Protestas Egipto. /AP

Mubarak amasó una fortuna repartiendo Egipto como si fuera de su propiedad. Algunos creen que él y su familia acumularon 2.000 millones de dólares y otros elevan la cifra hasta los 70.000 millones. La mayoría de esos fondos estarían en cuentas secretas en el extranjero o habrían sido utilizados para comprar fastuosas propiedades en Londres, Madrid, Nueva York o en el mismo Egipto.

Las autoridades responsables de identificar y recuperar esos valores han dado largas al asunto, se lamentó Amir Marghany, miembro del Grupo Legal para Recuperar la Riqueza del Pueblo. Eso dio más tiempo a los intermediarios de Mubarak para llevar el dinero a paraísos fiscales, apuntó.  ”La gente se siente frustrada”, señaló. “El proceso podría llevar años, y no hay garantías de que lleguemos a ver un centavo”, añadió.

La fiscalía emitió una prohibición de viaje y dispuso el congelamiento de los bienes de Mubarak y de su familia, así como de sus allegados más cercanos tras la caída del régimen en febrero de 2011.

La cancillería ordenó a las embajadas que pidieran a los gobiernos que identificaran y devolvieran los bienes de esas personas, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita por este país.

Las instituciones financieras de la Unión Europea y de Suiza trabajan con una lista de 19 nombres, entre los que hay familiares de Mubarak y de sus allegados. El Departamento de Asuntos Exteriores de Canadá amplió ese listado hasta llegar a 140 personas.

Hay un rumor según el cual la familia de Mubarak tendría una propiedad de primera calidad en las ciudades estadounidenses de Nueva York y Los Ángeles, pero el gobierno de ese país se negó a solicitar datos para ubicarlas u ordenar el congelamiento de los bienes. Autoridades del Departamento del Tesoro (ministerio de Hacienda) de Estados Unidos arguyeron que la fiscalía de Egipto no suministró los documentos necesarios. Según el especialista, los allegados a Mubarak, o él mismo, pueden ir a un banco de Estados Unidos y retirar el dinero.

Muchos gobiernos son renuentes a actuar en contra del expresidente egipcio y sus socios hasta que las investigaciones judiciales no confirmen el origen ilícito de los bienes. Jurisdicciones secretas, es decir países con sistemas financieros opacos, como Liechtenstein y las Islas Caimanes, también sopesan el posible impacto sobre su reputación.

“Si sientan un precedente y dan información, esos países ya no podrán ser paraísos fiscales para lavar dinero y sus economías nacionales se hundirían”, dijo Marghany a IPS.

Suiza fue uno de los primeros países en bloquear los bienes de la familia Mubarak, con una ley aprobada pocas semanas antes de la renuncia del expresidente y que permite al gobierno congelar y repatriar fondos malversados y depositados en cuentas bancarias de ese país y en fideicomisos de líderes de regímenes autocráticos.

“El objetivo fue preservar los bienes que pudieron ser adquiridos de forma ilegal y depositados en Suiza para evitar que sean transferidos a otro lugar”, explicó Rita Adam, subdirectora delDirección de Derecho Internacional Público.

Assem el-Gohary, director de la Autoridad de Ganancias Ilícitas de Egipto, anunció en octubre de 2011 que Mubarak y su familia tenían 450 millones de dólares en cuentas, ahora congeladas, de bancos suizos. Pero un abogado defensor negó que el dinero fuera malversado. Funcionarios suizos informaron que los bienes permanecerán congelados hasta que las autoridades judiciales determinen si su origen es legal o no. Pero al no haber perspectivas de cuándo se emitirá un dictamen, la ciudadanía egipcia se pone impaciente.

También aumenta el malestar de la población por el destino de los bienes de la familia Mubarak congelados en Gran Bretaña.

La unidad de congelamiento de bienes del gobierno británico congeló el equivalente a 138 millones de dólares tras el derrocamiento del expresidente, pero se negó a ofrecer a las autoridades egipcias detalles sobre la naturaleza y la propiedad de los bienes en cuestión.

Según Londres, revelar información viola la legislación nacional sobre la protección de la confidencialidad de los clientes bancarios. Frente a la presión interna, el gobierno de Egipto demandó a la autoridad financiera responsable del gobierno británico ante la justicia de ese país por negarse a dar los datos necesarios para completar los procedimientos para repatriar los bienes.

Pero los escépticos sostienen que es una bomba de humo para tranquilizar a la población, y acusan a los generales del gobernante Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de lanzar una cruzada ostentosa contra la corrupción, mientras protegen tácitamente a Mubarak y a sus bienes.

Amr Adly, director de la Unidad de Economía y Justicia Social, de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales, con sede en El Cairo, señaló que los funcionarios de la fiscalía responsables de recuperar los bienes de Mubarak en el extranjero parecen haber archivado el caso.

“Recuperar esos bienes es un procedimiento complejo que depende sobre todo de un fallo judicial“, explicó. “Mubarak está procesado por varios cargos, entre ellos ordenar matar a manifestantes, vender gas a Israel y delitos económicos relacionados con inmuebles en Egipto”, precisó. Pero ninguno incluye los bienes que el expresidente tiene en el extranjero, añadió

Las mujeres de Rayagada tienen a su cargo los bancos de granos de la comunidad.

Saraka, de 38 años, se cuida de no llevarse todo el crédito por haber revertido la agricultura en esta área, que hace apenas una década acaparó los títulos de la prensa por ser escenario de muertes por inanición.

“Todo lo que hacemos es volver a las pácticas de nuestros abuelos”, dice este integrante de la tribu kondh.  Saraka recuerda que sus antepasados cultivaban varios tipos de semillas en el mismo predio: mijo, legumbres, oleaginosas y, tal vez, un frijol rastrero.

Los 72 hogares kondhs que hay en su aldea, Munda, en el distrito de Raygada, viven al pie de las colinas de Niyamgiri, que se extienden a lo largo de 250 kilómetros y que la minera londinense Vedanta Resources Plc intenta explotar por sus depósitos de bauxita.

“El entorno, el clima y los bosques han cambiado drásticamente”, murmura Bhima Saraka, de 65 años, quien vive en una casa con techo de paja junto con 23 familiares. Las lluvias, observa, son por lo general irregulares, lo que causa pérdidas de cultivos año tras año, mientras que las familias kondhs se han vuelto más numerosas, lo que ejerce presión sobre los bosques que otrora compartieron con tigres y donde cosechaban tubérculos y frutas.

En 2010, en medio de la indignación pública a raíz de una ola de suicidios de agricultores por las malas cosechas y los altos intereses que debían pagar por préstamos que habían tramitado para comprar insumos agrícolas, el entonces ministro de Agricultura, Damodar Rout, admitió que el sector estaba en crisis en Odisha. También dijo que la agricultura estaba “impactada por el cambio climático, la erosión, la aridez, la acidez del suelo y la reducción de las aguas subterráneas”.

Para Harish Saraka y otros agricultores de subsistencia que viven en 70 aldeas de Niyamgiri en Rayagada, adaptarse a las cambiantes condiciones significa volver a métodos tradicionales como los cultivos combinados, el uso de fertilizantes orgánicos y de variedades de semillas confiables.

Por lo tanto, aunque a la agricultura no le va bien en otras partes de Odisha, en los últimos dos años Harish Saraka ha cultivado 14 variedades en su predio de media hectárea, lo suficiente para mantener a su familia durante la magra temporada agosto-diciembre.

“Ahora cosecho 300 kilogramos de granos”, dice Saraka, o sea 200 por ciento más que cuando se dedicaba a un solo cultivo, el arroz de alto rendimiento.

En la aldea Kerandiguda, Loknath Nauri, de 58 años, es el primero en probar la agricultura combinada en una porción de su terreno de una hectárea que obtuvo en el marco de un programa del gobierno para pobres rurales sin tierra. ”Al ver mi buena cosecha, otros 10 hogares de aquí decidieron probar suerte este año”, dice Nauri, quien está listo para compartir sus semillas con los demás.

Según Debjeet Sarangi, quien está al frente de la organización no gubernamental Living Farms, que trabaja con agricultores marginales, “el sistema agrícola de los khonds, otrora autosuficiente y basado en los recursos locales, fue afectado por la introducción del arroz de alto rendimiento con fines comerciales”.

Bhima Saraka relata a IPS que, hace unos años, los habitantes de Munda se dedicaron a plantar semillas de arroz de alto rendimiento que el gobierno les entregó gratuitamente junto con fertilizantes químicos.  ”Las semillas eran viejas y muchas no germinaron, mientras que los fertilizantes requerían agua, y no teníamos ninguna fuente excepto las lluvias”, dice.

“Nadie obtuvo demasiado de este ‘obsequio’, excepto una lección importante: que sus semillas locales –aclimatadas a su suelo árido y más capaces de soportar la impredecibilidad monzónica- eran su salvavidas”, dice Sunamajhi Pidika, de Living Farms.

Sarangi señala que las comunidades tribales, “que tradicionalmente ni cultivaban ni comían arroz, ahora intentan restablecer su soberanía alimentaria”.

El estudio “Ailing Agricultural Productivity in Economically Fragile Region of India” (La atribulada productividad agrícola en una región económicamente frágil de India), publicado por el Instituto Indio de Ciencias del Suelo, con sede en Bhopal, sostiene que el área de pequeño cultivo de mijo en Odisha se redujo 500 por ciento en los últimos 40 años.

La percepción popular es que las políticas del gobierno están impulsando los cultivos comerciales, en detrimento de la agricultura de subsistencia practicada por comunidades como la de Bhima Saraka.

“El gobierno no coacciona a los pueblos nativos, simplemente pone delante de ellos opciones inteligentes”, dice Nitin Bhanudas Jawale, jefe administrativo del distrito de Rayagada. Sin embargo, este mes se decidió adquirir mijo y venderlo a precios justos, para que los indígenas pudieran volver a su alimento tradicional, explica Jawale. ”El Programa Mundial de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas está colaborando con nosotros”, agrega.

Sarangi dice: “En debates con ancianos de la aldea nos enteramos de que hay variedades de mijo y de legumbres que pueden tolerar el calor y la tensión hídrica”.

Prasant Wadraka tiene 24 años y vive en la aldea de Gandili. “He oído a mi abuelo hablar de las 11 variedades de mijo que cultivaba su padre”, recuerda. Según Wadraka, entre las variedades de mijo casi extintas figura una llamada “kodo”, que tiene la propiedad de controlar la diabetes. El mijo está lleno de proteínas, vitaminas B y minerales, sostienen los nutricionistas.

“El movimiento por volver a las semillas tradicionales en India es cada vez más fuerte”, dice Sarangi.

En 2008, Living Farms inició un programa para brindar semillas a familias pobres a condición de que, tras la cosecha, la misma cantidad más un “interés” de 10 por ciento se colocara en bancos de granos. Esos bancos son simples canastas de bambú selladas que las mujeres de la comunidad kondh manejan y abren solo en tiempos de necesidad.

Justo antes del monzón, todas las variedades de semillas se siembran en el mismo predio. Se trata de una combinación de sorgo, variedades de mijo y frijoles rastreros, entre otras.  Algunos de estos cultivos maduran en 90 días, mientras que a otros les lleva 120 días.

Según el agrocientífico indio M.S. Swaminathan, los cultivos combinados –de cereales, legumbres, oleaginosas, verduras y forrajes- retardan la concentración de pestes causadas por insectos.

Resulta significativo que las comunidades originarias nunca usen insumos químicos, ni siquiera bombas de irrigación a diésel, y que vendan sus productos en el mercado local.

“Sus productos tienen una huella de carbono mínima. Ante la inminente crisis climática mundial, tenemos mucho que aprender de las comunidades indígenas”, sostiene Sarangi.

Un manifestante encara a integrantes de la policía antidisturbios durante los enfrentamientos tras una protesta en el exterior del parlamento griego en Atenas, Grecia, 2012. (AP Photo / Thanassis Stavrakis)

El miércoles 4 de abril, a las 9 de la mañana, un hombre de 77 años gritaba en medio de una abarrotada plaza Sintagma, el centro emocional de las protestas griegas contra la dictadura impuesta por las instituciones monetarias internacionales. El anciano gritaba hacia el edificio del parlamento, y su voz se convertía en una furiosa denuncia del hecho de que tendrán que ser sus hijos y sus nietos los que paguen su deuda. Acto seguido se apoyó contra un árbol, sacó una pistola del bolsillo y se pegó un disparo en la cabeza.

El suicidio de este desesperado pensionista griego tiene una fuerte carga simbólica. Evoca el espíritu del patriota checo Jan Pallach que, con 21 años, se prendió fuego como protesta contra la ocupación soviética de Checoslovaquia el 16 de enero de 1969. También recuerda a la inmolación de Mouhammed al Bouazizi, el vendedor tunecino que desató la Primavera Árabe.

“Somos las primeras víctimas de la guerra mundial financiera. Hemos sido ocupados por los mercados europeos y las instituciones financieras internacionales, que buscan desmantelar lo que queda del Estado del bienestar y convertirnos a todos en esclavos. Lo que vemos hoy es sólo el principio de una gran agitación. No sólo nos están quitando la vida, también nos están robando la dignidad. La única pregunta es quién será el siguiente”. Esto me dijo un empresario de 60 años llamado Yannis Michalopoulos. Hablaba con él en su tienda de muebles situada bajo la Acrópolis, una hora después del trágico suicidio en la plaza Sintagma.

Michalopoulos continuó con un largo monólogo sobre la desaparición de la civilización, la falta de esperanza para las generaciones más jóvenes, el sufrimiento de los inmigrantes tanto legales como ilegales, y lo obvio del hecho de que todo esto había sido cuidadosamente planeado. La crisis, opinaba, dura ya demasiado cómo para seguir llamándose crisis. Las grandes empresas aplican constantemente y con mucho éxito la doctrina del shock, sólo que ya no necesitan limitarse a exportarla a lugares como Irak, Afganistán o Chile.

Bienvenidos al Tercer Mundo

Efectivamente, Grecia está siendo transformado en un clásico país tercermundista. En marzo, el desempleo entre los jóvenes llegó al 50 por ciento. El Estado del bienestar se desvanece a un ritmo sorprendente. En los últimos meses, las instituciones europeas han obligado a los políticos griegos a recortar las pensiones 200 euros de media. El salario mínimo mensual bajó de 800 a 568 euros. Unos 15.000 empleados públicos perderán su empleo sólo durante este año. Se está reduciendo el Estado a todos los niveles posibles, y la salud y la educación se están llevando la peor parte.

Un cartel electoral reflejado en un escaparate en Atenas, 2012 (Thanassis Stavrakis / AP)

Sin embargo, el sector privado está aún peor. Ya nadie hace caso a las quejas de los sindicatos, antes poderosos. Los dueños y los gerentes han acogido la crisis como una coartada hecha a medida para recortar todo tipo de gastos. Las calles de Atenas están llenas de mendigos y de los nuevos sin hogar. Hace un año, muchos de ellos vivían confortablemente. Ahora, de un día para otro, se han visto despojados de todo lo que tenían. Grecia se está convirtiendo en un protectorado alemán y en experimento de la “nueva economía”, una doctrina de pesadilla que toma lo peor del neoliberalismo americano y del capital-comunismo chino.

Un tercio de los jóvenes sin empleo son titulados universitarios. En Grecia sólo aquellos que tienen cobertura médica pueden acceder a la asistencia social  y ya que la mayoría de jóvenes sólo han tenido empleos temporales sin prestaciones, los cheques de asistencia no son más que un sueño. No es de extrañar que muchos estén dejando el país en masa, de forma muy similar a lo que ocurrió durante los años sesenta y setenta bajo la dictadura militar. No hace falta ser un genio para ver el futuro que aguarda a la cuna de la democracia: el 85% de los jóvenes que estudian fuera no planean volver a su país de origen. En Grecia, la fuga de cerebros es una realidad cotidiana, y sólo va a ir a peor.

Incluso las oficinas de empleo están cerrando una a una. Esto no se debe tanto a que, como las instituciones gubernamentales, se hayan quedado sin dinero. Es porque simplemente no tienen nada que ofrecer a los que buscan trabajo, ni siquiera buenos consejos.

Lo mismo pasa con las organizaciones humanitarias. George Protopapas, director de la ONG Aldeas Infantiles SOS, que da asistencia a niños abandonados, asegura que ahora mismo son las organizaciones humanitarias las que proporcionan la mitad de los servicios sociales de los que debería encargarse el Estado. Sin embargo, incluso la mayoría de estas están a punto de cerrar. Ellas también se enfrentan a la suspensión de pagos. En este momento, casi la mitad de todas las compañías privadas griegas están en la misma situación, por lo que no sorprende que los ingresos fiscales disminuyan de forma dramática y que innumerables trabajadores estén siendo despedidos.

Todo esto supone una mezcla explosiva que estallará antes o después. Por otro lado, Grecia sigue siendo uno de los mayores importadores de armas de Europa. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Grecia ha sido el país que más armas ha importado entre 2007 y 2011. También ha sido el mejor cliente de la industria militar alemana. El año pasado, a pesar de la crisis, el gobierno griego compró el 13% de todas las exportaciones de armas de Alemania, y el 10% de las de Francia.

Gases lacrimógenos durante una manifestación en Atenas, (AP Photo)

Comprensiblemente, las calles de Atenas están siendo testigo de la intensificación de la violencia policial. Los refugiados y los inmigrantes se llevan la peor parte.

En una Grecia cada vez más xenófoba, su situación es manifiestamente peor que en ningún otro lugar de la Unión Europea. La mayoría está aquí peor que en sus lugares de origen, donde al menos no son objetivo de bandas organizadas de extremistas. Casi todas operan dentro del movimiento del Amanecer Dorado, que ha accedido al Parlamento en las elecciones generales. Los miembros de este movimiento utilizan el saludo nazi, y la esvástica se discierne fácilmente en su emblema.

Recientemente las autoridades griegas (siguiendo órdenes directas de Bruselas y con dinero de la UE) comenzaron a construir treinta nuevos “centros de detención”, que en realidad son prisiones. Su fin es alojar y enviar de vuelta lo antes posible a todos los inmigrantes ilegales, la mayoría de los cuales actualmente no tienen trabajo ni futuro y viven en las calles cada vez más peligrosas de las principales ciudades.

La rapidez del declive del país es más visible en el centro de la capital griega. Atenas recuerda cada día más a El Cairo o a la visión apocalíptica de Paul Auster en El país de las últimas cosas.

Hell(as)
La plaza Omonia, por ejemplo, a tan solo un kilómetro de algunas de las principales atracciones turísticas, se convierte por la noche en un salvaje espectáculo de supervivencia, donde se ven cosas realmente espantosas. Las estrechas callejuelas están llenas de toxicómanos en las últimas –cadáveres andantes semidesnudos pinchándose sus dosis en el cuello o en los muslos–. Perros callejeros y prostitutas, algunas claramente menores de edad, se pasean entre ellos. Mendigos sin techo duermen delante de las tiendas de todo a 1 euro, patrullas de la policía persiguen inmigrantes, que desde hace tiempo son mayoría en esta parte abandonada de la ciudad. Los gritos de terror son ya parte de la banda sonora cotidiana. Hasta veinticinco inmigrantes se llegan a hacinar en un decrépito apartamento. Muchos alojamientos llevan en venta dos años, pero no hay compradores. Las paredes están cubiertas de posters que proclaman la supremacía de la raza blanca y exhortan a la población griega a recuperar su tierra. Al lado, propaganda del Partido Comunista griego (KKE), que nunca llegó a distanciarse del todo de la escuela soviética y cuyos miembros más jóvenes pueden ser vistos a menudo con camisetas de Stalin.

Es imposible quitarse la impresión de que lo que se ve en Grecia es lo que está por llegar. Un futuro salvaje y nefasto se precipita hacia nosotros, los blandos y privilegiados europeos, viene hacia nosotros implacablemente como aquel planeta azul en la Melancholia de Lars von Trier.

Un hombre sin hogar duerme en una calle de Atenas (AP Photo)

“Lo que tenemos aquí es una feroz lucha por la supervivencia. La policía persigue a los inmigrantes. Los neonazis están encantados de atacarles. Los que vinieron buscando una vida mejor han llegado directos al infierno. La mayoría de los inmigrantes están peor aquí de lo que estaban en casa. Lo digo con seguridad, ya que he trabajado en varias zonas de guerra. Y la situación aquí en Grecia no va a hacer más que empeorar. Tenemos las condiciones ideales para que prosperen movimientos extremistas. Los neonazis se hacen cada vez más fuertes. La crisis financiera es el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de fascismo. Los inmigrantes son los judíos de nuestro tiempo. Tienen la culpa de todo. Son diferentes, por lo que pueden ser fácilmente reconocidos y acusados de cualquier cosa. Y entonces deben demostrar su inocencia. No tienen derechos de ningún tipo. Estoy viendo aquí en Atenas imágenes que sólo había visto en esas zonas de guerra que he mencionado antes. No, no hay ninguna esperanza real de que las cosas se calmen. Las autoridades están construyendo los llamados “centros de detención”. Eso me recuerda a una época completamente distinta”, decía el doctor Nikitas Kanakis, director de la rama griega de Médicos del Mundo. El Dr. Kanakis ha estado destinado en Ruanda, Afganistán e Irak, por lo que claramente sabe de lo que habla.

Las protestas que nada cambian

La pacífica y digna protesta para conmemorar al hombre de 77 años que se disparó en la cabeza comenzó con un silencio casi absoluto, pero degeneró rápidamente en lo que ya es una escena típica en las calles griegas.

Miembros de las unidades especiales de la Policía, que se burlaban de los manifestantes con insolencia e impunidad, recibieron una lluvia de piedras y unos pocos cócteles molotov. El viento trajo una nube de gases lacrimógenos que habían sido lanzados por la Policía antes incluso de que comenzara la manifestación ante el parlamento griego. Gente de todas las edades y condiciones sociales lloraba, estornudaba y maldecía como si no hubiera mañana. Mientras sus vidas van rápida e irreversiblemente a peor, ellos participan en debates sin fin tratando de buscar la fórmula mágica de la resistencia viable. Las protestas ante el Parlamento llevan celebrándose –con varias pausas y paradas- tres años y medio, pero no han cambiado nada. Cada vez aparece menos gente en las manifestaciones. Cientos de miles de ellos se ven obligados a dedicar toda su energía a la más básica supervivencia.

¿Banco de Grecia o Banco de Berlín? Atenas, (Petros Giannakouris / AP Photo)

“Estoy harto. Esto se pone peor cada día. Nos están desgastando poco a poco, nos empujan constantemente para ver nuestros límites. Pero nuestra única opción es mantenernos en la calle y seguir luchando por nuestros derechos. Llegados a este punto, realmente no nos queda mucho que perder. Nos hemos convertido en una colonia alemana y en prisioneros de las instituciones monetarias internacionales. Estamos perdiendo nuestra independencia. Nuestro país está dirigido por bancos extranjeros. Incluso nuestro primer ministro es un banquero”, decía Bill Papadoupoulos, al que conocí durante una huelga de personal médico del sector privado.

Bill es enfermero en una clínica privada, pero no había cobrado en los últimos cinco meses. Muchos de sus compañeros están aún peor, algunos llevaban trece meses sin cobrar. “Esta huelga se lleva a cabo para obligar a nuestros empleadores a renovar el contrato con nuestro sindicato”, dijo. “La mayoría de empresarios han hecho un pacto con la aprobación de la Unión Europea para convertirnos a todos en esclavos asalariados. Nos quitaron los gastos de desplazamiento y comida. Ni siquiera pagan ya nuestras cotizaciones sociales. Sobre el papel, recortan todos los sueldos al salario mínimo independientemente del rendimiento o la educación del trabajador. Pero realmente no importa, ya que dejaron de pagarnos hace mucho. Hemos acabado con casi todos nuestros ahorros, sólo nos ayudan nuestros padres. No podemos aguantar mucho tiempo más”, explicaba este valiente enfermero.

Policías patrullan por Atenas Febrero, 13, 2012. (AP Photo / Thanassis Stavrakis)

A la vez que el personal médico, los arqueólogos también hicieron huelga. Grecia ha paralizado completamente todas las excavaciones y ha cortado así simbólicamente los lazos con su glorioso pasado. Ante el banco nacional griego protesta un grupo de pensionistas financieramente agotados. Todos repiten la historia de cómo otro pensionista se ha suicidado en su nombre, pero muchos aseguran que realmente ha sido un asesinato, cometido por los políticos y por diversos depredadores monetarios. Este era también uno de los mensajes dejados en el ya siniestro árbol de la plaza Sintagma: “Esto no fue un suicidio. Esto fue un asesinato”.

Ocupación 2.0

Alexis Cipra, a quien entrevistamos en Periodismo Humano, estimaba que “en dos años, tras un doloroso fracaso de los programas de estabilización, habremos sido llevados a un punto en el que nuestro país habrá sido tan saqueado que estaremos en bancarrota. En la práctica, esto significa vidas perdidas, dignidad perdida y futuro perdido”. Cipra, de 38 años, es el presidente del partido SYRZIA, una coalición de movimientos políticos de izquierda. Un joven político convencido de que se está llevando a cabo un brutal experimento con el pretexto de la crisis de la deuda. En su opinión, los grandes capitales y las instituciones clave de la UE están experimentando con la capacidad de una sociedad para funcionar sin salarios, sin justicia social, sin riqueza pública. “Si el experimento tiene éxito, intentaran imponer este proyecto en el resto de Europa. Pero ya se están dando cuenta de que el pueblo griego no puede mantener la calma mucho más tiempo. Los partidos que consintieron este proyecto se están hundiendo, la sociedad está agitada. Ahora más aún, al extenderse la crisis a todo el sur de Europa, amenazándola en su conjunto. Desde luego el plan es dejar a Grecia sin recursos productivos ni riqueza pública. El plan es que la gente ‘autóctona’ trabaje a cambio de sueldos miserables y sin leyes que los protejan”, explicaba Cipra.

Alexis Tsipras, líder de la coalición de izquierdas SYRIZA (AP Photo/Evi Fylaktou)

No tenía ninguna duda sobre el origen de la crisis: “Sin duda es un plan ideado por el capital internacional, pero que también ha sido aceptado sin reservas por nuestros capitalistas nacionales. Por suerte, parece que han fracasado. La crisis de un país que representa el 2% del PIB de la Eurozona amenaza ahora con derribar toda la construcción europea. La codicia de las grandes empresas ha excedido todos los límites y ha tomado dimensiones autodestructivas. El pueblo se dio cuenta muy rápido, parece que los capitalistas serán los últimos en verlo. La única esperanza es la resistencia que nace de la sociedad. Sólo prevalecerán o los mercados o el pueblo”.

El joven líder de los griegos de izquierdas asegura que salir de la eurozona no es la solución. Para empezar, sólo beneficiaría a aquellos que ya han acumulado riqueza. Además, al hacer eso los griegos estarían huyendo y se convertirían en enemigos de personas que hoy son sus aliados. “Lo que realmente hace falta es cambiar las tornas del poder, acabar con el dogma neoliberal y abrir un nuevo camino para una Europa democrática y del bienestar”.

Hambre

Desde primera hora de la mañana una larga fila de gente cansada y humillada se extiende a lo largo de la calle Sappfho, donde la organización Médicos del Mundo reparte comida y medicamentos. Tanto los griegos –que son la mayoría- como los inmigrantes esperan pacientemente mientras policías con chalecos antibalas suben y bajan la calle. Algo está muy mal en esta escena.

Grecia se está convirtiendo rápidamente en un punto de crisis. Hace unas semanas, el filósofo alemán Hans Magnus Enzensberger dijo que en Europa sólo pasan hambre las chicas anoréxicas. Fue de una arrogancia que sobrepasa lo excusable. Enzensberger no sólo se olvidó de cientos de miles de inmigrantes; también de las colas que se ven en la calle Sappfho. En la capital griega hay como mínimo una docena de estos comedores públicos. Uno de cada once residentes de esta ciudad ahora acude a ellos. Hace tan sólo un año, la mayoría de los que esperaban tales colas eran inmigrantes. Hoy los datos aportados por Médicos sin Fronteras (MSF) muestran que al menos el 70% de los que acuden son griegos. No es de extrañar que una pintada en un muro cerca del centro de la ciudad diga: “No subestiméis al hambre”.

Discusión por unas patatas donadas por agricultores durante un protesta, 2012 (AP Photo)

Los comedores públicos no están equipados para las crecientes necesidades de personas que han sido lanzadas al otro lado del umbral de pobreza como bolsas de basura. Lo mismo ocurre con las llamadas “clínicas solidarias”, donde médicos ofrecen servicios y atención gratis a los pobres sin cobertura médica. En este momento, un tercio de la población griega vive bajo el umbral oficial de pobreza. Según innumerables predicciones, una de cada dos familias griegas será pobre en aproximadamente un año.

Pregunté al autor y poeta Anastassis Vistonisitis, uno de los escritores más reputados de Grecia, si su país tenía alguna posibilidad. “Bueno”, contestó, “antes teníamos un enorme crecimiento e innumerables inversores extranjeros. Éramos las estrellas, el centro del universo. El dinero era muy barato. Comprábamos coches y apartamentos, y lanzamos compañías nuevas. Nadie ahorraba, era muy divertido. Días felices, ¿no? Teníamos el euro, los juegos olímpicos, crecimos muy rápido. Y luego cayó el martillo, de un día para otro. Al principio no lo podíamos creer. Después se nos empezó a pasar la borrachera.

La primera ola de recortes se puso en marcha, y después la segunda y la tercera. Las instituciones financieras internacionales nos arrinconaron. Cuando llegaron a Atenas los primeros representantes del Fondo Monetario Internacional, supe que estábamos jodidos. A cada lugar al que van, sólo llevan penuria y destrucción. Pero nosotros, los griegos, somos un pueblo orgulloso. No se nos va a humillar, nos volveremos a levantar, siempre lo hemos hecho. Nuestra Historia es una sucesión de subidas y bajadas, eso es lo que me hace ser optimista”.

Conocí a Vistonistis por primera vez en junio de 2004, dos meses antes del comienzo de los Juegos Olímpicos. Había sido director del equipo encargado de redactar la propuesta de la candidatura griega. Hace ocho años, le recuerdo como un hombre de un buen humor excepcional. Eran los días más emocionantes de la Grecia moderna. Recuerdo al arquitecto español Santiago Calatrava sonriendo mientras supervisaba los últimos detalles del futurista estadio olímpico. La economía griega crecía entre un 6 y un 7% cada año. El desempleo llegó a su punto más bajo, el comercio florecía. Además, el equipo nacional de futbol ganó el campeonato europeo. Toda Atenas explotaba de felicidad. Los griegos estaban viviendo sus antiguos mitos.

Protesta en Atenas (AP Photo)

Podredumbre orgánica

Ocho años después, Grecia se pudre aunque técnicamente siga viva. Esos recuerdos olímpicos parecen ahora tan lejanos como la época de la Ilíada. “No tenemos la culpa de la situación a la que nos enfrentamos. Prácticamente el mundo entero está endeudado, y nosotros no somos el peor caso ni mucho menos, así que veo muy injusto que seamos los únicos que estén pagando por ello. Otros países europeos serán los siguientes: Irlanda, Portugal, España, incluso Francia. Cuando estos Estados más grandes también empiecen a ser golpeados, se tambalearán los cimientos de toda Europa. Nos han jodido a todos con esos préstamos, no eran un alivio, eran pura extorsión. ¡Nuestros políticos son los responsables de la deuda, no el pueblo! Los políticos han seguido ciegamente las órdenes de Bruselas y Berlín. Europa debería agradecernos haber aceptado sus reglas, que sólo favorecen a las élites financieras. Deberían estar agradecidos, en vez de humillarnos e insultarnos. ¡Podríamos haber pedido ayuda a China en cualquier momento, y no lo hicimos! Sabéis que los chinos no habrían dudado ni un momento, están ansiosos por hacerse con puertos europeos importantes. Eso les permitiría dominar el comercio europeo en muy poco tiempo. Imagínate lo que supondría para la economía europea, y para Estados Unidos también. La alianza con China es el arma estratégica que podemos utilizar en cualquier momento”, explicaba Vistonistis, que siente que todo el mundo occidental está en crisis. Según él, hemos destrozado todo y hemos desperdiciado nuestro futuro.

Una mujer pide limosna en una calle de Atenas, 2012 (AP Photo)

“Las cosas no pueden seguir así. Todos estaremos obligados a hacer algunos sacrificios, como debe ser, pero las élites europeas nos quieren convertir en esclavos que trabajen por doscientos euros. Nos quieren convertir en Bulgaria o Rumanía, y no lo permitiremos. Tenemos demasiado orgullo y somos demasiado conscientes. Somos un país mediterráneo que siempre ha sido bastante autosuficiente. Tomaremos el futuro en nuestras manos. Tenemos comida, agua y mar de sobra. Ahora, a través de la conexión con Chipre, también tenemos gas natural de sobra. Nos negamos a ser esclavizados por las instituciones financieras. ¡Sobreviviremos!”. Así habló el escritor en la plaza Monastiraki, en el corazón de Atenas. Su país, aseguró, está siendo demolido y su pueblo está muy tenso. “¡Ya basta! Si siguen empujándonos hacia la pobreza y la desesperación, tomaremos las riendas de la situación. Ese momento se acerca rápidamente. ¿Significa esto salir de la Unión Europea y de la eurozona? Ya veremos, pero tengo la sensación de que la gente no va a seguir aguantando que la extorsionen de esta forma. Si Europa decide que debemos perecer, ella perecerá con nosotros”.

Un grupo de niños juegan en un río bajo una tubería de petróleo en la provincia Sucumbios, Ecuador (Dolores Ochoa / AP)

Si Europa permitiera que las multinacionales entraran a explotar sus territorios sin ninguna clase de regulación y que se pusiera en riesgo la vida de sus habitantes, la propiedad de la tierra, sus recursos naturales y el equilibrio ambiental, la UE caería estrepitosamente. Si además, el capital extranjero entrara arrasando los derechos laborales, sociales, económicos y culturales de sus países, no quedaría en tierra ni el más endeble de los cimientos sobre los que se construyó la UE.

Pues Europa esta próxima a hacer lo que no quiere para ella, si los Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Asociación entre la UE con Colombia, Perú y Centroamérica, son aprobados por el Parlamento Europeo.  Quienes negociaron tanto de parte de la UE como de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú, únicamente lo hicieron teniendo en cuenta los intereses de las empresas locales y multinacionales, asumiendo con desdén las necesidades de más de cien millones de habitantes de esos países.

Para deslegitimar las solicitudes de los pueblos afectados por estos acuerdos comerciales, el lobby multinacional y los gobiernos locales, argumentan que las poblaciones o son manipuladas por fanáticos de izquierda o que son pueblos que se oponen al desarrollo sin darse cuenta de los múltiples beneficios que les van a reportar las grandes exportaciones salidas de sus territorios.

Redes europeas con sede en Bruselas como Oidhaco, Grupo Sur, Cifca y Alop, que han apoyado a las sociedades civiles de los países inmersos en estos acuerdos, realizan diversas actividades en el Parlamento Europeo (PE) para dar a conocer el drama de las poblaciones americanas que aumentará todavía más con la entrada en vigor de estos TLC. Una de ellas ha sido la Conferencia “América Latina: recursos naturales y acuerdos comerciales”, celebrada en la Comisión Internacional del Parlamento Europeo (INTA). Allí acudieron expertos de América que denunciaron que estos TLC no han tenido en cuenta ni requisitos medioambientales ni los reclamos de las sociedades donde se desarrollarán megaproyectos de extracción minera, hidroeléctricas y monocultivos.

Alberto Alonso-Fradejas, de la organización Congcoop (Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala) denuncia que en su país existe una “fiebre del oro verde”, desencadenada por la crisis financiera, energética y ambiental, y por políticas como la Directiva de Energía Renovable de la Unión Europea ha conducido a que “en 10 años, un 29 % de las tierras dedicadas al cultivo de alimentos y otro 20 % de selva tropical fueran destinadas a la plantación de palma aceitera en Guatemala”,  que no produce alimentos y que han desplazado el cultivo del país, el maíz, producto esencial en la dieta de indígenas y campesinos.

“La deforestación y el abuso del empleo del agua en cultivos para agrocombustibles y en la extracción minera son responsables directos de las inundaciones en invierno y la sequía en verano que ha llevado a una vulnerabilidad ambiental extrema y a impactos sociales muy negativos”, argumentó en el PE Amanda Cruz, directora ejecutiva del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía. Ante el eslogan de que los megaproyectos traen consigo empleo, esta experta económica lo contradice de plano. “No sólo no han traído más empleo en los campos sino que el desempleo, la precarización y la informalidad ya rondan el 70% en Centroamérica”. Cruz advirtió de que estos TLC no generan empleos decentes “y violan los estándares de la OIT”.

“Nadie pagará los pasivos ambientales porque no hay capacidad física ni presupuestaria para hacer un control efectivo de estos proyectos, y porque en estos TLC no existen garantías de que las empresas respondan”, recalcó Tatiana Rodríguez de la organización colombiana Censat-Agua Viva. “Aquí se ha negociado únicamente en beneficio de los grandes capitales sin tener en cuenta las consecuencias negativas ni mucho menos quiénes serían los responsables para pagar por ellas”, concluyó Rodríguez.

Para conocer la nefasta influencia que pueden tener estos acuerdos sobre poblaciones enteras en Centroamérica y Suramérica, hay que tener en cuenta cuatro elementos fundamentales allí que son vitales para la pervivencia de culturas autóctonas y de comunidades campesinas y negras: la tierra, el agua, la soberanía alimentaria y el tejido social.

Conflictos económicos y sociales que devienen en grandes violaciones a los derechos humanos

En todos los territorios de América Latina, en las últimas tres décadas, con el desarrollo de megaproyectos en áreas rurales, las poblaciones se han visto afectadas por conflictos generados por la extrema protección por parte de la fuerza pública a los intereses de las empresas que explotan los recursos, y por la ausencia de respeto a los derechos de las comunidades. En la actualidad el 38% de la prospección minera mundial y el 27% de la prospección de oro tienen lugar en Suramérica. Como consecuencia directa de estos megaproyectos extractivos, poblaciones que vivían de los pequeños cultivos y de la pesca y la caza, han sido desplazadas de sus tierras para garantizar las grandes explotaciones mineras y acuíferas, así como los megacultivos. El impacto ambiental y humano es tal en América Latina, que se calcula que entre 1990 y 2000, se deforestaron 467.000 kms. cuadrados para destinarlos a la agroindustria, explotaciones mineras e hidroeléctricas. En 2005, la deforestación de la Amazonía brasileña era de 700.000 kms. cuadrados.

A manera de ejemplo, en la selva de Brasil, en el Estado de Marañón, la etnia Awá sólo cuenta con 450 miembros. Esta etnia está a un paso de su extinción. “Son la tribu indígena más amenazada de la Tierra”, advierte Raquel García, portavoz de Survival International para Latinoamérica y España. “La gran crisis se inició en los años 70 a raíz de la explotación de las cercanas minas de hierro de Carajás, impulsada por el propio Gobierno. Se construyeron carreteras y ferrocarriles y llegaron los colonos y los problemas”, explica García para El Periódico de Catalunya. Survival explica en una nota que la “situación es tan grave que algunos ya hablan de genocidio”. El oscarizado Colin Firth, en un vídeo que Survival ha emitido para pedir al mundo la protección de esta etnia ancestral, denuncia. “Están talando ilegalmente la selva de los Awás. Cuando los madereros los ven, los matan. Sus arcos y flechas no son rivales para las pistolas… En cualquier otro momento de la historia, aquí terminaría todo: otro pueblo barrido para siempre de la faz de la Tierra. Pero vamos a luchar para que el mundo no deje que eso pase de nuevo”.

La ofensiva empresarial es causante directa de los conflictos sociales en la región. En Perú, por ejemplo, según datos de la Defensoría del Pueblo, existen más de 60 disputas por el impacto de la minería en las reservas de agua. “Al cierre del 2010, se estima que en América Latina existen al menos 155 conflictos activos en 168 proyectos mineros”, apunta Gian Carlo Delgado en el artículo “Extractivismo, fronteras ecológicas y geopolíticas de recursos”. En él describe también que las “situaciones de despojo de tierra y agua, de violación al derecho de consulta y otros derechos humanos básicos, y hasta el asesinato de líderes han sido constantes en los movimientos de  ambientales de la región”.

En los conflictos creados por los megaproyectos, los gobiernos emplean a la fuerza pública para presionar a las comunidades con el fin de que desalojen las zonas. En no pocos casos, cuando no son suficientes los ejércitos legales para desplazar a las poblaciones, aparecen los escuadrones de la muerte que bañan con sangre el territorio para expulsar a sus verdaderos dueños.  Presionan con paupérrimas ofertas de compra de la tierra que vienen acompañados directamente de amenazas. “O la vende usted o se la compramos más barata a su viuda”, ha sido la estrategia de los paramilitares en Colombia que han conseguido echar de sus tierras a la mayoría de los 5.5 millones de desplazados, dejando a su paso, miles de cadáveres. En Centroamérica también ejércitos privados han empleado estas tácticas de tierra arrasada. En todos los casos primero crean un conflicto, asesinan pobladores, los despojan de su tierra, y tiempo después llegan las grandes empresas a explotar los territorios.

Las poblaciones que han tenido que desplazarse por extracciones mineras a cielo abierto, presas hidroeléctricas y grandes explotaciones minerales, quedan rotas tanto en su cultura como en su tejido social. Con los grandes proyectos se crean campamentos para los trabajadores que en su mayoría son forasteros. Y para que ellos se encuentren a gusto fuera de sus lugares de origen y lejos de sus familias, se crean negocios de ocio que rompen con la tradición cultural de la región. Son miles de casos en los que mujeres indígenas, negras y campesinas se han visto abocadas a la prostitución para conseguir la subsistencia diaria de sus familias que antes estaba garantizada. Los hombres de las comunidades a su vez, se ven inmersos en casos de alcoholismo, consumo y venta de drogas. Poblaciones que no conocían problemas intrafamiliares como consecuencia del consumo de alcohol o drogas, de repente se ven completamente destrozadas.

También, con el desplazamiento a lugares cercanos de la explotación, las comunidades quedan del todo vulnerables ante los ejércitos legales e ilegales. Generalmente los gobiernos no realizan las consultas previas a los autóctonos contempladas en las legislaciones nacionales y por Naciones Unidas, sino que aprueban los proyectos, expropian y reubican a las comunidades. Y cuando estas se organizan en resistencia pacífica para impedir que los despojen de sus derechos, esta protesta social es inmediatamente criminalizada. Son acusados de terroristas y transgresores de las leyes nacionales. Viene entonces la estigmatización de la comunidad ante todo el país y la justificación para que los líderes sean llevados ante la justicia. Y con estos precedentes se abre paso a graves violaciones a los derechos humanos como la desaparición y el asesinato de los líderes de la comunidad.

En el capítulo de derechos sociales y económicos, la expulsión rural, la migración forzada hacia las ciudades, la destrucción de formas de vida, la precarización y flexibilización laboral, traen como consecuencias la división de las comunidades, destrucción de la economía local y, por supuesto,  violaciones al derecho a la salud y a un ambiente sano. Porque en la mayoría de megaproyectos tanto la tierra como las fuentes acuíferas son contaminadas, causando graves destrozos por el empleo de metales pesados que conlleva al aumento de la mortalidad infantil, malformaciones congénitas, disminución de la fertilidad y al surgimiento de enfermedades desconocidas en la zona y que afectan sobre todo las vías respiratorias.

Los megaproyectos en América Latina han impactado de manera cruenta la tenencia de la tierra de pequeños propietarios y el territorio de comunidades ancestrales que pasan de ser de su propiedad a pocas manos de terratenientes y grandes empresas. En Colombia, por ejemplo, denuncia Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco que agrupa a 30 organizaciones europeas y cuya sede está en Bruselas, “el 62,6% de la tierra está en manos de un 0.4% de propietarios, mientras que el 86,3% de la gente tiene apenas el 8,8% de la superficie. El valor de la tierra y del territorio es la razón principal del drama que viven millones de colombianos. La presión sobre la tierra para convertirla en corredores estratégicos, zonas de control, proyectos agroindustriales y zonas de minería, es alarmante”.

El agua como factor de vida y garantía de la biodiversidad se está acaparando y contaminando de tal forma que han cambiado cursos de enormes ríos, han acabado con muchas especies y el agua ha comenzado a ser un bien escaso para poblaciones que durante siglos la han cuidado y preservado. De esto habló el salvadoreño Carlos Zepeda, autor del documento “Agua para la vida o para el comercio”, ante los eurodiputados en Bruselas. “Con estos Acuerdos el agua es tratada como un bien económico y no como un bien público común”. Sin instituciones y marcos legales que aseguren el derecho al agua, la población más pobre y vulnerable de Centroamérica, Colombia y Perú sufrirá directamente las consecuencias negativas de los TLC. Recordó también Zepeda que el acceso al agua fue declarado por la ONU en 2010 como un derecho humano. “Asegurar el acceso al agua limpia y sostenible para todos como derecho fundamental es un principio no negociable en términos de desarrollo humano”.

Con los megaproyectos de “desarrollo” se ha destruido completamente la soberanía alimentaria al punto que en territorios indígenas de Centroamérica y Suramérica se presentan miles de casos de desnutrición severa en los niños, especialmente en etnias indígenas; se cuentan ya por cientos los niños muertos por física hambre. Y el tejido social preservado por mucho tiempo y garante de la supervivencia de los pueblos, está siendo arrasado porque las comunidades quedan minadas cuando en sus territorios arriba el “desarrollo”. Susanna Daag, portavoz de la plataforma europea Cifca, señala: “el modelo exportador promovido por los Acuerdos comerciales conlleva a un aumento de la competencia por los recursos de tierra y agua, en gran parte utilizado por la expansión de las plantaciones de agrocombustibles, monocultivos y proyectos de industrias extractivas, que ya ha demostrado conducir a una disminución en la producción de alimentos y un aumento en el desplazamiento de los pequeños productores”.

Está previsto para finales de este verano que el PE apruebe o rechace estos TLC. Los expertos americanos y europeos que asistieron a la Conferencia en la Comisión de Comercio del PE, expusieron su oposición a los Acuerdos y solicitaron su no aprobación en la cámara europea.

Las razones son numerosas, pero en la conferencia se centraron en estas: las poblaciones directamente afectadas no fueron tenidas en cuenta a la hora de las negociaciones; los estudios de impacto ambiental que reflejan consecuencias negativas sobre la zona no contaron en las negociaciones; no existen legislaciones ambientales en América Latina que de verdad protejan el medio ambiente; traerán consecuencias nefastas sobre las fuentes de agua, la biodiversidad y el tejido social de comunidades campesinas y etnias indígenas y negras; los países americanos de los Acuerdos incumplen la normativa nacionales e internacionales del trabajo, entre ellas el derecho a la sindicalización; generarán más precariedad laboral e incrementarán la desigualdad y la pobreza; las violaciones a los derechos humanos, graves en la mayoría de países firmantes, aumentarán; afectarán negativamente la supervivencia de pueblos indígenas milenarios; dinamizarán todavía más los diversos conflictos en los países; son acuerdos asimétricos en los que únicamente contó el enorme poder de la UE.

Helmer Velásquez, de la organización Congcoop de Guatemala alertó sobre las consecuencias para su país en caso de aprobarse el Acuerdo: “Un proceso de desarrollo que se basa meramente en el comercio no es desarrollo. Cada vez vemos más a una Europa cuyo único interés es extraer recursos naturales de la región. Ya, sin la entrada en vigor del Acuerdo, con la tala de bosques y el uso indiscriminado del agua, nos acercamos a lo que puede ser una crisis devastadora para la región”. Recordó además que la palma africana y el azúcar, que serán los productos que Guatemala exportará a Europa, generan muy poco empleo y desplazan los que mantiene el cultivo del maíz. “Este tipo de tratados tiene un impacto demoledor en el empleo rural”.

“La UE en las negociaciones fue muy ofensiva en el área de inversiones, obras públicas y propiedad intelectual [caso de los medicamentos y patentes sobre recursos naturales], porque son los temas estratégicos en los que quieren ganar”, comenta Lourdes Castro de la organización Grupo Sur. “Las negociaciones deben hacerse entre iguales; las de estos TLC fueron asimétricas con todo el poder para la UE”, sentenció.

En ese mismo aspecto, Gabriele Küppers, consejera política del Grupo Verde/ALE en el PE, alertó sobre la forma en que negoció Europa: “Si se miran los TLC con Colombia y Perú, y el Acuerdo con Centroamérica, son casi idénticos. La UE fue ya con un documento con comas y puntos para negociar así: yo quiero esto y la contraparte dijo sí porque muchos de los que han negociado están asociados a sectores que se benefician de eso, en este caso, las multinacionales”. Manifestó que no se tuvieron en cuenta las particularidades de cada país. “Sencillamente”, añade Küppers, “la UE ha cumplido con lo acordado a su interior entre los años 2005 y 2006, cuando se concluyó que los países que la integran necesitan del acceso ilimitado a los recursos naturales y a todos los mercados”. Esto con el fin de no quedarse atrás en la carrera tecnológica y comercial emprendida hace años por países como Estados Unidos, Canadá y Japón. Por último, la asesora del grupo Verde se lamentó que al interior del PE “haya grupos políticos que ven más el impacto positivo para las empresas europeas que para las poblaciones en la región”.

“La concentración de la propiedad de la tierra que genera muchos conflictos en nuestros países, y el impulso de megaproyectos que crean más tensión en los territorios, ejercerán una presión muy fuerte sobre el principal recurso de nuestras tierras que es al agua”, subrayó la colombiana Tatiana Rodríguez de Censat-Agua Viva. Expuso que los agrocombustibles, la extracción minera y los megaproyectos hidroléctricos, ya han puesto a los pueblos a competir con el uso del agua. “Ahora”, dijo, “estos Tratados vienen a engordar los conflictos y contribuirán más al sufrimiento, ya insoportable, para muchas de nuestras comunidades”.

Por su parte, Juan Moreno de la Conferencia Europea de Sindicatos recordó a los eurodiputados que una sencilla observación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que persisten las violaciones a los DDHH en toda la región y recalcó que América Latina, particularmente en Colombia y Guatemala, es la región con más sindicalistas asesinados de todo el mundo. “La tasa de sindicalización en este contexto de represión en Guatemala ha descendido del 9% al 2%”. Estos Acuerdos declaró Moreno,  no obligan ni a los gobiernos ni a las empresas a  implementar políticas de empleo decentes. Por tanto, solicitó al PE que rechace estos TLC “porque las condiciones laborales en la región son deplorables y estos Acuerdos las van a hacer todavía más”.

En el tema de DDHH, Colombia es una de los países más azotados por este flagelo. Y las zonas rurales son las más damnificadas y vulnerables ante las diversas violaciones que allí cometen ejércitos legales e ilegales. Vincent Vallies de Oidhaco, lo deja claro: “Allí las zonas de cultivo de palma aceitera y caña de azúcar destinadas a la producción de agrocombustibles se encuentran entre las más afectadas por violaciones a los derechos humanos”. Se teme que el TLC agudice la grave crisis humanitaria que aqueja a ese país.

El eurodiputado español del Grupos Socialista, Andrés Perelló, declaró: “si el Tratado no incluye cláusulas de respeto a los DDHH como el acceso al agua y el respeto al medio ambiente, votaré en contra”. Catherine Bearder, del grupo Alianza de los Demócratas y Liberales (ALDE), encargada de abrir la Conferencia,  recordó cómo los estudios de impacto socioambientales encargados por la Comisión Europea, advierten sobre serios impactos tras la firma de los Acuerdos: “Seguiremos investigando antes de votar”. Por su parte, Jürgen Klute, de Izquierda Unitaria Europea (GUE), manifestó que “el PE debe escuchar las voces que dicen no a estos Acuerdos y poner atención a sus recomendaciones”.

Haciendo un llamado desesperado para que estos Acuerdos no se aprueben y en defensa de las poblaciones indígenas americanas, Jaime Borda de la organización “Vicaría de Sicuani-Cuzco” de Perú, se explicó así. “Para las poblaciones originarias el agua no sólo es un recurso natural, es vida. Y aquí se ha olvidado que los pueblos indígenas tienen unos derechos, y que hay convenios internacionales como el 169 de la OIT que no se cumplen”.

En materia legislativa, Gabrile Küppers denuncia que estos TLC existe una cláusula que no permite incrementar o mejorar la legislación local, “sino bajar o eliminar donde haya un brote de legislación social o ambiental de protección. Un Acuerdo  de estos, no debería tocar la posibilidad de que los países fortalezcan sus legislaciones, juzgar a quienes cometen crímenes, y no deberían dar carta blanca a los beneficios de las multinacionales”, concluye. Lourdes Castro, por su parte, añade: “Europa negocia con  países en condiciones de vulnerabilidad en términos de desarrollo frente a un gigante como es la UE”.  Y respecto a la atractiva faceta positiva con la que presentan estos TLC ante las poblaciones americanas para venderles que las beneficiadas serán ellas, Castro sentencia: “si los TLC son tan buenos y tan ventajosos, ¿por qué no se negocian, por ejemplo, entre la UE y Estados Unidos?”.

Para todos los expertos que asistieron a la Conferencia “América Latina: recursos naturales y acuerdos comerciales” en el PE, para varios analistas especializados en tratados comerciales internacionales y para numerosos eurodiputados, definitivamente los TLC entre la UE con Colombia y Perú y los Acuerdos con Centroamérica, son espléndidos para las multinacionales con las multinacionales y lamentables para los pueblos americanos. La única esperanza que le queda a estas poblaciones, es que el PE no los apruebe o que algunos parlamentos de los 27 que  integran la UE los rechacen.

Algunos conflictos generados por multinacionales europeas en América Latina *

Colombia

Proyecto El Quimbo de las empresas italiana y española Enel y Endesa

Construcción de una presa hidroeléctrica al sur del país. Las fuerzas policiales han atacado y desalojado a miembros de las 500 familias que se oponen a este megaproyecto. Un vídeo colgado en Youtube titulado “Lo que el gobierno colombiano no quiere que veamos”, del periodista Bladimir Sánchez y que ha sido visto más de un millón de veces, demostró cómo la fuerza pública ataca a los pobladores. El periodista ha recibido múltiples amenazas de muerte. Se sumergirán 7.500 hectáreas de reserva forestal y ya está desviando el curso del principal río del país, el Magdalena. Inundará seis municipios en los que habitan 1500 personas que serán reubicadas. El impacto social es muy perjudicial para la zona porque, además de desplazar a las personas,  les priva de sus cultivos tradicionales y de la pesca artesanal, sustento de la economía local.  La licencia ambiental estuvo basada en un estudio de impacto de las empresas. El gobierno ha enviado a la zona a 1.200 soldados para garantizar las obras del megaproyecto. Los afectados han creado una asociación (Asoquimbo) para oponerse al proyecto, al despojo, y denunciar las violaciones a sus derechos y el impacto ambiental negativo sobre esta parte de la Amazonía colombiana.

Click here to view the embedded video.

Honduras

Grupo británico Dinant

Megacultivo de palma aceitera para biocombustibles. Esta empresa está asociada con un terrateniente de la zona, Miguel Facussé, denunciado por numerosas violaciones a los derechos humanos, entre ellas el despojo de la tierra. En los últimos dos años han sido asesinados 46 campesinos, 6 de ellos trabajadores de la empresa. El gobierno ha enviado 1.000 soldados a la región para reprimir la protesta social. Se denuncia también la existencia de grupos paramilitares que aterrorizan a los pobladores para que no reclamen sus derechos. La Corte Interamericana de DDHH ha expresado su profunda preocupación tanto por el asesinato de pobladores como por la impunidad, crisis desatada después del Golpe de Estado.

Empresa cementera francés La Forgie

Allí se ha denunciado la represión laboral, despidos indiscriminados e ilegales a pesar de haber un convenio colectivo, el violento uso de la seguridad privada fuertemente armada en connivencia con la fuerza pública.

Iberdrola en proyecto eólico

Proyecto desarrollado en territorio indígena en la zona denominada Cerro de Hula. La comunidad no fue consultada. Se están rompiendo montañas y soterrando fuentes de agua, acabando con el patrimonio alimenticio de las familias de la zona.

El Salvador

Empresa mixta entre el Estado, Enel de Italia y otra empresa de capital estadounidense.

Se les ha denunciado por evadir impuestos, grave contaminación ambiental, daños en la agricultura local, descomposición social de las comunidades, apropiación de la tierra de pequeños campesinos, no retribución de las prestaciones laborales, y condiciones de trabajo precarias.

Guatemala: Grupo británico Dinant en empresa de cultivos de palma

Allí la criminalización de la protesta social y las luchas de indígenas y campesinos por defender sus derechos son pan de cada día. La empresa EDT Trading se retiró para la participación en un megaproyecto agroindustrial por las denuncias por violaciones a los derechos humanos. También se retiró la alemana DEG de la financiación al Grupo Dinant.

Nicaragua. Grupo Pescanova

Denunciada por violación a los derechos laborales y sindicales, maltrato a los trabajadores a quienes obligan a trabajar durante 12 horas seguidas que, en el caso de los que entran a las seis de la mañana, no se les permite desayunar ni tomar una merienda. Incluso sufren severas restricciones para ir al baño. Ha acabado con las pequeñas camaroneras de la zona y las pocas que quedan son obligadas a vender su producción a la empresa a precios irrisorios. También está denunciada por delitos ambientales como la destrucción de los manglares para la construcción de la granja camaronera y la planta de procesado y congelación de langostinos más grande de América Latina.

Panamá. Proyecto de hidroeléctrico Barro Blanco

Se ha solicitado a la alemana DEG y a la holandesa FMO que se retiren de la financiación del proyecto que ataca directamente a la etnia indígena Ngöbe Buglé. Se construirá una gran presa en territorios ancestrales y para ello se despojará a estos indígenas. Estos pueblos se han organizado para impedir que esto suceda y el gobierno ha enviado a la fuerza pública a reprimir violentamente las protestas. Ya han muerto al menos dos indígenas y muchos más han sido heridos de gravedad. Se habla de muchos desparecidos que se cree, pueden estar muertos.

Repsol YPF en diversos países (recientemente expropiada por el gobierno Argentino)

En Argentina ha sido denunciada por la contaminación de tierras y ríos que ha causado graves enfermedades a las comunidades cercanas a las exploraciones petrolíferas. Particularmente a integrantes de la etnia mapuche que les han  detectado en la sangre niveles de 17 metales pesados que superan ampliamente los normales. Allí la empresa tiene diversas denuncias ambientales sobre unos 900.000 kms. cuadrados en diferentes provincias. También disminuyeron las protecciones en seguridad y se le responsabiliza de la muerte de nueve trabajadores en la exploración de Puertollano. De una planta de 55.000 trabajadores que recibió cuando adquirió YPF en la década del noventa,  al día de la renacionalización por parte del gobierno argentino, quedaban apenas 6.000.

En Ecuador, la explotación que realiza en el Parque Nacional Yasuni, ha afectado enormemente la vida de los indígenas de la zona, causándoles graves destrozos en las fuentes de agua, la alimentación y  la salud. Caso similares se presentan en Bolivia y Perú en los que los más afectados son los indígenas a quienes además de los problemas anteriores, se ha impactado negativamente su hábitat y sus formas de vida tradicionales.

La cooperativista Rosinéia Soares muestra las berenjenas que crecen en su huerta de Parque Genesiano da Luz. (Fabiana Frayssinet/IPS)

La tierra no es fértil, como la de la región serrana del estado de Río de Janeiro que provee a los mercados de la ciudad, y el clima es tal vez demasiado caluroso para que las verduras y legumbres crezcan sin traumas ni plagas.

Pero las mujeres del Parque Genesiano da Luz –uno de los barrios más pobres del municipio de Nova Iguaçu, 40 kilómetros al norte de la capital estadual, Río de Janeiro– ahora pueden decir con orgullo que comen lo que plantan.

El resto de la producción, un 70 por ciento, se vende a través de la cooperativa que crearon, Univerde, integrada por 22 familias que aportan cinco por ciento de sus ingresos para su funcionamiento. La producción es individual, pero en la comercialización y en otras actividades todo es colectivo.

“Es maravilloso ver tu producción en la huerta, llevar todo fresquito para casa y darle algo tan sano a tus hijos. Tanto que cuando llega la época en que la producción escasea, ni compramos afuera porque hoy tenemos conciencia de que los productos convencionales tienen mucho veneno. Yo ya no puedo comer eso”, contó a IPS una de las integrantes de la cooperativa, Joyce da Silva.

Las huertas, de unos 1.000 metros cuadrados cada una, están en terrenos que constituían un espacio urbano desaprovechado. Debajo de ellos circulan ductos de la empresa estatal petrolera Petrobras, que financió el proyecto en sus inicios, en 2007.

Cuando se acabó el financiamiento, muchas de las entonces más de 50 familias participantes abandonaron la iniciativa por falta de recursos.

Pero un grupo de mujeres decidieron seguir contra viento y marea: les faltaban recursos, herramientas y transporte, por ejemplo para trasladar las semillas y distribuir los productos en las ferias populares donde los venden.

Sin embargo, decidieron que no renunciarían a la independencia conquistada.

“Antes de la cooperativa, solo cuidaba la casa. Pero después pasé a tener mi independencia económica. Otra independencia es la salud que conquisté para mi casa. Y también la mejoría de vida. Mi casa mejoró”, relató Da Silva.

El Programa de Agricultura Urbana, que ahora da asistencia técnica a estas mujeres, fue creado en 1999 y ampliado a la actividad periurbana en 2011 por AS-PTA, una organización no gubernamental que promueve este tipo de producción familiar y la agroecología.

Este programa busca aumentar la generación de renta de agricultores familiares periurbanos en la región metropolitana de Río de Janeiro. Tiene un total de 650 beneficiados en comunidades pobres situadas también en los municipios de Queimados, Magé y Río de Janeiro.

Estos agricultores no usan soportes químicos. Tanto los abonos como los pesticidas son caseros y no tóxicos.

La mayoría de los alimentos que se consumen en la ciudad vienen de lejos y tienen los costos adicionales del transporte, que los encarecen, explicó a IPS el coordinador del programa, Marcio Mattos de Mendonça.

“Las personas que viven en las comunidades necesitan el alimento cerca. Muchas veces las hortalizas quedan fuera del menú y se priorizan otros alimentos que no son saludables”, destacó.

Acorde con una tendencia demográfica mundial, la población de Brasil, de más de 192 millones de habitantes, es cada vez más urbana.

En 2000, 81 por ciento de los brasileños vivían en ciudades, y 10 años después esa proporción subió a 84,35 por ciento, de acuerdo al censo de 2010.

Pero la urbanización no sofocó la vocación agrícola heredada ancestralmente, según Mendonça. En muchos sitios citadinos pobres como las “favelas” (barrios hacinados), se mantuvo la costumbre de plantar verduras y hierbas medicinales y de criar pequeños animales como cerdos, cabras y aves de corral.

Aldeni Fausto, que siempre cultivó hortalizas en el terreno de su casa, es heredera de ese pasado que hoy reproduce con éxito en la ciudad.

“Convivir con la naturaleza es lo que más me gusta. Ese placer de plantar, cosechar y alimentarse, trayendo de nuevo el origen de nuestra familia y enseñándolo a nuestros hijos; eso es muy importante para no olvidar nuestra historia”, enfatizó.

Para la ahora presidenta de la cooperativa, ese distanciamiento del migrante con su tierra trajo como consecuencia “el aumento de enfermedades, el desequilibrio de la naturaleza, el desajuste financiero, porque esa gente no tiene qué comer ni interés de producir, y por eso sentirá la falta de alimentos”, dijo.

Pero, “si planta un poquito en cada rincón, no tendrá esa dificultad”, analizó Fausto.

Da Silva lo mira desde otra perspectiva. “Nunca imaginé tener comida en medio de la ciudad. Este era un lugar que no tenía ni mercado. Y a veces no teníamos ni dinero para ir a comprar cosas en otro lugar”, agregó.

La visita a la cooperativa fue una de las actividades de campo organizadas por el World Nutrition Rio 2012 (Congreso Internacional de Nutrición), organizado en Río de Janeiro entre el viernes 27 y este lunes 30 por la Asociación Brasileña de Posgraduación en Salud Colectiva y la World Public Health Nutrition Association.

El congreso discutió, entre otros temas, las prácticas para una alimentación saludable, los recursos del planeta y la valorización de los sistemas alimentarios tradicionales, tres ejes que sostienen la actividad de la cooperativa Univerde.

Da Silva relató que su familia tenía diversos problemas de salud vinculados a una alimentación que ahora, por sus conocimientos, entiende nociva.

Su hija sufría anemia. “Aun siendo morena como soy yo, parecía amarillita y era muy débil. Y, a través de esta alimentación, ahora tiene buena salud, tiene la piel brillosa, los labios y encías bien rojos, y eso fue para mí lo mejor”, dijo.

Fausto también notó la mejora de su calidad de vida. “Aunque no parezca, antes era obesa. Tuve un cambio en mi físico, en mi salud, en la alimentación de mis hijos… Mi mente está más ventilada y conseguí el equilibrio”, describió, libre de las consecuencias de la obesidad, como problemas de columna e hipertensión.

El camino elegido no es fácil. Sin un apoyo fuerte de recursos financieros, como el del pasado, la sustentabilidad de la cooperativa siempre está en jaque.

De los más de 50 terrenos disponibles para agricultura en Nova Iguaçu, se usan apenas 22, observó una de las visitantes del congreso, la estudiante del último año de la carrera de nutrición, Angélica Siqueira, del Núcleo de Economía Alternativa de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.

“Todavía existe un prejuicio de que el campo es pobre”, dijo a IPS la estudiante, cuyo equipo intenta aplicar la experiencia de agriculturas urbanas y periurbanas en asentamientos de su estado, en el sur del país, a través de la Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares.

La esperanza de las cooperativistas es que, ahora con un certificado oficial, podrán vender sus productos al Programa de Merienda Escolar del gobierno federal, que incentiva la adquisición de alimentos originarios de la agricultura familiar por parte de la red pública de educación.

“Antes ni sabíamos administrar una empresa y ahora administramos nuestra propia cooperativa”, subrayó Fausto, convencida de seguir practicando la agricultura en la ciudad. “Es una terapia. Una plantita te devuelve gratitud y amor”.

Sindicalistas presos en Faisalabad. AP

Akbar Ali Kamboh, Babar Shafiq Randhawa, Fazal Elahi, Rana Riaz, Mohammad Aslam Malik y Asghar Ansari fueron acusados de atacar una fábrica, lastimar a sus propietarios e incendiar las instalaciones el 20 de julio de 2010, pero ellos niegan los cargos. El tribunal falló en base a pruebas y testigos presentados por la parte demandante. La Alta Corte de Justicia de Lahore aceptó un recurso de apelación, pero todavía no ha fijado la fecha de la audiencia.

El Partido del Trabajo de Pakistán (LPP, por sus siglas en inglés) organizó este mes una conferencia en la prestigiosa Universidad de Ciencias de la Administración, en la oriental ciudad de Lahore, para dar detalles del caso a un público más amplio.

Por su parte, el Movimiento Qaumi de Trabajadores (LQM, por sus siglas en inglés), al que pertenecen los seis sindicalistas, prepara una manifestación masiva el 1 de mayo en Faisalabad, la mayor ciudad de la provincia de Punyab después de Lahore, exigiendo la revocación del caso.

Todo comenzó en 2010, cuando unos 100.000 trabajadores del sector textil organizaron una huelga en reclamo de un aumento salarial de 17 por ciento, explicó Farooq Tariq, portavoz del LPP. Tariq señaló que solo un sitio de la fábrica fue deliberadamente incendiado, según varias denuncias, por los propios dueños para incriminar a los huelguistas.

Los sindicalistas fueron acusados de instalar el miedo, destruir la propiedad pública, secuestrar personas por un rescate, todos actos condenados por las leyes antiterroristas de Pakistán. ”El mensaje fue claro: si esto puede pasar con líderes del LQM, cualquiera que pretenda defender sus derechos deberá prepararse para un trato similar”, observó Tariq.

También se lamentó de que dictadores, la elite gobernante, los señores feudales y varios actores más manipulen con impunidad las leyes antiterroristas para silenciar a la oposición y a las organizaciones que defienden sus derechos, así como para castigar a rivales políticos.

Miles de abogados fueron detenidos y acusados de terrorismo durante el gobierno de Pervez Musharraf (2001-2008) por participar de un movimiento que llamaba a reformar el sistema judicial, recordó Tariq. ”Yo mismo fui acusado de terrorismo cuatro veces por organizar manifestaciones. Actualmente estoy libre de cargos”, apuntó.

Las familias de los líderes presos sufren dificultades económicas, por lo cual el LPP reúne 5.000 rupias (unos 55 dólares) que les entrega todos los meses.

Sin derechos laborales

El sector textil de Faisalabad, también conocida como “la Manchester de Pakistán”, es la columna vertebral de la economía del país. Se estima que hay 300.000 telares mecánicos, de los cuales 200.000 están en esa ciudad, y la mayoría son pequeñas unidades domésticas.

El salario de los trabajadores se establece por “pick”, unidad para medir la producción de vestimenta. No tienen ingresos fijos, explicó Anis-ul-Haq, portavoz de la organización All Pakistan Textile Mills Association (APTMA, por sus siglas en inglés), que reúne a varias actividades del sector textil.

La situación empeora con los cortes de electricidad de 14 a 16 horas al día, pues los operarios se quedan sin ingresos, remarcó. El sector no puede pagar fuentes alternativas de energía, como centrales eléctricas para uso interno o generadores, por la simple razón de que un propietario suele disponer de entre cuatro y ocho máquinas.

Los prolongados cortes de electricidad por sobrecarga y la inflación tuvieron mucho que ver con las protestas de los trabajadores, arguyó Rana Tahir, presidente del LQM en Faisalabad. También condenó las duras sentencias contra los sindicalistas, y acusó a los propietarios de las máquinas y a algunos dirigentes políticos de preparar el ardid para debilitar al LQM, que apoyó a un candidato del LPP en las elecciones de la asamblea provincial en abril de 2010.

Tahir cuestionó el primer informe de la policía contra los sindicalistas, y señaló que, de hecho, los guardias de la fábrica dispararon primero contra los manifestantes. Una bala impactó contra una motocicleta que “se incendió y el fuego alcanzó la ropa que estaba en el suelo”, sostuvo. La policía tardó tres días en añadir las cláusulas antiterroristas a la demanda legal, mientras que la fábrica incendiada demoró casi el mismo tiempo en volver a estar totalmente operativa, dijo Tahir. “¿No es al menos dudoso?”, preguntó.

Akram Ghauri, presidente de la organización All Pakistan Cotton Power Looms Association, cuestiona esa versión de los hechos. ”Lo que le hicieron debe ser condenado”, declaró. También acusó a los sindicalistas presos de mantener de rehén a los dueños y a los trabajadores al negarse a aceptar las propuestas de conciliación. Según él, el LQM incluso amenazó a los operarios dispuestos a trabajar los fines de semana por un salario 50 por ciento superior al de los días hábiles. ”Ahora estamos en paz y tenemos diálogo con un órgano genuino, el Sindicato de Trabajadores de Faisalabad”, añadió.

Zulfiqar Shah, director del instituto de investigación Pakistan Institute for Labour Education and Research (PILER, por sus siglas en inglés), señaló que las disputas comerciales e industriales deben decidirse en los ámbitos previstos.

El director de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, I. A. Rehman, también condenó el mal uso de las leyes antiterroristas contra los trabajadores, así como la dureza de la condena.  Ni siquiera delincuentes responsables de horribles crímenes recibieron un castigo tan duro, afirmó

(AP Photo)

Opinión. Cada mes, cada trimestre, cuando salen las cifras del paro registrado en el Sexpe o la encuesta de población activa, la EPA, los periodistas nos aprestamos a ejercer el mismo ritual de siempre: recoger los datos, compararlos con el mes o el trimestre anterior, con el mismo periodo del año anterior, compararlos con el resto de comunidades autónomas y sacar conclusiones, buenas o malas según los indicadores. Sospecho que la misma mecánica la hacen los partidos y los sindicatos. Los periodistas nos hacemos eco de sus valoraciones y además, en algunos casos, hacemos lo que en nuestro argot se llama “poner caras a la noticia”. Y salimos a la calle, nos vamos a la cola del paro y allí recogemos los testimonios de los que están sin trabajo, con su nombre y apellidos, con su situación personal. Son el drama de las cifras.

Confieso que me siento cansado de esa liturgia. También confieso que no sé escapar de ella porque creo que, como relato periodístico, cumple sus obligaciones de dar cuenta de lo que pasa (las cifras) y de quienes sufren las consecuencias de lo que pasa (la gente sin trabajo), pero si escribo esto es porque creo que todo se nos está quedando pequeño ante el drama del paro y que ya no vale, o no debería valer, contarlo siempre igual porque cada vez es menos igual que la vez anterior. No es una escalada; no es una cifra, no es una estadística que sube o baja. Es otra cosa lo que nos está pasando con el paro. Es una explosión. Es dinamita. Estamos viendo –yo así lo veo—cómo se nos está desmoronando el armazón mental que nos sirvió para plantearnos nuestras vidas. Si hemos hecho planes, si hemos creído que nuestros hijos podrían ganarse la vida con la educación que han recibido, si albergábamos la esperanza de que nuestros padres podrían vivir tranquilamente de su jubilación sin tener que compartirla con sus hijos y con sus nietos. Todo eso era la carpintería sobre la que descansaban nuestras esperanzas.

Todo eso es lo que creo que está saltando por los aires: nuestro futuro, los anhelos…..

Sigue leyendo en el Periódico de Extremadura

Olivares de Úbeda (J. L. G.)

Buenas cosechas, en cantidad y calidad, a precios ruinosos. Es el binomio que provoca, año tras año, la bajada de las rentas de decenas de miles de agricultores y ganaderos españoles. Especialmente sangrante es el caso de explotaciones agrarias de gran trascendencia social en el mundo rural, como el aceite y la leche, utilizados como productos reclamo en la mayor parte de supermercados. Por eso, han sido ellos los primeros en movilizarse y echarse a la calle. La Unión Europea (UE) reconoce que la causa del problema es el poder que ejercen las grandes cadenas comerciales en el mercado agrario, imponiendo precios y condiciones gracias a que acaparan ya el 41% del consumo de alimentación a través de sus marcas blancas. Europa recomienda medidas para reequilibrar esta cadena, pero prosigue el proceso de liberalización del sector.

“El gran comercio no nos respeta, van a mordernos, y además con ansia, con avaricia”, exclama el agricultor Gregorio López, uno de los participantes en la primera gran movilización del campo español contra el poder que ejercen en el mercado agrario las grandes superficies. Se celebró el pasado 19 de marzo, cuando se concentraron en Jaén unos 10.000 olivareros procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, convocados por todas las organizaciones agrarias. En el otro extremo del país, el Sindicato Labrego Galego viene organizando desde febrero protestas por el bajo precio de la leche. Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) se cita un informe de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el que se niega una “posición de dominio” de las grandes superficies y se insiste en que todo funciona como “un mercado competitivo”. ¿Qué está pasando entonces?

Gregorio se lamenta de la situación mientras pasea por las afueras de Úbeda (Jaén), el municipio con el olivar más productivo del mundo. A pesar de ello, las calles ubetenses aparecen mortecinas los días de menor afluencia turística, lo mismo que ocurre en su vecina Baeza, ambas patrimonio de la humanidad por su pasado renacentista. Aún con este potencial turístico, el sector servicios por sí sólo no es capaz de tirar del carro del desarrollo rural. Necesita indefectiblemente de la agricultura, la ganadería y la agroindustria asociada, que en nuestro país proporcionan empleo a 1,2 millones de personas y mantiene a la población en el medio rural, el 90 por ciento de nuestro territorio. Sectores que, con el avance de la agricultura ecológica o la ganadería extensiva, contribuyen cada vez más a la lucha contra el cambio climático, y que además, son líderes en las exportaciones de España a terceros países, en innovación tecnológica y en investigación.

Cualidades que sin embargo pesan muy poco en la lógica implacable de la negociación de precios en origen, principal responsable de que la renta agraria haya bajado en España un 4,5 por ciento el año pasado. Lo señala el alcalde de Baeza,

Leocadio Marín, alcalde de Baeza (J. L. G.)

Leocadio Marín, que fue también presidente del Patrimonio Comunal Olivarero y consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía. España es el mayor productor y exportador de aceite de oliva, consiguiendo además las mejores calidades. Sin embargo, el 70% del aceite que consumen los españoles es de marcas blancas, utilizado frecuentemente como producto gancho por su bajo precio en las grandes cadenas de hipermercados y supermercados. De esta forma, “hay sólo cuatro grandes compañías que compran frente a 400 cooperativas en Jaén que venden”, una cifra que se eleva a 1.800 almazaras en toda España. La atomización de este sector le confiere un gran beneficio social en redistribución de rentas, pero también una enorme debilidad frente a la concentración de la gran distribución en unas pocas compañías que se pueden contar con los dedos de una mano.

“Hay un marcaje férreo a los márgenes del proveedor. Cada gran distribuidor negocia con decenas de productores, el precio lo ponen ellos, e incluyen los descuentos que le van a hacer al consumidor”, asegura Marín. “El comercio es insaciable, a mí una representante de una gran cadena me ha confesado que, si le vienen tres agricultores, averiguan a cuál de ellos le va económicamente peor y le aprietan al máximo las tuercas en el precio”, denuncia Gregorio López, que sufre en sus carnes esta dinámica perversa al ser copropietario, junto con sus hermanos, de 65 hectáreas de olivar de regadío. El umbral de rentabilidad del aceite de oliva virgen extra está en 2,49 euros el kilo, y este año se está pagando a 1,80, con lo que ni siquiera cubre los costes de producción. Consecuentemente los agricultores, especialmente los pequeños y medianos, “están comiéndose las reservas de años anteriores, refinanciándose y dejando de realizar labores en sus cultivos”, con la consecuente pérdida de empleos y de producción, señala López. Además, la supervivencia del olivar de menor rentabilidad, el que arraiga a la población a las zonas de montaña, está en serio peligro.

Cooperativa (J. L. G.)

De forma muy diferente se ven las cosas desde ANGED. En su opinión, el precio del aceite no ha bajado como consecuencia de su utilización como “reclamo”, sino por las buenas cosechas acumuladas los últimos años, el excedente almacenado en almazaras y envasadoras, “el mayor de las seis últimas campañas”, aseguran, unido al mantenimiento del consumo en niveles estables y la excepcional cosecha de la actual campaña. Efectivamente, la cosecha de este año ha sido récord, con 1.570.000 toneladas, el doble que hace una década. Las exportaciones van creciendo vertiginosamente, hasta las 829.000 toneladas este año, pero ningún comprador foráneo está dispuesto a pagar ni un céntimo más que los nacionales por las 550.000 toneladas para consumo interno. El esfuerzo por abrir mercados fuera no redunda en el precio.

Además, la cosecha récord explica la caída de precios actual, pero no la persistencia durante años de niveles tan bajos como para no cubrir siquiera los costes de producción. “Lo venden a pérdidas, eso te lo aseguro yo, porque es un producto necesario y muy atractivo, y de paso el consumidor se lleva del supermercado otros productos en los que les ganan más margen, con lo que compensan”, explica José Ráez, presidente de la cooperativa ubetense La Carrera, que agrupa a 1.300 productores y vende a granell el 70 por ciento del aceite que elabora, mientras el resto lo utiliza para una marca propia que trata de hacerse hueco en la exportación a 13 países del mundo.

Otros sectores sufren el mismo hundimiento de precios que el aceite a pesar de que la producción está siendo menor de lo acostumbrada. Es el caso de la leche, donde las 5,1 toneladas producidas esta campaña por unos 20.000 ganaderos no llegarán a cubrir la cuota de 6,4 millones asignada por la UE a España para venta directa a industrias. El consumo interno es de 9 millones, por lo que nos vemos obligados a importar productos lácteos de Europa. Sin embargo, el precio para el productor sigue bajando, hasta apenas 0,33 euros el litro, y es aún más ruinoso en Galicia, que concentra el 50 por ciento de la producción nacional, lo que está dando lugar ya a movilizaciones. También aquí la cuota de mercado que alcanzan las marcas blancas en los super e hipermercados es del 70% del consumo final de leche, gracias a importes muy reducidos. Unos precios que, por extraño que parezca, el ganadero no conoce en el momento de vender su producción, ya que se fijan a posteriori.

Huesca. 2012 (Emilio Morenatti / AP)

La situación se reproduce en el sector hortofrutícola, donde España es líder mundial de exportaciones. La provincia con mayor producción de frutas y hortalizas es Almería. Desde allí, la Coordinadora Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denunciaba el pasado mes de enero que las grandes cadenas de distribución estaban imponiendo rebajas en los precios de entre un 15 y un 20 por ciento sobre las cotizaciones de la campaña pasada, aprovechándose de circunstancias como la pasada epidemia de E.coli en Alemania. Desde ANGED contestan que la gran distribución “no participa en la formación de precios en orígen”, puesto que “ni tiene cuota suficiente como para mover el mercado (un 20 por ciento del consumo nacional de frutas y hortalizas, aseguran) ni participa en las alhóndigas, que es donde se fijan esos precios”.

Desde la distancia que proporcionan las instituciones europeas, los responsables comunitarios lo tienen muy claro. El comisario de Agricultura, el rumano Dacian Ciolos, ha asegurado en varias ocasiones que la caída de precios que sufre el aceite se debe al poder de negociación de la gran distribución, y no a ninguna otra perturbación en el mercado. Por su parte, el eurodiputado ponente del Parlamento Europeo sobre el sector lácteo, el conservador británico James Nicholson, señala en su informe la “creciente preocupación” por el poder de las grandes superficies, que presionan los precios a la baja en detrimento de los productores, por lo que el valor añadido “no se distribuye de forma uniforme a lo largo de la cadena”. Y los eslabones más débiles suelen ser los extremos: productor y consumidor.

La Comisión Europea aprobó en 2010 un documento en el que se proponían medidas para prevenir prácticas “abusivas”, como la “desigualdad en el poder de negociación”. Sin embargo, son medidas que no tocan la libertad de mercado, limitándose a incrementar la transparencia o controlar las ventas a pérdidas. En la práctica, Europa prosigue el proceso de liberalización de un sector con una tradicional tutela estatal, que poco a poco se va diluyendo. El precio de intervención del aceite desapareció de la legislación comunitaria hace más de una década, y ahora sólo queda como mecanismo de gestión de mercado las ayudas al almacenamiento privado, que fueron activadas el año pasado pero no han logrado frenar el hundimiento de los precios.

En la leche por su parte, la UE ha aprobado el contrato lácteo, que establece condiciones ente el ganadero y el industrial, como el pago en el momento de la compra, y no a posteriori, pero no fija un precio mínimo que garantice cubrir los costes. Antes al contrario, la UE planea la desaparición de las cuotas por países, lo cual es rechazado desde la COAG porque, según su secretaria general en Asturias, Mercedes Cruzado, “inundaría de leche los mercados y tiraría más por tierra los precios”.

José Ráez

¿La solución? Para muchos, como Leocadio Marín, es la concentración de la oferta, a fin de aumentar el poder de agricultores y ganaderos frente a las grandes superficies, siguiente así la estela de iniciativas como Tierra de Sabor en la leche de Castilla y León o de Interoliva Picual en el aceite andaluz. José Ráez objeta que los intentos de concentración no han fructificado hasta ahora y que, además, si se quiere pactar precios, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puede impedirlo. “Competencia nos tiene asfixiados y nos prohíbe unirnos para fijar precios”, denuncia Luis Carlos Valero, de Asaja. Para Ráez, la alternativa pasa porque los productores lleguen a controlar también la venta al consumidor, especialmente en la exportación a países emergentes. Pero esto es también un proceso lento. Por eso, Gregorio López concluye que la única solución urgente pasa por la fijación de precios mínimos por parte de la Administración, algo radicalmente contrario a la liberalización rampante.

Gregorio López

La propia Comisión de la Competencia vela por esa “libertad” del mercado y aunque reconoce el aumento del “poder negociación” de la gran distribución, no lo ve peligroso en cuanto al precio, sino por “determinadas prácticas comerciales usadas de modo general y simultáneo por los grandes distribuidores”. Según se cita en el reciente informe de Competencia sobre el sector alimentario, estas prácticas abusivas son los “pagos comerciales” (exigidos por las grandes superficies a los fabricantes de marca propia por la simple aparición en sus estantes), la no fijación por escrito de todas las condiciones contractuales y las modificaciones retroactivas no pactadas o no previstas, la excesiva antelación con la que los distribuidores solicitan información a los proveedores sobre determinadas características del producto, la exigencia a éstos de “información sensible” sobre sus relaciones comerciales con terceros y las cláusulas de cliente más favorecido.

Según la Comisión, todos estos “factores” que se dan en España “aumentan el riesgo de un efecto negativo del mayor poder de negociación de los distribuidores sobre la competencia y el bienestar de los consumidores en el largo plazo”. Fundamentalmente porque reducen la pugna entre marcas, con lo que se resiente la variedad y calidad de los productos, y desincentiva la innovación, ante el riesgo de copia.

Sin embargo, los consumidores, hasta ahora, se han visto favorecidos por el auge de las marcas blancas, al abaratarse su cesta de la compra. Ésa es al menos la sensación que percibe el comprador en cualquier supermercado. Entonces, la renta de agricultores y ganaderos, ¿se ha trasvasado a los consumidores? ¿O bien se ha quedado por el camino, en manos de intermediarios? Es cierto que, en los últimos dos años, el coste de la cesta de la compra en alimentación apenas ha subido un 0,2 por ciento, muy por debajo del IPC, según el Observatorio de Precios del Ministerio de Industria.

Sin embargo, el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elaboran conjuntamente la COAG, la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), revela otros datos. A febrero de 2012, el precio de los alimentos en nuestro país se multiplica por cuatro en el camino entre productor y el consumidor. Curiosamente, no se incrementan más los precios de los productos que necesitan mayor transformación en esa cadena, como son las carnes, sino viceversa. Las diferencias más desorbitadas se dan en los alimentos que apenas sufren cambios entre el campo y la mesa, como la cebolla, cuyo precio se multiplica por veinte, el de la patata, por diez, o el del limón, por ocho. Durante estos años de crisis, además, ese diferencial se ha agrandado, pasando del 4,3 de 2008 al 4,6 actual. El campo español sigue dando beneficios, pero su reparto es cada vez más desigual

Por EITB. Obdulia fue desahuciada de su vivienda hace un mes y hoy ha acudido al banco a renegociar un alquiler al que no puede hacer frente. Fue acompañada por el colectivo @IBAIAK de Afectados por la Hipoteca de Bizkaia. Obdulia perdió lo que tenía al avalar a su hijo. Más información

Una mujer intenta suicidarse en Donostia cuando iban a desahuciarla
La inquilina de una casa del barrio de Amara, en Donostia-San Sebástian, estaba inconsciente cuando la encontraron el abogado y el notario que acudieron a notificar el desahucio. La mujer dejó una nota diciendo que si la echaban de casa iba a suicidarse, y después tomó numerosas pastillas.

Multan a una anciana de 76 años desahuciada por encadenarse a una sucursal
El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha condenado al pago de multa de 20 euros y las costas del proceso a la anciana de 76 años desahuciada en diciembre de su casa en Níjar (Almería) tras avalar a uno de sus hijos por encadenarse durante dos horas a las puertas de una sucursal bancaria de la capital.

“¿Tienes un chaleco reflectante en el coche?”, le preguntaron a Paco Cebrián en su primer día de trabajo en la empresa Lesma Handling, encargada del trabajo en pista de la compañía aérea Ryanair. “Porque si es así empezamos ahora mismo”, le dijeron. “Y allí me vi en plena pista, junto a los aviones, descargando maletas, sin ningún tipo de formación y rodeado de compañeros que iban hasta en bañador, con los chalecos de sus coches,  sin uniforme alguno y sin ninguna idea de cuestiones de seguridad ni del oficio”, resume el trabajador de Lesma Handling que lleva ocho años en su puesto en el aeropuerto de Reus, en Cataluña.

“Desde entonces la situación ha mejorado, pero seguimos siendo la única compañía que conozco en España que descarga las maletas a mano porque nos dan tan poco tiempo y somos tan pocos trabajadores que usar la cinta mecánica es una utopía”, explica Cebrián. “El 95 por ciento de los vuelos los hacemos entre dos personas y contamos únicamente con 25 minutos por cada vuelo para rentabilizar al máximo los aviones. Otras compañías tienen como mínimo 45 minutos o una hora. Nosotros cargamos alrededor de 150 maletas a pulso. Para poder usar la maquinaria correspondiente necesitaríamos una tercera persona, pero la empresa se la ahorra. ¿Por qué gastar ese dinero si le dan igual nuestras lesiones? Yo ya he tenido seis bajas por la espalda desde que trabajo aquí”, explica.

Seguir leyendo.