La mejor forma de obtener esta información es entrevistando a las mujeres en el CIE, para lo que se solicitó autorización. Tras muchas gestiones, a finales de 2011 comenzamos los encuentros con las mujeres internadas en el CIE de Aluche, hasta que a finales de marzo de 2012 el Director nos comunicó que no podríamos seguir realizando nuestro estudio pues ninguno de los nuevos responsables de Interior había dado el visto para ello. Huelga decir que contactamos con numerosos responsables del Ministerio, sin que hasta la fecha hayamos obtenido respuesta.

Ayer, día 27 de mayo, hemos presentado en el registro de la Dirección General de la Policía, de nuevo, la solicitud formal para la continuación del estudio.

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Fátima Hernández, una joven nicaragüense violada que no halló justicia pese a lo escandaloso de su caso, en una de sus protestas ante la Corte Suprema de Justicia en 2011 (Oscar Sánchez /IPS)

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió el 23 de este mes solicitar a la unicameral Asamblea Nacional legislativa que se reforme la norma en vigencia desde junio de 2012 y conocida como la Ley 779.

El vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, explicó que el máximo tribunal cree indispensable modificar su artículo 46, que prohíbe la mediación entre la mujer y su agresor para los delitos contemplados en la ley, con lo que acoge parcialmente una serie de recursos contra su texto, que llegaron a demandar su inconstitucionalidad.

La solicitud de la CSJ es un triunfo para confesiones religiosas y otros poderosos sectores conservadores, que mantienen una persistente campaña contra la norma durante sus 11 meses de vigencia, con argumentos como que discrimina a los varones, maltratadores incluidos.

La ley establece que el Estado y sus instituciones tienen el deber de garantizar que se respete la integridad física, psíquica, moral, sexual, patrimonial o económica de la mujer. También castiga todo tipo de discriminación por motivo de género e incluye el delito de femicidio, el asesinato por razones de género.

Solís aseguro que los magistrados decidieron por consenso que en la ley debe establecerse la mediación entre víctimas y victimarios, como forma alterna de resolución de conflictos, cuando los presuntos delitos acarren penas inferiores a los cinco años de cárcel.

La mediación es una figura de la jurisdicción nicaragüense para resolución de conflictos, propia del derecho privado, pero no para delitos de acción pública, como son considerados los tipificados por la Ley 779. De hecho, en derecho familiar solo se aplica en asuntos de patrimonio, divorcio o separación.

La ley, aprobada con una alta mayoría y gran respaldo social según sondeos, incorporó a Nicaragua a los países que cuentan con una norma integral contra la violencia de género, acogiendo exigencias de convenciones internacionales.

Desde marzo, cuando la CSJ comenzó a discutir los recursos, se reabrió el debate sobre la norma que enfrenta a poderes públicos, grupos políticos, iglesias y organizaciones de la sociedad civil, principalmente las defensoras de los derechos de las mujeres, con manifestaciones ante la sede del tribunal a favor y en contra de la norma.

La ley fue recurrida por juristas, bajo argumentos como que viola principios de igualdad y presunción de inocencia y acoge posturas “del feminismo radical”, al eliminar la mediación en casos de violencia intrafamiliar.

Bismarck Dávila, uno de los cinco abogados recurrentes, aseguró a IPS que la norma viola el principio constitucional de igualdad, “porque designa un juez especial para juzgar a los hombres, mientras las mujeres que cometan los mismos delitos son juzgadas por un juez común”.

La Ley 779 instituye juzgados y fiscales especializados para los delitos de violencia de género, así como comisarías de la mujer.

Según Dávila, la ley también viola la presunción de inocencia porque desde la denuncia “al hombre se le trata y reconoce como presunto culpable”.  Además, aseguró, atenta contra el principio de defensa porque “los esfuerzos de los defensores públicos o privados son inútiles frente a una ley que trata de forma desigual al hombre”.

La Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua asesora gratuitamente a varones acusados con base en la ley.

El debate traspasó lo jurídico para adquirir tintes religiosos, luego de que representantes de distintas iglesias evangélicas y de la Católica abogaran desde los templos contra una ley que “destruye a la familia al castigar al hombre”.

El día 7 de este mes, el sacerdote católico Abelardo Mata llegó a decir que “el nuevo número de la bestia no es el 666, sino el 779”, sin que la afirmación fuese matizada por la jerarquía católica.

En la Asamblea Nacional, la mayoría es contraria a la reforma. La primera secretaria del parlamento,  Alba Palacios, recordó que la ley fue aprobada por 82 de los 92 diputados en febrero de 2012.

Consideró que debe aplicarse sin enmiendas “porque antes de ser aprobada se debatió ampliamente y se hicieron consultas con todos los sectores, y es resultado de ese amplio proceso”.

Irma Dávila, presidenta de la parlamentaria Comisión de Justicia, recordó que “80 por ciento de la población nicaragüense respalda la Ley 779, así que no podemos decir que hay una gran mayoría en contra de la ley”.

Una encuesta del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública, realizada entre el 2 y el 18 de abril sobre la norma, concluyó que 82,3 por ciento de los sondeados la respaldan.

El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, con 63 las 92 bancas legislativas tiene la llave para acoger o rechazar la demanda de la CSJ.

Si el parlamento rechaza el pedido de la CSJ, esta puede modificar su manejo mediante indicaciones a los jueces. De hecho, ya emitió una circular donde orienta a los tribunales a aplicar reducción de penas en casos de delitos castigados por la Ley 779 con menos de cinco años.

Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres rechazan la reforma y advierten que una mediación entre víctima y victimario “es revictimizar a la mujer”.

Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres,  dijo que las estadísticas de feminicidios de 2012 evidencian por qué no debe haber mediación: 13 de las 85 mujeres asesinadas por motivos de género habían mediado con sus victimarios, tras denunciarlos a las autoridades.

“La experiencia nos ha revelado que lejos de resolver el problema, la mediación solo le da al hombre una oportunidad de organizarse para vengarse y matar a la mujer, para luego huir”, dijo a IPS.

Amnistía Internacional emitió un comunicado de respaldo a la norma. “La violencia ejercida contra las mujeres y los niños es lo que rompe las familias, no las leyes diseñadas para ayudar a las víctimas a escapar de la violencia y hacer rendir cuentas a los culpables”, dijo Esther Major, investigadora de la organización.

Según cifras de las comisarías de la Mujer, un promedio diario de 97 hombres fueron denunciados por maltrato a la mujer en Nicaragua durante el primer trimestre del año, lo cual representa un incremento de denuncias por violencia machista de 30,7 por ciento respecto al mismo periodo de 2012.

Entre el 21 de junio de 2012, cuando comenzó a aplicarse la ley, y el 28 de abril se abrieron 6.482 causas a su amparo, 17 de ellas por feminicidio. Fueron detenidos 5.726 presuntos agresores, de los que 1.050 fueron liberados porque su delito era de “faltas”. Hasta ahora, 692 casos acabaron en condena y 297 en absolución, mientras los restantes siguen abiertos.

Imagen de una campaña contra la trata de Amnistía Internacional

Las leyes locales castigan más severamente el narcotráfico que los casos en que la trata se considera delito. La venta de drogas, por ejemplo, tiene penas de cárcel de entre cinco y 15 años, en régimen cerrado, mientras que la trata con fines de explotación sexual se castiga con un máximo de ocho años en régimen semiabierto.

“La trata de personas es un delito aún invisible. Lo que ocurre actualmente es una auténtica impunidad “, nos dice el juez Rinaldo Aparecido Barros, miembro del Grupo de Trabajo contra la Trata del Consejo Nacional de Justicia. Brasil registra un promedio anual de 1.000 casos de personas captadas para ser enviadas al exterior, reveló el Ministerio Público (fiscalía), que promovió en esta ciudad una audiencia pública, el viernes 17, sobre “Trata de personas: prevención, represión, atención a las víctimas y asociaciones”. Su objetivo fue reunir e intercambiar información sobre el combate a la trata y articular acciones conjuntas para prevenir y reprimir el delito y se concentró en el aspecto de Brasil como emisor de víctimas de trata al exterior.

El país también es receptor de trata y, además, hay brasileñas y brasileñas captados para su explotación dentro de sus fronteras.  Los 3.000 brasileños y brasileñas llevados al exterior en el último trienio fueron sometidos mayormente a explotación sexual y trabajo esclavo, se detalló. “Es un número significativo. A un gran grupo de personas se les priva de su dignidad. Los miles de casos registrados cada año no representan el total, porque no sabemos cuántos casos escaparon a nuestro control”, dijo la subprocuradora general brasileña, Raquel Elias Ferreira Dodge.

El subregistro impide, de hecho, conocer los alcances reales de las víctimas enviadas al exterior por las mafias de la trata, coincidieron los participantes en la audiencia.

“Tenemos que trabajar en forma más eficaz para que estos delitos sean condenados y sin indebidas dilaciones. El delito de la trata de personas lesiona la dignidad humana”, dijo Dodge, integrante del Consejo Superior del Ministerio Público Federal. Añadió que “la mano de obra esclava niega la personalidad del individuo y convierte a la víctima en una mercancía, que puede ser objeto de contrabando y de tráfico”.

Pero lo que hace más difícil el combate de la trata es que en Brasil solo es delito cuando hay explotación sexual o trabajo esclavo, nos aclara el delegado de la policía federal en Río de Janeiro, Erick Blatt. “Descubrir el delito es muy difícil, solo mediante la denuncia se puede iniciar una investigación, sin que sea seguro que se pruebe el delito”, explicó el también representante de la Interpol (Policía Internacional) en el estado de Río de Janeiro.  Además, en la trata internacional, “por lo general, la gente va al lugar de su explotación voluntariamente, la mayoría no sabe que va a tener su pasaporte retenido”.

La Organización Internacional para las Migraciones define la trata como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción”. Como coacciones cita “el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. En cambio, el tráfico de personas se circunscribe al negocio de traslado e ingreso ilegal de migrantes.

En el código penal brasileño solo se contempla, en el artículo 231, el delito de explotación sexual y, en el artículo 149, el de sometimiento a condición de esclavitud. Ambos se castigan con penas leves, muy inferiores a delitos que no comercian con los seres humanos y su dignidad.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, rubricada en 2000 y que Brasil ratificó en 2003, tipifica específicamente los delitos de la trata y plantea castigos amplios, algo que el país no ha llevado aún a sus leyes.

“Estamos contracorriente del derecho internacional, en Brasil el tema se ha tratado de manera inadecuada. Es un delito contra la humanidad y atenta contra la dignidad humana”, se quejó Barros. El juez sostiene que los instrumentos más adecuados para combatir la trata de personas son las medidas que permitan el bloqueo de los activos de sus mafias, para atacar así su lado económico.

La trata está en manos de complejas redes de organizaciones criminales transnacionales que, en Brasil, captan a mujeres generalmente pobres, sin perspectivas de tener una vida mejor, nos explica la abogada Michelle Gueraldi, del Proyecto Trama, que aglutina a organizaciones no gubernamentales dedicadas al combate de este delito. Cuando emigran, ellas lo hacen voluntariamente, en ocasiones movidas por el deseo de mejorar sus vidas, y terminan explotadas en España, Estados Unidos, Portugal y países del Caribe, entre otros lugares, dijo la especialista.

Blatt sumó que, a su vez, Brasil es receptor de mujeres víctimas de trata, llegadas del este europeo, en especial Hungría y Polonia. “La trata es una violación de los derechos humanos. Trabajamos en la prevención y protección a sus víctimas. También recibimos denuncias de casos en que notamos que la mayoría de los reclutadores son personas conocidas y de confianza de las víctimas”, detalló Gueraldi.

El gobierno de Brasil estableció en febrero un II Plan de Combate contra la Trata de Personas, pero el reto es llevar a la práctica las políticas establecidas, dijo la abogada.Blatt reconoció que hacer un seguimiento a las víctimas de la trata en su movilización internacional es complejo para las policías locales y la Interpol. “Si Brasil es lento el sistema de comunicación entre la policía y los fiscales, imagínense lo que es la comunicación de las policías a nivel internacional”, dijo.

La trata de personas es un negocio extremadamente lucrativo. Tan solo en Europa, genera anualmente unos 3,2 mil millones de dólares, se dijo en la audiencia.  La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que al menos 2,5 millones de personas son víctimas de trata en el mundo. Según una encuesta del organismo, 58 por ciento de esas víctimas son objeto de explotación sexual y 36 por ciento de trabajo esclavo.

España es uno de los principales países de tránsito y/o destino para las víctimas de trata aunque, debido a la complejidad del fenómeno, es muy difícil conocer con exactitud la magnitud de esta grave violación de derechos humanos. El hecho de que no existan cifras fiables sobre el número de víctimas hace que sea muy difícil dimensionar de una manera real el problema. La clandestinidad e invisibilidad que rodean a la trata también dificultan la garantía de una protección real y efectiva a las víctimas.

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Clarisa Rondó, de la Asociación de Dominicanos Residentes en Argentina, nos cuenta que las mujeres de su país llegan en busca de mejores horizontes laborales, pero debido a dificultades de acceso al mercado muchas caen en redes de prostitución.

“Argentina es un país que nos acoge, nos hace sentir que damos un paso adelante. Es grande, generoso, que ofrece posibilidades”, aseguró. Rondó llegó sola con 21 años en 1994, luego se casó, tuvo hijos, se divorció y estudió un profesorado en artes. “Siempre han venido más mujeres que varones, porque al hombre le cuesta más insertarse”, explicó, para luego aclarar que a las mujeres también les resulta difícil, pero “se meten en la prostitución”, admitió con pena. “Hay muchas que son analfabetas, no consiguen trabajo y no les queda otra, se meten en ese circuito”, dijo.

La presencia de dominicanas en Argentina se hace visible cuando la policía allana sitios en los que se ejerce la prostitución en Buenos Aires o en provincias como Córdoba, Misiones, La Pampa, Tierra del Fuego, Rio Negro o San Luis.

Si bien no hay estadísticas oficiales, Rondo estimó que hay unos 40.000 dominicanos y dominicanas viviendo en Argentina, 15.000 de los cuales lo hacen en la ciudad de Buenos Aires.

La socióloga Lucía Núñez, de la estatal Universidad Nacional de San Martín, nos explica que, tradicionalmente, los dominicanos emigraban a Estados Unidos o a España, pero a mediados de los años 90 comenzaron a llegar a Argentina. La paridad del valor del peso argentino con el dólar, fijado en esa década por ley, fomentó el ingreso de inmigrantes del resto de América Latina, que aprovechaban ese tipo de cambio para enviar importantes remesas de dinero a sus países de origen, recordó. Esa fue una de las principales razones de esa oleada migratoria, unida al idioma común y a la demanda argentina en el área de servicios de baja calificación, como empleos domésticos, peluquerías, restaurantes y el cuidado de niños, niñas y ancianos, precisó.

Una investigación realizada por el Servicio Ecuménico de Orientación y Apoyo a Migrantes y Refugiados, más conocido como CAREF, fueron miles los que ingresaron en aquella década.

Publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, el estudio titulado “Migración, prostitución y trata de mujeres dominicanas en Argentina” sostiene que entre 1995 y 2002 se radicaron entre 12.000 y 15.000 inmigrantes de ese país.

En los últimos años, a pesar de que ya el tipo de cambio no resulta un atractivo, esta población sigue llegando. “Tenemos muchos años viniendo y algunas consiguen aquí tener un posicionamiento”, afirmó Rondo. La activista explicó que, en algunos casos, las mujeres hipotecan sus casas para viajar tras la promesa de conseguir un empleo en el servicio doméstico, pero son captadas por redes de trata de personas y explotación sexual.

En otros casos, al llegar a Argentina, el acceso al empleo se complica, comienzan a contraer deudas con quienes les financiaron parte del viaje y terminan cayendo en la prostitución o en la trata, señaló Rondo. Núñez coincide. “Llegan a Argentina con promesas laborales que no resultan ser las esperadas, con la esperanza de alcanzar una inserción laboral que les permita mejores condiciones de vida que las que tienen en su país”, remarcó.

Una vez aquí “se les dificulta conseguir otro tipo de inserción laboral fuerte”, señaló la socióloga, autora de “Construyendo mapas: Cuerpos femeninos, espacio y jerarquización racial en la práctica de la prostitución en la Ciudad de Buenos Aires”. Sostuvo, además, que las mujeres al emigrar saben que la prostitución es una de las posibilidades por experiencias que ya conocen, pero “muchas piensan que no será su caso”.

Nuñez estudió la vinculación entre la prostitución callejera y la inmigración femenina en la ciudad, y se centró en las dominicanas, que tienen gran visibilidad por ser afrodescendientes en un país de mayoría blanca o mestiza.En su interpretación, existe una imagen sobre el cuerpo de la mujer afrodescendiente como hipersexualizada, en contraposición a la mujer blanca o indígena, y eso las hace aún más vulnerables.

“Por ahí a ellos les gustan (las mujeres dominicanas) porque nosotras tenemos los pechos grandes”, especula una mujer de esa nacionalidad en situación de prostitución en Buenos Aires, entrevistada por Núñez para su investigación.

“Mi mamá no quería que viniera para acá”, confiesa otra que también ofrece su cuerpo en la calle en entrevista con la investigadora. “Me decía a lo que venían las mujeres para acá y yo no le creía”.

Frente a este fenómeno, el gobierno argentino comenzó a exigir visa a los inmigrantes domanicanos a partir de agosto de 2012, y facilitó los trámites de residencia permanente para aquellos que ya se encontraban en el país.

Rondo cree que la visa no es una solución. Lo mismo piensan en el CAREF, adonde IPS consultó a Gabriela Liguori, y en la embajada de República Dominicana en Buenos Aires. Todos afirman que la exigencia no frenará el problema.

“Esto empeora las cosas, porque va a ser difícil, pero van a buscar otros medios de entrada por tierra, en forma ilegal, y después van a quedar menos protegidas y más expuestas al negocio de la trata”, advirtió la activista.

En cambio, sí creen que es una buena idea facilitar los trámites de regularización de los que entraron como turistas y hoy están ilegales, porque les permite obtener una residencia precaria –por tres años- con la que pueden trabajar.

El programa tiene asistencia del consulado dominicano, del ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del ministerio de Justicia.

El régimen de regularización se lanzó en enero y se prolongará hasta julio. En marzo se habían otorgado ya 631 residencias precarias, según informa la Dirección Nacional de Migraciones en su página de Internet. “Mi idea es que la gente que venga pueda regularizar su situación, estudiar o trabajar porque si algunas vienen por la prostitución, que al menos tengan otras alternativas. Pero sin documentación, están obligadas a prostituirse”, finalizó Rondo.

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Protestas masivas en India porque las mujeres temen ser violadas cuando salen de sus casas. (Sujoy Dhar/IPS)

La Corte Suprema de Justicia, enojada por los graves excesos contra mujeres manifestantes en Nueva Delhi y en otros estados del norte del país, reclamó en abril información sobre el grado de cumplimiento de las instrucciones que el máximo tribunal dio hace seis años sobre la reforma de la policía.

“Ni un animal haría lo que hacen los oficiales de policía todos los días en diferentes partes del país”, señalaron los jueces del alto tribunal, refiriéndose, entre otros casos, a la golpiza sufrida por una mujer de 65 años, cuando participaba en una protesta en la ciudad de Aligarh, en el norteño estado de Uttar Pradesh.

“¿Cómo puede ser que un policía golpee a una señora desarmada?”, plantearon los magistrados, al término de una de sus sesiones.

El juez que encabezó la reunión, G. S. Singhvi mencionó el caso de un policía que abofeteó a una joven que participaba en una manifestación el 19 de abril, a las afueras de un hospital de la capital, donde una niña de cinco años recibía atención médica tras ser víctima de una violación.

“La policía puede hacer poco para reducir delitos como la violación, pero se debe juzgar a los oficiales por cómo reaccionan frente a ellos”, indicó Jyotiswaroop Pandey, quien dejo el año pasado el cargo de director general de la policía en el norteño estado de Uttarakhand.

Pandey, quien ahora integra la comisión de reforma policial, dijo  que era “inaceptable” que la policía no reaccionara a las denuncias sobre el mal comportamiento de un conductor de autobús el 16 de diciembre de 2012.

Horas después, las fuerzas de seguridad detuvieron al conductor y otros hombres por maltratar y violar en grupo a una pasajera de 23 años.

Los agresores lanzaron del autobús a la víctima y a su compañero en una agitada calle de Nueva Delhi, desnudos y sangrando, donde permanecieron casi una hora sin que nadie se atreviera a intervenir por temor a verse envuelto en un engorroso caso policial.

En medio de las protestas públicas por el hecho, las autoridades trasladaron a la joven a un hospital de Singapur, donde falleció el 29 del mismo mes a causa de sus graves heridas.

En Nueva Delhi, la policía reprimió a los manifestantes que marchaban hacia el parlamento con vehículos lanza agua y golpes de garrote. También realizó detenciones masivas.

Pandey sostuvo que la policía “se olvidó de que su principal objetivo debió ser mantener la paz y el orden, sin recurrir a la fuerza o exacerbar la tensión con su comportamiento, en lugar de usar la empatía para calmar los ánimos”.

Además de la brutal represión policial, a los defensores de derechos humanos les preocupa el trato que reciben las víctimas de violación en la comisaría, que comienza por la negativa a registrar la denuncia.

En diciembre, una mujer se suicidó con veneno, tras ser violada por tres hombres en la ciudad de Patiala, en el norteño estado de Punyab. En una nota acusó a la policía de no tomar medidas tras su denuncia y, por el contrario, de intimidarla.

Poco después de la agresión colectiva, la víctima apareció en los canales de televisión relatando su pesadilla, pero eso no conmovió a la policía. El suicidio tampoco bastó y se necesitó de la intervención de un alto tribunal estadual para que las autoridades tomaran medidas contra tres policías e iniciaran un proceso judicial en su contra.

La organización no gubernamental Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) emitió un comunicado el 23 de abril en el que reclamó una reforma de la fuerza policial. También expresó su “gran preocupación por la continua falta de respuesta a las víctimas de violación”.

Ni siquiera la nueva legislación, que prevé dos años de cárcel para los funcionarios policiales que se nieguen a registrar una denuncia, parece haber modificado actitudes y comportamientos, según la directora de CHRI, Maja Daruwala.

Una nueva ley, redactada con base a amplias consultas con la sociedad civil, toma en cuenta perspectivas de género actualizadas y comportamientos patriarcales para modificar aspectos del Código Penal, que el régimen colonial introdujo en 1860.

Pero los últimos acontecimientos muestran que la ley, aprobada por el parlamento el 20 de marzo, todavía debe hacer efecto.

“Los cambios legales, impulsados por la violación del 16 de diciembre, no tienen mucho significado si la policía sigue negando la justicia con sus prácticas abusivas”, remarcó Daruwala.

La reforma legal, que apunta a juicios más rápidos y castigos más duros contra los violadores, recibió críticas por obviar totalmente el asunto acuciante de modernizar la fuerza policial para orientarla al servicio a la ciudadanía y no a la represión, tal como plantea la Corte Suprema de Justicia.

“Si las directivas señaladas por la Corte Suprema en 2006 se hubieran adoptado e implementado, la fuerza policial habría dejado de ser una fuerza temida y poco fiable y se habría transformado en un servicio esencial para defender la ley”, indicó Navaz Kotwal, coordinadora del programa de reforma policía de CHRI.

A raíz de denuncias sobre la gran prepotencia de los agentes en el manejo de las manifestaciones contra las violaciones, el alto tribunal pidió el 6 de marzo a las provincias informes sobre el avance de la reforma policial.

Pero algunas autoridades de la policía son escépticas, como el director general de la fuerza en el norteño estado de Haryana, Vikash Narain Rai.

Para cambiar a la policía se necesita una “reforma judicial, revisar los servicios correccionales y empoderar realmente a la sociedad”, opinó.

La decisión de montar por tercera vez la obra, que tuvo ya una función recientemente, apunta a promover un cambio en la mentalidad conservadora de los dirigentes políticos de Kirguistán.

La pieza está conformada por monólogos en la que varias mujeres cuentan cómo se relacionan con su cuerpo, discuten sus experiencias sexuales y tratan el tema de la violencia sexual.

Desde que su autora, la estadounidense Eve Ensler, escribió el texto en 1996, se ha presentado en 140 países y traducido a 48 idiomas.

El Ministerio de Cultura envió una carta a los medios locales el 1 de este mes diciendo que “Los monólogos de la vagina” aboga por un “sexo pervertido y antinatural bajo el eslogan del feminismo”. 

La misiva también advierte que la legislación kirguisa prohíbe la distribución de materiales que “promuevan la pornografía y ofendan la dignidad humana”.

Los productores de la obra sostienen que las autoridades están prejuzgando. “La pieza apunta a terminar con la violencia contra las mujeres, algo muy importante para nuestra sociedad, plagada de estos casos”, remarcó Aikanysh Jeenbaeva, una de las organizadoras y fundadoras del Colectivo Bishkek Feminists SQ en entrevista con EurasiaNet.

“El Ministerio no dijo qué partes de ‘Los monólogos de la vagina’ son supuestamente ofensivas o promueven la pornografía. Creo que nadie vio la obra y solo están prejuzgando por su nombre”, subrayó.

Un representante del Ministerio, Ermek Jolochuev, reconoció que no había visto la obra, pero dijo que “contradecía” la “mentalidad” kirguisa.

“Las poblaciones que viven en el territorio de Kirguistán, y los ciudadanos del este en general, no están acostumbrados a hablar de esos temas abiertamente ni nombrar en público las partes del cuerpo de las mujeres”, arguyó.

También aseguró que “destacadas” figuras de la cultura nacional estaban en contra de la obra, pero no quiso dar nombres por teléfono ni cumplió su promesa de mandar la información por correo electrónico a EurasiaNet.

Jolochuev dijo que el Ministerio no tiene herramientas legales para prohibir las funciones. Sin embargo, los productores temen que la recomendación de la cartera genere hostilidad contra ellos.

La versión en ruso se presentó en el teatro Metro Pub. Cien por ciento de la recaudación será a beneficio de Chance, un refugio para mujeres.

La obra ya había tenido dos temporadas previas en 2009 en 2011. Biskek fue el primer lugar de Asia central donde se montó en escena.

Los promotores han recibido amenazas, pero nunca sufrieron una interferencia de las autoridades como la actual. 

Kirguistán siguen siendo una sociedad demasiado patriarcal en la que, pese a iniciativas de las autoridades de la época soviética por equiparar las oportunidades para las mujeres, los derechos de estas parecen estar retrocediendo.

Hay muy pocos datos disponibles, pero un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas concluyó que una de cada cuatro mujeres entrevistadas fue víctima de violencia doméstica.

La estigmatización se ha generalizado. Las mujeres que denuncian abuso sexual y doméstico suelen ser humilladas como si estuvieran sucias y fueran traidoras. Además, el secuestro de novias, aunque es ilegal, se ha vuelto una práctica común tras la era soviética, se quejaron activistas.

Dada la gravedad del tema, cuando apareció el comunicado del Ministerio de Cultura el 1 de este mes, “creímos que era una broma”, indicó Jeenbaeva. La cancelación de la obra enviaría un mensaje de que la violencia doméstica no es considerada un problema serio, dijeron otras integrantes de la organización.

El caso confirma la tendencia del gobierno kirguiso a evitar el liberalismo de Occidente. En el otoño boreal pasado, por ejemplo, el Comité Estatal de Asuntos Religiosos logró bloquear, con una orden judicial, la proyección de un filme documental sobre homosexualidad en el mundo musulmán.

En las últimas semanas, el parlamento discutió un proyecto de ley que prohíbe a las mujeres jóvenes viajar al extranjero, supuestamente para protegerlas de abusos sexuales, así como, al decir de su autor Irgal Kadyralieva, para “aumentar la moral y preservar la carga genética”.

A la abogada y destacada activista de derechos humanos Cholpon Djakupova le preocupa la tendencia actual y siente que la sociedad kirguisa fustiga lo que tilda de ideas extranjeras con un creciente cinismo.

A pesar de años de promesas, el liberalismo occidental no ha hecho mucho por mejorar las condiciones de vida ni hacer frente a la corrupción generalizada.

“La gente ve en las organizaciones no gubernamentales y hasta en el término ‘libertad’, el fracaso del cumplimiento de las promesas extranjeras”, explicó a EurasiaNet.

“El concepto de libertad solo es importante para la gente creativa e independiente. Las personas pobres no tienen acceso a educación ni justicia. Para ellas, todos estos conceptos liberales están separados de sus difíciles vidas”, añadió.

Harán falta muchos años para reconstruir Irak. Será muy difícil

Diseño JULIÁN NARANJO DONOSO

(Irak, 1956). Periodista, traductora y escritora. En junio de 2003, creó y dirigió el Observatorio de la Ocupación en Irak, una iniciativa impulsada por organizaciones internacionales e iraquíes para informar sobre la ocupación estadounidense y sus efectos políticos, económicos y sociales, dando cuenta de los abusos y violaciones contra la población civil llevados a cabo por las tropas extranjeras. Pese a su importante trabajo de documentación y denuncia, el Observatorio se vio abocado al cierre en junio de 2004 debido a la inseguridad reinante en el país. Refugiada en España, recopiló cientos de testimonios de torturas y crímenes durante la ocupación estadounidense en el libro Crónicas de Irak, publicado en 2006. En abril de 2007 recibió en Córdoba el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado en reconocimiento a su labor.

Pueblo por pueblo, familia por familia, Iman Ahmad Jamas recorrió un Irak en guerra para recoger los testimonios de las víctimas de los desmanes de las tropas estadounidenses durante los primeros años de ocupación del país árabe. Mujeres violadas, familias rotas, refugiados cuyos hogares fueron destruidos, ancianos buscando a sus hijos desaparecidos. La guerra de Irak de 2003 y la posterior ocupación del país por parte las tropas estadounidenses hizo que la vida de esta periodista de profesión y de vocación diera un vuelco, ya que decidió dejarlo todo el día en que Bagdad cayó en manos de Estados Unidos. Quería “seguir al ejército ocupante y documentar sus crímenes”.

Para ello creó y dirigió el Observatorio de la Ocupación en Irak, una organización nacida para registrar y documentar las acciones y decisiones llevadas a cabo por Estados Unidos en materia de política, economía y derechos sociales y detectar abusos. Denunció la estrategia de la Administración Bush para desmantelar todo el tejido social iraquí. Su conclusión es que la invasión estadounidense no tenía como único objetivo derrocar al régimen de Sadam Husein, sino desmantelar todo el Estado, incluyendo sus instituciones y su cultura.

Pronto, los casos de violaciones contra los derechos humanos se convirtieron en el tema principal de sus investigaciones: bombardeos indiscriminados, asesinatos a sangre fría, allanamientos nocturnos, destrucción de hospitales e infraestructuras, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, saqueos, destrucción del patrimonio cultural y desplazamientos forzados de la población. Iman A. Jamas registró con nombres y apellidos a cada una de las víctimas de estas violaciones de los derechos humanos en sus ciudades y aldeas. Ella y sus colaboradores pusieron en peligro sus vidas para dar a conocer el sufrimiento de los más débiles. “Sorprendentemente, no teníamos miedo de nada”.

Irak se envolvía mientras en una espiral de violencia sin fin. Era una guerra de todos contra todos: la insurgencia suní, las células de Al Qaeda, los escuadrones de la muerte de los partidos chiíes y las tropas estadounidenses. La población civil quedó atrapada entre todos estos frentes. Entre 2003 y 2007, Irak se convirtió en el infierno. Un infierno que fue haciendo el trabajo del Observatorio cada vez más difícil. En junio de 2004, un año después de su creación, el centro de documentación tuvo que ser cerrado debido a las amenazas de muerte que recibieron Jamas y sus colaboradores.

Jamas continuó, pese a las dificultades, recogiendo testimonios, hablando con las víctimas, grabando los crímenes cometidos por las fuerzas ocupantes. Muchos casos fueron recogidos en un libro estremecedor, Crónicas de Irak, publicado en 2006. El libro hace especialmente visible el sufrimiento padecido por las mujeres en medio del conflicto. Mujeres solas, que han perdido a sus familiares, mujeres desplazadas forzosas, mujeres heridas y violadas o mujeres detenidas en las cárceles de las fuerzas estadounidenses y británicas. Jamas habla de los desaparecidos de cuyo paradero nada se sabe y cuyas familias se hunden en la desesperación como en un laberinto sin salida. Y describe su desasosiego en narraciones como ésta: “Una madre estaba tan desesperada que, cuando oyó que un amigo de su hijo había soñado que su hijo estaba enterrado en un determinado sitio, fue al lugar y estuvo cavando en las sepulturas sin encontrar nada”.

“Trabajar en ello fue muy difícil y peligroso. Por un lado, lo era porque nos desplazábamos a zonas bombardeadas, a bases militares, a áreas amenazadas. Pero también lo era porque los propios iraquíes se mostraban tan encolerizados y decepcionados que no creían que nada pudiera ayudarles. Yo iba a muchos sitios a preguntar a la gente sobre su situación, con mi cuaderno y mi cámara y algunos me increpaban. No veían que hacer pública su historia fuera a ayudarles cuando su necesidad más inmediata eran medicinas, alimentos o una casa”, recordaba sobre su trabajo en el Observatorio en una entrevista.

El trabajo de recopilación de los abusos de los derechos humanos realizado incansablemente por esta escritora y traductora, licenciada en Literatura por la Universidad de Bagdad, ha sido reconocido en España. En abril de 2007, Jamas recibió en Córdoba el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, en honor del periodista español muerto poco antes de la caída de Sadam Husein, mientras cubría el conflicto. En el gremio desde 1977, Jamas denuncia los riesgos que corren los periodistas de su país. Según sus cálculos, entre 2003 y 2007 han muerto en Irak más de 200 periodistas iraquíes. “Ellos son los que trabajan en las zonas peligrosas y recogen la información que les compran las agencias y los periodistas empotrados, desde los hoteles de la ‘Zona Verde’ de Bagdad”, afirma.

Desde agosto de 2006 vive refugiada en España con sus dos hijas a la espera de poder volver a un Irak por fin libre y en democracia. Mientras, tiene una visión pesimista del futuro: “Irak necesitará muchos años para reconstruirse. Todo está destruido. El propio Estado, las leyes, las instituciones, los servicios públicos, las infraestructuras… Tras trece años de sanciones y la ocupación [de Estados Unidos], el país está muy dañado; la estructura social ha sido desmantelada… Harán falta muchos años para reconstruirlo todo. Será muy difícil”.

“Según estadísticas, el 90% de las labores conocidas como trabajo doméstico son realizadas por mujeres, que reciben el nombre de amas de casa. Si no se dispone de tiempo y sí de dinero, existe una opción B: contratar a otra mujer para que realice el trabajo, la cual recibe el nombre de empleada del hogar“. Éste es uno de los testimonios que componen el documental ¡Cuidado, resbala!, presentado en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga, en el que se analiza la situación de una realidad fundamental para el desarrollo de la sociedad, pero generalmente olvidada por el conjunto de ésta, y en el que la desigualdad y el trato discriminatorio están a la orden del día. La cinta pretende ser una “herramienta para el debate”. Hablamos con Mercedes Cordero, jurista y codirectora del documental.

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Fotograma del documental

“Estas labores son esenciales para el mantenimiento de la vida, y sin embargo no son reconocidas como se merecen. Es lo que está en la base de toda la sociedad”

“El 80% de estas labores de cuidado recaen sobre las mujeres. A su vez, entre el 70 y 80% de las mismas son mujeres migrantes”

“A pesar de que la situación de la mujer en la sociedad es mejor que hace 50 años, durante los últimos 3 hemos experimentado una enorme regresión, como por ejemplo ocurre con la reforma de la Ley del Aborto”