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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su “profunda decepción” por el dictamen, mientras el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos resaltó que este es apelable y reclamó “al gobierno haitiano investigar todas las denuncias verosímiles de delitos corrupción y abusos de derechos humanos, sin importar quién los haya cometido, y castigar a quienes resulten culpables”.

“Durante años hemos dicho que el régimen de Duvalier fue represivo, y nos solidarizamos con quienes fueron sus víctimas y buscan justicia y verdad para sí y para sus seres queridos”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Molly Lynn Westrate.

Washington ofreció asistencia técnica a Haití para efectuar investigaciones, pero esta no fue aceptada, agregó.

El juez investigador Carves Jean dictaminó este martes 31 en Puerto Príncipe que el estatuto de limitaciones alcanza las acusaciones contra Duvalier vinculadas a derechos humanos y, por tanto, este solo puede ser juzgado por apropiación indebida de fondos públicos, un delito menor que entraña una pena máxima de cinco años de prisión.

El magistrado se negó a publicar su decisión, pero, según reportes de prensa, se basó en la recomendación del fiscal estatal, lo que se considera una señal de que el actual gobierno haitiano de Michel Martelly –quien habría consultado personalmente el tema con Duvalier– no tiene interés en ahondar las investigaciones.

“Si esta decisión equivocada se mantiene tras la apelación, fortalecerá la cultura de impunidad de Haití, negando la justicia para miles de víctimas de Duvalier”, dijo el consejero especial de la organización Human Rights Watch, Reed Brody.

“El puñado de víctimas interrogadas fueron sometidas a la intimidación de los seguidores y abogados de Duvalier”, sostuvo el asesor especial sobre Haití de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, quien calificó la investigación como una “desgracia”. “Está claro que el juez desestimó evidencia invalorable y decidió no interrogar a todas las víctimas que presentaron querellas”, añadió. “Es un día negro para Haití y para la justicia”, sentenció.

Organizaciones haitianas expresaron del mismo modo su consternación. Anthonal Mortimé, director de la Plataforma de Organizaciones Haitianas Defensoras de los Derechos Humanos, calificó el dictamen como un “escándalo” y prometió que se intentará revertirlo cuando el caso pase a vista del fiscal general, tal como prevé la ley de ese país.

Duvalier, que heredó el poder de su padre, el dictador François Duvalier, “Papa Doc”, (1957-1971), fue derrocado por un alzamiento popular en 1986 y huyó a Francia, donde fue acogido hasta su sorpresivo retorno, un año atrás, mientras la nación caribeña luchaba por recuperarse del demoledor terremoto de enero de 2010, que destruyó la capital y buena parte del resto del país.

Durante la dinastía de 39 años de los Duvalier, decenas de miles de personas fueron asesinadas, la mayoría por la temible milicia ilegal de los Tonton Macoute, creada por Papa Doc y sostenida por su hijo.

Además de los asesinatos, que se siguieron cometiendo en el régimen de Baby Doc, cientos de presos políticos se apiñaban en varias prisiones, en especial en la infame Fort Dimanche, donde morían de abandono, torturas y otros abusos.

Duvalier, de 60 años, recibió la orden del gobierno de permanecer confinado en su residencia en la capital, mientras los fiscales investigaban los cargos en su contra, por supuestamente haberse embolsado unos 800 millones de dólares, y las querellas penales de presuntas víctimas y familiares.

Luego de la investidura de Martelly en mayo, Duvalier comenzó a viajar por el país y a reunirse con amigos y seguidores. El mes pasado habló en una escuela de leyes en Gonaïves, en el norte del país.

Al cumplirse el segundo aniversario del terremoto, este mes, el exdictador asistió al acto oficial del gobierno e incluso estrechó la mano del expresidente estadounidense Bill Clinton, que preside una comisión encargada de coordinar las donaciones internacionales para la reconstrucción.

Martelly, que tiene vínculos familiares con Duvalier, ha insistido en su compromiso con la reconciliación nacional y mostrado escaso interés en un juicio que podría renovar las divisiones y la inestabilidad. En una visita a Europa la cuarta semana de enero, llegó a sugerir que indultaría al exdictador si era condenado, aunque luego se retractó.

“Invitar a Jean-Claude Duvalier a ceremonias públicas muestra que el gobierno quiere rehabilitarlo”, dijo Zúñiga.

“Dada la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, se puede esperar ese resultado”, comentó el especialista en Haití, Robert Fatton, de la Universidad de Virginia. Hijos e hijas de duvalieristas notorios son asesores o funcionarios del gobierno de Martelly, indicó.

“Pero, para ser absolutamente justos, hay una cuestión de estabilidad”, dijo Fatton a IPS. “Si hay un juicio a Jean-Claude, todos quienes se oponen (al expresidente Jean-Bertrand) Aristide pedirán otro juicio para él. Es fácil imaginar cómo puede deteriorarse la situación”.

Aristide fue el primer presidente elegido democráticamente en Haití, en 1991. Un golpe de Estado lo apartó de su cargo meses después, y volvió al poder en 1994 con apoyo de Estados Unidos.

Tras concluir su mandato en 1996, Aristide retornó a la Presidencia en 2001, como resultado de unas polémicas elecciones. Fue derrocado en febrero de 2004 en medio de una ola de violencia. Más tarde denunció que su derrocamiento había sido obra de Washington.

Permaneció exiliado en Sudáfrica, hasta que en marzo pasado se permitió su regreso al país, según analistas para “equilibrar” las críticas por la presencia de Duvalier en Haití.

“Al mismo tiempo”, agregó Fatton, “no veo ninguna reconciliación sin algún tipo de proceso o comisión de la verdad”. “Decir simplemente que (el pasado violento) es un asunto terminado no hace nada por la reconciliación. Solo exacerba tensiones, porque la gente ve que es impunidad”.

Menos de dos semanas atrás, ocho agentes policiales, entre ellos algunos altos oficiales, fueron sentenciados a penas de hasta 13 años de prisión por la muerte en 2010 de unos 20 detenidos en Les Cayes, sudoeste del país. El proceso fue calificado como un paso importante contra la impunidad.

Respecto de la decisión de este martes 31, defensores de derechos humanos alegan que el derecho internacional tiene preeminencia frente al estatuto de limitaciones de Haití, supuestamente invocado para no juzgar a Duvalier. Y se refieren a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos este país caribeño está obligado a respetar.

La Corte ha dicho en más de una ocasión que ningún estatuto o amnistía puede aplicarse a casos de crímenes de lesa humanidad, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Es evidente según el derecho internacional que no existe ningún estatuto de limitaciones para tales crímenes”, dijo a la prensa en Ginebra el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Rupert Colville.

La funcionaria del Departamento de Estado, Westrate, apuntó además que “las víctimas todavía tienen el recurso de la corte de apelaciones y, si fuera necesario, de la corte suprema”.

Pero Fatton es escéptico sobre la voluntad de Washington para presionar en favor de que el proceso avance. “Estados Unidos aceptará de buen grado el statu quo”, opinó. “Su objetivo central en Haití es un gobierno que funcione y sea estable. Cualquier cosa que genere inestabilidad no será bienvenida”.

Michael Shifter, presidente del centro de análisis Diálogo Interamericano, estimó también que Estados Unidos “no se arriesgará a antagonizar con el gobierno de Martelly por este asunto”.

“Ahora, uno de los grandes problemas es (la propuesta de Martelly) de restaurar el ejército”, abolido por Aristide, dijo. “Ni Estados Unidos ni la comunidad internacional están felices con esto. De modo que Duvalier no parece la mayor prioridad”.

Imagen de la señal emitida por RTVE de la retransmisión en directo del juicio

De repente, la España invisible normalmente para los medios de comunicación, la de la tercera edad, la que viste de negro cuando está de luto y peina su cabellera blanca en un recogido bajo, apareció en la retransmisión en directo de RTVE del juicio contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Era María Martín López, que a sus 81 años por fin podía sentarse ante unos jueces, abogados y fiscales y sacar un hilo de voz para pedir, una vez más, recuperar los restos de su madre. El 21 de septiembre de 1936 en la localidad de Pedro Bernardo (Ávila), cuando ella tenía sólo 6 años, partidarios del bando de los golpistas cogieron a su madre y “la mataron, la echaron a la calle, se la llevaron a declarar a Arenas de San Pedro, pero la dejaron en el camino y mataron a 27 hombres y 3 mujeres”, ha explicado María Martín al abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda.

Su padre, que fue encarcelado, intentó exhumar los restos de su madre al salir de prisión pero tuvo que desistir, según cuenta ahora su hija, ante las continuas amenazas: “No vayamos a hacer contigo lo que le hicimos a ella”. La mujer ha contado cómo se personó y mandó cartas a numerosas instituciones pidiendo que la ayudaran a desenterrar a su madre, cuyos restos sabe perfectamente dónde están, “pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por encima”, una fosa común en la que asegura hay cuerpos de cinco represalidados más del régimen.

“Sola por el mundo, completamente”, así es como ha definido su lucha durante toda una vida para dar sepultura a los restos de su madre esta representante de la Asociación Nuestra Memoria, de represaliados en la Sierra de Gredos. “Desde el 77 que me encargó mi padre continuar, ‘a ver si consigues llevar a tu madre conmigo”.

También ha declarado hoy Pino Sosa, de 75 años, representante de la Asociación por la Memoria Histórica de Araucas de Gran Canaria e hija de un desaparecido por el régimen. A la pregunta de por qué su asociación había recurrido a la Audiencia Nacional, ha respondido: “Acudimos por justicia. Se lo llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos. (…) Cuando se llevaron a mi padre yo era muy pequeñita. Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas. Porque mi madre murió enferma, buscaba a mi padre y nunca lo consiguió”. Su madre nunca aceptó la declaración oficial de fallecimiento, según cuenta Sosa, porque “como decía ella, se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba“. Cuando el abogado de la acusación particular, ejercida por el colectivo de extrema derecha Manos Limpias, José María Ruiz, le ha preguntado por qué acudieron a la Audiencia Nacional y si otros juzgados le habían informado de que los hechos habían prescrito, Sosa ha respondido que les informaron de que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que, vista la tardanza en contestar en el juzgado local, presentaron su caso ante la Audiencia Nacional.

Asimismo, Sosa puntualizó que su declaración no afectaba en nada a la búsqueda de su padre y de los otros 500 desaparecidos que la Asociación de Memoria Histórica de Araucas en Gran Canarias representa, ni a la denuncias y demandas interpuestas ante otras instancias, como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El último en declarar esta mañana fue el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, en representación de Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), que explicó que tras años de investigación sobre lo que había ocurrido en esa comarca a partir de 1936, era evidente que había habido “un plan sistemático para eliminar a los responsables del gobierno legítimo de la República” de lo que se derivaba que había habido “actos de genocidio”. El historiador explicó que presentaron la denuncia ante la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 “porque había muchos crímenes sin resolver, queríamos saber cómo se habían producido las muertes y dónde estaban esas personas (…) y para intentar saber cómo se había producido el proceso final, al que nosotros no podíamos llegar” puesto que siguen sin ponerse a disposición pública los documentos penitenciarios de la Policía y de la Guardia Civil de los años de la dictadura. “Todavía las instituciones del Estado no se han concienciado que deben entregar a la población civil, a los historiadores, el acceso a estos archivos para documentar el proceso represivo”. Por eso es fundamental una investigación judicial, explicó. “Somos personas sensibles y hemos viajado, y hemos visto que en otros territorios del mundo se habían producido denuncias por hechos similares y aquí no”, añadió.

Está previsto que declaren en total 22 testigos propuestos por la defensa. Veintidós representantes de las víctimas de la dictadura franquista que por primera vez serán escuchados por la administración de la Justicia española, aunque el juzgado sea el juez que recuerda incansablemente que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que no pueden ser amnistiados.

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Policías egipcios de paisano intentan arrestar y quitar la cámara a un periodista en El Cairo, 2011. (AP Photo/Ben Curtis)

“Al comienzo de la Primavera Árabe, el control de información fue una prioridad clave para las autoridades”, dijo  la investigadora para Medio Oriente y África del Norte de Reporteros Sin Fronteras, Soazig Dollet.

“Los gobiernos trataron de censurar la cobertura de la represión lanzada por las fuerzas de seguridad contra las protestas, impidiendo el acceso a Internet y bloqueando la telefonía móvil, así como atacando a periodistas locales e internacionales”, apuntó.

El levantamiento popular de Túnez, en enero de 2011, que llevó a la salida del presidente Zine al-Abidine Ben Ali, dio origen a una ola de protestas que rápidamente se propagó por el resto del mundo árabe. Le siguió Egipto el 25 de ese mes, cuando manifestantes comenzaron a reclaman el fin del régimen de 30 años del anciano presidente Hosni Mubarak.

Tras el éxito de Egipto y Túnez, otros países como Bahrein, Marruecos, Libia, Yemen y Siria lanzaron sus propias revueltas.

La prensa desempeñó un papel fundamental informando sobre las manifestaciones y la consecuente represión, pero los profesionales corrieron serios riesgos cuando las autoridades trataron de bloquear la propagación de noticias.

Un informe de Reporteros Sin Fronteras señala que por lo menos 20 periodistas fueron asesinados y 553 agredidos o amenazados en la Primavera Árabe, lo que hizo de Medio Oriente y el norte de África una de las regiones más peligrosas para los trabajadores de prensa.

“Los regímenes de los países donde hubo levantamientos populares trataron al principio de censurar la información“, señaló Ayman Mhanna, director ejecutivo de la Fundación Samir Kassir.

“Comenzaron bloqueando el acceso a las redes sociales como Facebook y Twitter, pero luego se dieron cuenta de que podían abrir esos sitios para controlar quién escribía qué. Después restringieron el acceso a periodistas extranjeros e independientes, a menos que estuvieran totalmente bajo su control”, dijo.

“La situación mejoró un poco, salvo en Siria y Bahrein. En el primer país, los periodistas extranjeros solo entran furtivamente, a menos que acepten trabajar bajo control de las autoridades, que, por otra parte, no garantizan su seguridad. La muerte de Gilles Jacquier (el 11 de este mes) es un ejemplo de ello”, añadió. “En Bahrein, la situación es muy difícil. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo tienen intereses creados en bloquear la revolución en ese país. Todos los medios de prensa opositores están censurados, y los que son afines al régimen distorsionan totalmente la información”, apuntó.

Defensores de los derechos humanos consideran a Medio Oriente y el norte de África una de las regiones con mayor censura por la abundancia de controles, leyes, normas, hostigamientos, detenciones y restricciones físicas.

Algunos de los periodistas muertos en 2011 (CPJ)

Disposiciones legales de toda clase se usan para detener a periodistas, acusándolos de socavar la reputación del Estado, frenando así denuncias de corrupción contra funcionarios públicos.

Las autoridades de Bahrein utilizaron la Ley de Prensa de 2002 para censurar. El Código Penal de Siria criminaliza la propagación de noticias en el extranjero.

Además, Egipto y Siria tienen leyes de emergencia que permiten perseguir y detener sin el debido proceso a periodistas, trabajadores de prensa en general y activistas políticos.

“Durante el régimen de Mubarak hubo muchas formas de censura, como llamadas (de presión) a los jefes de edición, prohibiciones de impresión de ciertos números en particular, confiscación de ediciones diarias, hostigamiento a periodistas e incautación de sus pertenencias”, señaló Ramy Raoof, director de medios en Internet para la Iniciativa Egipcia de Derechos Personales.

“Esas cosas siguen ocurriendo, pero con diferentes funcionarios. En vez del personal del Ministerio del Interior, lo hace gente del sistema militar. Por ejemplo, el 22 de febrero de 2011, una carta de la Armada enviada a los periódicos egipcios les decía en resumidas cuentas que no publicaran nada sobre el ejército“, dijo.

“Los códigos de prensa de la mayoría de los países árabes pretenden respetar la libertad de prensa, pero en realidad dejan amplios espacios para ser violados por los regímenes de turno. Algunos de sus artículos, como ‘desmoralizar a la nación’, se han utilizado mucho en los últimos tiempos en Siria. Acusar a activistas de traición o de cooperar con enemigos extranjeros es otro cargo al que se recurre con frecuencia”, añadió Mhanna.

Pero un año después del comienzo de la Primavera Árabe, cuando varios países luchan por construir un futuro democrático y en otros siguen realizándose manifestaciones en reclamo de democracia, todavía es difícil para los periodistas hacer su trabajo.

Ahora “los periodistas pueden expresar sus opiniones con más libertad porque rompieron la ‘barrera del miedo’”, indicó Mhanna. “Pero sigue siendo peligroso expresar su opinión en países donde las revoluciones lograron derrocar al régimen o donde crece el peso de grupos religiosos extremistas”, añadió.

“En cierta forma, cambió la naturaleza de la censura. Ahora son peligrosas las consecuencias de lo que escribe o dice un periodista”, observó

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“Este es un mensaje para mis compañeros de trabajo,
para todos los que sois funcionarios,
para todos los que dais la cara cada día de trabajo: bomberos, enfermeros, sanitarios,
y especialmente a todos los policías que escuchéis este mensaje.
Estéis en el lugar del mundo en el que estéis.

Yo también soy funcionario. Me llamo Javier Roca Sierra y soy policía aquí, en España.

Os hablo como persona, no como profesional
y me dirijo a vosotros, como la persona que sois,
más allá de una placa o del uniforme.

Os hablo como ciudadano,
como uno más que sufre y que comparte los mismos problemas que el resto de los ciudadanos.

Este mensaje pretende alcanzar más allá de mi 15M particular y de mi indignación.
Pretendo hablar de humanidad, de respeto, de cercanía, de igualdad, de solidaridad. Sólo quiero invitaros a la reflexión.

Nuestro mundo lo han hecho dinero.
Nos gobierna el egoísmo y la codicia.
Nos manipulan, nos hemos convertido en seres ambiciosos y competitivos.
Hemos cambiado nuestros valores
por nuestras necesidades y por nuestros intereses.
Nos hemos olvidado del que tenemos al lado.

Estamos empezando a padecer la crisis que el Tercer Mundo lleva décadas sufriendo.
Hay millones de personas que no comen ni beben, ni una sola vez al día.
Hay países enteros dominados por el miedo.
Hay niños que nacen olvidados.
Y, por si fuera poco, nos venden la guerra contra el terror.
Nos alimentan el odio.
Y quien piense lo contrario, lo compran o lo callan.
Nos hemos olvidado del resto
y no creo que el dinero pueda arreglarlo.
No hay soluciones para esto.

Esto no es una crisis económica o financiera. Es una crisis de conciencia.

Compañeros, me dirijo a vosotros porque sois testigos del terror y la barbarie.
Porque sabéis lo que es tocar el miedo.
Porque sabéis lo que es la fatiga y la impotencia.
Y habéis aprendido a vivir con ello.
No hablo de dejar la Policía ni el Cuerpo al que pertenezcáis.
Sólo os invito a la reflexión: intenta ponerte en la piel del otro.

Compañeros, el futuro no pinta bien y nuestros hijos deberían disfrutarlo.
Y los hijos de nuestros hijos
como todos los niños del mundo.
No se trata de ti, ni de mí, ni de nosotros.
Se trata de todos, se trata de un cambio global.
Todos podemos cambiar algo.
Empecemos por nosotros mismos.
Pensando alto, sintiendo hondo y hablando claro.
Compañeros no estoy loco. Os aseguro que merecerá la pena.

(AP Photo)

“El 25 de marzo de 1982 asesinaron a mis tres hermanas, a mi mamá y a cinco hermanos menores de edad. Primero (los militares) los interrogaron para saber quiénes eran los guerrilleros (que buscaban) y, como no dijeron nada, los fusilaron”, relató a IPS Elena Chávez, sobreviviente de un incursión del ejército en 1982 en el occidente de Guatemala.

Desde entonces esta indígena ixil no cejó en su afán de llevar ante los tribunales a los máximos responsables de esta masacre, perpetrada durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Pero no fue sino hasta este jueves 26 que escuchó por primera vez una señal favorable, cuando la jueza Patricia Flores dispuso abrir el proceso.

Sin embargo, la magistrada libró al general retirado de ir a prisión por el momento. “No existe obstaculización a la verdad ni peligro de fuga, razón por la cual considero pertinente exigir una fianza de 500.000 quetzales (unos 65.000 dólares) y disponer su arresto domiciliario y limitar su libertad de locomoción”, señaló en su dictamen.

Esta última decisión provocó desazón en los familiares de las víctimas, quienes piden la cárcel de inmediato para el militar retirado.

“Queremos que vaya a la cárcel, queremos justicia y que se cumpla la ley, porque violaron los derechos de mis familiares durante la masacre que cometieron en Nebaj, Quiché”, situado en el noroccidente del país, dijo Chávez.

En la audiencia, el fiscal Manuel Vásquez acusó a Ríos Montt de haber implementado los planes “Victoria 83″ y “Firmeza 82″ por medio de los cuales el ejército cometió genocidio y delitos contra la humanidad en poblaciones indígenas guatemaltecas durante su gestión.

La parte acusadora señaló que durante la dictadura de Ríos Montt, hoy con 85 años de edad, murieron al menos 1.771 personas, se cometieron 1.485 violaciones de mujeres menores de edad y 29.000 personas fueron desplazadas a la fuerza de sus hogares.

Por tales hechos, el Ministerio Público solicitó a la jueza abrirle un proceso judicial al militar retirado.

Llegado el turno del acusado, Ríos Montt respondió lacónico: “He entendido lo que ha querido decir la fiscalía, pero no responderé”.

A pesar de que en innumerables ocasiones ha dicho que es inocente de las acusaciones de genocidio, las víctimas guardan intactos sus recuerdos de la tragedia.

“Yo era un niño de 11 años, no podía ser un enemigo. No era necesario matar niños y mujeres para combatir al enemigo”, dijo el indígena Antonio Caba, otro sobreviviente de la masacre de Quiché, el departamento más azotado por el ejército durante la guerra que libró contra la guerrilla izquierdista.

Este miembro de la etnia ixil perdió a su abuela y a dos hermanos durante la embestida de las fuerzas de seguridad del Estado en 1982.

“Lo que estamos reclamando es justicia para que esta historia no se repita porque, si no se castigan estos hechos, podrían repetirse”, sostuvo Caba, quien espera que el destino próximo del militar sea la cárcel.

En los 36 años de conflicto armado en Guatemala fueron asesinadas o desaparecidas más de 200.000 personas, con el ejército como responsable de 93 por ciento de esos crímenes, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

Esta comisión reportó, además, que durante la dictadura de Ríos Montt se llegó al punto máximo en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, teniendo como principales víctimas a los indígenas.

(AP Photo)

La CEH fue creada a partir de los Acuerdos de Paz firmados en 1996 entre el ejército y la entonces insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, para aclarar “con toda objetividad, equidad e imparcialidad” las violaciones a los derechos humanos cometidas en los más de 30 años de guerra.

El proceso que se le sigue a Ríos Montt ha generado expectación nacional e internacional sobre este país, donde ningún miembro de la cúpula militar había sido juzgado hasta ahora.

Zury Ríos, la hija del militar retirado que lo acompañó durante la cita en los tribunales.

“Confío en la justicia y las leyes de la república y vengo a acompañar al general Ríos Montt porque es mi padre y porque es mi amigo. El Ministerio Público tiene ahora que probar todas las acusaciones”, dijo a IPS.

La audiencia en la que compareció el militar retirado fue seguida con un gran interés en las afueras de la torre de tribunales, donde se observaron pancartas y fotografías de los desaparecidos.

Al finalizar la jornada, Ríos Montt terminó con una sonrisa y las víctimas con un sabor agridulce.

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(AP Photo/Vadim Ghirda)

Esta privatización propuesta por el gobierno centroderechista es parte del programa de austeridad, el más estricto de Europa, impuesto en 2009 como condición para recibir un crédito de 20.000 millones de euros (27.300 millones de dólares) del Fondo Monetario Internacional. En ese marco se redujeron 25 por ciento los salarios estatales y se recortó la asistencia social.

Las protestas estallaron ahora en respuesta a un proyecto de ley para privatizar el sistema de salud que presentó el presidente de Rumania, Traian Basescu, a comienzos de este mes, y que fue redactado por una comisión sin debate público.

La iniciativa propone que todos los paquetes de seguro médico, incluida la cobertura universal básica, sea gestionada por fondos privados, al igual que los servicios de emergencia.

Eso llevó al secretario de Estado, Raed Arafat, (creador de un sistema de ambulancias (SMURD) eficiente que funciona en muchas ciudades rumanas), a sostener que la implementación de la nueva ley destruiría esa iniciativa.

Para la desmoralizada población fue el colmo. Cientos y miles de personas protestaron por las calles de Bucarest y de otras ciudades.

“Los médicos de familia no quieren una reforma del sistema de salud ni los empleados del sistema de emergencia así como tampoco una porción de la población”, declaró Basescu el viernes 13 al retirar el proyecto de ley, al parecer sin poder distinguir entre reforma y privatización.

En 13 ocasiones en los últimos cuatro años, el Poder Ejecutivo sorteó al parlamento para leyes importantes, bastante más que las cuatro veces que ocurrió lo mismo durante el gobierno socialdemócrata de 2000 a 2004.

El gobierno Basescu sancionó en 2011 una ley para prohibir las concentraciones públicas sin permiso cerca de instituciones estatales, así como otra para que las empresas privadas realizaran expropiaciones en nombre del Estado.

(AP Photo/Octav Ganea )

Esa última fue considerada una herramienta directa para ayudar a la sociedad canadiense Rosia Montana Gold Corporation a ganar una batalla de larga data en el ámbito local para explotar oro, utilizando cianuro, en esa localidad del oeste de Rumania.

A fines del año pasado hubo algunas movilizaciones públicas contra las tácticas del gobierno. Usando los nombres de los indignados españoles o del movimiento estadounidense Ocupa, jóvenes protestaron en las grandes ciudades contra la ley de expropiación y de paso reclamaron una mejor representación.

En los centros de las grandes ciudades se pueden ver pancartas con consignas contra el gobierno, imágenes que asocian a Basescu con el exgobernante Nicolae Ceausescu (1918-1989), reclamos de democracia directa, críticas por corrupción (“nos disculpamos por no producir tanto como roban”) y expresiones desesperadas (“tenemos hambre”).

Pero también se pueden ver otros reclamos más específicos como detener el proyecto Rosia Montana, atención médica gratuita, educación decente para todos y derechos para los discapacitados.

“Hay mucha confianza entre la gente, es fácil hablar de cualquier cosa, pese a que hay muchas grupos sociales y posiciones políticas presentes, desde jubilados que llegaron a la plaza a pasar la tarde y señoras de clase media hasta activistas, punks, anarquistas, jóvenes bohemios de clase alta y seguidores de clubes de fútbol”, dijo Mihai Likacs, uno de los participantes.

“Todo el mundo busca lo mismo, participación y democracia directa. Los representantes políticos que trataron de acercarse a la plaza fueron rechazados por la gente. Lo mismo ocurrió con organizaciones fascistas como la Nueva Derecha, que fue expulsada por los manifestantes”, añadió.

Las protestas se volvieron violentas un par de noches, en especial el primer fin de semana, el 14 y 15 de este mes, cuando se rompieron cajeros automáticos y vidrios de comercios, se incendiaron contenedores de basura y varias personas fueron heridas por piedras voladoras.

Diferentes testimonios responsabilizan a fanáticos de fútbol o a provocadores infiltrados por el gobierno, la policía o a jóvenes enojados atentando contra los símbolos del neoliberalismo.

Los medios cubrieron ampliamente los episodios de violencia.

El sociólogo Mircea Kivu señaló que el excesivo interés en la violencia socava la comprensión de la protesta y su fuerza.

“Identificar a la ‘gente violenta’ como enemigo común de la policía y de los manifestantes crea un nuevo objeto de interés que reemplaza lo central del mensaje de las protestas: la exasperación de la gente que la llevó a tomar las calles”, indicó.

“Al estar centrado el debate en la violencia, el gobierno puede mostrarse preocupado en vez de atender los reclamos y los manifestantes abogan por la no violencia en vez de insistir en el aspecto central de la protesta”, explicó.

“La mayoría de la gente que salió a protestar consideró a la violencia como algo sin relación con ella ni con sus reclamos y se mantiene alejada”, indicó la politóloga Oana Popescu.

Una de las principales lecciones a aprender de los últimos acontecimientos es cómo integrar las manifestaciones a las prácticas democráticas en Rumania.

“Es bueno que ocurran estos acontecimientos, pues es una oportunidad para aprender a protestar y a expresarnos. Espero que sea una ocasión para madurar políticamente y que no terminemos yéndonos a casa y solo nos felicitemos por una hazaña”, añadió.

“Yo me sentiría mal si la CPI los deja libres, porque si son encarcelados quizá sirva de ejemplo a otros políticos y no darán dinero a la gente para que vuelvan a hacer lo que nos hicieron entonces”, reflexiona Flora Nandwa, de 53 años, grande y malhumorada.

De izquierda a derecha son: Elizabeth Munyamo, Florence Kumkanda, Consolata Ngugi, Mary Mukiri, Jennifer Kananu, Flora Nandwa y Lucy Gatakaa. Sentada está Pamela Akwende, trabajadora social en la iglesia (J. M. C.)

Consolata y Flora son víctimas de la violencia postelectoral que desgarró Kenia entre finales de diciembre de 2007 y enero de 2008. En unas pocas semanas y según las cifras oficiales, 1.133 personas murieron, más de 3.000 fueron violadas y más de 300.000 tuvieron que huir de sus hogares. Otros cálculos hablan de muchas más muertes y de hasta 600.000 personas desplazadas.

La violencia estalló el 30 de diciembre de 2007, cuando la comisión electoral declaró vencedor a Mwai Kibaki a pesar de que todas las encuestas daban como ganador a su rival, Raila Odinga. Inmediatamente y de forma aparentemente organizada, los seguidores de Odinga, sobre todo miembros de las comunidades luo y kalenjin, atacaron a los de Kibaki, miembros de la etnia kikuyu. Poco después, los kikuyu y en especial la secta de los Mungiki devolvieron el golpe también de un modo que no pareció espontáneo. Y además la Policía y otras fuerzas de seguridad –al servicio del Gobierno de Kibaki- también pasaron a cometer atrocidades.

Un hombre de la etnia Kikayu es atacado por turbas en Mathare, Nairobi, tras las elecciones celebradas en Diciembre 2007 (AP Photo/Jerome Delay)

Una niña es alejada del lugar donde los partidarios del partido de Raila Odinga queman construcciones (Ben Curtis / AP)

La CPI anunció el 22 de enero que juzgará a cuatro prominentes kenianos como organizadores o instigadores de la violencia y que confirma los cargos de crímenes contra la humanidad contra ellos. Son Uhuru Kenyatta, viceprimer ministro y ministro de Finanzas, William Ruto, exministro de Agricultura y Educación Superior, Francis Muthaura, secretario del Gobierno, y Joshua Arap Sang, un periodista radiofónico.

Rueda de prensal del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo explicando la causa
de la violencia postelectoral (inglés).

Consolata, Flora y otras cinco mujeres se han reunido como cada semana en la iglesia de Christ King de Kibera, el mayor barrio de chabolas de Nairobi y escenario de la peor violencia en la capital durante aquella crisis postelectoral. Aquí hablan y comparten sus experiencias y reciben asesoramiento psicológico y ayuda para reconstruir sus vidas.

“Fue el 31 de diciembre (de 2007) por la mañana. Grupos de jóvenes con machetes saltaron y entraron en nuestra finca. Yo me escondí debajo de la cama pero me vieron y me arrastraron hacia fuera cogiéndome de la pierna, me dijeron que no hiciera ruido y me pusieron un machete en el cuello”, empieza a contar Consolata.

Uno de los jóvenes la violó allí mismo. Luego otro. Luego otro y Consolata perdió el sentido. No sabe si fueron tres o más los hombres que la violaron: “Creí que iba a morir”. Otro grupo de jóvenes la rescató y la llevó a un hospital.

Más adelante, fue a la Policía, presentó la denuncia y señaló los jóvenes que la habían violado a un grupo de agentes que la acompañaron al lugar de los hechos. “Pero uno de los policías me dijo: ‘Mama, es mejor si lo dejas pasar’. Hoy veo por la calle o en los bares a los jóvenes que me violaron. No se ha hecho justicia”.

Consolata tenía un puesto de verduras y un pequeño bar. Ambos fueron quemados y hoy sobrevive lavando ropa y haciendo otros trabajos eventuales. Su marido desapareció durante la violencia y no ha vuelto a saber de él. Consolata no sabe si murió o si la abandonó porque había sido violada.

Durante la reunión, la única de las siete que no habla es Florence Kumkanda, una joven de 24 años cuya cara está desfigurada por quemaduras. Tras la sesión, accede a contar su historia en privado.

Florence muestra retratos de su bebé muerto en el incendio y de sí misma antes y después de la agresión (J. M.C.)

“Fue el 1 de enero (de 2008), sobre las 4 de la mañana. Alguien prendió fuego a nuestra parcela y bloquearon la puerta para que no pudiéramos salir. Mi casa fue la primera en arder…”, la voz de Florence es cada vez más baja y una lágrima resbala por su mejilla quemada. Florence había dado a luz sólo tres semanas antes y su bebé murió en el incendio. Su otro hijo, de 7 años, murió un mes más tarde en el hospital. Florence sufrió quemaduras en todo el cuerpo. “No te enseño más porque te asustarías”, dice con una sonrisa amarga mostrando parte de su vientre.

Florence inició un calvario de más de siete meses en dos hospitales diferentes. Llamaba a su marido pero éste nunca contestaba el teléfono. Hoy está con otra mujer e ignora a Florence cuando la ve por la calle. Un periodista keniano la entrevistó en televisión, su caso fue conocido y hubo gente que le llevó dinero u obsequios al hospital, pero Florence dice que las enfermeras se quedaron con todo lo que pudieron quitarle. Aida Odinga, mujer del primer ministro Raila Odinga, se apiadó de ella y le pagó la factura del hospital, pero desde entonces Florence no ha vuelto a saber de ella. Antes era limpiadora en el Kenyatta Hospital de Nairobi, pero desde la violencia no ha vuelto a encontrar trabajo y sobrevive con ayudas y lavando de vez en cuando cacharros de la gente.

Las historias de las demás varían. Flora Nandwa perdió su negocio de venta de frutos secos pero ha conseguido volver a montarlo. Mary Mukiri, de 53 años, perdió el pequeño bar que regentaba y hoy arregla y cose ropa para ganarse la vida. Elizabeth Munyamo, de 39 años, sufrió una paliza y vio cómo un grupo de jóvenes se llevaba por la fuerza a su marido, miembro de una tribu rival. No ha vuelto a saber de él. Perdió su tienda de ropa de segunda mano y hoy también cose y arregla ropa cuando surge la oportunidad. Lucy Gatakaa, que también tiene 39 años, perdió su tienda de utensilios de plástico y hoy sobrevive con trabajos eventuales. Jennifer Kananu, de 38 años, vio cómo un grupo de jóvenes robaron todo lo que pudieron de su casa. Entonces aparecieron tres policías, que le preguntaron si su marido estaba en casa. Cuando les dijo que no, la violaron -los tres- y luego se llevaron lo poco que quedaba en su casa. Nunca volvió a saber de su marido. Cuando intentó poner la denuncia, la Policía no se lo permitió.

Sus historias son representativas de las de los cientos de miles de personas para quienes sus vidas cambiaron irremediablemente. Durante unos días y en medio del caos ocasionado por la violencia se convirtieron en víctimas que aún no han encontrado justicia. Para la mayoría de ellas La Haya queda muy lejos de Kenia.

Ninguna de estas siete mujeres, como en el caso de la mayoría de las víctimas, ha recibido ningún tipo de compensación en estos cuatro años ni ha visto a sus atacantes frente a un tribunal.

Desde 2008, ha habido algunos casos de condenas por robos u otros delitos menores cometidos durante la crisis. Pero, en todo el país y desde 2008 sólo ha habido dos condenas por asesinato y ninguna por violación, según un exhaustivo informe publicado por Human Rights Watch en diciembre. En la primera semana de este mes, la oficina del Fiscal del Estado tenía los documentos de más de 5.000 casos criminales sin investigar referentes a la violencia, según informó la prensa local.

Además, aún quedan al menos 20 campos de personas desplazadas por la violencia (IDPs), donde decenas de miles llevan cuatro años viviendo en míseras tiendas sin poder volver a sus casas. Y esto a pesar de que en 2009 el Gobierno declaró que todos los campos habían sido cerrados y todos los IDPs habían sido reasentados.

“El gobierno miente”, dice indignado por teléfono Keffa Magenyi, coordinador de la red de IDPs de Kenia. “Los desplazados tienen sentimientos encontrados sobre la decisión (de la CPI), creen que se trata de una decisión política: los kikuyu creen que se ha sacrificado a uno de los suyos (Uhuru Kenyatta) y los kalenjin creen que se ha sacrificado a uno de los suyos (William Ruto), los IDPs no creen que la decisión les vaya a favorecer.

“Están en una situación muy desesperada pero el Gobierno les ha hecho tantas promesas que ya han perdido la esperanza”, concluye Magenyi.

Aún no hay fecha para el inicio de los juicios ni está claro cuáles podrían ser las penas en el caso de que sean encontrado culpables. Es probable que Kenyatta y Ruto puedan presentarse a las elecciones presidenciales –que han de celebrarse entre agosto de este año y marzo de 2013- antes o durante las primeras fases de unos juicios que se presumen terriblemente largos. Ambos han declarado que siguen aspirando a la presidencia independientemente de lo que diga la CPI.

Manifestantes en Nairobi a favor de la intervención de la CPI. (AP Photo/Sayyid Azim)

Mientras tanto, tras la emoción, el entusiasmo, las interminables conversaciones y el sentimiento agridulce durante el día de la decisión de la CPI, la vida sigue en Nairobi y en Kenia. Kenyatta, Ruto y los otros imputados no asumen ninguna responsabilidad política ni abandonan sus puestos. Y Florence, Consolata y las decenas de miles de víctimas siguen esperando.

“Si el Gobierno me ofrece algún tipo de compensación, entonces sentiré que se ha hecho algo de justicia”, dice Florence guardando las fotos de su bebé y de sí misma antes del fuego.

sta mujer estaba embarazada de este bebé cuando se refugió en la iglesia de Kiambaa. Su marido consiguió sacarla por una ventana cuando comenzó el fuego. Ella consiguió escapar y él fue agredido con machetes y dado por muerto, pero sobrevivió. Su casa -donde está tomada esta foto- está justo al lado de donde solía estar la iglesia y donde hoy están las tumbas.

Parece inevitable la repetición del fracaso que pautó las últimas citas anuales en las que se negoció un acuerdo mundial para mitigar el cambio climático, dijo a Tierramérica el director general del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), Cândido Grzybowski, uno de los fundadores del Foro Social Mundial, el mayor encuentro mundial de la sociedad civil.

Grzybowski fundamentó su postura negativa en la crisis económico-financiera del mundo rico, en que este es un año de muchas elecciones, incluso en Francia y Estados Unidos, lo cual aleja a los gobernantes influyentes de los compromisos internacionales, y al débil poder de convocatoria de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en especial en cuestiones ambientales.

Solo una fuerte presión de la sociedad civil, como “una expresión unitaria” en los eventos paralelos de Río+20, podrá “arrancar compromisos más claros” de los gobiernos contra los desequilibrios globales, que empiezan por la “hegemonía financiera”, acotó. El Foro Social Temático, que reunirá del 24 al 29 de este mes a representantes de movimientos y organizaciones sociales en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, preparará la participación de sus activistas en la conferencia mundial climática que tendrá lugar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro.

La cita de Porto Alegre es uno de los muchos encuentros locales o sobre temas específicos que tienen lugar en los años pares, vinculados al Foro Social Mundial (FSM), que ahora tiene su edición global cada dos años.

Pero los referentes del FSM “perdieron fuerza” y no lograrían convocar una marcha tan masiva como la que se necesita para hacer que Río+20 no sea solo “un megaencuentro declarativo” y tenga “un impacto importante en Brasil” en términos de conciencia ambiental, opinó Eduardo Viola, profesor de la Universidad de Brasilia que analiza las consecuencias del cambio climático en las relaciones internacionales.

Juntar “un millón de manifestantes en las calles”, una hazaña “poco probable pero no imposible”, renovaría los efectos de la Cumbre de la Tierra de 1992 (Río 92), la primera reunión que hizo que la sociedad brasileña tuviera un alto nivel de adhesión a los asuntos ambientales, dijo Viola a Tierramérica.

Este catedrático descartó que la cumbre de Río vaya a tener un impacto mundial relevante. Será una conferencia “reiterativa”, de objetivos “difusos”, en un momento de “gigantescos impases internacionales”, apuntó.

Pero los actos populares no deben limitarse a Río de Janeiro. El Foro Brasileño de ONG (organizaciones no gubernamentales) y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FBOMS) piensa impulsar manifestaciones en muchas otras ciudades del mundo, utilizando para ello Internet y las redes sociales.

“Río tiene un significado global” y ya se acumuló experiencia exitosa en movilizaciones vía redes sociales, sostuvo Rubens Born, del FBOMS.

El Foro Social Temático de Porto Alegre ayudará a articular esas iniciativas, con la presencia de representantes de movimientos civiles como los indignados de España y los Ocupa estadounidenses, acotó a Tierramérica.

La presencia de la sociedad civil en Río+20 debe beneficiarse de las facilidades que el gobierno brasileño pretende ofrecer, interesado en contar por lo menos con una fuerte participación popular ante la probable ausencia de jefes de gobierno y de Estado en las actividades oficiales de la conferencia.

La Cumbre de los Pueblos, como se denomina el encuentro paralelo que se realizará del 15 al 23 de junio, convocará al triple de participantes de la conferencia intergubernamental, estiman observadores. La consigna es “Justicia social y ambiental”, la misma del Foro Social Temático de este mes.

“Proponer una nueva forma de vivir, en solidaridad, contra la mercantilización de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes” es el objetivo, según el Comité Facilitador de la Sociedad Civil Brasileña para Río+20, que organiza ese gran encuentro.

El encuentro, que tendrá como foro central una Asamblea Permanente de los Pueblos, busca “reinventar el mundo” como convergencia de diversificadas luchas contra el capitalismo, la división de clases, el racismo, el ‘patriarcalismo’ y la homofobia. Por ello, considera “insatisfactoria” la agenda de la conferencia oficial, concentrada en la economía verde y en la institucionalidad global.

Pero ese discurso no es consensual. Born, fundador de Vitae Civilis, una organización no gubernamental activa en el tema climático, se queja de divisiones ideológicas con los que consideran “soluciones falsas” a las acciones ambientales que no contemplen primero el derrocamiento del capitalismo.

Grzybowski identifica enfoques divergentes entre los que priorizan la justicia ambiental o la social, ubicando a su organización Ibase entre los segundos.

Chico Whitaker, otro fundador del Foro Social Mundial y un radical defensor de sus principios igualitarios y participativos, se molesta con el nombre. “Cumbre de los Pueblos” mantiene la visión jerarquizada tradicional, negando la horizontalidad defendida desde sus inicios por el FSM, criticó.

Pero todos coinciden en rechazar el orden mundial actual, que es el “modelo industrial de gran producción” para Whitaker, que es el capitalismo para los miembros del Comité Facilitador, y que es la hegemonía financiera para Grzybowski, quien le suma “desórdenes” acumulados como transportar millones de toneladas de mineral de hierro brasileño a Asia y traerlos de vuelta en forma de acero.

Todos están de acuerdo también en criticar a la conferencia Río+20 oficial y a su “borrador cero”, divulgado recientemente como punto de partida para el documento final, porque entienden que elude los verdaderos desafíos.

El formato de las grandes cumbres de la Organización de las Naciones Unidas “está agotado”, sentenció Viola. Es imposible que más de 190 países que tienen “distintas percepciones de la vulnerabilidad” e intereses diversos lleguen a un consenso en relación al tema climático, explicó.

En otra vertiente, los indígenas se proponen expresar su identidad cultural y ética en Río+20 con la convocatoria de representantes de todo el mundo, en lo que llaman una Aldea Carioca a instalarse en Río de Janeiro.

En la Aldea Carioca se concentrarán unos 350 aborígenes procedentes de distintas zonas de Brasil y 700 del exterior en cuatro “ocas” (casas típicas), una de las cuales servirá para reuniones plenarias y otra con equipos electrónicos que permitirán videoconferencias con indígenas ubicados en otros países o continentes, adelantó a Tierramérica Marcos Terena, uno de los organizadores de la participación indígena de Río+20, repitiendo el papel de 20 años atrás en Río 92.

Niños yemeníes, en una ceremonia de bienvenida a su llegada a Jerusalén, en abril de 2010.

Moshe no sabe si su padre es su padre ni si su madre es su madre. Ahora rumia todos los comentarios que ha escuchado desde pequeño. “¡Qué pelo más negro con una madre tan rubia! ¡Pero si parece un árabe!”, le decían mientras le revolvían con la mano el cabello rizado esas gentes cariñosas de San Francisco, amigos y vecinos de su familia Appelbaum. Nunca le dio importancia. No se sentía extraño entre las pecas pelirrojas de su padre Ernest y la blancura güera de su madre Dalia. Se crió feliz y a los 19 años se hizo cargo de la librería de viejo de la saga. Hijo único y querido. Con sus padres ya muertos, Moshe recibió una llamada desde la Asociación Judía Yemenita de EEUU. Querían hacerle unas preguntas. ¿Por qué? “Puede que usted sea un niño robado en Israel, dado en adopción en EEUU, y que su familia real lo esté buscando“.

Eso fue hace casi un año, y aún no ha logrado aclarar su historia. No hay prueba alguna que afirme ni que niegue esa hipótesis, pero la sospecha ya se ha apoderado de su vida. Atesora cada recuerdo de amor de sus padres y se niega a creer que fueron parte de esa trama que, en la década de los 50, acudió a Israel en busca de niños judíos, los que ellos no podían tener. “No, si me adoptaron debió ser por un cauce legal. Eran personas íntegras y nobles“, repite. Cansado, amenaza con abandonar la investigación y aferrarse a la historia conocida, pero sabe que, según el día, la duda puede en su ánimo.

Moshe Appelbaum posa en la librería heredada de sus padres en San Francisco. / Archivo familiar

La asociación se puso en contacto con él porque el nombre de su padre aparecía en una serie de facturas pertenecientes al doctor Bernard Bergman, de Nueva York, investigado por sus conexiones con la mafia, por abusos en hogares de ancianos gestionados por sus empresas y, también, por vender niños provenientes de Israel a familias estadounidenses que no podían tener descendencia. El precio medio era de 5.000 dólares, según la investigación finalizada en 1996 por el rabino Avigdor HaCohen y por el periodista Shalom Cohen, después de que el primero descubriera en 1974 el caso de un niño “posiblemente de origen yemení” adoptado por unos judíos neoyorquinos pagando a Bergman; ellos confirmaron que el procedimiento no era nuevo y lo empleaban aquellas familias ashkenazies -judíos blancos, sobre todo originarios de Europa central-, “con estabilidad financiera”, que querían un hijo. “Era un hecho bien conocido, quien quería un niño judío acudía a él, sólo había que pagar la cuota necesaria”, testificó HaCohen ante el Gobierno de Israel, un hecho documentado por un equipo de investigación de The New York Times.

El suyo es el caso más reciente de cuantos se investigan en Israel y fuera de sus fronteras, una historia negra y soterrada en el país, la del robo y desaparición de niños, en su mayoría de origen yemení, pero también iraquíes, iraníes, libios, tunecinos, belgas y españoles, según el máximo investigador de la materia, Yechiel A. Mann. Todo ocurrió entre 1949 y 1960, los años en los que comenzaron a llegar grandes grupos de judíos para residir en el Estado de Israel, recién creado en 1948. En el caso de los yemeníes o teimanim, más de 45.000 entraron gracias a la operación Alfombra Mágica, una travesía por el desierto que no todos superaron, un viaje en aviones británicos y estadounidenses con asientos de madera y, al fin, un alojamiento en campamentos con tiendas de campaña, primera morada en su “hogar nacional judío”. Era en estos campamentos donde habitualmente desaparecían los pequeños. Si estaban enfermos, pasaban al pabellón de infancia, alejados de sus padres y, a la mañana siguiente, se les notificaba su fallecimiento. En muchos casos no hubo explicaciones de por qué una diarrea se convirtió en mortal, ni partida de defunción, ni cuerpo. Nada. Ni una explicación. Como en España. “Muchos fueron llevados a centros de internamiento o a kibbutzim, donde se cambiaron sus datos y números de identificación, lo que imposibilitaba el rastreo. De ahí, salían fuera”, denuncia Anat Levy, de la asociación cultural Ahavat Israel.

Durante décadas, la comunidad yemení ha arrastrado ese dolor y esa duda, ni siquiera las investigaciones oficiales logran acallar. Hasta tres comisiones del Gobierno han revisado el caso sin contentarles. En 1967, sólo dijeron que los niños habían muerto realmente y que no hubo secuestros. En la segunda, en 1994, que “no había evidencia de actividad delictiva”, aunque nadie supo decir qué pasó con los bebés. La última comenzó en 1995 y tardó siete años en cerrar sus conclusiones: no existía un “complot gubernamental” para raptar niños y entregarlos a familias pudientes de Europa y EEUU pero no se podía determinar cuál fue el destino real de los pequeños. Aquella comisión investigó sólo 1.033 casos de desapariciones de los 4.500 que logró documentar el polémico rabino Uzi Meshulam a principios de los 90 y de los 10.000 que realmente se esfumaron, según varias asociaciones de yemeníes como Mizrahi Democratic Rainbow.

Niños judíos llegados de países árabes al campo de Kfar Chabad, en 1960. / Paul Schutler, Archivo Knesset

Sobre ese millar largo, se documentó la muerte efectiva de 972 menores y cinco más se hallaron con vida, residiendo con familias que no eran las suyas e incluso fuera de Israel. En los 56 casos restantes no fueron capaces de aclarar lo ocurrido, por lo que afirman como “posible” que fueran dados en adopción por decisiones “individuales” de trabajadores locales (médicos, enfermeros, trabajadores sociales…), nunca por policías o políticos. En mitad de esa última comisión, el juez retirado Yehuda Cohen, que estaba a cargo del equipo de expertos, aconsejó la apertura de fosas. En 1996 el Ministerio de Salud aprobó la exhumación en uno de sus antiguos hospitales, Kiriat Shaul, y el 17 de agosto de 1997 se abrió la tierra. La tumba, perteneciente a cuatro niños, estaban vacías, lo que avalaba supuestamente la tesis de los familiares que insistían en la tesis del robo y la adopción clandestina.

Fue el primero de varios casos idénticos en los que el georradar desveló que no había esqueletos donde supuestamente sí los había. Los portavoces de los centros médicos dieron varias excusas: las fosas estaban realmente más profundas y por eso no aparecían los huesos, o se había producido un movimiento de tierras, los huesos pequeños se podrían haber confundido entre los terrones del firme, los cuerpos podían haberse trasladado a otro lugar sin cumplimentar correctamente los procedimientos de información… Ami Hovav, uno de los investigadores de la comisión, insistía: “Fueron enterrados de seguido, por eso no se les enseñaron a los padres, era un paso para ahorrarles dolor”.

Aaron Cohen, padre de Ruti, una niña que debía estar en aquella primera fosa abierta (los demás eran Ruti Babu, Moshe Mishraki y Reuven Rafaelov), estaba presente cuando cavaron. “¡Mi hija está viva, viva, viva!”, gritó en la comisión cuando explicó aquel momento, según queda registrado en las grabaciones de las asociaciones de familiares (pues muchos de los documentos de las investigaciones parlamentarias no fueron catalogados y son muy complicados de encontrar). En sus manos, tierra de la que fue retirando, intentando buscar los huesos de su pequeña. Su familia llegó en 1951 desde Irak y, una mañana, vieron que la niña tenía tos y fiebre. La llevaron al Hospital Hadassah de Tel Aviv. 20 horas después la dieron por muerta. Nunca lograron verla. No tienen ni un papel que acredite su fallecimiento. “Algún criminal de Europa o de EEUU se la llevó”, lamentaba.

Yemeníes camino de Israel en uno de los aviones de la Operación Alfombra Mágica / Fundación Nacional Judía

El revuelo causado por las fosas vacías llevó al Tribunal Supremo de Israel a obligar al Estado a facilitar 400.000 pruebas de ADN para intentar localizar a estos niños. De hecho, una semana más tarde de la búsqueda fallida en Kiriat Shaul, surgió la primera historia contrastada de robo, la de Tsila Levine, residente en California, que resultó ser hija de Margalit Omessi, yemení residente en Petah Tikva. La mujer fue secuestrada cuando tenía un mes en uno de los campamentos de tránsito. El test genético confirmó el vínculo madre-hija, como registró el diario Yediot Aharonot. Desde entonces, Israel cuenta con una fiable base de información génica de cada niño que nace, documentada y cotejada con muestras de los progenitores. En los casos de fosas abiertas en las que sí se hallaron huesos, se hicieron pruebas especiales en laboratorios del Reino Unido. Ninguna de ellas dio resultado, no se pudo confirmar la parentela con las familias israelíes que denunciaban desapariciones. La denuncia automática, nunca probada pero viva en el imaginario de los damnificados, es que los huesos de sus seres queridos habían sido cambiados por los de animales.

Las historias que guardan las transcripciones de la comisión son espeluznantes. Un caso y otro caso y otro más de recuerdos avinagrados e incertidumbres. Como el de Bracha Zugier, alojada en el campamento Rosh Ha-Ayim, ingresada en el hospital Tel-HaShomer con un problema de encías. En los dos días que estuvo ingresada, ningún miembro de su familia pudo verla. Luego, de pronto, le dieron la noticia de su fallecimiento y una maleta de cartón. “Nos la dieron diciendo que dentro iba Bracha pero que no la abriéramos por nada, ya que tenía una enfermedad muy contagiosa”, relata Yehudit, su hermana pequeña. No les dieron certificado de defunción ni les explicaron qué extraño mal se la había llevado. Yehudit, curiosa, desobedeció a los médicos y abrió la maleta mientras sus padres organizaban el funeral. “Sólo había paja y, encima, una vieja muñeca”. Fue a avisar a su madre, que la reprendió por haber osado abrir el supuesto féretro. La cerró de golpe, pensando que su hija jugaba o estaba confundida, que había visto una muñeca en vez de su hermana muerta. “Se aprovecharon del analfabetismo de nuestros padres, del miedo a la epidemia, de la superioridad de los médicos. Pero yo siempre tuve la duda, y hoy la cuento”, reza su expediente.

También se recurría a la religión: a Yehudit Veintrop, llegada de Polonia, le anunciaron la muerte de su hijo Eliezer, al que llevó al ambulatorio por una tos menor y le dijeron que ellos lo enterrarían, pero en una fosa común, porque “tenía 21 días y no 30, los que, según la ley judía, permiten que un niño sea enterrado individualmente”. Nunca pudo determinar dónde estaba, si estaba. Por el contrario, un religioso, el rabino Menajem Porush, al cargo del Ministerio de Bienestar en los primeros años del Estado, fue uno de los primeros que alertó al entonces primer ministro, David Ben Gurion, de que se estaban produciendo extrañas desapariciones de niños. Se le pidieron pruebas, pero no pudo darlas. Luego, pasados los años, el propio Gobierno ha tenido que reconocer situaciones inexplicables, como en 1962, cuando envió “cientos” de cartas a las familias diciendo que sus hijos “habían salido” del país, según sus “informaciones”, nunca reveladas, o cuando, en los 60 y 70, cuando se supone que los niños supuestamente robados debían ser reclutados para el servicio militar al llegar a los 18 años, estas familias recibían las órdenes de alistamiento de sus hijos. Seguían estando vivos para el Gobierno, seguían siendo hijos de sus padres.

Entre las historias más absurdas, la de la familia Hamami.  A su hija Shosh se la llevaron de un campamento “porque se chupaba los dedos”, algo normal en un bebé de un año. El mismo día que se la llevaron al pabellón de infancia, les informaron de que “le habían tenido que vendar los dedos para que no siguiera chupándolos y, como no podía hacerlo, sufrió mucho y murió”, relató Rivka, su hermana. A Azeela Arazi las enfermeras la acusaron de la muerte de su pequeño Ehud por ser primeriza, adolescente, sin conocimientos ni maña para cuidar a un hijo, un “maltrato” que les llevó a la muerte. El chico fue al consultorio porque le había picado un insecto y tenía una rojez en la espalda. A Irene Tamal, mientras lloraba por su hijo Samuel, muerto tras una infección de orina, el personal de su hospital le chillaba que no se quejara, que tenía un hijo gemelo, “y hay familias que no tienen más hijos”. Uri Mazal fue afortunado y logró evitar que se llevara a su pequeña Sarah, de cinco meses. El médico le explicaba que estaba muerta, que tuvo fiebre alta y que no había nada que hacer, mientras le chillaba que dejara la sala en la que se encontraban, que era reservada. Entonces entró una enfermera con la niña en brazos. Evidentemente, Uri la identificó. No tuvieron más remedio que entregársela. El doctor dijo que “había confundido el expediente con el de otra paciente”. Sonia Millstein, auxiliar de clínica del campamento de Ein Shemer, declaró que vio a muchos niños “salir dentro de ambulancias en perfecto estado, sin documento escrito de su marcha”. Cuando las madres presentes en la sala de testimonios, en la zona de Agron, en Jerusalén, la escucharon, comenzaron a acusarla de complicidad. Ella contestó: “Déjenme olvidar, tengo 86 años, tengo derecho”. Según Millstein, a veces le tocaba rellenar formularios con datos falsos, convirtiendo “una diarrea en un paro cardiaco, o repitiendo fechas de muertes porque no recordaba las reales”.

Una madre judía mizrahí amamanta a su hijo en el campamento de Kfar Chabad en 1960 / Paul Schutler, archivo Knesset

Hay casos de reencuentros sorprendentes, como el de Sarah, recogido por la investigadora Meira Weiss, profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Casada en Yemen a los 12 años, Sarah emigró con su esposo en Israel poco después de la boda. A su primer hijo, de 14 meses, se lo llevaron de la tienda de los niños, donde dormían todos los menores de cinco años, al ala de los médicos. Esa noche le dieron la noticia de su muerte. De nuevo, ni le enseñaron el cuerpo ni la tumba ni el certificado de fallecimiento. Luego se instaló en Tel Aviv, tuvo seis hijos más y un día, al montarse en el autobús, reconoció en el conductor a su hijo perdido. Primero pensó: “He visto un fantasma”, pero lo miraba y confirmaba su corazonada. A rastras, llevó al conductor a una comisaría, diciendo que era una urgencia, que por favor la acompañara. Dejó al joven en la recepción y, en una sala aparte, le contó su historia a un policía. “Es mi hijo y tiene una marca de nacimiento en el muslo derecho”, dijo. El agente fue hasta donde estaba el hombre, quien explicó que sus padres habían muerto cuando él era bebé y lo había criado una familia de amigos. Le habló de la marca. Y allí estaba, en su muslo. Se hicieron las pruebas de ADN y dieron positivo. Hoy Sarah y su hijo mantienen una buena relación.

Lo que nunca se ha investigado es la denuncia hecha por el Canal 10 de la televisión israelí de que al menos 6.000 niños de los desaparecidos fueron usados en experimentos médicos, algo que repugna en un país donde esa acusación trae recuerdos de los excesos brutales del nazismo. El periodista Barry Chamish insiste en que se usaron hospitales y campamentos de vacaciones como tapadera y que Simon Peres, actual presidente de Israel, director general de Defensa en los primeros gobiernos, “sabe la verdad”. La Knesset defendió en 1997 que eso formaba parte de una teoría conspiratoria “imposible”.

La periodista Ana Carbajosa, autora de Las tribus de Israel, recuerda en su obra que los yemeníes comenzaron a llegar a la zona en el siglo XIX, por razones económicas, religiosas o persecuciones, una antigüedad que debería darles un estatus mayor en un país donde la presencia en la tierra prometida “puntúa”. Sin embargo, la falta de ayuda exterior, de “mecenas extranjeros”, los mantuvo, ya con el Estado, alejados del poder y la influencia, despreciados frente a los judíos de origen occidental. A muchos, al llegar, “les cortaban de cuajo los tirabuzones para que tuvieran más aspecto de ashkenazi, más laico”. Hoy son 250.000 ciudadanos de Israel que aún buscan la igualdad de trato y que pelean por arrojar luz sobre el episodio más oscuro de su pasado reciente.

Protestas contra Mubarak en El Cairo, 2011. (AP / Ben Curtis)

Son muchos los gobiernos democráticos que, en función de sus vínculos con aliados represivos, han mitigado su defensa de los derechos humanos en el marco de las protestas de la Primavera Árabe, señala Human Rights Watch en su Informe Mundial 2012.

El informe de 676 páginas, que contiene el examen anual de Human Rights Watch sobre prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume los principales obstáculos a estos derechos en más de 90 países y refleja el exhaustivo trabajo de investigación llevado a cabo durante 2011 por el personal de Human Rights Watch. Acerca de los eventos en Oriente Medio y África del Norte, Human Rights Watch señaló que la manera más efectiva de ejercer presión para que los autócratas de la región pongan fin a los abusos y refuercen las libertades básicas es mediante el apoyo internacional firme y coherente a quienes se manifiestan de manera pacífica y a los críticos del gobierno. El compromiso con el respeto de los derechos humanos es además la forma más eficaz de ayudar a que los gobiernos populares se mantengan alejados de la intolerancia, el desorden y las represalias que pueden manifestarse en el seno mismo de la revolución y ponerla en riesgo, afirmó Human Rights Watch.

“Las personas que impulsan la Primavera Árabe merecen recibir un contundente apoyo internacional para poder ejercer sus derechos y construir democracias genuinas”, manifestó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. Sigue leyendo