eran de un ente gubernamental dedicado al fomento del desarrollo agrícola y que realizaban un censo.

Pero la visita de los supuestos funcionarios despertó sospecha, ya que únicamente se dirigieron a las viviendas de los testigos y conocían de antemano sus datos personales, incluyendo sus nombres y el número de su documento personal de identificación.

Los indígenas los miraron con recelo y luego reportaron el incidente a la sede local del no gubernamental Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que es querellante en el juicio.

CALDH comprobó que no existía ningún registro de la supuesta entidad y, ante ello, presentó una denuncia en el Ministerio Público y en la Procuraduría de los Derechos Humanos, exigiendo garantías de seguridad para los testigos y sobrevivientes de la represión.

Las víctimas, de cualquier forma, estaban decididas a buscar justicia. “Desde que empecé a luchar no tengo miedo, confío en lo que estoy diciendo. Necesitamos una sentencia real”, dijo a IPS el líder ixil Antonio Caba, el 12 de abril, días después de haber narrado ante los jueces las masacres y torturas que presenció, cuando tenía 11 años.

Lograr que las víctimas vencieran el miedo y se atrevieran a contar historias tan dolorosas y traumáticas ante un tribunal fue un proceso largo que requirió muchos años de acompañamiento psicosocial, explicó a IPS el portavoz del CALDH, José Rodríguez.

Bajo el mandato de Ríos Montt, el ejército y los paramilitares conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil cometieron 334 matanzas, 19.000 asesinatos y desapariciones forzadas, destruyeron 600 aldeas y un millón de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Esta comisión fue creada por la Organización de las Naciones Unidas, a partir de los Acuerdos de Paz de 1996 entre el ejército y la entonces insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con el fin de investigar las violaciones a los derechos humanos perpetradas en los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala.

Algo sucedió camino al foro

A lo largo del juicio, la defensa había presentado una retahíla de amparos relacionados con presuntas ilegalidades en la forma en que se había conducido el caso.

El último de los recursos, una de varias recusaciones planteadas contra la jueza Barrios, había sido rechazado y el juicio siguió adelante hasta lograr la sentencia. Pero la CC dictaminó el 20 de mayo que el tribunal no debió haber continuado con el juicio hasta que la recusación se hubiera resuelto.

“Desde el inicio del juicio, los abogados de la defensa han intentado enredar el proceso mediante recursos de amparo y finalmente lo lograron. Aquí ha prevalecido un litigio malicioso que finalmente termina en un fallo que provoca más impunidad”, dijo a IPS el presidente de la Comisión Internacional de Juristas, Ramón Cadena.

La CC todavía no ha aclarado si el cambio de tribunal implica que todo el proceso deberá repetirse desde el inicio. Según Rodríguez, la interpretación de los abogados de CALDH es que sí deberá empezar de cero, lo cual significa que los 98 testigos deban volver a declarar.

Pero debido a los reveses que ha sufrido el caso, las víctimas han perdido fe en la justicia y más de la mitad ha manifestado que no están dispuestos a declarar nuevamente, más aún en un contexto de tensión y hostigamiento al interior de las comunidades ixiles.

“Las víctimas han dicho que no son juguete para que se les esté llamando a cada rato. Confiaron en la justicia y ahora se sienten defraudados y con temor”, aseveró Rodríguez.

Cadena alberga pocas esperanzas de que, si llega a repetirse el juicio, se logre por segunda vez una sentencia condenatoria contra Ríos Montt.

“Si bien los jueces están mostrando mayor independencia, hay sectores del poder económico que no van a permitir que se juzgue a los poderosos”, dijo con tono sombrío.

Ankara, Junio 6, 2013. (AP Photo / Burhan Ozbilici)

Las protestas de la semana pasada, los dos años de Primavera Árabe y el intenso malestar socioeconómico en el sur de Europa parecen estar derramándose sobre Turquía, que hasta ahora había permanecido sin problemas.

De todos modos, la economía es fuerte, aunque no tanto como lo fue, en términos generales, en la década pasada. A consecuencia, las similitudes que Turquía comparte con países del norte y el sur del Mediterráneo que también atraviesan una crisis tienen más que ver con un mal liderazgo.

El éxito financiero, alimentado por las inversiones extranjeras directas en lujosas propiedades inmobiliarias en Estambul y a lo largo de la costa turca del mar Egeo, y por la privatización masiva de empresas estatales, ha conferido una popularidad inédita al gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP), además de una mayor sensación de ser invencible.

Desde la victoria electoral del AKP en 2011, esta sensación se tradujo en una menor transparencia y responsabilidad por parte de figuras clave del gobierno. Recep Tayyip Erdogan, líder del AKP y primer ministro turco, así como un puñado de colaboradores cercanos, han desestimado ostentosamente los pedidos de asesores confiables de considerar las preocupaciones del ciudadano promedio y de ser más inclusivos del 50 por ciento de la población que no votó al AKP.

La falta de transparencia gubernamental, como en el sur de Europa, y la arrogancia hacia los ciudadanos y sus libertades fundamentales, como en Medio Oriente, han cimentado el camino hacia una manifestación explosiva de la sensación de que ya basta, que ha dejado tres muertos, 1.000 heridos y 1.700 arrestados.

Algunos observadores sostienen que la crisis empezó con un beso, refiriéndose a una prohibición emitida en mayo por las autoridades en Ankara de que las parejas realizaran demostraciones de afecto en áreas públicas, lo cual desató protestas juveniles en la capital. Otros señalan síntomas anteriores de descontento.

En mayo de 2012 y en el otoño boreal siguiente, Erdogan desafío los derechos de las mujeres a abortar y a practicarse cesáreas para dar a luz, proclamando reiteradamente que las mujeres debían tener como mínimo tres hijos. Las asociaciones feministas salieron a las calles.

Más recientemente, el parlamento turco, donde el AKP ocupa 326 de los 550 escaños, aprobó legislación que restringe severamente la promoción y el consumo de alcohol, y Erdogan prometió altos impuestos a las bebidas alcohólicas.

Los turcos secularistas, algunos de los cuales votaron al AKP en elecciones pasadas a causa del desempeño económico del gobierno, han empezado a quejarse de que Erdogan interfiere de un modo inaceptable con el estilo de vida de la gente.

Al mismo tiempo, los ciudadanos están cansados de una economía excesivamente liberal que ha aumentado la brecha de ingresos entre la burguesía y la clase trabajadora.

La decisión de convertir el único espacio verde del centro de Estambul en un centro comercial y un lujoso complejo de apartamentos, fue el disparador, más que la causa, de la llamada revuelta de Gezi, por el nombre del lugar.

Los edificios sobre la avenida Cumhuriyet, adyacente al parque, ya se demolieron para dejar espacio a un gran complejo de costosos comercios, residencias y centros comerciales, mientras que la plaza Taksim, emblemática de Estambul, será convertida en una gran mezquita.

Una investigación independiente publicada en 2012 por una organización no gubernamental mostró que Turquía, con 75 millones de habitantes, posee 85.000 mezquitas, 17.000 de las cuales se construyeron en los últimos 10 años.

En comparación, el país tiene 67.000 escuelas, 1.220 hospitales, otros 6.300 centros de salud y 1.435 bibliotecas públicas. El presupuesto anual del Ministerio de Cultura y Turismo es de menos de la mitad que el de la Dirección General de Asuntos Religiosos, que representa a los musulmanes sunitas del país (80 por ciento de la población).

Las inversiones extranjeras directas que ingresaron a Turquía desde 2002, principalmente de Qatar, Arabia Saudita y de fondos de pensión de Estados Unidos y Holanda, se han concentrado en especulativos proyectos de bienes raíces de alta gama. La cantidad de centros comerciales aumentó de 46 en el año 2000 a 300 en 2012. Solo Estambul tiene actualmente en construcción dos millones de metros cuadrados de esos emprendimientos, según la consultora internacional CBRE.

Una serie de privatizaciones anunciadas este año –un sistema ferroviario, la aerolínea nacional, las grandes empresas energéticas del Estado, la red de autopistas y puentes- proveerán fondos para asumir imponentes proyectos de construcción: un tercer puente sobre el Bósforo, un tercer aeropuerto en Estambul, un segundo Bósforo artificial que facilitará más desarrollos inmobiliarios lujosos, y la mezquita más grande de Medio Oriente, que se construirá en Estambul.

Las manifestaciones que empezaron hace 10 días fueron espontáneas y pacíficas, y parecieron reflejar la frustración ciudadana con un gobierno distante, pero la actitud de tolerancia cero adoptada por la policía y la declaraciones incendiarias de Erdogan y de algunos de sus ministros han transformado esto en una inesperada crisis política con implicaciones inciertas para la democracia turca.

Personalidades políticas y conocidos periodistas que se mostraron reticentes a debatir la situación mientras esta se desarrolla.

La secretaría personal de Fetullah Gulen, teólogo musulmán turco y líder de un movimiento mundial que promueve el Islam moderado y el diálogo interreligioso, dijo que Gulen emitirá una declaración.

Actualmente vive autoexiliado en el estado estadounidense de Pennsylvania, y lo siguen millones de musulmanes.

El presidente de Turquía, Abdullah Gül, y el vice primer ministro, Bulent Arinc, ambos conocidos por su madurez política y su moderación, han intentado ofrecer limitadas excusas por los abusos policiales contra las manifestaciones.

La verdadera prueba de fuego para la evolución del clima político del país tendrá lugar cuando Erdogan regrese del norte de África, a fines de esta semana.

Pero es improbable que la paz social se restaure con declaraciones similares a las que el mandatario formuló antes de su partida. “Presionaré con el proyecto Gezi: si ustedes no quieren un centro comercial, construiré una mezquita”, dijo, para luego agregar que los manifestantes son “maleantes”.

Para los expertos en política turca, el actual malestar tiene reminiscencias del estilo hegemónico del liderazgo del Partido Democrático de los años 50.

“En 1957, el primer ministro Adnan Menderes y el presidente Celâl Bayar estaban bastante confiados porque habían obtenido 47 por ciento de los votos en las elecciones”, dijo Huseyn Ergun, veterano político y actual presidente del Partido Social Demócrata.

“Habían empezado a imponer sanciones al partido opositor y a sus representantes. También tenían en el parlamento una comisión investigadora contra la oposición y destruyeron sitios emblemáticos de Estambul. Usted sabe cómo terminó todo esto”, agregó.

De hecho, estuvieron en el poder hasta 1960, cuando fueron derrocados en un golpe militar, historia que los turcos no quieren ver que se repita mientras vivan.

La tala es uno de los mayores daños en el sur de la Reserva de la Biosfera de Bosawas. 8José Garth Medina/IPS)

El presidente de la nación indígena mayangna, Aricio Genaro, narró  que la lucha de los pueblos autóctonos por esta reserva, que aún constituye la selva más grande de América Central, se intensificó a partir de 2010 ante el incremento de la presencia de campesinos proveniente del este y centro del país.

Genaro aseguró que la invasión se ha tornado violenta y descarnada contra los recursos naturales y la propia comunidad aborigen, estimada en unos 30.000 integrantes. En ese marco, indicó que 13 indígenas han muerto desde 2009 en defensa del territorio.

La última víctima de este enfrentamiento fue el indígena Elías Charly Taylor, quien murió a causa de las heridas de balas recibidas en la comunidad Sulún el 24 de abril, cuando regresaba de una manifestación contra la destrucción de la selva.

Esa protesta, iniciada en febrero, llamó la atención del gobierno izquierdista de Daniel Ortega y expuso el tema de la destrucción de la zona que en 1997, cuando fue declarada Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), contaba con más de dos millones de hectáreas de especies forestales y bosques tropicales húmedos.

Un estudio publicado en 2012 por la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, la Unión Europea y Oxfam alertó que “se requerirán de 24,4 años para no tener bosques en Bosawas y de 13,3 años para no disponer de zona de amortiguamiento en la Reserva”, en caso de continuar con la depredación en curso.

Vida silvestre en retirada

Los mayangnas viven de la caza y de la pesca, la crianza de animales para consumo doméstico, la recolección de frutas y de granos y tubérculos producidos con antiguas metodologías de siembra natural. Pero esta forma de vida ha sido trastocada por los campesinos invasores.

“Disparan a todo, queman todo, envenenan el agua de los ríos y botan los árboles gigantes que por años nos han dado sombra y protección, y luego avanzan más y nada los detiene”, afirmó Genaro.

“El danto (tapir) ya no se mira, los pumas y los tigrillos han huido de la zona y ya no se oye cantar a los miles de pájaros que nos daban señales de lluvia. Ni los peces grandes se ven en los ríos; todo está desapareciendo”, detalló.

Según el ecólogo Kamilo Lara, de la no gubernamental red de organizaciones ambientalistas del Foro Nacional de Reciclaje, ya se destruyeron más de 96.500 hectáreas dentro del núcleo de la Reserva de la Biosfera de Bosawas.

El activista añadió que “55 por ciento de los bosques en la llamada zona de amortiguamiento, donde se han asentado unos 20.000 mestizos campesinos, fueron derribados para comerciar la madera, desarrollar pasturas para el ganado vacuno y cultivar granos para fines comerciales”.

También estimó que unos 12.000 de los 19.896 kilómetros cuadrados que componían originalmente la reserva han sido depredados al expandirse esa área de amortiguamiento, que en su origen era inferior a 5.500 kilómetros cuadrados.

El asesor presidencial para temas ambientales, Jaime Incer Barquero, dijo a Tierramérica que las autoridades nacionales deberían acelerar las medidas de protección “antes que la reserva pierda el estatus (de patrimonio de la humanidad) y el mundo la reserva”.

Con Barquero coincidió el representante de Unesco en Nicaragua, Juan Bautista Arríen, quien sostuvo a Tierramérica que también es de la opinión de aplicar “urgentes y firmes acciones” para proteger tanto a la comunidad indígena como a la naturaleza.

Reacción oficial

Ante la denuncia de los indígenas y las observaciones de los ambientalistas, el gobierno de Ortega comenzó a implementar algunas medidas contra la depredación. Autorizó el uso de la fuerza mediante el envío de 700 militares del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua y otro tanto de policías, con el propósito inicial de controlar la violencia entre colonos e indígenas.

También creó una comisión de autoridades nacionales para coordinar acciones y aplicar una política de “mano dura” contra personas y organizaciones señaladas de depredar el ambiente.

Tras visitar la zona a comienzos de este mes y constatar in situ el daño, las autoridades emitieron el decreto 15- 2013 que crea la Comisión Interinstitucional como un órgano de carácter permanente para la “Defensa de la Madre Tierra en Territorios Indígenas y Afrodescendientes del Caribe”.

La función que tendrá esta comisión para “fortalecer el Régimen de Autonomía de la Costa Caribe” será la de afianzar los derechos ancestrales de propiedad en los territorios indígenas con las instancias operativas y amparar las medidas que se acuerden en conjunto con las autoridades comunales y territoriales para resguardar la biodiversidad de la reserva.

También se anunció el inicio de una serie de juicios penales, administrativos y acciones civiles contra todas aquellas personas acusadas de destruir y atentar contra el ambiente y los derechos de las comunidades indígenas.

De acuerdo al Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, la Norte y la Sur, los territorios indígenas solo pueden ser ocupados y usufructuados por miembros de las comunidades autóctonas.

El director del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, sociólogo Cirilo Otero, apoyó las acciones de protección, pero advirtió que la aplicación de medidas coercitivas para proteger el ambiente, sin el acompañamiento de políticas de apoyo a los campesinos que invaden la zona por razones de pobreza, crearía otro conflicto socioeconómico y violencia rural.

El gobierno expuso el problema y solicitó ayuda a la directora general de la Unesco, Irina Bokova, mientras el país trata por sus medios de detener la destrucción del último gran pulmón de América Central

Familiares de desaparecidos, como estos del estado de Nuevo León, buscan sus deudos desde hace años en todo México. Crédito: Daniela Pastrana /IPS

En tres años, tocó todas las puertas, escuchó de los agresores de su hijo cómo lo desintegraron y realizó dos indagaciones infructuosas de los restos, supuestamente enterrados bajo un aguacatero.

Sin embargo, en abril llegó a su casa un citatorio oficial del Control Interno de la policía federal, que emplazaba al agente Rodríguez a presentarse el 15 de mayo “sin uniforme ni arma de cargo” y “asistido por un (abogado) defensor” para responder por el incumplimiento de sus obligaciones como servidor público y abandonar su trabajo.

La madre se presentó a la cita con la misma fotografía que ha llevado a las caravanas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a los encuentros con el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), conservador, y a múltiples entrevistas.

“Aquí está mi hijo, con uniforme, porque no se lo pude quitar, sin arma, y con su abogado, que soy yo. ¿Les puedo imputar cargos a ustedes, que perdieron a mi hijo?”, reclamó.

El titular del área, Paul Aguilera, alegó que la institución no tiene una base de datos para conocer la situación de cada uno de los agentes y, en cambio, tiene pendientes de enviar 16.000 oficios.

“Lo que me hicieron es una crueldad, y lo peor es que si esto pasa en mi caso, que es tan visible, ¿qué será con los otros miles que no han llegado hasta acá?”, dijo Rodríguez a IPS.

Para las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, México afronta una tragedia humanitaria por las personas desaparecidas por la violencia que dejó el gobierno de Calderón, finalizado en diciembre.

Hay 26.000 personas con paradero desconocido, según el listado que en febrero difundió la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior). Pero en la lista no aparecen, por ejemplo, 86 de los 140 casos de desaparición forzada documentados por la no gubernamental Human Rights Watch, con sede en Washington, en el informe “Los desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada”.

Tampoco incluye a víctimas de casos que relevaron las movilizaciones del Movimiento por la Paz en 2011, como los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, el ajedrecista Roberto Galván Llop o Yahaira Guadalupe Bahena, cuya madre realizó dos huelgas de hambre para demandar respuestas.

Ahora, el reporte  “Confrontando una pesadilla: desapariciones en México”, presentado el martes 4 por Amnistía Internacional, advierte que hay “un patrón sistemático de desapariciones y desapariciones forzadas” que fue ignorado por el anterior gobierno.

La organización humanitaria, con sede central en Londres, documentó 152 casos de personas desaparecidas. En 85 de ellos hay evidencia de la participación de funcionarios públicos.

Destacan las historias de profesionales reclutados forzadamente por grupos criminales, entre ellos, seis ingenieros telefónicos secuestrados en junio de 2009 en el norteño estado de Tamaulipas.

Sin embargo, la información disponible muestra apenas la punta de un iceberg que amenaza con estrellarse de frente contra el barco del también conservador presidente Enrique Peña Nieto.

Una investigación del diario Milenio, basada en informes municipales incompletos y publicada en octubre de 2012, indicó que durante el gobierno de Calderón fueron enviados a fosas comunes más de 24.000 cuerpos sin identificar. No hay datos disponibles para saber cuántos de esos cuerpos corresponden a los de personas desaparecidas.

La incapacidad de la infraestructura mortuoria tiene un rostro visible. En este país de 117 millones de personas, hay solo 25 antropólogos forenses.

Una docena de entidades no tiene laboratorios de genética. Los criterios para las exhumaciones y el tratamiento de cadáveres no identificados no están homologados, y algunos, incluso, son incinerados.

Los expedientes de las personas enviadas a fosas comunes están, en el mejor de los casos,  incompletos, sin huellas dactilares, peritajes de fotografía o genética confrontados con los datos nacionales. En otros casos, son equivocados.

El gobierno se niega a aceptar que existe una tragedia humanitaria, pero el 21 de febrero firmó un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que el organismo internacional asesore en la creación de un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.

Hay casos como el de Bárbara Reyes, desaparecida a los 17 años en agosto de 2011 y cuyos restos fueron encontrados 18 meses después en una fosa común. Para encontrar el cuerpo fue necesario cavar 64 metros por tres días. “Solo recuperé los huesitos de mi hija”, dijo a IPS su madre, Lourdes Muñiz.

También el de Alejandra Viridiana Osornio, secuestrada en noviembre de 2011 en un bar de la periferia de Ciudad de México. Después de recorrer las morgues del país, su madre, Beatriz Mejía, la encontró el mes pasado, en los registros del anfiteatro de la delegación donde hizo la denuncia por la desaparición.

El cuerpo de la joven había estado ahí dos meses, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, clasificada dentro de los no identificados (NI).

“La tuvieron dos meses y la mandaron a una fosa común. ¡Dos meses en los que prácticamente fui todos los días a preguntar si sabían algo! ¿Cómo pueden ser así?”, criticó Mejía.

Casos similares han destapado una cloaca en el estado de México, colindante con la capital y que ocupó el primer lugar en feminicidios mientras fue su gobernador Peña Nieto (2005-2011).

Pero las historias de familiares que  recorren fosas y cementerios buscando cuerpos NI o que tienen que “rescatar” investigaciones de los archivos, se multiplican en el país.

“Me dijeron que ya no tienen más líneas que seguir y mandaron el expediente al archivo”, dijo Brenda Rangel a IPS. Su hermano menor, Héctor, desapareció en noviembre de 2009 con otras dos personas cuando fue a hacer una cobranza al norteño estado de Coahuila.

En respuesta a la presión de los familiares, el gobierno anunció el 17 de mayo la creación de una unidad especializada de investigación para la búsqueda de desaparecidos, que estará a cargo de la Procuraduría (fiscalía) General de la República.

Ya comenzó a trabajar, pero le asignaron solo 12 agentes investigadores.

Para completar el desolador cuadro, la crisis de desaparecidos alcanzó a la capital del país, que hasta ahora parecía blindada frente a la violencia.

El 26 de mayo, 11 jóvenes originarios del popular suburbio de Tepito fueron secuestrados en un bar del céntrico y turístico barrio de Zona Rosa. Diez días después, la policía sigue sin pistas.

Documentales resultado de un taller organizado por el colectivo El árbol boca abajo, en colaboración con Málaga Acoge, en la cárcel de Alhaurín en el que los internos aprendieran a hacer documentales durante dos semanas. Fueron ellos mismos los que decidieron qué querían contar, cómo y por qué.