Mustapha, uno de los deportados en marzo, durante la concentración ante la delegación del Gobierno en Melilla (José Palazón)

En estos momentos al menos unas veinte personas están escondidas en algún rincón de Melilla, probablemente en algún descampado de los que parapetan la ciudad y hacen las veces de antesala de las vallas que la aislan del continente africano. Después de dos meses paralizados por el terror, ahora temen que sus peores pronósticos se cumplan, como les pasó a 52 de sus compatriotas. Tras meses de manifestaciones, concentraciones y huelgas de hambre, fueron deportados a República Democrática del Congo cuando la Delegación del gobierno de Melilla les había comunicado que serían trasladados a un CIE de la Península para, donde tras pasar como máximo el plazo de 60 días de encarcelamiento, ser puestos en libertad. Algunos de ellos llevaban más de tres años de desesperante espera en Melilla y sin aviso previo, fueron deportados a su país donde algunos de ellos, según fuentes cercanas, siguen presos en una de las cárceles más peligrosas del mundo, el Centro Penitenciario y de Reeducación de Kinshasa, donde hasta hace unos pocos años, morían diez personas al día por inanición y donde se encierran a los considerados opositores del régimen.

Escena dentro de una prisión de RDC

En el siguiente vídeo vemos escenas de hacinamiento y maltrato  grabadas dentro de la prisión donde fueron encarcelados congoleños deportados por Bélgica, por primera vez y tras una fuerte oposición de sectores de la sociedad civil, a principios de año.Hasta el 2011 de la Unión Europea sólo Chipre había deportado personas a RDC por la sistemática vulneración de derechos humanos que tiene lugar en este páis.

El lunes 7 de mayo, doce personas migrantes acudieron a la comisaría de Melilla tal y como se les había solicitado. Fueron detenidos y trasladados al CIE de Tarifa (Cádiz), donde se encontraron con otros diez  congoleños que habían sido trasladados desde Ceuta. Según Gustav Kiansumba, congolés, trabajador de la ONG Centro de recursos de africanistas (Crea), algunos de los detenidos le llamaron el miércoles para pedirle ayuda y fue cuando se tuvo constancia de esta situación. Kiansumba fue también migrante indocumentado, y según cuenta, activista en su país por lo que tuvo que huir para salvar su vida. Entre el grupo deportado, según nos cuenta , hay cuatro personas al menos que no son congoleños y temen que sean deportados igualmente a RDC.

Mientras el terror se ha extendido por la comunidad congoleña en Melilla, con la que ya estuvo tras la primera deportación Periodismo Humano, y que encontramos en un estado de shock paralizante. “Ahora todos tenemos mucho miedo, no le importamos a nadie. Nosotros no somos políticos, pero el presidente Kabila considera que las personas que estamos en el extranjero somos un Ejército de opositores y allí los matan. Ya nos hemos manifestado y nos han deportado. Tenemos mucho miedo. Ahora estamos aquí, no hablamos, no nos miramos…. En España, estás 60 días en la cárcel y te sueltan. Aquí en Melilla, algunos llevamos tres años…. Ya sólo nos queda esperar que sea lo que Dios quiera”, nos decía uno de los jóvenes fuertes y atléticos que habían conseguido sobrevivir a los peligros del viaje por el continente africano hasta llegar a suelo europeo, y que ahora cabizbajos, tristes, muy tristes y desactivados sólo tenían todo el tiempo del día para pensar que pronto podrían estar como sus camaradas en una prisión que Kiansumba define como “una exposición a la muerte: no hay comida, ni condiciones de higiene, no pueden recibir visitas…“.

Captura del vídeo del interior de cárcel de RDC

Por ello, cuando supieron la suerte que habían corrido este lunes otros 12 de sus compañeros, se apresuraron a buscar escondrijos en una ciudad de 12 kilómetros cuadrados y cercada por una doble valla de seis metros de altura. Según han contado, algunos de ellos fueron citados esta semana de nuevo en comisaría donde sólo acudieron dos, que fueron detenidos de inmediato. Y entonces activistas de derechos humanos de la ciudad denuncian que miembros de la Policía comenzaron redadas por la ciudad identificando dependiendo del color de piel, una práctica que ha sido denunciada por la ONU entre otros organismos por considerarse discriminatoria –las llamadas redadas racistas–. Según nos cuenta Kiansumba, un joven congoleño fue detenido cuando salía de su escondite para buscar agua y comida. “Sólo se salvarán los que tienen un corazón duro y no salgan de sus refugios”, sentencia

Según denuncian internos del CETI, policías de paisano también han ido entrado en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) la madrugada del lunes buscando por las dependencias a congoleños y cameruneses desatando la alarma entre los inmigrantes que dormían y entre los menores que conviven con ellos. También denuncian que fueron a buscarlos al comedor policías vestidos de paisano.

Hemos intentado hablar con algunas de las personas detenidas en el CIE de Tarifa pero puesto que no hay un teléfono público que nos permita hablar con ellos, sólo pudimos dar nuestro contacto al trabajador que contestó en la centralita para que se lo dieran a uno de los detenidos para que nos llamara, cosa que no ha ocurrido hasta el momento y que tiene toda la lógica teniendo en cuenta que esta persona no nos conoce. Tras poner el caso en conocimiento de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ésta ONG ha puesto una queja ante el Defensor del Pueblo para solicitar su intervención.

Nos hemos puesto en contacto con la Delegación de Gobierno de Melilla, con la Policía Nacional de la Ciudad Autónoma y con el Ministerio del Interior para aclarar, entre otras cuestiones, si se va a deportar a estas personas a un país que vulnera sistemáticamente los derechos humanos, exponiendo sus vidas a peligros graves, incluso a la muerte. La Delegación de Gobierno nos comunica que no tienen conocimiento ni responsabilidad en este ámbito. Con el responsable de prensa del cuerpo policial de Melilla nos ha sido imposible comunicarnos. Y el Ministerio de Interior nos pidió que le enviáramos las preguntas por escrito como es lo habitual. Tan habitual como que no tengan respuesta. Éstas son las cuestiones relevantes a las que no tenemos acceso:

• ¿Van a ser deportados a RDC o van a ser puestos en libertad en la Península como se les prometió desde la Delegación de gobierno de Melilla hace dos meses?
• En el caso de que vayan a ser deportados:
• ¿Cuándo?
• ¿En qué condiciones?
• ¿Van a ser acompañados por policías?
• ¿En un avión de una compañía comercial?
• ¿Se les ha informado de qué va a pasar con ellos?
• En el caso de que vayan a ser deportados:
• ¿Bajo qué acuerdo de repatriación con el gobierno de RDC se hará?
• ¿Serán internados como la vez anterior en la prisión de Kinshasa Kim Mazière donde hasta hace poco morían al día diez personas de inanición?
• Bajo qué razones se permite que estas personas sean encerradas en una prisión política donde organismos internacionales han denunciado que se cometen torturas y humillaciones de todo tipo?
• ¿Cúanto cuesta cada deportación de estos ciudadanos?

Preguntas por contestar sobre este caso enviadas en marzo de 2012, tras la primera deportación de los 52 congoleños que esperaban en Melilla:

• ¿Tiene España un acuerdo migratorio de repatriación con la República Democráctica del Congo?
• ¿A qué hora se realizó el viaje?
• ¿Cuándo se les comunicó que iban a ser deportados?
• ¿Fueron agredidos varios de los inmigrantes, como denuncian algunos de ellos, cuando se dieron cuenta de que iban a ser repatriados y se resistieron a montarse en el avión?
• ¿Viajaron esposados hasta Kinshasa?
• ¿Les acompañaron policías españoles?
• ¿Quiénes les recibieron en el aeropuerto de Kinshasa?
• ¿Les acompañaron hasta el Centro Penitenciario y de Reeducación de Kinshasa (CPRK), conocido como cárcel “Kin Mazière” de Gombe?
• Había varios enfermos de gravedad entre los deportados y algunos sufrieron ataques de ansiedad. ¿En qué situación los encontraron los policías que los acompañaban? ¿Recibieron atención médica?

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado este viernes que no será suficiente estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigirá la residencia fiscal. Quienes estén en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños.

Excusa “cargada de demagógico populismo”

La medida anunciada este viernes por el Gobierno es, advierte Sánchez Legrán, “un paso más en el rompimiento de nuestro modelo universal de prestación del servicio sanitario y en comenzar a crear una sanidad para ricos y otra para pobres”.

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Emanuel Mukasa (José Palazón)

En el reportaje “Por ser albino querían beber mi sangre. Ahora no me dejan salir de Melilla”, Emanuel Mukasa nos contaba en cómo no había conocido a su padre ni a su madre, quienes habían muerto en la guerra. Un campesino se apiadó de él y a sabiendas de que los albinos son discriminados y asesinados en Uganda y otros países africanos para fabricar pócimas y amuletos, lo encerró en un cobertizo junto a los perros para que no tuviera contacto con el exterior. Fue la forma que, según Mukasa, encontró para protegerle durante años. Antes de cumplir la mayoría de edad, huyó hasta llegar a Marruecos gracias a la ayuda de otro hombre que le pagó el viaje, pero que antes le quitó un poco de sangre para bebérsela y adquirir los supuestos poderes sobrenaturales que se le adjudica a este rito y que ha provocado el asesinato de muchos albinos en países como Tanzania o Uganda donde “ver un albino es ver una pieza de caza”, explicaba Emanuel con claridad.

Sin embargo, Mukasa esperaba que tras entrar a nado en Melilla desde Marruecos, consciente de que en Europa se conocía la persecución que sufren los albinos en su país, se le concedería asilo y por fin encontrar “un trabajo y conseguir así algo de dinero para mantenerme a mí mismo y ser libre”. Pero pasan los meses y siguiendo la política condenada no sólo por el Defensor del Pueblo sino también por ACNUR y por cuatro sentencias del Tribunal Superior de Andalucía, el gobierno sigue sin permitir a los solicitantes de asilo trasladarse a la Península. De hecho, sus tarjetas identificativas son de un color distinto a las del resto del país, rojas en lugar de amarillas.

Emanuel Mukasa con su tarjeta de solicitante de asilo (José Palazón)

Ya en 2010, el Defensor del Pueblo inició una investigación ante las Jefaturas Superiores de Policía de Melilla y de Ceuta, tras conocer que funcionarios policiales estaban impidiendo el traslado a la península de demandantes de asilo, provistos de la correspondiente tarjeta que les identificaba como tales, como contamos en Periodismo Humano. En el informe anual del año 2010 [pdf, pág. 317-318], el Defensor explica que los “funcionarios alegaban que tenían instrucciones de la superioridad para actuar en este sentido. Tras el inicio de la correspondiente investigación, la Administración insistió en la corrección de su actuación, en virtud de la cláusula de reserva que sobre las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se incluyó en el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen”. El Defensor volvió a mostrar su desacuerdo con la aplicación de Schengen, acuerdo al que no están supeditas las Ciudades Autónomas, puesto que el documento es expedido por el Ministerio del Interior y supone el reconocimiento del derecho a la permanencia en territorio español. El Defensor del Pueblo reiteró la denuncia de esta situación en su informe de 2011 [pdf].

Sin embargo, según fuentes del Defensor, los plazos para que la Administración Pública responda al expediente abierto puede retrasarse durante varios meses y el Ministerio del Interior no responde a las preguntas de Periodismo Humano sobre sí va a modificar la política de impedir la libre circulación de los solicitantes de asilo cuya petición ha sido admitida a trámite. Mientras, Mukasa seguirá desesperándose, “sin poder hacer nada más que preguntarme qué problema hay conmigo (…)  A veces, curando rezo, también le pregunto a Dios, ¿por qué me trajo aquí?”.

• Campaña de recogida de firmas “Asilo para el albino ugandés Emanuel Mukasa”

“Por ser albino querían beber mi sangre. Ahora no me dejan salir de Melilla”

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10.04.2012 · Patricia Simón · (Melilla)

El ugandés Emanuel Mukasa creció encerrado en un cobertizo cuidando perros y sin contacto con el exterior. Así protegió un campesino a este albino de que fuera asesinado para usar su cuerpo para la brujería. Lleva un año y seis meses en Melilla esperando la resolución de su solicitud de asilo, desesperado por no poder hacer nada más que ver cómo otros llegan y pasan a la Península y preguntarle a Dios “por qué le ha traído aquí”.

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(Paul Connors / AP Photo)

El fondo fue instituido en 2004 para apoyar la acogida, integración y refuerzo educativo de los inmigrantes y financia programas de formación, fomento del empleo y mediación intercultural, ejecutados por organizaciones no gubernamentales (ONG), comunidades autónomas y ayuntamientos.

Pero el Ministerio de Empleo y Seguridad Social suspendió la dotación de recursos para el fondo en los presupuestos generales de 2012, aprobados el 30 de marzo por el gobierno del Partido Popular. La partida de gastos se redujo en el equivalente a 35,9 mil millones de dólares, un recorte de más de 17 por ciento respecto a 2011.

“Los ayuntamientos y las comunidades autónomas usaban ese dinero para contratar personal que atendía a los inmigrantes, como trabajadores sociales y abogados expertos en temas de extranjería”, dijo la presidenta de la ONG Andalucía Acoge, Mamen Castellano.

Ya en 2011 “el fondo se redujo drásticamente”, recordó, con lo que “el personal dedicado a ayudar a los inmigrantes a nivel local cayó al mínimo”.

En 2010 el fondo recibió el equivalente a 261 millones de dólares y al año siguiente el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (abril 2004-diciembre 2011) lo limitó ya al equivalente a 88 millones de dólares, debido a la agudización de la crisis.

“La supresión del fondo de apoyo supone uno de los golpes más duros que se podía dar a las políticas públicas de integración llevadas a cabo en los últimos años”, sostuvo la Federación Estatal de la no gubernamental SOS Racismo en un comunicado.

SOS Racismo pronostica que la desaparición de esta partida paralizará “cientos de planes de integración de municipios y comunidades autónomas” y contraviene los acuerdos con la Unión Europea (UE) como la Agenda Europea para la Integración, fijada en julio de 2011.

Según esta ONG, “las crisis económicas tienen unos ciclos diferentes a los que se precisan para evaluar el grado de integración de una población inmigrante, que en los últimos años ha visto frustradas sus expectativas laborales y familiares”.

Las asociaciones de ayuda a los inmigrantes y otras ONG relacionadas dijeron que verán perjudicadas sus propias actividades de asistencia por el vaciamiento del fondo, al menos por este año.

“Vemos con preocupación la suspensión porque vamos a ver cómo desaparecen algunas partidas destinadas a proyectos de integración”, en los municipios y las autonomías, lamentó Castellano.

Asociaciones de inmigrantes también consideraron que sin las acciones de integración y cohesión social que permitía el fondo, aumenta el riesgo de marginalidad y exclusión de los inmigrantes.

El portavoz adjunto del partido Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Amorós, calificó la suspensión del fondo como un “ataque a la convivencia”.

Amorós recalcó que “en tiempos de crisis la inversión en cohesión social es más necesaria que nunca” y alertó sobre las consecuencias para Cataluña de la suspensión del fondo, ya que era una de las pocas transferencias del Estado central en que esa comunidad era principal beneficiaria, por el peso demográfico allí de la inmigración.

España es uno de los países de la UE que más sufre los embates de la crisis económica y financiera, transformada en un drama social que resumen los más de cinco millones de desempleados, 23 por ciento de la población activa y casi 50 por ciento de los jóvenes.

En este país de 47,5 millones de habitantes, los extranjeros residentes sumaban 4,5 millones al concluir 2011, un 48,7 por ciento procedentes de países ajenos a la UE, en un año en que la crisis provocó un cambio de tendencia tras la gran ola inmigratoria vivida desde fines del siglo XX.

Por primera vez en más de una década fueron más los extranjeros que salieron del país que los que llegaron y, además, el país tuvo un saldo migratorio negativo, al sumar más los emigrantes españoles que los inmigrantes arribados.

“Nos da mucho miedo la filosofía de que como estamos mal, no ayudamos a los demás”, declaró Castellano en referencia a los drásticos recortes decididos también en la cooperación internacional, que pueden generar un “repunte de la inmigración” desde países receptores de esa asistencia.

El presupuesto para la cooperación internacional al desarrollo también sufrió un hachazo de 65,4 por ciento respecto a 2011, para caer a 893 millones de dólares, un nivel similar al de 2005.

“Es un golpe brutal” que “pone en serio peligro lo conseguido durante décadas de trabajo especializado en los países empobrecidos”, expresó la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en un comunicado.

La Coordinadora planteó que “en un momento como el actual los presupuestos deberían haber enfrentado con firmeza la desigualdad tanto a nivel nacional como internacional”.

La supresión del fondo para inmigrantes y la drástica rebaja de la partida para cooperación internacional se inscriben en el mayor ajuste del gasto hecho en España desde la instauración de la democracia en 1977, destinado a reducir este año el déficit fiscal de 8,5 por ciento a 5,3 por ciento, como exige la UE para no intervenir al país.

Al recorte en el presupuesto se sumará, además, otro de 13,2 mil millones de dólares en sanidad y educación, anunciado el lunes 9, una medida que a juicio del opositor Partido Socialista Obrero Español y otras fuerzas de izquierda traspasa “la línea roja” de los pilares intocables de la sociedad del bienestar construida por la democracia.

“Estamos ante una necesidad objetiva, que es tener un Estado austero”, declaró el martes 10 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Otros damnificados directos de los recortes son los 115 expresos cubanos y sus familiares, llegados al país desde 2010, dentro de un acuerdo entre Madrid y La Habana.

Ellos se enfrentan a la “suspensión por sorpresa” desde este mes de las ayudas económicas que recibían del gobierno y que “ya se venían recortando desde hace un año”, destacó el disidente y asilado cubano José Luís Rodríguez Chaves.

“Entre los familiares hay niños, mujeres embarazadas, ancianos, y nos han dejado totalmente en la calle”, lamentó el activista, en el país desde abril de 2011. El convenio bilateral les garantizaba una ayuda de 18 meses con derecho a prórroga.

Actualmente diez de ellos se encuentran “acampados” y en huelga de hambre en la puerta del Ministerio de Exteriores en Madrid. Según lainformacióm.com, llevan ya 9 días sin comer y se quejan de que aún no han obtenido respuesta alguna del Gobierno, pero dicen estar “dispuestos a morir” hasta que se les escuche

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Antes de acceder a ser entrevistado pide una “reunión privada” con la periodista. “Me han hecho más de una docena de entrevistas y sigo aquí. Llevo un año y siete meses esperando en Melilla. Me han renovado tres veces mi solicitud de asilo y aquí sigo mientras otros que llegaron mucho después ya están en la Península. No puedo hacer nada. Sólo estar todo el día preguntándome qué problema hay conmigo. ¿Es que nadie puede ayudarme?”. Estamos en una de las chabolas construidas con cartones y protegidas con plásticos. Dentro, una cama perfectamente hecha, un mueble recuperado de la basura haciendo las veces de mesita de noche, una cinta navideña decorando el pilar que sostiene la construcción y un asfixiante olor a ambientador que Emanuel ha pulverizado con anterioridad para dignificar la sala del encuentro.

La persecución de los albinos en algunos países africanos saltó a la opinión pública internacional en 2008 con la denuncia de los asesinatos que sufrían en Tanzania. Según ONG internacionales y organizaciones como Cruz Roja Internacional, por una mano se puede llegar a pagar 400 dólares y 65.000 por todo el cuerpo. Su sangre, como cuenta Emanuel, otorga supuestamente poderes sobrenaturales a quien la bebe. Estos precios desorbitados por lo que terminará convertido en pócimas y amuletos, hacen pensar que sus clientes no son precisamente ciudadanos de la amplia mayoría pobre del continente, sino propietarios de explotaciones mineras y altos cargos empresariales y políticos.

José Carlos Rodríguez ha sido misionero 20 años en Uganda, en concreto en la zona norte, la más asolada por la guerra. “Los albinos son asociados al mundo de los espíritus malignos, por lo que sufren una gran discriminación. Se les asesina para coger partes de su cuerpo para la brujería y en otros casos para eliminarlos por considerarlos ‘diabólicos’”. Rodríguez recuerda que la incidencia del cáncer de piel es mucho mayor en esta población que se manifiesta con manchas oscuras en la piel y que en muchos casos los enfermos desconocen que se tratan de tumores. El albinismo afecta a una de cada 4.000 personas de raza negra, frente a su incidencia de uno cada 20.000 entre los blancos. Además esta población tienen una esperanza de vida de 39 años, una década menos que la ya bajísima media del continente africano.

“De las cosas que más me sorprendieron cuando llegué a Uganda fue que en una escuela de enfermería que solía visitar, había una muy buena estudiante albina que tuvo que abandonar su formación porque cuando iba a hacer prácticas al hospital había muchos enfermos que estaban aterrorizados, decían que estaba poseída y se negaban a que les pusiera las manos encima”, recuerda Rodríguez. “Sus familias los consideran una carga por lo que muchas veces dejan de alimentarlos, vestirlos, de preocuparse por ellos… Muchas veces terminan pidiendo en la calle en una situación de exclusión social”. De hecho, en muchos países se considera que tener un hijo albino es un castigo por alguna mala acción o fruto de un adulterio con un hombre blanco, por lo que los padres abandonan a sus madres.

Carnet de Emanuel Mukasa del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (P. S.)

Chema Caballero, misionero javeriano que trabajó en la rehabilitación de niños soldados durante más de 20 años en Sierra Leona, nos explica la situación de esta minoría en este país y en parte del África occidental. “Los albinos también son aquí considerados diablos, gente impura a las que antes se abandonaba al nacer o, incluso, se les sacrificaba. Hoy día no se les persigue o asesina, pero siguen siendo discriminadas. Les llaman judíos por ser blancos. En todos estos años en Sierra Leona sólo he conocido a un albino que trabajara en una oficina del gobierno y era a bajo nivel. Tampoco que trabajara en un negocio de cara al público. Sólo los he visto trabajar como vendedores callejeros, de los que llevan la bandeja sobre la cabeza”.

Al contrario que en Tanzania donde el gobierno, movido por la presión internacional, ha legislado para proteger a los albinos, en Sierra Leona o en Uganda siguen obviando esta situación. Mientras, uno de los argumentos recurrentes empleados por los países de destino para rechazar las demandas de asilo es alegar que son perseguidos por sus comunidades pero no por las autoridades públicas, con lo que podrían cambiar su residencia dentro de su país. Arsenio García, responsable del Área Jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), explica que “este parámetro que se baraja a veces para denegar el derecho a asilo no aparece en la Convención de Ginebra ni en la misma ley de asilo. Y sí hay jurisprudencia en contra, que marca que en tal caso se tiene que decir a dónde tendría que irse esa persona y en qué condiciones. Es decir, el país que deniega asilo tiene que demostrar cómo esa persona puede encontrar en ese sitio de destino condiciones de vida dignas y asegurar que no van a ser perseguidos”.

Asensio también identifica las fórmulas empleadas para denegar el asilo a una condición, la de ser albino, que “en principio está amparada por la Convención de Ginebra porque estamos hablando de raza, no en el sentido estricto que ya es un término muy superado, sino en que son considerados seres diábolicos que traen mala suerte y que por, tanto, son rechazados. Sin embargo, como siempre, se recurre a las contradiccions en el relato, la falta de verosimilitud, a por qué no han denunciado en sus países…”. Y es que se ha denegado el asilo a varios albinos africanos en los últimos años. Sí que se le concedió en el caso más conocido poque coincidió con la toma de conciencia internacional de la situación de los albinos en parte de África, el de Moszy, un joven procedente de Benín que llegó en patera a Tenerife en marzo de 2009.

Moszy a su llegada a Tenerife en 2009 (Carlos Moreno / AP)

En España, uno de los países con cifras más bajas de solicitudes de asilo, aumentó ligeramente en 2011, por los programas de acogida a cubanos y por las solicitudes de ciudadanos de Costa de Marfil. Se recibieron 3.414 peticiones frente a las 2.744 del año anterior, pero menos de la mitad de las 7.660 que se recibieron en 2007, por ejemplo. Sin embargo, de las recibidas en 2010 (el Ministerio del Interior [pdf] no ha publicado aún los datos de 2011) fueron admitidas 631, de los cuales hay que subrayar que 216 eran disidentes cubanos. En octubre de 2009, el gobierno aprobó una serie de reformas de la Ley de de Asilo que Amnistía Internacional y CEAR definieron como convertir el “asilo en una carrera de obstáculos“.

Asensio explica que la respuesta a estos casos suele ser la de ‘es que si le damos asilo a este albino, se lo tendremos que dar a los albinos de todo el mundo’. “Lo mismo que dicen con las mujeres víctimas de la violencia de género, por ejemplo. Como si todos fueran a pedir asilo a España… Con esa excusa caemos en lo que podemos llamar el elitismo del refugiado, es decir, que si Emanuel fuera un activista de los derechos humanos y de los albinos en Uganda, sería mucho más fácil que le dieran asilo que si es un ciudadano que sufre la persecusión y la discriminación por serlo. De nuevo, ni la ley de asilo ni la Convención de Ginebra dicen nada sobre que unos tengan más derechos que los otros”.

CEAR lleva años denunciando el llamado ’stock’ de solicitudes de asilo que nunca son resueltas. “Ahora están resolviendo los últimos casos presentados y los deniegan a una velocidad tremenda. En casos como el de los albinos o los saharauis, por ejemplo, donde por cierto sería bueno que los instructores de Madrid les entrevistaran, no es raro que tarden más de un año y medio. Así empiezan a dormir el sueño de los justos”.

Fabián Grandolph es padre de un niño albino de seis años y miembro de la delegación madrileña de la Asociación de ayuda a personas con albinismo en España (ALBA), una organización muy pequeña dedicada principalmente a temas de educación y sensibilización, aunque también han realizado recogida de cremas de protección solar, gorras, gafas de sol para albinos en Senegal. Grandolph reclama que “las autoridades responsables de inmigración de los países desarrollados, como España, deben tener en cuenta estas condiciones (de persecución y discriminación) para facilitar permisos de residencia o facilitar la aceptación de sus peticiones de asilo“.

En el caso de Emanuel el desamparo de llevar un año y siete meses esperando una respuesta hay que sumarlo al limbo que supone que la entrada a suelo europeo sea pasando por Ceuta o Melilla, a donde llegó desde Marruecos a nado. A los solicitantes de asilo no se les permite trasladarse a España (desde marzo de 2010, como contamos en Periodismo Humano), pese a que tenga el carnet que acredite esta condición. “Es una forma de disuadir, mucha gente esta renunciando a pedir asilo por esto. Se supone que las personas que están legalmente en España (como Emanuel) tienen libertad de movimiento. ACNUR, el Defensor del Pueblo y algunas sentencias ya han denunciado que no se puede retener a la gente en Melilla y Ceuta. Pero sus delegaciones de gobierno, con la anuencia de este y del anterior gobierno, lo están haciendo aunque tienen la obligación de permitirles moverse. Es que Ceuta y Melilla no son sus destinos, sino un paso y para ellos se convierten en una cárcel“.

Por tanto, con Emanuel el gobierno español está incumpliendo doblemente la Ley de Asilo: al no permitirle transitar libremente por España teniendo un permiso de estancia temporal como solicitante de asilo, y al no concederle asilo teniendo en cuenta la definición de refugiado de la Convención de Ginebra:

“persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”…

Es más, ACNUR especifica que “la protección internacional incluye algo más que la propia seguridad física. Los refugiados deberían recibir al menos la ayuda básica y los mismos derechos que cualquier otro extranjero que sea residente legal. Así, los refugiados tienen derechos civiles básicos, incluyendo la libertad de pensamiento, de movimiento, y el derecho al respeto como persona”. Mientras, no estaría de más que alguien respondiera a Emanuel alguno de los tantos por qué que le atormentan mientran pasan los meses y todo lo que puede hacer con su tiempo es nada.

Calais. (AP/Michel Splinger)

Ya pasaron más de dos años desde que la policía francesa demolió el campamento de inmigrantes de Calais, conocido como La Jungla. En aquel momento, las autoridades de Francia y Gran Bretaña elogiaron la medida como un golpe a quienes facilitaban la inmigración ilegal.No obstante, desde entonces, una corriente de inmigrantes y solicitantes de asilo ha continuado pasando por la ciudad y por la región Nord-de-Calais, con la esperanza de llegar a Gran Bretaña.

El llamado paso de Calais es el punto más estrecho del canal de la Mancha, y por tanto lugar favorito de inmigrantes para cruzar de Francia a tierras británicas.Ahora, la gendarmería de Calais, la Policía Fronteriza de Francia y un permanente despliegue de policías antidisturbios contribuyen con la campaña de expulsión, mediante redadas semanales y a veces diarias contra las viviendas ocupadas ilegalmente por inmigrantes, con arrestos arbitrarios, desalojos y demoliciones de casas.

En las últimas semanas se produjo una escalada notoria en la frecuencia y la intensidad de estas actividades. El jueves 15, la policía desalojó a 35 inmigrantes de los ruinosos edificios prefabricados en la avenida Louis Blériot y conocidos como Casa África, bajo la supervisión del subprefecto de la región de Calais, Alain Gérard.La  noche siguiente, la policía realizó una redada en el centro de distribución de alimentos donde habían acampado algunos de los inmigrantes desalojados, destruyendo sus tiendas y confiscando sus pertenencias.

Desde entonces hubo dos desalojos más en varias viviendas ocupadas y campamentos. Las autoridades también aumentaron sus controles a lo largo de los estacionamientos de camiones en las afueras de la ciudad, cerca de Dunkerque. Allí, una población flotante de más de 400 inmigrantes en camino a Gran Bretaña ha intentado quedarse para escapar del acoso policial en la ciudad.

Algunas organizaciones no gubernamentales locales atribuyen esta escalada a la campaña presidencial francesa y a la arremetida contra los inmigrantes que lleva a cabo el presidente Nicolas Sarkozy.  Otros hablan de una renovada presión británica para que Calais quede “libre de inmigrantes” en los preparativos para los Juegos Olímpicos de Londres, que se realizarßn entre julio y agosto de este año. Sea cual sea el motivo, estos desalojos han sumado un nuevo ingrediente de paranoia e indignación al difícil mundo clandestino que los inmigrantes de Calais se ven obligados a habitar.

Cuando intentamos visitar la antigua fábrica de cordones, destartalada y sin techo, en la Rue des Quatre Coins, varios agresivos inmigrantes  impidieron el paso, creyendo que este periodista estaba aliado con la policía. Pese a la presión policial, los inmigrantes continúan convergiendo en el centro de distribución de alimentos, cerca de los muelles de Calais, donde organizaciones no gubernamentales brindan dos o tres comidas diarias durante todo el año.

Entre los inmigrantes hay iraníes, iraquíes, afganos, sudaneses y palestinos. Hassan, un afgano de poco más de 30 años, relató que vivió 12 años en Gran Bretaña, donde tuvo dos hijos y su propio comercio de comidas rßpidas, antes de pasar seis años en la cárcel por cometer un robo a mano armada.  Mientras cumplía su sentencia, fue deportado de regreso a Kabul. Ahora, luego de tres meses en Calais, decidió aceptar una compensación económica y volver a la capital afgana, aunque eso signifique que tal vez no vuelva a ver a sus hijos.  Sus motivos son simples: “Ya no puedo soportar esto. Europa es el peor lugar en el que he estado jamás”.

Abed es otro afgano que llegó a Calais esperando alcanzar Gran Bretaña, con su hija Fawzia, de 14 años. Solicitó asilo en Francia, dejando a su esposa y a otros dos hijos en Grecia. Hasta que aprueben su petición, ellos no pueden unírsele en Francia y él no puede viajar para verlos. El proceso de pedido de asilo en Francia es lento y no tiene garantías de éxito. Desde 2009, 116 solicitantes de este derecho fueron reconocidos como refugiados, y les concedieron protección temporaria a 12 de los 285 postulantes con los que trató la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Muchos inmigrantes que pasan por la ciudad buscan trabajo, no asilo, y su presencia fluctúa según las cambiantes circunstancias económicas. La población migrante de la ciudad incluye ahora a varios albaneses que llegaron de Grecia. Entre ellos está Roland, un joven alto y de cabello largo, de unos 25 años, que perdió su empleo a causa de la crisis económica griega. Ahora apuesta a trabajar en Gran Bretaña. ”Grecia está acabada. Ahora no hay trabajo para nadie. Los griegos ni siquiera pueden alimentar a sus propias familias”, dijo.

Ya sea que busquen empleo o refugio ante guerras o persecuciones, estos inmigrantes constituyen una población excedentaria que ni el gobierno británico ni el francés quieren, pero de la que no se pueden librar.Junto con las severas políticas, las autoridades de Calais crearon el centro de distribución de alimentos e incluso pagan el alquiler de una de las organizaciones no gubernamentales que aportan sus comidas diarias.

Las autoridades también brindan a los inmigrantes un refugio de invierno, una clínica médica y duchas. Pero nada de esto se reconoce públicamente, y la presencia de un vehículo policial en el exterior del centro de distribución de alimentos es un recordatorio de la política de severidad y disuasión que tanto las autoridades locales como las nacionales prefieren presentarle al público.

El subprefecto de Calais se jactó de su intención de hacer que los inmigrantes que están en la ciudad se trasladen a Bélgica. Y aunque algunos inmigrantes han sido dispersados, otros continúan llegando, buscando un costoso pasaje por el canal, mientras buscan evadir a la policía. Pocos esperan que dejen de llegar a una ciudad que se ha convertido en un símbolo de la respuesta despiadada y disfuncional de Europa a las migraciones del siglo XXI.

El presidente está determinado a movilizar el sentimiento contra los inmigrantes para permanecer en el poder. La región de Pas-de-Calais ofrecen centros de entrenamiento a los atletas olímpicos que participarán en los juegos de Londres. En este contexto, los inmigrantes son cada vez más indeseados y superfluos de lo habitual, mientras en esta ciudad la represión está a la orden del día.

Panorámica del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. A la derecha, un campo de golf bordea el edificio (P. S.)

El sábado 10 de marzo un grupo de 52 congoleses eran deportados a su país desde Madrid, tras peligrosos viajes migratorios que comenzaron incluso seis años antes, cuando huyeron del territorio más pobre de África y de sus guerras. Tras años de lucha por la supervivencia física hasta llegar a territorio europeo, en Melilla el mayor enemigo es el tiempo, la espera y la nada. Esta ciudad amurallada, vallada y aislada por el mar se convierte en una cárcel para las miles de personas que confluyen en este territorio pensando que será la antesala de la casilla de llegada. Sin embargo, una vez cruzada la valla metálica que circunda la ciudad, sólo les espera un edificio donde vivirán hacinados, en el que comer a las 8, a las 13 y a las 20 horas, y matar el resto del tiempo: salir para estirar las piernas, respirar aire fresco y descansar la vista sobre un horizonte que se va difuminando según van pasando los meses y los años, con el existir como todo derecho, sin molestar, sin revelar con su sola presencia que Melilla mantiene anuladas a cientos de personas con la arbitrariedad de una política de extranjería que pendula entre las deportaciones a los países de origen y los traslados a la Península dependiendo de la capacidad del CETI y los intereses de las relaciones internacionales.

Pero a veces, la nada y el tiempo se resquebrajan por el agotamiento, como cuando hace un par de meses, la comunidad de congoleños decidieron dejar de ser invisibles y manifestarse y hacer huelgas de hambre para pedir ser trasladados a la Península Ibérica, y terminar con una espera que supuestamente sólo podía llevarles a suelo europeo puesto que España no deportaba a RDC, país con el que no tiene acuerdos de repatriación y en el que se violan sistemátican los derechos humanos de la población civil. Finalmente, la delegación del gobierno cedió ante las protestas y les comunicó que serían trasladados a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en la Península desde donde serían puestos en libertad tras el plazo máximo legal de 60 días. Aquel fue un día de celebración y lágrimas de alivio.
Ecos de la R.D. del Congo por fronterasurmelilla

Sin embargo, el sábado 10 eran reunidos en el Aeropuerto de Barajas los 52 hombres y mujeres que habían sido trasladados a la Península para ser deportados. Entre ellos había varios solicitantes de asilo a los que se les había denegado. La noticia llegaba a Melilla horas después, cuando algunos de ellos llamaron a sus compatriotas llorando para contarles que estaban en Kinshasa y que estaban siendo trasladados a la cárcel de la ciudad, una de las más peligrosas del continente africano.

A día de hoy, ni el Ministerio del Interior, ni la Policía Nacional –a la que nos derivó el Ministerio por haber realizado la repatriación–, ni la Delegación de gobierno en Melilla han aclarado en qué terminos legales se realizó la deportación, ni si como denunciaron algunos de los afectados, fueron violentamente reprimidos cuando cinco de ellos se resistieron a subirse al avión al ver que iban a ser trasladados a su país, ni las siguientes cuestiones que les enviamos por escrito como nos pidieron.

• ¿Tiene España un acuerdo migratorio de repatriación con la República Democráctica del Congo?
• ¿A qué hora se realizó el viaje?
• ¿Cuándo se les comunicó que iban a ser deportados?
• ¿Fueron agredidos varios de los inmigrantes, como denuncian algunos de ellos, cuando se dieron cuenta de que iban a ser repatriados y se resistieron a montarse en el avión?
• ¿Viajaron esposados hasta Kinshasa?
• ¿Les acompañaron policías españoles?
• ¿Quiénes les recibieron en el aeropuerto de Kinshasa?
• ¿Les acompañaron hasta el Centro Penitenciario y de Reeducación de Kinshasa (CPRK), conocido como cárcel “Kin Mazière” de Gombe?
• Había varios enfermos de gravedad entre los deportados y algunos sufrieron ataques de ansiedad. ¿En qué situación los encontraron los policías que los acompañaban? ¿Recibieron atención médica?

La única información que hemos obtenido sobre sus últimas horas en el CIE de Aluche de Madrid, nos la dio una inmigrante detenida, sobre la que pesa una orden de expulsión y con la que hemos hablado en varias ocasiones. Según nos cuenta, “fueron reunidos todos en los calabozos, se les ordenó que recogieran todas sus cosas, por lo que pensaban que ya iban a ser puestos en libertad. Pero empezaron a repartirles bocadillos y agua, y aquí cuando te van a soltar no te dan nada, simplemente abren la puerta. Entonces sospechamos que iban a ser deportados. Vinieron policías de fuera del CIE y se rumorea que fueron trasladados en un avión militar”. Dos mujeres embarazadas congoleñas, según nos cuenta, habían sido puestas en libertad días antes, versión que nos confirman algunos de sus compatriotas que permanecen en Melilla según la información que ellos tienen.

Las vallas fronterizas de Melilla en el Parque de los Pinos de Rostrogordo

Una semana después nos encontramos con un grupo de los congoleños que permanecen en Melilla. Cabizbajos, con la mirada perdida en el suelo o en el horizonte, sentados alrededor de una mesa junto a una de la treintena de chabolas que los inmigrantes han construido en un cerro cerca del CETI, para tener un sitio de expansión, un espacio personal, algo de intimidad -también para las parejas que tienen que vivir separadas durante meses, puesto que en el CETI hombres y mujeres duermen separados-, donde cocinar o donde, simplemente, fantasear con que esas tablas con techo y ese metro cuadrado de tierra donde se sientan puedan conferirles la sensación de hogar y tranquilidad.

Chabolas de los inmigrantes cerca del CETI (P. S.)

Jóvenes altos, de cuerpos atléticos y piel lustrosa, con rostros tristes, en silencio, y que no quieren hablar. Uno de ellos explica el porqué: “Ahora todos tenemos mucho miedo, no le importamos a nadie. Nosotros no somos políticos, pero el presidente Kabila considera que las personas que estamos en el extranjero somos un Ejército de opositores y allí los matan. Ya nos hemos manifestado y nos han deportado. Tenemos mucho miedo. Ahora estamos aquí, no hablamos, no nos miramos…. En España, estás 60 días en la cárcel y te sueltan. Aquí en Melilla, algunos llevamos tres años…. Ya sólo nos queda esperar que sea lo que Dios quiera”.

A su lado, un hombre con aparentemente problemas psicológicos, se protege de las miradas de los extraños con la capucha de la sudadera y no para de llorar. El resto de los jóvenes siguen mirando a la nada. Llevan así desde que se enteraron de la suerte de sus compañeros hace una semana, cuando el defensor de derechos humanos José Palazón, presidente de Asociación Proderechos de la Infancia (Prodein), ducho en el funcionamiento del limbo jurídico que los inmigrantes sufren en Melilla, nos contaba que “nunca he visto a personas tan perdidas, tan paralizadas” y definía esta expulsión como “la violación de derechos más grave desde los asaltos a la valla de Melilla de 2005″, en los que murieron varios inmigrantes por disparos de la Guardia Civil y la Policía marroquí.

Tampoco hay ninguna versión oficial de lo que ha pasado con los deportados. En la prisión se niegan a dar información, y algunos de los congoleses que están en Melilla dicen que les han contado por teléfono que algunos han sido puestos en libertad y que otros han sido trasladados a otras prisiones, pero que en cualquier caso siguen bajo la vigilancia del gobierno.

Al día siguiente en el mismo sitio encontramos a un grupo de cameruneses. Es domingo y bajo esta carpa comen un plato de carne con patata cocinado al estilo de su país. Los sabores y la compañía parecen dar tregua a la dimensión atemporal en la que se convierte para los extranjeros Melilla. “Es muy triste lo que les ha pasado. ¿Te imaginas pasar tres años esperando y ser enviado a una cárcel de tu país? No es justo, aquí si eres un chivato de la Policía española te vas a la Península en barco, si no, te quedas”. El tema de los inmigrantes que revelan información y colaboran con la Policía sale contínuamente en las conversaciones. Los llamados ‘chivatos’ y sus supuestos beneficios a la hora de ser puestos en libertad medran sus esperanzas, generan desconfianza dentro de las propias comunidades de inmigrantes y las desmovilizan a la hora de exigir unos derechos mínimos. Cualquiera puede ser sospechoso de traidor si es visto hablando con algún extraño.

A su lado otro hombre camerunés se une a la conversación. “Hace tres meses que en el CETI no nos dan medicinas si tenemos algún dolor. Sólo si es algo grave nos envían al hospital. No hay nada que hacer, ya no podemos ni limpiar coches porque lo han prohibido, así que no podemos ganar nada de dinero. Y al principio puedes vivir así. Pero cuando pasan seis meses, un año, un año y medio… Y ahora, con la deportación de los congoleses, no sabemos qué va a pasar con nosotros. La nacionalidad ya no importa. Todos estamos en la misma situación. Es muy duro. Es demasiado duro…”.  Y el “c’est trop dur” va cerrando las conversaciones, con tonos que se van apagando, mientras el silencio de las instituciones públicas se vuelve cada vez más escandaloso.