El trigo de Kazajstán alimenta gran parte de Asia central.

La cosecha récord de esta temporada puso en evidencia la poca atención prestada al cuello de botella en las exportaciones, que socava las ambiciones de este país de convertirse en el granero de Asia central, y subrayó la necesidad de reemplazar algunas hectáreas de trigo por otros granos y forraje para el ganado.

Los subsidios del gobierno para importar maquinaria agrícola moderna y ampliar el uso de fertilizantes minerales casi duplicaron el valor de la cosecha de granos entre 2001 y 2009, según un estudio realizado para el Banco Mundial por el Instituto Leibniz de Desarrollo Agrícola en Europa central y oriental, con sede en Alemania. “Nos sorprendió ver que el salario de los trabajadores rurales aumentara casi el doble de rápido que el precio de los granos”, explicó el responsable de la investigación, Martin Petrick.

Cuando la independencia de Kazajstán, en 1991, había mayoría de rusos, ucranianos y alemanes en el norte del país, pero emigraron a sus respectivos países en las dos décadas pasadas. Los que se quedaron cosecharon los beneficios. El estudio señala que el factor decisivo del aumento del ingreso rural fue la escasez de trabajadores. “La mayoría de los propietarios coincidieron en las dificultades para conseguir y mantener empleados calificados que operaran la maquinaria compleja”, señala el informe. Esta escasez, sumada a la intensificación de la producción duplicó el gasto de los hogares rurales en seis años, mientras la proporción de los que estaban por debajo de la línea de pobreza cayó de 40 a cinco por ciento en 10 años.

En 2011, la cosecha de trigo de Kazajstán, unas 17 millones de toneladas, alcanzó las 21 millones de toneladas, de las cuales este país de 16 millones de habitantes solo consume siete para producir alimento, semillas y para el ganado. El resto suele exportarse, pero “cuanto mayor es la producción, más estrecho es el cuello de botella” en la exportación, indicó Petrick. Un tercio de las exportaciones se venden a los países vecinos del sur, las otras cuatro exrepúblicas soviéticas (Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán) y a Afganistán.

Kazajstán utiliza la red ferroviaria para cubrir la demanda de harina de esos estados. Pero la exportación está limitada porque no aumenta la demanda y faltan vagones. Una proporción ligeramente mayor va por tren a Irán y Azerbaiyán, cruza el mar Caspio y sigue rumbo a Turquía y Georgia, sobre el mar Negro. El resto va a los puertos rusos y ucranianos, desde donde sigue en barco a Europa y África. Pero sus instalaciones para acopiar granos son limitadas y gran parte está ocupada por las también abundantes cosechas locales.

Hay una gran demanda del otro lado del mar Caspio, en Irán y Azerbaiyán, pero las instalaciones del principal puerto kazajo de Aktau solo pueden almacenar medio millón de toneladas al año, indicó Dauren Oshakbayev, especialista en granos de la Asociación de Economistas de Kazajstán. Estas dificultades, indicó, harán que “nuestras exportaciones no aumenten tanto como nuestra cosecha”. La mayoría de la producción de este invierno boreal llegará al mercado a fines del año próximo o en 2014, mientras la de 2013 no sea tan copiosa como la de este año, pronosticó.

La falta de silos hará que parte de la cosecha se pudra o se desperdicie. Además, muchos agricultores recibirán menos dinero de las compañías porque estas tendrán que pagar depósitos de granos durante un año, o más, hasta que puedan colocar la producción. “El mercado mundial terminará absorbiendo el trigo adicional”, indicó Oshakbayev.

“Las más perjudicadas por esta situación en 2011 fueron las granjas familiares que obtuvieron precios más bajos”, apuntó, debido a que las empresas tienen que pagar depósitos por un tiempo prolongado. Además de trigo, los agricultores suelen cultivar cebada, que representa 12 por ciento de la producción total de granos, y cantidades menores de avena, colza, centeno, maíz y girasol. Solo se exportan 15 por ciento de las cinco millones de toneladas, al año, de los otros cereales que no son avena. “La cosecha actual es un mensaje del mercado que les dice: diversifiquen”, dijo Oshakbayev. La compañía Atameken Agro, ya redujo su área cultivada de 82 a 29 por ciento en 2005, indicó.

El gobierno debe disminuir su dependencia del trigo y acelerar su programa para mejorar la producción de carne promoviendo el cultivo de forraje, dijo Anton van Engelen, especialista en ganado que escribió un informe al respecto para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. “Muchos animales pasan hambre en invierno”, indicó. “Tiene sentido que disminuya la producción de trigo entre 15 y 25 por ciento y cultiven pasto”, apuntó. El forraje permitirá aumentar la cantidad de crías en 10 por ciento y disminuir el precio de la carne, que es el doble del precio mundial en este país.

“Tenemos que cambiar a rubros más efectivos como el forraje”, declaró el presidente Nursultan Nazarbayev a la agencia de noticias estatal durante una gira a una granja del norte del país. “La colza genera mayores beneficios que el trigo, y la producción de cebada y avena es importante”. Es necesario producir alimento para el ganado, remarcó.

Según los estándares mundiales, las empresas agrarias de Kazajstán, granjas colectivas privatizadas de la era soviética, son grandes, con un promedio de 10.000 hectáreas cada una, y no es raro que haya de 20.000, indicó Petrick, del Instituto Leibniz. Un propietario típico posee 700 hectáreas, apuntó.

Los proyectos de expansión de tierras se vieron obstaculizados por la falta de transparencia en la distribución de tierras, la mayoría en manos del Estado. “El gobierno debe recompensar a los mejores productores dándoles más tierra, pero todo el proceso de distribución es muy oscuro”, indicó. “Debe ser un proceso más justo y más transparente”, añadió.

Una portavoz del Ministerio de Agricultura se negó a hacer comentarios al respecto.

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Lisboa (Armando Franca / AP Photo)

En mayo de 2011, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo concedieron a Portugal un préstamo de 103.000 millones de dólares al cambio actual con el euro, para su rescate financiero. A cambio, impusieron condiciones draconianas a las capas medias y más pobres de la población y pasaron a supervisar la economía de este país del sur europeo, en una “troika” encabezada por el FMI.

En actos casi de supervivencia, los más afectados fortalecen aún más el auge de la economía sumergida, que según datos oficiales recientes, en 2010 representaba 24,8 por ciento del producto interno bruto (PIB). Y la tendencia es al aumento, debido a la fuerte crisis económica que no encuentra salida, concluye un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Oporto. Aún no existen datos oficiales de 2011, pero todos los economistas que han analizado el tema en declaraciones y debates coinciden en una subida ese año y otra durante el actual 2012. La razón es el creciente deterioro de la economía y trascendidos sobre un probable nuevo incremento de los impuestos, todavía no desmentidos por el gobierno conservador del primer ministro Pedro Passos Coelho.

Aumento de precios, impuestos, aportes a la seguridad social y desempleo, además de recortes en los apoyos sociales y la atención médica, son los motivos principales para que se dispare la llamada “economía sumergida”. Como consecuencia, queda fuera de las estadísticas de la riqueza producida en el país un cuarto del PIB nominal de Portugal, de 223.700 millones de dólares, señala el estudio de la Universidad de Oporto, divulgado este mes. Eso significa que uno de cada cuatro euros en Portugal se intercambia fuera de las cuentas de la riqueza nacional producida. Como resultado, la economía sumergida genera más de 52.600 millones de dólares, la mitad del préstamo de la “troika” para el rescate financiero del país. El estudio señala que el mercado negro es superior a la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que oscila entre 16 y 18 por ciento. En términos de economía sumergida dentro de la UE, Portugal ocupa el tercer lugar, tras Italia y Grecia.

La explicación de esa situación en los tres países se encuentra en especial en la coincidente elevación de los impuestos indirectos y al consumo y del desempleo, señala el estudio. La consecuencia es una competencia de negocios “distorsionada y una mayor incertidumbre en la estabilización de la economía”, afirma.

En 1970, cuando se realizaron los primeros estudios sobre la economía sumergida, el mercado negro asumía un valor de 9,3 por ciento del PIB, así que hubo un crecimiento del 15,5 por ciento en cuatro décadas. Un análisis pormenorizado de las cifras conduce a la conclusión de que si la economía paralela tributase al fisco, el déficit del PIB portugués de 2010 se hubiese limitado a 2,9 por ciento, en lugar de 9,1 por ciento. Se trató del cuarto mayor déficit de la zona euro, tras Irlanda, Grecia y España. Inclusive sin considerar el pago de impuestos, la simple suma de la economía sumergida al PIB nacional, hubiese situado el déficit en 6,9 por ciento, 2,2 puntos porcentuales menos que lo registrado.

(AP Photo)

Entre otros impactos negativos de esta distorsión de las cifras, está la evaluación negativa de las agencias de calificación financiera Moody’s, Fitch Ratings y Standard and Poor’s , que ponen nota a la solvencia de los emisores de títulos al mercado y que se basan en los datos económicos oficiales. Las tres agencias han calificado a Portugal con las notas mínimas y explican que se basan en el porcentaje sobre el PIB de la deuda soberana, que es de 83 por ciento. Un porcentaje que califican de excesivo y por el que pronostican que el país no podrá pagar, lo que dificulta a Lisboa colocar nuevas ofertas de títulos de deuda y cuando lo logra es a intereses desproporcionados.

Sin embargo, el pequeño y medio empresario parece inmune ante estos argumentos y arriesga la fuga al fisco, evitando el pago del impuesto al valor agregado (IVA), que en los tres últimos años pasó de 18 a 23 por ciento.

La pregunta recurrente actual de este sector de la economía es: ¿qué negocio ofrece un margen de ganancia de 23 por ciento?

Pocos o ninguno, afirman, así que consideran que su supervivencia está en evadir el IVA completamente o facturar legalmente solo la mitad del valor real. Lo mismo sucede en trabajos independientes, la pequeña construcción o el área de reparaciones.

Por su parte, los profesionales autónomos de la salud peguntan a la hora del pago: “¿con o sin factura?, y la mayoría de las veces la factura es cancelada en dinero efectivo, para no dejar huellas.

Otro de los efectos visibles en la prestación de servicios, es la elevada cantidad de personas que prescinden de ellos, así sean de salud.

Un odontólogo muy afamado de la zona de Estoril, ciudad aledaña a Lisboa, dijo a IPS que “las únicas personas que me piden facturas son las que tienen un seguro privado de salud, que ya pagan bastante caro”.

Hace dos o tres años para una consulta con este profesional había que pedir la cita con un mes de anticipación. “Actualmente, la espera es de dos o tres días porque la gente solo viene al dentista cuando no aguanta el dolor”, expresó.

Una apreciación similar a la del mecánico automotor Reginaldo Godoy, al lamentar en declaraciones a IPS “lo mal que anda el negocio”.

“Antes, los clientes se preocupaban de mantener sus automóviles en buenas condiciones, haciendo revisiones periódicas o del estado de los frenos o la dirección. Hoy en día solo vienen cuando no tienen más remedio, si tienen un accidente o cuando el motor dejó de trabajar”, precisó.

La crisis ha significado también un serio esfuerzo del gobierno para obtener fondos, recurriendo a soluciones innovadoras, como vastas operaciones policiales de control de vehículos.

Al hacer un pequeño recorrido hasta un supermercado, el automovilista frecuentemente encuentra en las rotondas un gran despliegue policial, revisando toda la documentación y los maleteros en busca de alguna infracción fiscal.

Entretanto, en barrios apartados de las principales ciudades y en aldeas del interior del país, la ciudadanía se queja a los medios de comunicación de la falta de agentes del orden ante la proliferación de robos y asaltos.

Mientras, el Ministerio del Interior informó este mes con satisfacción que en 2011 la policía logró recaudar 105 millones de dólares en multas a automovilistas.

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La Rioja “es una provincia seca y tenemos agua pura para vivir, pero no para compartir con los mineros”, aclaró a IPS el vecino Héctor Artuso, de la pequeña localidad de Villa Pituil, en el departamento de Famatina, que participa de la protesta.

Habitantes de este departamento y del aledaño Chilecito mantienen parcialmente interrumpido el paso en el puesto Alto Carrizal, ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en un camino de ripio hacia este cordón montañoso que tiene su punto culminante en el cerro General Belgrano, más conocido como Nevado de Famatina, que tiene 6.250 metros de altura.

Allí se erige como monumento histórico “La Mejicana”, un yacimiento mineral del siglo XIX y un cablecarril de 35 kilómetros de largo construido en 1905 por una firma británica para extraer oro y otros metales de Famatina y exportarlos.

En ese momento la explotación era en socavones, pero hoy los proyectos requieren de grandes explosiones, un uso intensivo de agua y el lavado de la roca con cianuro para extraer el mineral, por eso los pobladores se oponen.

El bloqueo, que se mantiene día y noche en el puesto Alto Carrizal, es selectivo. Pueden pasar vecinos y turistas. Pero cierran el acceso a funcionarios provinciales y a miembros de la empresa canadiense autorizada por el gobierno a explotar el cerro.

Los vecinos cuentan con el respaldo de organizaciones ambientalistas como Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la organización internacional Greenpeace y Los Verdes, que en estos días alertaron sobre amenazas y persecución a los activistas. También se suman cada día los apoyos de partidos políticos de la oposición y artistas destacados.

El conflicto surgió en octubre, cuando los vecinos se enteraron que la empresa Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), de la provincia de La Rioja, había firmado un convenio con la canadiense Osisko Mining Corporation para explotar el nevado Famatina.

El acuerdo nunca fue dado a conocer públicamente. Tampoco se convocó a audiencias ni se realizaron estudios de impacto ambiental como marca la ley general de Ambiente. Ni siquiera las autoridades de Famatina fueron convocadas a participar del convenio.

De hecho, el intendente (gobierno local) Ismael Bordagaray, también está a favor del reclamo de los vecinos y participa de las manifestaciones de rechazo a la minera. “Básicamente porque tengo que acompañar la postura mayoritario de mi comunidad”, explicó.

Pero, además, el alcalde dijo estar preocupado como ciudadano. “Comparto los temores e inquietudes que se plantean por los riesgos de contaminación, el uso indiscriminado de agua, y la falta de controles de este tipo de proyectos”, precisó.

Bordagaray contó que conoció el convenio, que es muy vago en sus términos, y no sabe porqué no se difunde. A él se lo hizo llegar la empresa Osisko, no el gobierno provincial que es de su misma agrupación política, el Frente para la Victoria, el mayoritario sector centroizquierdista del Partido Justicialista que lidera la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

El gobernador provincial, Jorge Beder Herrera, tiene un discurso muy cambiante respecto de la minería. Durante la campaña electoral de 2011 estuvo en contra, pero luego de ganar dio a conocer el convenio firmado con la minera.

Ahora, y pese al contundente rechazo, el director de la empresa provincial EMSE, Héctor Durán Sabas, dijo que el proyecto avanzará “porque es una decisión del Estado, una política pública”.

En Argentina, los recursos naturales pertenecen a cada provincia y el Estado Nacional solo cumple el papel de regulador mediante leyes que establecen los presupuestos mínimos sobre los cuales se erige la legislación específica dispuesta por cada distrito.

Héctor Artuso, quien habita en la localidad de Villa Pituil, explicó por qué se oponen. “No somos ambientalistas ni antimineros sino vecinos que rechazamos el modelo de explotación extranjera de los recursos naturales utilizando cianuro y grandes cantidades de agua”.

“La población está muy conciente porque ya tenemos experiencia en esto”, añadió, para luego recordar que, en 2006, la resistencia de los habitantes de esa región frenó un proyecto similar de la minera canadiense Barrick Gold Corporation y más adelante otro de una firma china.

Muchos de los vecinos que hoy participan de estas movilizaciones son los mismos que protagonizaron los actos, marchas y bloqueos de camino desde aquel año, y las razones son siempre las mismas: el temor a la contaminación del agua.

No obstante, también hay grupos captados por las mineras que dicen defender el proyecto. “Lo peor de esto es la contaminación social, porque provocan una división atroz en estas comunidades pequeñas”, reflexionó Artuso.

El vecino remarcó que, si bien esta área de La Rioja tiene mucho para mejorar a nivel productivo, es importante destacar que de allí provienen uvas y vinos de calidad destinados a la exportación, “las mejores nueces del país” y también olivas, duraznos, damascos, ciruelas, higos y membrillos.

“Tenemos también un potencial enorme para explotar el turismo en los cerros, y esa sería una actividad sustentable que puede prolongarse en el tiempo, no como la minería que vienen 10 o 20 años, contaminan y se van”, alertó.

Además de la interrupción del paso hacia el cerro, que ya logró marchas y actos de apoyo en ocho provincias del país y en Buenos Aires, los vecinos realizaron el lunes 16 una gran caravana desde la ciudad de Famatina hasta el puesto de bloqueo.

En Famatina viven unas 6.400 personas y en la movilización del lunes participaron más de 4.000 provenientes de ese departamento y de Chilecito, que también se provee del agua producida por los glaciares y nieves eternas del cerro.

Hablamos por teléfono Carina Díaz Moreno, una maestra de Famatina que ya tiene dos procesos legales en su contra por resistirse a los grandes proyectos mineros en su provincia. Venía de pasar la noche en el corte de Alto Carrizal.

“Nos vamos rotando y vamos a seguir allí hasta que el gobierno y la empresa desistan de este convenio”, afirmó Díaz, quienes es una de las personas identificadas por la empresa como principales activistas, según una lista encontrada por casualidad en una carpeta olvidada en un edificio público donde empresarios y funcionarios se habían reunido a fines de año para hablar del proyecto.

Cuando un vecino dio el alerta de esa cita, el sacerdote católico Omar Quintero, que apoya el reclamo, hizo sonar las campanas de su parroquia en Famatina, y unos 200 vecinos acudieron a repudiar a los reunidos.

“Empezamos a cantar que el Famatina no se toca y otras consignas y se fueron apurados. Por eso se olvidaron esa carpeta y vimos la lista”, contó Díaz.

Allí aparecen activistas con sus datos personales y al lado de cada uno aparece lo que, según la firma, sería lo que buscan: “resarcimiento económico”, “popularidad” o “cargos públicos”, según el caso.

Otra de las vecinas activistas, Jenny Luján, dijo  que “dialogar con ellos significa negociar si habrá mas o menos contaminación, más o menos beneficios a la comunidad, y eso no nos interesa”.

“Sabemos que en el Famatina hay oro, tierras raras y otros minerales, pero la decisión está tomada. No nos vamos a mover del corte de Alto Carrizal, nos tendrán que sacar por la fuerza“, advirtió Luján.

Imagen del cartel de Mercados y ferias Madre Tierra que se celebra en la Sierra de Aracena, en Huelva

Se ha celebrado el VI Foro Internacional de Saberes para el cambio y para recopilar las conclusiones se ha elaborado un manifiesto titulado Me valgo de mi saber. Conocimientos locales para afrontar el cambio global [pdf]. El documento plantea que es innegable la gran aportación que el conocimiento científico y su aplicación ha traido durante la historia a nuestra vida. Pero plantea que la confianza acrítica en la ciencia y el desarrollo tecnológico actual margina e invisibiliza los saberes de las prácticas locales, y desdeña las formas de vinculación tradicionales entre la tierra y la sociedad.

Conversamos con Carlos Montes, coordinador de estas jornadas y director del Aula de la sostenibilidad de la  Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.

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“Queremos reivindicar los conocimientos de los seres humanos que han visto que en un contexto cambiante de crisis era necesario saber cómo gestionar el agua, la vegetación, el suelo…”

“Vivimos en una sociedad que cree que tecnología nos puede salvar de todo y no necesitamos esos saberes acumulados de una forma secular”

“Tenemos que elegir entre una transición suave a la sostenibilidad o un cambio traumático tras un colapso”

“Tenemos que cambiar este patrón de consumo irracional que nos está llevando al final de nuestra civilización”

Tichareva sigue vendiendo, pese a la represión policial. (Stanley Kwenda/IPS)

La ola de movimientos populares en varias naciones árabes comenzó al finalizar 2010 en Túnez, después que Bouazizi se prendió fuego el 17 de diciembre de ese año en protesta por la confiscación por la policía del carro con el que vendía frutas para sobrevivir.

La inmolación de Bouazizi, de 26 años y que murió el 4 de enero de 2011, desató las protestas que hicieron que, finalmente, el presidente Zine el Abidine Ben Alí entregara el poder y abandonara Túnez el 14 de enero.

Un año después, Tichareva también hace modestas ganancias empujando su carro de frutas en el central distrito de negocios de Harare.

Él, igualmente, tiene miedo de que la policía confisque sus productos, ya que está en marcha una campaña para expulsar de la ciudad a los vendedores ambulantes sin licencia.

Tichareva comenzó a trabajar como vendedor de frutas en 2008, cuando cerró la fábrica de ropa donde estaba empleado.

“Me cansé de buscar trabajo, y la única forma de ganarme la vida era fabricarme este carro y comenzar a vender fruta”, dijo Tichareva, mientras se mantenía alerta ante la posible llegada de uniformados.

Policías y funcionarios del Consejo Municipal de Harare recorren la ciudad en camiones arrestando a los vendedores que no tienen licencia y confiscan su mercancía.

Las redadas son por lo general violentas, y por tanto los vendedores se han organizado para responder. El 11 de este mes, el centro de Harare se convirtió en escenario de enfrentamientos entre policías y comerciantes.

Durante las primeras dos semanas de este mes, varios agentes resultaron heridos, y un puesto policial se vio obligado a cerrar durante los combates.

El diario local The Zimbabwean informó que dos vendedores tuvieron que ser hospitalizados luego de haber sido torturados por la policía. El periódico añadió que periodistas de otro medio local, el Daily News, habían sido detenidos mientras cubrían los sucesos.

(AP Photo)

Aunque las protestas están aún lejos de desatar una revolución en Zimbabwe, la determinación de los comerciantes a luchar por su sustento es una señal de que la población ya no está dispuesta a permanecer en silencio ante su sufrimiento.

Eldred Masunungure, conferencista en la Universidad de Zimbabwe sobre temas políticos y sociales, dijo al Daily News que los enfrentamientos de civiles con policías era algo sin precedentes en este país de África austral.

“La gente está harta de sufrir, y esa podría ser la única forma en que pueden mostrar su resentimiento. La mayoría han tratado de sobrevivir vendiendo, pero ahora la policía actúa duro con ellos”, señaló.

Muchos de los vendedores, como Tichareva, no pueden pagar las cuotas mensuales de 125 dólares para obtener los permisos legales. El comerciante dijo a IPS que solo ganaba 90 dólares al mes.

La historia de Bouazizi no pasó inadvertida en Zimbabwe.

Cerca de donde Tichareva vende sus frutas hay un puesto de diarios, a los que ojea cada tanto. Dijo que leyó sobre la historia de Bouazizi, pero aclaró que él no optaría por protestar inmolándose.

“Leí lo que ocurrió, pero yo no me mataría. Si la policía me ataca, yo responderé“, señaló.

Muchos otros vendedores comparten los sentimientos de Tichareva. Mujeres y hombres continúan inundando el centro de Harare con todo tipo de mercancías, desafiando la represión policial.

“Nos enfrentamos con los policías porque son los que comenzaron a atacarnos. Toman nuestros productos para comer o vender en sus casas, cuando nosotros tratamos de sobrevivir”, dijo la comerciante Tafadzwa Nyamupfachitu, de 27 años, madre de trillizos de seis años.

Ella vende frutas, cigarrillos y tarjetas telefónicas. “Estamos molestos por esto, porque nosotros también queremos sobrevivir. Tenemos derecho a disfrutar libremente en el país que nacimos… No podemos convertirnos en criminales o recurrir a la prostitución para sobrevivir”, afirmó.

No obstante, el edil de Harare y presidente de la Asociación de Concejales Electos de Zimbabwe, Waship Dumba, dijo que los arrestos eran necesarios para mantener el orden en la ciudad. Los vendedores “deben operar en las áreas asignadas”, señaló.

El desempleo en este país afecta a 90 por ciento de la población económicamente activa, según el Congreso de Sindicatos Zimbabwenses. La mayoría de los vendedores solían trabajar en industrias que han cerrado debido a la larga crisis económica.

El Comité por la Carta de los Pueblos (CPC, por sus siglas en inglés), agrupación que lucha por políticas a favor de la población, señaló en una declaración que la represión de los vendedores era una señal de ignorancia sobre cuán importantes eran esos comerciantes para la economía.

“El Consejo no entiende la importancia de la economía informal para el sustento de miles de zimbabwenses. No solo demuestra ignorancia, sino insensibilidad ante los intereses y las circunstancias que sufren los residentes”, señaló el CPC en una declaración.

“El CPC llama a un inmediato fin de esas acciones antidemocráticas que privan de derechos a los pobres, y (exhorta) al Consejo a que presente de inmediato un completo plan de creación de empleos”, añadió.

Pero Dumba insiste en que los vendedores callejeros necesitan licencias para operar en la ciudad.

“No podemos dejar que la gente cause una total confusión en el centro solo porque hay mucho desempleo en el país. No podemos permitir que vendan sus cosas en cualquier lugar. Estamos preocupados por temas de salud e higiene”, indicó.

La lucha de Bouazizi para tener una vida digna es común en Zimbabwe.

Joel Njagi y su hijo Tinashe venden hachas y azadas en el centro de Harare. Son parte de los vendedores que se enfrentaron con la policía en las últimas protestas.

No conocen otra tarea que la que realizan hoy. Para ellos sería muy duro buscar otro oficio. Por eso, el anciano Njagi prometió atacar con su hacha a cualquiera que intentara sacarle sus cosas

Un ciudadano chino rebusca en un basurero de restos electrónicos (AP)

Que la tierra no es muda lo hemos ido aprendiendo poco a poco. Mientras, muchos pueblos originarios han sabido respetar los ciclos de la tierra y avanzar sin amenazarla. El crecimiento de nuestra sociedad está basado en un consumo avasallador con nuestros recursos. Estos son algunos de los planteamientos de partida del libro La tierra no es muda. Diálogos entre el desarrollo sostenible y el posdesarrollo, publicado por la Universidad de Granada. En este libro proponen alternativas autores como Koldo Unceta, Wolfgang Sachs, Jorge Riechmann, Federico Aguilera, M. Max-Neef, Enrique Leff, Raffaele Paloscia, José Fariña, Ernest García. Esther Vivas o Luis González… Hoy hablamos con uno de los editores, Alberto Matarán, ambientólogo y director de la Cátedra José Saramago-Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida de la Universidad de Granada.

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“Si desaparecen los gorriones o las abejas del campo, ¿qué va a pasar con las personas?”

“La crisis está creada por las distintas burbujas especulativas pero también por el agotamiento de recursos como el petróleo”

“El desarrollo ha sido utilizado para imponer un modelo económico que va en dirección contraria del desarrollo humano, de la sostenibilidad… Sólo hay que ver la situación en la que se encuentran miles de familias en España, o el incremento de las hambrunas en el último año”

“Hay que plantearse que hay que superar el desarrollo”

“No podemos aplicar medidas keynesianas porque están basadas en el incremento del consumo y sabemos que es imposible porque sabemos que los recusos son limitados”

“Es un modelo basado en la constante insatisfacción”

“Necesitamos más tiempo para comprar, para trabajar para comprar e incluso para movernos de un sitio a otro”

(AP Photo)

Esto quedó en evidencia en un sistema de puntuación para medir la seguridad alimentaria en África, elaborado por ActionAid International, organización no gubernamental que trabaja contra la pobreza.

Los resultados coincidieron con los de una investigación de la Asociación para Operaciones Cooperativas de Investigación y Desarrollo (ACORD, por sus siglas en inglés) considerada una autoridad en temas de seguridad alimentaria en África.

En Ghana, el conjunto de personas con inseguridad alimentaria cayó en los últimos 15 años de 34 a ocho por ciento. Un programa de alimentación a escolares en ese país de África occidental beneficia a un millón de niños y niñas, según datos del Ministerio de Agricultura.

Desde que la larga guerra civil terminó en 2002, Sierra Leona incrementó drásticamente su tierra cultivable a cerca de 1,8 millones de hectáreas, lo que tuvo como consecuencia una reducción del porcentaje de personas hambrientas hasta situarse en casi 10 por ciento de la población, según el gobierno de esa nación.

La agricultura, como en muchos países africanos, es la base de la economía de Ruanda. Según el Ministerio de Agricultura y Recursos Animales de ese país, el sector genera 45 por ciento de los ingresos por exportaciones, y 90 por ciento de todos los alimentos consumidos.

“En los últimos cinco años, el sector agrícola de Ruanda creció a un promedio de 4,5 por ciento, contribuyendo a un estimado 36 por ciento del PIB (producto interno bruto), el (porcentaje) más alto de África oriental”, explicó el analista de mercados George Nderi, en Nairobi.

El experto señaló además que el sector agrícola contribuyó con 24 por ciento del PIB tanto en Kenia como en Uganda, mientras que en Tanzania respondió por 25 por ciento. Según el Banco Mundial, la economía de Ruanda crece a un ritmo de 7,8 por ciento, dos puntos porcentuales más que la expansión total de la Comunidad Africana Oriental.

“Es imperativo señalar que algunos países propensos a la sequía también redujeron el número de personas con inseguridad alimentaria. En Etiopía, por ejemplo, el número de personas con inseguridad alimentario cayó en el último año de 5,2 millones a 3,2 millones, reduciendo la desnutrición 32 por ciento”, destacó Nderi.

Según la Encuesta Etíope Demográfica y de Salud 2011, las muertes de niños y niñas menores de cinco años llegaban a 20 por ciento en 1990, pero cayeron a 8,8 por ciento el año pasado. La desnutrición era la causa de al menos la mitad de esos fallecimientos, según la Organización Mundial de la Salud.

Amos Kiptanui, pequeño agricultor en la keniana Provincia del Valle del Rift, zona más productiva del país, dijo que los avances eran consecuencia de los compromisos financieros y políticos para erradicar el hambre y la desnutrición.

“Ruanda fue el primer país africano en firmar el Programa para el Completo Desarrollo Agrícola de África (CAADP, por sus siglas en inglés). La nación también duplicó sus gastos en agricultura para elevarlos a la meta de 10 por ciento” del PIB establecida en ese plan, indicó. “Las naciones africanas que lograron progresos para alimentar adecuadamente a su población lo hicieron principalmente invirtiendo en los pequeños productores, que responden por más de 90 por ciento de la producción agrícola”, dijo Nancy Mumbi, investigadora agrícola en la Provincia Central de Kenia.

Añadió que, en 2011, el gobierno de Ruanda comprometió cinco millones de dólares extra al sector agrícola.

“Con un presupuesto agrícola (total) de por lo menos 112 millones de dólares, esos recursos siguen beneficiando a los productores ruandeses a través de insumos subsidiados como fertilizantes y capacitación en tecnologías modernas que pueden mejorar la producción. De hecho, hay un programa gubernamental para impulsar el uso de la agricultura”, dijo Mumbi.

Otros países que han mejorado sus inversiones en agricultura son Sierra Leona, Kenia y Malawi.

Desde 2005, Malawi se ha esforzado para volcar al menos 10 por ciento de su presupuesto anual en el sector agrícola.

La asignación presupuestaria de Kenia a la agricultura pasó de un insignificante cuatro por ciento el pasado año fiscal al actual nueve por ciento. Está a un punto porcentual de cumplir la meta de la CAADP.

El éxito de Ghana en la seguridad alimentaria es atribuido al largo compromiso del país con la agricultura.

“Al igual que en Ruanda, existe un proyecto para subsidiar fertilizantes en Ghana que permitirá a los agricultores restaurar su suelo agotado por la mala administración de las tierras arables cultivables”, dijo Mumbi.

“Los países que mejoraron sus niveles de seguridad alimentaria son aquellos que protegieron la tierra de la degradación causada por diversos factores, como el uso excesivo de químicos inorgánicos, incendios de matorrales, deforestación y sobrepastoreo”, indicó.

Otros países que dan pasos palpables hacia la seguridad alimentaria son Argelia, Botswana, Egipto, Gabón, Marruecos y Túnez.

No obstante, todavía debe hacerse mucho más, señaló el director ejecutivo de ACORD, Ousainou Ngum.

“Los países africanos deben reordenar sus políticas de inversiones para concentrarse en la agricultura y en la producción alimentaria. La crisis de alimentos que sufre el continente se debe a la incoherencia de las políticas. Si los líderes no las coordinan bien, millones seguirán muriendo de hambre”, alertó.