Dos hijos de Peter Mcharo trabajan el campo de su padre en la aldea de Kibaigwa, en la región de Morogoro, a unos 350 kilómetros de Dar es Salaam. (Orton Kiishweko/IPS)

Considerada una posible solución a la inseguridad alimentaria y un mecanismo de adaptación al cambio climático en África, la labranza de conservación les permite a cultivadores de Tanzania, como Mcharo, obtener mejores cosechas.

El 22 de abril, el ministro de Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cooperativas, Christopher Chiza, instó a los pequeños productores del país a apelar a la labranza de conservación, sistema también conocido como “siembra directa” o “labranza cero”, que procura causar la mínima perturbación del suelo donde se cultiva.

Esta práctica emerge como una posible respuesta a la grave escasez de alimentos que sufren 47 distritos en esta nación de África oriental.

Las zonas tanzanas más afectadas son Kilimanjaro, Lindi, Tanga, Mtwara, Iringa, Kagera, Mwanza y Singida.

Mcharo, de la aldea de Kibaigwa, dijo a IPS: “En las cinco temporadas que usé este sistema confirmé que es mejor usar la labranza de conservación. Mis colegas en la cooperativa de la aldea y yo hicimos más ganancias por cada media hectárea que cuando cultivábamos una porción más grande de tierra”.

Mcharo integra junto a otros 30 agricultores de su aldea la cooperativa Umoja (“unidad”, en swahili), todos involucrados en la agricultura de conservación.

Estos son algunos de los varios productores del país beneficiados por un proyecto de labranza de conservación apoyado desde 1998 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El proyecto, administrado por el Ministerio de Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cooperativas, beneficia a unos 4.000 pequeños agricultores en las regiones centrales y norteñas de Morogoro, Kilosa, Mbeya, Arusha, Babati y Manyara.

Según un informe de 2007 redactado por Richard Shetto y Marietha Owenya en conjunción con la FAO y otros socios, titulado “Conservation Agriculture as practiced in Tanzania – three case studies” (La agricultura de conservación como se practica en Tanzania: Tres casos de estudio), subraya que la producción agrícola es la base económica del país.

Responde “por alrededor de la mitad tanto del producto interno bruto como de las exportaciones de mercancías. Alrededor de 80 por ciento de los 34,5 millones de habitantes del país, especialmente los que viven en áreas rurales y periurbanas, dependen de la agricultura para su subsistencia”.

La labranza de conservación es una práctica de producción eficiente que implica una mínima o ninguna perturbación del suelo, al que se le mantiene cubierto todo el tiempo, sea con la propia plantación o con una capa de residuos de anteriores cosechas.

Además, se aplica un sistema de rotación de cultivos y se reduce o evita por completo el uso de pesticidas, mientras se opta por otros métodos de protección orgánicos.

Asimismo, se hace énfasis en herramientas simples y de bajo costo, como sembradoras y arados impulsados por bueyes. El modelo Fitarelli de sembradora directa a tracción animal, una invención brasileña, se hace cada vez más popular en la agricultura de conservación.

En la última temporada de cultivos, Mcharo utilizó en su tierra de 1,2 hectáreas un arado que causa una alteración mínima en el suelo.

Sin emplear fertilizantes, sus cosechas aumentaron de 20 kilogramos de maíz cada media hectárea hace dos años a 50 kilos por media hectárea en noviembre de 2012.

También intercaló cultivos de maní con el maíz.

“Antes podía llegar a gastar más de 125 dólares en la preparación de mi pequeño terreno y comprando fertilizantes y semillas, pero cosechaba solo 15 kilos de maíz por cada media hectárea, y ganaba 106 dólares por ellos”, contó.

“Además de reducir los costos de producción, me di cuenta de que esta tecnología me ahorra más tiempo y es menos exigente”, añadió.

La práctica también mejoró su estilo de vida.

Mcharo ganó 250 dólares en su última cosecha, casi tres veces la del año previo. El agricultor, a cargo de una familia de nueve personas, contó que pudo colocarle a su hogar un nuevo techo con láminas de hierro, compró una fresadora y añadió otras 1,2 hectáreas a su tierra, donde comenzará a cultivar arroz la próxima temporada.

El ingeniero agrícola Mark Lyimo, del Ministerio de Agricultura, dirigió la fase inicial del proyecto de labranza de conservación.

Dijo a IPS que la siembra directa es una práctica que ha demostrado ser útil para combatir la degradación del suelo.

“Fue necesaria debido a la erosión del suelo y a la pérdida de fertilidad, que amenazan vastas superficies de las tierras agrícolas en África y, como consecuencia, la existencia de las granjas y de las familias rurales”, indicó.

“La tecnología se concentra principalmente en la producción sostenible a través de un sistema intenso de plantación donde se intercalan dos veces al año dos clases de cultivos, una legumbre y un cereal”, dijo Lyimo.

El Ministerio informó que, por lo general, las legumbres, los frijoles y el maní son intercalados en muchas plantaciones del norte y del centro del país.

Lyimo sostuvo que se debían redoblar los esfuerzos para demostrar que la labranza de conservación efectivamente funciona, y así cambiar la mentalidad de los agricultores, quienes por años han arado y desmalezado sus tierras.

Joseph Ndunguru, del tanzano Instituto Mikocheni de Investigación Agrícola, destacó que los suelos húmedos que son conservados con esta práctica generan mejores cosechas a lo largo de todo el año.

“El agricultor descubrirá que esta tecnología, además de reducir sus costos de producción, le ahorrará tiempo y será menos exigente”, destacó.

Damian Gabagambi, de la Universidad de la Agricultura de Sokoine, dijo a IPS que la práctica es también buena para los pequeños agricultores porque reduce la vulnerabilidad de los suelos ante las sequías.

Terminal portuario de Prodeco, filial de la suiza GlencoreXstrata, para su exportación de carbón, en la ciudad caribeña de Santa Marta. (Juan Manuel Barrero/IPS)

“Yo estoy desplazado acá por la minería, hace un mes. Me sacó de mi municipio la minería ilegal. No, no vaya a decir de dónde vengo. Mi nombre, menos”. Con el atemorizado hombre de piel azabache, de unos 40 años, IPS acordó decir solo que proviene del sur de la Costa Pacífica de Colombia.

Allí, en medio de una biodiversidad desbordante, entre la cordillera de los Andes y la costa oceánica campean las dos guerrillas izquierdistas activas, una que está en negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y la otra en plan de emprender un camino similar.

También operan grupos paramilitares de ultraderecha, que las autoridades llaman Bacrim (bandas criminales) tras una desmovilización negociada durante el mandato del presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Son el único sector armado en crecimiento.

En la actualidad, esos bandos se dedican a la minería del oro, actividad ancestral en el lugar. La producción y tráfico de cocaína no va más en el sur de la región conocida como Costa Pacífica, se asegura. “El negocio es el oro”, confirmó el hombre que se declara desplazado de su hogar.

Según sus datos, el oro genera hoy entre 13 y 23 veces más ganancia neta que la cocaína en el suroccidente colombiano, cerca de la frontera ecuatoriana.

Pero para dedicarse al oro hay que tener más capital inicial. Y la minería también trae conflictos. Muchos.

En los últimos 20 años, Colombia se transformó radicalmente al convertirse en un país minero y petrolero. Y la institucionalidad no se ha ajustado a esa nueva realidad.

Es la conclusión de los especialistas que hablaron para IPS en el marco de la presentación de “Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista”, el estudio más completo hasta ahora, primero de una serie de informes de la Contraloría General de la República, máximo organismo interno de control fiscal.

El economista Luis Jorge Garay dirigió durante seis meses el grupo de autores, integrado por los expertos Julio Fierro, Guillermo Rudas, Álvaro Pardo, Fernando Vargas, Mauricio Cabrera, Rodrigo Negrete y Jorge Espitia.

Los comentaristas durante el lanzamiento, el lunes 6, fueron Manuel Rodríguez, el exministro de Ambiente, Jorge Iván González, director del Centro de Estudios Económicos de la pública Universidad Nacional, y el jurista especializado en derecho constitucional Rodrigo Uprimny, director de la no gubernamental DeJusticia.

“Esta investigación es de la mayor importancia. Por primera vez aparece en un solo volumen la complejidad de la minería en todos sus aspectos: el ambiental, el social, el jurídico, el económico”, indicó Rodríguez.

“Nos indica que estamos encaminando el sector minero con muy poca consideración de los enormes costos sociales y ambientales que implica”, dijo.

La Constitución de 1991 establece una serie de derechos fundamentales que, sin embargo, se degradan a la hora de las normas mineras. Un funcionario de turno puede emitir una medida que contradiga la carta magna, pero es la que va a primar en la práctica.

“El Estado está renunciando, desde hace dos o tres décadas, a tener una participación en los recursos que genera la minería legal”, dijo el economista Rudas. “El problema no es únicamente la minería ilegal, sino la minería legal, que no está dejando réditos al país para que tenga un Estado fuerte, capaz de solventar los otros problemas”, argumentó.

La contralora general, Sandra Morelli, consideró que “el Estado colombiano se ha venido debilitando notablemente, y no es un tema de tamaño, sino de capacitación técnica y de facultades jurídicas para intervenir, de manera mucho más oportuna, para evitar afectaciones al interés público”.

La minería aporta anualmente a Colombia unos 1.100 millones de dólares, según la contralora. “La pregunta es si esa cifra está compensando el impacto de la actividad minera o no”, planteó.

En la actualidad, los principales rubros mineros de Colombia son el carbón, del que es décimo productor mundial, el níquel, en que ocupa el séptimo lugar, y el oro, en el puesto 22 entre los mayores países extractores.

“En Colombia se ha creado la idea de que hay que atraer la inversión extranjera dando dádivas. Falso. La inversión extranjera va donde hay los recursos, pero más donde hay reglas claras”, declaró Garay, el director del estudio.

“Este informe muestra que la minería, si bien tiene promesas, tiene también enormes peligros”, advirtió Uprimny. Ellos van de los ambientales, de afectación de pueblos indígenas y afrocolombianos, de disputa de la tierra a la agricultura, hasta la eventual intensificación del conflicto armado y el desplazamiento.

“Plantea algunas recomendaciones para fortalecer la normatividad ambiental y la capacidad regulatoria jurídica. Es un informe muy importante para enfrentar un país que se volvió minero”, añadió el constitucionalista.

“Se conceden licencias ambientales a todo el que las pida, solo se niegan tres por ciento de las solicitudes”, indicó Uprimny.

El desplazado, quien asistió al lanzamiento del informe, se incluye entre las minorías afectadas y en el tres por ciento rechazado. “A las comunidades afrodescendientes no se les otorgan títulos mineros. Se les dice que no cumplen los requisitos”, aseveró.

“Hay una coincidencia territorial, en términos geográficos, con fenómenos de desplazamiento”, advirtió el abogado y sociólogo Fernando Vargas, “y territorios donde hay solicitudes mineras o licenciamiento minero”.

“Sobre todo en territorios ancestrales, la explotación del oro está generando tensiones gravísimas y crisis humanitarias, violaciones al derecho internacional humanitario y violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos”, indicó.

Cuatro claves contra el modelo extractivista

Luis Jorge Garay, director del informe “Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista”, resumió para IPS sus cuatro claves.

PRIMERO: “A la luz de la Constitución de 1991 y la primacía de los derechos fundamentales, uno de los temas cruciales es cómo circunscribir y enmarcar la política minera, extractivista, dentro de la carta colombiana.

Si bien la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han avanzado, nos falta una jurisprudencia más taxativa, que nos permita hacer una jerarquización entre los derechos fundamentales, de las comunidades, sobre la propiedad del suelo y el de quienes reciben las licencias ambientales y mineras sobre la explotación del subsuelo. Esto no ha sido taxativamente tratado”.

SEGUNDO: “El impacto medioambiental, geofísico y geológico de la minería extractivista masiva, especialmente a cielo abierto, de carbón y oro, producen, de no ser bien controlados, daños ecológicos inconmensurables para varias generaciones”.

TERCERO: “Mostramos que la renta minera en Colombia está muy mal distribuida, en contra del Estado y de la sociedad y a favor de las empresas.

La tasa efectiva neta que pagan las empresas es solo cinco por ciento en impuestos. Las regalías son fijas y las más bajas internacionalmente”.

CUARTO: “Colombia no tiene un esquema de gobernanza ni una institucionalidad fuerte y sólida para desarrollar una minería necesaria, pero que sea suficientemente balanceada dentro de los propósitos económicos, sociales, políticos y culturales enmarcados en un Estado social de derecho”.

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El derrumbe del gran Rana Plaza, un edificio con cinco fábricas, enterró el 24 de abril una enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores bajo un bloque de cemento y vidrio. Había casi 1.000 personas muertas registradas el viernes 10, pero autoridades y familiares de las víctimas todavía cuentan los cuerpos y buscan a otros entre los escombros.

“Me desespera el futuro”, confesó Shapla, de 18 años. Un sentimiento que comparte con cientos de mujeres que, como ella, perdieron algún miembro aquel fatídico día.

Esta joven madre se recupera en un hospital de Daca de la amputación de una de sus manos. La consideran como una de las “afortunadas” por sobrevivir al derrumbe, pero ella se resiste a encontrar un lado bueno, pues su discapacidad seguramente le impida encontrar trabajo en el futuro.

Las mujeres, que constituyen 80 por ciento de la fuerza laboral en la pujante industria de la vestimenta de este país, fueron las más perjudicadas por la tragedia. Según los primeros datos conocidos, representaron también 80 por ciento de las personas que murieron o resultaron heridas en el desastre.

“Tienen una fuerte desventaja social y económica”, remarcó Mashud Jatun Shefali, fundadora y directora de Nari Uddung Kendra (Centro de Iniciativas de Mujeres).

La organización, dedicada a abogar por mejores condiciones de trabajo, ayuda a las sobrevivientes a superar el trauma del siniestro, indicó Shefali.

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Algunas “quedaron tan mal que dicen que nunca volverán a trabajar en una fábrica otra vez”, dijo Shefali . “Necesitan rehabilitación física y psicológica de largo plazo, y que sus familias y la sociedad las acepten como personas discapacitadas”, remarcó.

El lado oscuro de las fábricas

Bangladesh, donde la pobreza afecta a 49 por ciento de sus 150 millones de habitantes, desempeña desde hace una década un papel crucial en el comercio internacional al ofrecer una vasta mano de obra barata.

La industria textil bangladesí es la tercera mayor del mundo, detrás de China y Vietnam, con 20.000 millones de dólares al año, lo cual representa 80 por ciento del ingreso de divisas extranjeras al país.

Grandes compañías de Occidente o de ricos países asiáticos, como Japón y Corea del Sur, comenzaron a trasladar sus centros de producción a Bangladesh, cuando en los viejos polos productivos, como Tailandia, aumentaron los salarios.

Compañías como Gap, Primark, HMV, Walmart, Sears y American Apparel producen aquí ropa barata en masa, que luego se venden los países importadores.

Más de 5.000 fábricas, con 3,5 millones de trabajadores hacinados en altos edificios de Daca y sus alrededores, funcionan de forma ininterrumpida.

La plantilla de las empresas, de las grandes como de las pequeñas, son principalmente mujeres jóvenes de zonas rurales que emigraron a la ciudad con la esperanza de adquirir una capacitación a la que no acceden en las regiones agrícolas.

En la ciudad suelen vivir juntas en lugares pequeños y compartir el baño y los alimentos.

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Analfabetas y sin formación, las trabajadoras textiles tienen pocos medios para proveerse un ingreso estable. Su vulnerabilidad las convierte en presas fáciles de los empresarios, quienes arguyen que para seguir siendo “competitivos” en el mercado mundial deben gastar lo menos posible en mano de obra.

Shefali contó que las jóvenes suelen comenzar a trabajar como aprendices y no perciben un salario sino solo un estipendio que puede ser de apenas un dólar al mes.

Al año pasan a operar máquinas más complejas y cobran un salario regular, apuntó.

La mayoría de las mujeres cosen, lavan y empacan la ropa por el equivalente a 30 o 40 dólares, trabajan un promedio de 10 horas por jornada y los siete días de la semana. En cambio, los hombres suelen ocupar cargos más altos, como de control de calidad y de gerente.

El sector de la vestimenta es el que ofrece más cantidad de empleo y proporciona un salario a miles de mujeres. Pero en los últimos tiempos, una serie de tragedias subrayaron las duras condiciones de trabajo del rubro.

En noviembre, murieron unas 100 trabajadoras en el incendio de la fábrica Tazreen Fashion, ubicada a las afueras de Daca. Las sobrevivientes denunciaron que los gerentes las encerraron cuando trataron de escapar.

En el siniestro del 24 de abril, los responsables de la fábrica amenazaron con despedir a las empleadas que no se presentaran a trabajar, pese a la advertencia sobre la seguridad del edificio de ocho pisos, que solo tenía permiso de construcción para cinco.

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Una semana antes de la tragedia comenzaron a aparecer grandes grietas en los techos y los ingenieros advirtieron de que el derrumbe era inevitable.

La negligencia en materia de seguridad laboral es una de las tantas violaciones de derechos que sufren las empleadas de las fábricas. A veces deben cumplir turno de 14 horas para producir una partida que le generará un rápido beneficio a los propietarios.

Algunos activistas señalan que en un país musulmán con altos índices de pobreza, la industria textil ofrece a las mujeres una oportunidad para salir de sus casas y mejorar su estatus, pues pasan de trabajadoras del hogar a proveedoras de la familia.

La profesora Sharmin Huq, jubilada de la Universidad de Daca y especializada en discapacidad, teme que la discriminación social haga más complicada la vida de las mujeres.

También dijo que las generosas donaciones que llegan de países como Alemania y Estados Unidos para ayudar a los sobrevivientes deben canalizarse hacia la “gran cantidad de trabajadoras afectadas y ayudarlas a recomenzar sus vidas”.

Eso incluye desde la adquisición de miembros artificiales hasta atención psicológica regular para lidiar con el trauma de la tragedia.

(A.M. Ahad / AP Photo)

Capitalismo salvaje

Zahangir Kabir, propietario de Rahman Apparels, con sede en Daca, reconoció que las condiciones de trabajo del sector textil son muy duras, pero alegó que los empleadores están sometidos a “una fuerte presión”.

Arguyó que pequeñas compañías, como la suya, tienen la obligación de cumplir con altos estándares comerciales o asumir pérdidas enormes.

Kabir tiene dos fábricas, una que cose y otra que lava telas de vaqueros. Su plantilla de 500 personas, la mayoría mujeres, produce chaquetas y pantalones que venden en los mercados europeos y estadounidense.

Pero los estrictos estándares de calidad y plazos impuestos por las empresas matrices de Occidente son difíciles de cumplir en Bangladesh.

“Agitaciones políticas imprevistas y regulares cortes de electricidad hacen que no se puedan cumplir los plazos ni entregar productos baratos”, explicó.

Los proveedores bangladesíes trabajan por un prometido ingreso sustancioso, pero también enfrentan grandes riesgos en el “salvaje mercado capitalista”.

ATENCIÓN, FOTOGRAFÍA DE ALTO IMPACTO:

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(Taslima Akhter)

Taslima Akhter, a Bangladeshi photographer.

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Voluntarios en el banco de alimentos de Clay Cross, en Gran Bretaña (Lara Stanley/IPS)

Un relevamiento publicado en el sitio web Netmums concluyó que, con regularidad, una de cada cinco madres británicas no tiene qué darles de comer a sus hijos. Actualmente, miles dependen de organizaciones benéficas y bancos de alimentos de emergencia para alimentarse a sí mismas y a sus familias.

En los últimos 12 meses, The Trussell Trust, el mayor operador de bancos de alimentos en Gran Bretaña, dijo haber suministrado alimentos a 350.000 personas, lo que representa 100.000 más de lo previsto y supone un aumento de 170 por ciento en relación al año anterior.

Las personas recurren a bancos de alimentos por muchos motivos. Algunas están subempleadas, otras son víctimas de violencia doméstica. Otras sucumbieron ante usureros que se aprovechan de los pobres ofreciéndoles préstamos con intereses exorbitantes. Pero la mayoría están sin empleo, y les quitaron o recortaron los beneficios sociales a consecuencia de la arremetida del gobierno contra lo que considera una población de vagos y “parásitos”.

Todos estos factores alimentaron lo que The Trussell Trust llama una “epidemia” de hambre, que se vuelve cada vez más visible en localidades de todo el país.

Clay Cross, por ejemplo, es un pequeño pueblo de 5.000 habitantes en las colinas de la zona rural del norte de Derbyshire, que otrora fue un centro de la industria británica del carbón.

Como muchos pueblos y aldeas del área con un pasado extractivo, Clay Cross pasó épocas duras desde el cierre de su mina en los años 80, pero en los últimos tiempos las cosas empezaron a empeorar mucho más.

Una noche, IPS visitó el banco de alimentos local de The Trussell Trust, en la iglesia de Saint Bartholomew. En su interior, voluntarios exponían parte de las dos toneladas de alimentos donados por comerciantes durante una recolección de dos días en varios supermercados Tesco el fin de semana anterior.

El banco de alimentos se inauguró apenas en agosto de 2012, pero desde entonces atendió a 1.147 personas, y está abriendo otros en las cercanías.

Uno de sus clientes era David, quien ahora trabaja como voluntario para el Trust. Extaxista, durante 12 años se dedicó a cuidar de forma permanente y remunerada a su esposa discapacitada. Pero el año pasado, cuando ella falleció, perdió su salario de cuidador y permaneció siete semanas sin ingresos, mientras esperaba los beneficios por desempleo. En ese tiempo vivió gracias a tres sacos de provisiones que le dio el banco de alimentos, recordó.

Los retrasos en los pagos de beneficios son algunos de los motivos más comunes para que la gente recurra al banco de alimentos, y muchos de quienes lo hacen se sienten profundamente avergonzados y humillados.

El coordinador del proyecto, James Herbert, y su equipo, están dispuestos a superar estas reservas y a dar la bienvenida a quienes se acercan, pero también les indigna el hecho de que se requieran esos servicios.

“Es reprensible. El gobierno local y nacional debería estar avergonzado de dejar a las personas en una situación en la que tienen que depender de una organización benéfica para alimentar a sus familias”, planteó.

La mayoría de los usuarios del servicio llegan al Trust enviados por organizaciones de caridad o por agencias del gobierno, con cupones que les permiten retirar alimentos apenas tres o cuatro veces.

Bernard (nombre ficticio) acaba de llegar, enviado por primera vez de su centro de empleo local. Mentor voluntario de 38 años, trabajaba con jóvenes infractores, y gozó de beneficios por desempleo hasta hace dos semanas, cuando se los recortaron porque no se postuló a uno de los trabajos ofrecidos por su centro local de empleo.

Según él, nunca recibió el ofrecimiento, y apeló la decisión. Si tiene éxito, puede recibir un fondo semanal de 29 libras (45 dólares) por penurias económicas o la plena restauración de sus beneficios de 71 libras (110 dólares). De lo contrario, no recibirá nada por otras seis semanas, aunque vive en un apartamento sin gas, ni electricidad, ni alimentos.

“Si soy un parásito, soy un parásito, pero a fin de cuentas, ¿qué más voy a a hacer? ¿Voy a salir a robar para sobrevivir? Si en el siglo XXI, en una de las naciones más avanzadas del mundo, la gente tiene que acudir a bancos de alimentos, hay algo que no está del todo bien, ¿no?”, planteó.

Colin Hampton, coordinador del Centro para Trabajadores Desempleados de Derbyshire, coincidió.

“La situación es peor ahora que en los años 80. Las personas vienen a nosotros pidiendo alimentos en situaciones desesperadas, y nosotros las enviamos a los bancos de alimentos. Pero aunque apreciamos que la gente intente ayudar, nuestra mayor preocupación es que, a menos que expresemos nuestra indignación, esto se convertirá en la norma, y las personas necesitan preguntar por qué está ocurriendo esto”, dijo.

El primer ministro británico David Cameron elogió el trabajo de The Trussell Trust, pero los bancos de alimentos son consecuencia directa de políticas gubernamentales diseñadas para quitar beneficios sociales sin importar las consecuencias. El parlamentario laborista Peter Hain acusó al gobierno de “aterrorizar” a los desempleados de su distrito obligándolos a elegir entre morir de hambre y realizar trabajos malpagos.

El sistema de la Ley de Pobres, del siglo XIX, tuvo otrora una actitud similarmente punitiva y disuasiva hacia los trabajadores industriales pobres. Actualmente, el hambre es una consecuencia de la pobreza manufacturada en la séptima economía más grande del mundo, y los más vulnerables vuelven a ser victimizados y castigados.

En estas circunstancias, los bancos de alimentos pueden ser un sustituto conveniente de la asistencia reglamentaria, habilitando a los herederos políticos de la difunta (ex primera ministra) Margaret Thatcher (1925-2013) a despojar aún más la red de seguridad social partiendo de la idea de que la población puede estar hambrienta, pero por lo menos no se está muriendo de hambre.

Jefe de una familia huaorani recibe junto a su esposa e hijos a un grupo de turistas en la comunidad de Tigüino, dentro del Parque Nacional Yasuní. (Eduardo Valenzuela G/IPS)

Pero este derecho no está plenamente reglamentado, mientras sigue en debate el proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades.

El inciso 7 del artículo 57 de la Constitución garantiza la “consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente”.

El texto constitucional también da a estas poblaciones derecho a “participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna”.

“Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley”, añade.

La base jurídica de la consulta también se rastrea en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Ecuador ratificó en 1998, y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007.

Pero recientes proyectos mineros y petroleros pusieron a prueba la voluntad del gobierno de respetar la consulta, y en alerta a las organizaciones indígenas.

El 28 de noviembre de 2012, cientos de nativos llegaron a Quito a protestar con grandes carteles porque no hubo consulta antes de convocar la XI Ronda de Licitación Petrolera, que puso a disposición de capitales privados yacimientos que contendrían 1.600 millones de barriles de crudo.

En ese momento, Domingo Peas, líder de la nacionalidad achuar, aseguró que “el gobierno dice que ha realizado consulta previa, pero esto no es verdad”.

“Las consultas realizadas entre los pueblos y nacionalidades de las zonas de influencia son nulas porque su reglamentación no contó con participación de los pueblos y nacionalidades indígenas, no se respetaron sus métodos tradicionales de toma de decisiones y no se incluyeron procedimientos culturales adecuados, como el idioma”, agregó.

En síntesis, dijo Peas, “no son previas, no son libres, no son informadas y se han desarrollado con mala fe”.

El presidente de la influyente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, considera que el trabajo de las autoridades no es suficiente.

“La consulta previa está pendiente, todavía no tenemos los resultados que quisiéramos. Necesitamos que se apruebe la ley, con eso se avanzaría mucho”, dijo a Tierramérica.

El proyecto, de 29 artículos, se refiere a consultas sobre medidas legislativas y prevé cuatro fases: de preparación; de convocatoria pública e inscripción; de realización de la consulta, y de análisis de resultados y cierre.

De esta forma, el Estado determinará si un proyecto de ley afecta los derechos de cierta comunidad y luego la Asamblea Nacional legislativa convocará a una consulta prelegislativa que se ejecutará a través del Consejo Nacional Electoral.

Es clave que esta norma entre en vigencia, porque “garantizará a las nacionalidades indígenas su participación para decidir en futuras leyes que las afecten directamente, y así se evitará la falta de consensos”, dijo a Tierramérica la legisladora nativa Lourdes Tibán, del izquierdista y opositor movimiento Pachakutik.

Una vez en vigencia esa legislación, se podrán abordar proyectos de mayor interés, como la ley de recursos hídricos, cuyo debate se pospone desde 2010 precisamente por la resistencia de los pueblos indígenas, que exponen una preocupación central: que lo que propongan en la consulta prelegislativa no sean incluido en la redacción final de la ley consultada.

Lo mismo ocurre con otras iniciativas legales, como la de culturas y la de tierras.

He ahí el meollo del conflicto.

Un año atrás, el presidente Rafael Correa advirtió en uno de sus mensajes sabatinos que las organizaciones no gubernamentales “buscan que la consulta previa sea consulta popular y que sea vinculante; eso significa que para dar cualquier paso, vamos a tener que pedir permiso a la comunidad”.

“Eso es gravísimo, eso no dicen los tratados internacionales, no es velar por los intereses de las mayorías, sino de la unanimidad. Sería imposible gobernar así“, advirtió.

Ante esta afirmación, las organizaciones indígenas buscaron blindarse, solicitando a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OIT que supervisen la aplicación de la consulta previa.

De hecho, comunidades indígenas ya echaron mano a alguno de esos mecanismos. En 2003, el pueblo kichwa de Sarayaku denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por autorizar exploración petrolera en su territorio, sin contar con una consulta previa.

La comunidad, ubicada en la provincia amazónica de Pastaza, denunció daños en su territorio, cultura y economía. En junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado.

El gobierno todavía estudia cómo pagar una suma de 1.398.000 dólares de indemnización por daños materiales e inmateriales, costas y gastos del proceso, y cómo terminar de resarcir el daño.

* Este artículo fue publicado originalmente el 27 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

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“Es necesario ampliar la visión que hoy se tiene del trabajo y entenderlo no sólo en forma de empleo o desempleo, como ocurre por ejemplo con los trabajos de cuidado. No reconocer estas formas supone una visión sesgada de la sociedad”

“Sufrimos una cada vez mayor precariedad no sólo en el ámbito laboral, sino en otros aspectos de la vida, teniendo que aceptar más injusticias y menos derechos”

“No hay justicia en el acceso al trabajo, ya que gran parte de ese acceso se da de forma obligatoria, no por elección. Habría que empezar por realizar un reparto equitativo de los trabajos que resultan fundamentales para la sociedad”

“Estrategias capitalistas como la externalización o la incipiente subcontratación supone una disminución de la capacidad de defensa de los trabajadores”, R. Lleó

La corrala Utopía es un experimento pionero. Vecinas realojadas en pisos vacíos que quieren negociar un alquiler social. Hay ya 10 en toda Sevilla. Las ilustraciones forman parte de un reportaje que hizo en octubre de 2012 Inma Serrano.

En Vallecas, uno de los barrios más combativos de Madrid, hay un bloque de viviendas que lleva años vacío. Bueno, vacío no. “Allí se está dando uno de los procesos de ocupación más interesantes de Madrid, al ser transversal y variado. Así se logra que gente con más dificultades para ocupar –familias con niños o ancianos, gente sin papeles– puedan hacerlo”, comenta Gonzalo, un activista de la Asamblea de Vivienda de la capital que acaba de llegar de Sevilla. Allí pasó una semana, aprendiendo del movimiento de las Corralas, un experimento reivindicativo que se extiende como la pólvora. Un año después de que 20 familias (hoy son 36) se realojaran en un piso vacío del barrio de la Macarena, ya son 4 corralas más en Sevilla, otras 5 en la provincia y, desde hace un par de semanas, una más en Málaga (corrala Buenaventura). Casi todas tienen nombres tan importantes como la Utopía, palabras que permiten alumbrar que otro mundo es posible: Ilusión, Esperanza, Liberación, Unión, Libertad, Alegría…

Si las cifras que hunden el país son alarmantes (26% de paro, 21% de pobreza), en Andalucía superan lo catastrófico, con un 36% de paro y un 31% de pobreza. La tasa de desempleo juvenil roza el 65% y un tercio de los empleados son eventuales, o sea, precarios. Además, es la comunidad con más ejecuciones hipotecarias y acumula medio millón de casas vacías (3,5 en todo el Estado). “Allí la cosa está más jodida”, comenta Gonzalo. “En Madrid la gran mayoría de afectados por la hipoteca o el alquiler no ha traspasado la línea. Antes se prefiere ir con los padres o el hermano que hacer público tu caso y optar por la ocupación. Pero de aquí a un año, el colchón familiar se acabará rompiendo”.

Para este activista, hay otra razón por la que en Andalucía se están dando estos procesos que podrían tener otro equivalente en Cataluña, donde la Obra Social de la PAH ha “liberado” ya ocho bloques de viviendas en Sabadell para familias desahuciadas que piden alquiler social (incluso abren cuentas corrientes para depositar un 30% de sus ingresos y negociar uno de los tres puntos de mínimos de una ILP pisoteada en el Congreso, con la reforma de la ley hipotecaria que ahora se debate en el Senado).

“En Andalucía”, explica Gonzalo, “el movimiento por la vivienda está muy coordinado. Llevan luchando desde los años 80, mucho antes que V de Vivienda. En la Intercomisión de Vivienda [alma del 15M sevillano] trabajan muchos grupos [la Plataforma de Derechos Humanos –PDH–, la Liga de Inquilinos, los Puntos de Información de Vivienda y Encuentro –PIVEs–, la PAH, formada allí en 2012], cada uno centrado en un solo aspecto, y cuentan con planes anuales, mientras que aquí estamos debatiendo qué hacer mañana. Cada realojo de las corralas se prepara con cinco meses de antelación. Se debate de manera horizontal qué se permite y qué no, cómo comportarse, cómo repartir las tareas y convivir”.

El proceso de realojo de las corralas tiene en la ocupación de San Bernardo, 52 un referente claro (aquí un docu contando la historia). Antonio Buenavida, impresor en paro, fue uno de los promotores. No fue una okupación con k, de tipo cresta. Fueron 10 familias que malvivían en casas ruinosas por la desidia de los caseros en un barrio céntrico sevillano (San Bernardo) muy jugoso para la especulación inmobiliaria. Por ello, los poderes iniciaron en los 90 un proceso de gentrificación para desalojar a los vecinos de toda la vida y vender los pisos a gente con más dinero. Pasó décadas antes en Triana, de donde desalojaron a miles de gitanos que fueron a parar a las 3.000 viviendas, una barriada donde convive el arte flamenco, la droga y las mafias que controlan pisos enteros. En San Bernardo, además de dejar morir las casas, la presión tuvo un cruel protagonista: los asustaviejas, gente de promotoras haciendo mobbing inmobiliario, presencial y por teléfono. De esta forma, el barrio en 2005 sólo contaba con dos bares de siempre (en uno de ellos se rodó Solas) que terminaron cerrando, y con 200 personas de toda la vida. El resto se había ido. Ese año, Antonio, que acababa de montar la Liga de Inquilinos, maquinó la ocupación del nº52, que llevaba años vacío, tras cruzarse una mañana con Paco, que leía el periódico en una terraza. “Cómo está la cosa… ¡Terminaremos instalándonos en el nº 52!” Esa noche, Antonio no pudo dormir. Y empezó a organizarse. Llamó a activistas para apoyar la acción y ocupó el edificio con 11 familias de renta antigua cuyas casas, apuntaladas con barras metálicas, se caían a pedazos.

“Mi casa también era de renta antigua”, comenta Antonio en la terraza con plantas y huerto urbano del 2º piso del nº 52 de la calle San Bernardo, donde vive desde que lo ocuparon en 2005. “Pero pagaba 242 € por 40 metros cuadrados que se caían a pedazos. Estas cosas pasan con la renta antigua desde la ley Boyer de 1987”. Por la casa de este histórico activista por la lucha de la vivienda (protagonizó a finales de los 70 otro mítico realojo en Palma de Mallorca, Salvem El Puig, donde vivía a los 19 años), ha pasado mucha gente. Ha sido centro de reuniones de un sin fín de activistas, desde Ada Colau al abogado creador de los PIVEs (José Ignacio Aguilar) o a Ramón Fernández, el autor del libro El tsunami urbanizador, toda una biblia para los militantes de la vivienda.

Antonio recuerda con nostalgia la última lucha del barrio que le vio nacer. “Los primeros días fueron preciosos. Vino todo el mundo, trabajamos los medios con mimo, en ruedas de prensa con sus perejiles… Hasta instalamos una pantalla donde poníamos cine para el barrio, películas como La estrategia del caracol… Y aunque hayamos ganado, pues no hubo desalojo y la mitad de las familias tienen su caso normalizado y pagan alquiler social, el barrio se perdió. Antes era obrero y cohesionado, y ahora es más bien de élite. Nada que ver. Los vecinos entran y salen en coche de sus garajes y apenas hay vida comunitaria”.

Del salón, donde suena flamenco, saca a la terraza una inmensa carpeta azul con todos los recortes de una lucha, la del nº 52, que la prensa bautizó como la de las “abuelas ocupas”. Desgrana anécdotas de estos ocho años. “Simpatizo con la k de okupa pero a esto lo llamamos realojo reivindicativo. ¡Ya nos llamarán ellos okupas!”. Cree que habrá más procesos de ocupación en España como el de las corralas (al que le rechina algo su independencia y que “no naveguen todas por igual”) pero sabe que será complicado. “Hace falta mucha capacidad de comunicación e inteligencia emocional. Que la gente se empodere y haga suya esta lucha. Pero es difícil porque estamos hechos polvo”.

Ella es IRMA y vive en el tercero derecha, en la corrala Utopía, hace seis meses. Es asistente social y la que se encarga de las negociaciones como portavoz de la corrala. (Inma Serrano).

Comunicación e inteligencia emocional se ven a raudales en la corrala Utopía. Nada más llegar a este bloque aislado ­–vacío desde que se construyó hace tres años– se vislumbran sábanas que cuelgan de los balcones con mensajes de lucha. En el portal hay un cartel con el horario de limpieza y otro donde se detallan las reuniones semanales de sus comisiones: organización, comunicación, convivencia, dinamización, limpieza, acción política, recursos y mantenimiento. Te cambia el ánimo rodear el edificio y leer los graffitis que iluminan este símbolo que ha salido en periódicos de todo el mundo. “Ladran, luego cabalgamos”. “Chávez no ha muerto”. “Pueden cortarnos el agua y la luz, pero jamás las alas”. Un largo poema de Benedetti. O este último: “El poder de la fuerza o de la comunicación. ¿Elegimos?”. Y para comunicar con verbo ágil las razones de este realojo, baja a abrir la puerta Irma, asistente social en paro que vive en el 3º derecha con su amiga Montse, asistente social en paro.

Ella es MONTSE. Comparte piso con Irma. También es trabajadora social. También en paro. “Esto aparte de nuestro piso es el cuartel general. Es tímida y lo pasa mal mientras la retrato. “Nunca nadie me ha hecho un dibujo”. (Inma Serrano).

A principios de 2012, un grupo de afectados que se reunía en torno al PIVE del barrio de Macarena planteó la estrategia de realojo que se concretó en mayo. A los 15 días les cortaron luz y agua. “Al ser un edificio aislado nos vimos sitiadas. Cada vecino se las arregló con hornillos, generadores o velas. Y en verano lo pasamos fatal, imagínate, con ese termómetro marcado 49 ºC. Tras mucha presión, pusieron una fuente abajo. Es como un centro social, allí hablamos de nuestros problemas cuando bajamos con las garrafas”.

MANOLI habla muchísimo. Irma me ha traído a verla. “¿Qué capítulo quieres que te cuente de mi vida? Este es uno de muchos…”. Me cuenta sin pestañear todo lo referente a la historia de su piso en la corrala. Es el segundo derecha. Su hija también está en Utopía. “Sé desde el principio la situación en que nosotros nos encontramos. Yo no estoy aquí empeñá. Pero, hija, hay que vivir sin miedo. Si me llevan los municipales, pues que me lleven. Yo no he hecho ná malo. Pero hay que echarle coraje a la vida, y aquí estamos”. Manoli vive con sus dos hijos y su nieta Ainhoa. “Yo busqué de tó de tó pa que no subastaran el piso de mi hija. Pero nos quedamos sin dinero. La abogado del 15M nos dijo que nos teníamos que ir… y cuando vinimos sabíamos a lo que veníamos. Había luz y agua pero los albañiles habían picado las tuberías y hecho destrozos en las casas porque no habían cobrado un duro. Nosotros hemos arreglado los desperfectos, yo he puesto la encimera sola. Pero no pongo cortinas hasta que no tenga papeles por delante. Esto no es mío. Pero es absurdo que ellos me quiten mi casa y yo no pueda venir a una casa que está cerrada. Aquí me meto de momento”. Me da la sensación de que este capítulo de la vida de Manoli no es el primero ni va a ser el último. Es una mujer que lucha, acostumbrada a tirar p’adelante con lo que sea. Habla de política, de leyes, de las cosas de todos los días. Tiene opinión formada y clara. Si le vienen muchas más de estas, va a enfrentar la vida como hasta ahora. “Al toro por los cuernos”. (I. Serrano).

En el año que llevan los ataques no han cesado, sobre todo del Ayuntamiento (PP). Intentos de dividir a las vecinas ofreciendo a algunas otro realojo o amenazando con quitar ayudas o la custodia de los hijos. “Con tanto miedo y necesidad, las vecinas han sido de una firmeza maravillosa”, cuenta Irma (35 años). “Elegimos llamarla corrala porque no queríamos replicar una forma de vida sin reconocernos por los pasillos. Como decía una amiga, practicamos la revolución de la yerbabuena: poder pedirle azúcar o una ramita a tu vecina. Aquí vivimos 36 familias del barrio. Hay de todo: familias de tres generaciones (las de Ana y Manuela, las matriarcas), desahuciados con hipoteca, amigas como nosotras que no puede acceder a una vivienda, gente sola, desalojados de vivienda pública que pagaban 450 €… Quisimos hacer pública la ocupación para visibilizar este problema social que deja a la gente en la calle habiendo tantas casas vacías”. Y, para ello, tras ocupar el bloque se repitieron los escritos, manifestaciones y encierros para poder negociar con el Ayuntamiento, la Junta e IberCaja, propietaria del bloque tras quebrar la inmobiliaria. Han sido meses de tira y afloja que ahora parecen ver la luz tras la promesa del defensor del pueblo de que tendrían un año de alquiler social y tras las declaraciones a la SER del presidente de la entidad: “Preferimos que las viviendas estén ocupadas pagando una renta de 100 € que tenerlas deshabitadas”. Pero aun así (y aunque pactaron que no se adelantarían los trámites judiciales) los 56 vecinos declaran esta semana como imputados ante la jueza.

AINHOA es nieta de Manoli. Cuando llego está haciendo los deberes. Me hace gracia porque es viernes por la tarde. Me abraza sin conocerme de nada. Luego me pregunta: “¿Tú quién eres?”. Está esperando que la dibuje después de dibujar a su abuela. Pregunta todo el rato sobre lo que estoy dibujando. Dice que no le gusta el cole pero sí dibujar. Ella es una de los 70 niños que habitan la corrala. En el tiempo que llevan ahí, han nacido dos chiquillos. El último la semana pasada. (Inma Serrano).

Hay nervios, claro, pero saben que cuentan con la fuerza de la unión. Y no se van a rendir. Están presionando a la Junta andaluza (PSOE+IU) para que se declare el estado de Emergencia Habitacional (“que en el país haya un tsunami en el tema de vivienda es un marrón internacional” –cuenta Gonzalo en Madrid– “y judicialmente abre muchas posibilidades”) y por la presión de gente como ellas la Junta ha cambiado las leyes, estableciendo sanciones a los bancos con viviendas vacías por más de 6 meses o llegando a la expropiación. En Canarias (CC) han calcado esta reforma legislativa pues allá, asegura Irma, el movimiento ciudadano por la vivienda también es muy potente. “Nos van a tener de chivatos por la vida para que bancos e inmobiliarias sientan nuestro aliento en la nuca”, dice. “El decreto es un respiro importante. Hará que bajen los alquileres y abre nuevos campos de trabajo. Pero aún queda mucho para que la vivienda sea un derecho y no un negocio”.

Hace más de 10 años que los residentes del distrito de Mwenezi, Zimbabwe, no tienen agua corriente debido a la rotura de los pozos de la zona. (Jeffrey Moyo/IPS)

Para los pobladores del distrito de Mwenezi, 160 kilómetros al sudoeste de Masvingo, capital de la provincia homónima, la crisis hídrica no parece tener un final a la vista.

“Nos vimos obligados a convertirnos en hurgadores de agua y a depender de perforaciones que se rompieron hace 10 años”, dijo Mbweku.

Funcionarios del Consejo del Distrito Rural de Mwenezi, quienes pidieron reserva de su identidad, dijeron que de las 46 perforaciones, 26 se habían roto y no habían sido reparadas en los últimos 13 años.

La población local responsabiliza al Fondo de Desarrollo de Distritos (DDF, por sus siglas en inglés) y al Consejo del Distrito Rural de Mwenezi, responsables de reparar y mantener los pozos.

Pero funcionarios del Consejo dijeron que se necesitaban 12.000 dólares para reparar las instalaciones dañadas y que el DDF no tenía fondos.

Zimbabwe no se ha recuperado de la crisis económica. Entre 2003 y 2009, este país sufrió una de las peores hiperinflaciones del mundo. La inflación anualizada fue estimada en 231 por ciento.

Los economistas de este país de África austral atribuyen la profundización de los problemas hídricos a la partida forzosa de inversores agrícolas en la peor parte del controvertido programa de reforma agraria, a menudo violento.

El programa fue una iniciativa gubernamental que apuntó a recuperar las tierras que tenían unos 4.500 agricultores blancos y que fue llevada a cabo por veteranos de guerra molestos.

“La crisis hídrica es un problema nacional en Zimbabwe. Empeoró tras el caótico programa de reforma agraria de 2000, que derivó en una recesión económica. El país perdió fondos para mantener las perforaciones comunitarias cuando los agricultores comerciales fueron expulsados de sus tierras”, dijo el economista Kingston Nyakurukwa.

Con 70 por ciento de la población en zonas rurales es fundamental mejorar el acceso al agua, al saneamiento y a la higiene.

Aunque el Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña financió un programa rural de saneamiento y agua de 50 millones de dólares en 2012, concentrado en áreas propensas a la sequía, la mayoría de las zonas rurales de Zimbabwe tienen dificultades para acceder al agua potable.

“Tenemos que lidiar con la escasez de agua porque varios pozos comunitarios se rompieron y hace años que están sin uso debido a la mala situación económica del país”, dijo Dereck Siyaya, del departamento de agricultura del distrito rural de Guruve, en la provincia de Mashonalandia Central, en entrevista.

De acuerdo con un el estudio “Protección Social Adecuada para la Infancia en Zimbabwe”, publicado en 2010 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), casi la mitad de la población vive con menos de 1,25 dólares al día.

Un alto funcionario del Ministerio de Gestión y Desarrollo de Recursos Hídricos dijo que alrededor de 60 por ciento de las 2.714 bombas de agua de las zonas rurales estaban rotas.

Alrededor de 2,5 millones de personas, de los 12,5 millones que habitan este país, no tienen acceso al líquido vital. Funcionarios de la Oficina Nacional de Estadísticas de Zimbabwe dijeron que 56 por ciento de la población no tiene acceso a instalaciones sanitarias.

“Si no se toman medidas frente a la crisis hídrica se desatará en Zimbabwe una lucha por el preciado recurso. Debemos comprometernos para que el sector sea sustentable”, dijo el ministro de Gestión y Desarrollo de Recursos Hídricos, Samuel Sipepa Nkomo, en una cumbre sobre este tema realizada el 20 de marzo en la occidental ciudad de Bulawayo.

Un funcionario del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, que prefirió permanecer anónimo, dijo que los alumnos de escuelas rurales también se veían afectados porque dedicaban un tiempo considerable a la búsqueda de agua en vez de asistir a clases.

Zimbabwe suscribió en 2009 un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Instituto para el Desarrollo de Agua y Saneamiento, para suministrar agua potable. Pero el tratado todavía no ha sido implementado.

Para que Zimbabwe pueda alcanzar la meta de mejorar el acceso al agua potable, incluida en los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, debe invertir unos 400 millones de dólares al año, señala el informe de Unicef.

(Bostjan Videmsek)

por bostjanvidemsek.com

 En la noche del domingo del 24 de marzo, mientras las autoridades de Chipre elegían condenarse a los deseos de la troika, en torno a 2000 manifestantes proferían gritos antieuropeos frente a la Casa de Europa, en el centro de Nicosia. No hace mucho tiempo, este edificio tipificaba los valores cívicos y sociales más positivos de la región; ahora, sus puertas aparecen casi en ruinas, mientras son guardadas por miembros de las fuerzas especiales de la Policía. En la fachada cuelga una placa conmemorando la obtención del último premio Nobel de la paz por la Unión Europea. “Tu premio, la paz”, manifestaba con suficiencia.

“¡Europa, déjanos en paz!“, “¡Mantén tus manos fuera de Chipre!” y “¡Angela Merkel – el Cuarto Reich!” eran algunas de las opiniones expresadas por los manifestantes. Varios de ellos se apartaban de su camino para informarme de que Bruselas y Berlín, junto con las instituciones financieras internacionales, habían decidido iniciar una “blitzkrieg” (guerra relámpago) económica entre la Europa del norte y la del sur. En su opinión, el objetivo último de este conflicto no es sino transformar la región meridional del continente en una piscina estancada de mano de obra barata sin derechos, así como conformar un número de supuestas zonas de libre comercio que, perversamente, ayudarían a soportar al norte los costes de su competición con China. Ello, por supuesto, sólo sería posible si una parte de Europa, concretamente el sur, se convertía en una Pequeña China, una parte de Asia dentro de la Unión Europea. No es, pues, extraño que la retórica de las calles griegas y españolas se haya esparcido rápidamente por Nicosia, una ciudad con poca experiencia en tales protestas.Como de la noche a la mañana, las cosas se habían vuelto inimaginablemente difíciles. La crisis parecía dispuesta a convertirse en un estado permanente, y la última ganga ofrecida por Bruselas consistía en sumergir a un país entero en una forma moderna de esclavitud.

(Bostjan Videmsek)

“¡Lo que estamos viendo es algo completamente nuevo! Desde la invasión turca de 1974, en que mi generación fue consciente de que podría perderlo todo, nuestra calidad de vida no ha hecho sino mejorar. La gente joven no se hace a la idea de lo que es la pérdida: la idea de una crisis les deja pasmados y desorientados. Eso es una parte del porqué nuestra conmoción ha sido tan grande. Ocurrió de la noche a la mañana, pese a que ha habido gran cantidad de señales avisando de la tragedia. Aun así, nada podía prepararnos para un desastre de tal magnitud. Hace catorce días, cuando el presidente Nicos Anastasiades anunció que todos los propietarios de depósitos en bancos chipriotas perderían parte de sus ahorros, la gente se volvió loca. ¡Lo vieron como el anuncio de un robo!. Al final, el poder decidió que los pequeños ahorradores serían perdonados, si bien los ricos perderían una cantidad considerable de su patrimonio. Bien, ello bien podría ser visto como una medida correctora a corto plazo, pero también es seguro que destruirá nuestro sector bancario y por consiguiente toda nuestra economía, y las peores consecuencias están todavía por llegar. Mucha gente no se hace a la idea de lo que le espera. Quizá… quizá eso sea lo mejor”, afirma el dr. Sypros Syprou, profesor de antropología en la Universidad Europea de Nicosia.

El país podía haber sido paralizado y sus negocios haberse quedado estancados, pero la desesperación aún no había alcanzado sus calles y tabernas. A juzgar por los debates que alcanzaba a escuchar, parecía como si los habitantes de esta pequeña isla albergaran todavía alguna esperanza en despertar de la pesadilla, y que la película de terror dirigida por Berlin y Bruselas podría tener, de alguna forma, un final feliz.

No podrían haber estado más equivocados.

(Bostjan Videmsek)

“Durante veinte años, hemos estado viviendo una ilusión materialista. Vergonzosamente, no ha habido ningún signo de autocrítica. ¡Casi ninguno se hacía las preguntas correctas! Todos sabíamos que nuestra economía estaba basada en bajos impuestos y un sector financiero inflado que sólo crecía y crecía. Sólo era cuestión de tiempo que la burbuja estallase. Ahora, cuando ya ha ocurrido, la gente se prepara para perder sus trabajos, su dinero y su futuro. Seremos forzados a partir de cero, lo que habría sido difícil, pero no imposible. El problema es que toda la fe en nuestros políticos, así como en la Unión Europea, se ha esfumado -irremediablemente y con razón, podría añadir-. La idea de Europa, que ha sido construida en torno al principio de solidaridad, conoce un macabro final aquí en Chipre. Lo que la troika está tratando de imponer tiene poco que ver con la ayuda. Es chantaje, simple y llanamente, están tratando de subyugar a una nación por la simple fuerza. Los alemanes están actuando como un profesor que cree que puede golpear a cualquier alumno con una vara simplemente porque él es el profesor y goza de ese privilegio. Ésta no es la Europa que deseábamos, sino un club de políticos con una agenda política y económica cuidadosamente planeada.

El daño ya hecho es enorme. Bruselas y Berlín están decididos a continuar sus políticas de dominación a través de la arrogancia, y me temo que será necesario un largo tiempo para recobrar la idea de Europa, si alguna vez resulta posible”, dijo el profesor Syprou, quien se mostraba profundamente preocupado por el futuro de sus alumnos. Aquellos que ya se han graduado encuentran cada vez mayores dificultades en el mercado laboral. Ahora, según creía el antropólogo, resultará casi imposible conseguir trabajo… “Tras muchos años, experimentaremos una vez más una fuga de cerebros. Esto significa, irremediablemente, una enorme pérdida para nuestra sociedad, que tendrá que volver a los modos de vida tradicionales. También me asusta que la crisis pueda crear las condiciones para el surgimiento de movimientos políticos extremistas, como es el caso de los partidos fascistas aparecidos tras Amanecer Dorado en Grecia. Si eso ocurre, la Unión Europea será uno de los principales responsables”. O, como indicaba recientemente The Economist: “La economía en la eurozona está estancada. Los partidos que apoyan las protestas están creciendo. El euro fue creado como la manifestación de un gran proyecto político. Ahora es, por lo que parece, un matrimonio sin amor en el que el precio del divorcio resulta mayor que el de permanecer unidos.”

(Bostjan Videmsek)

Falta de autocrítica

“Nos hemos estado haciendo pocas preguntas. Permanentemente buscamos la culpa en el exterior; pero debemos admitir previamente que gran parte de la culpa de esta calamidad nos corresponde a nosotros“, me dijo Syprou en su oficina en la Universidad Europea. A pesar de la gravedad de la situación, la universidad parecía todavía rebosante de júbilo. Durante nuestra conversación, el profesor Syprou mencionó rápidamente cómo la sociedad chipriota había visto con alegría los tratos de las autoridades con Slobodan Milosević o la mafia rusa. A la gente de Chipre tampoco pareció importarle particularmente el que su país se convirtiera en una parte importante del proceso de venta de armas al régimen sirio de Bashar Al Assad (hay que darse cuenta de que Chipre es el único país de la Unión Europea que tiene frontera con Siria). Sin embargo, todo ello se encuentra lejos de ser la razón por la cual Bruselas y Berlín decidieron saquear este estado insular.

…

“Temo que nunca llegue a despertarme de esta pesadilla. Toda ella me recuerda a la ocupación turca de 1974. Por aquel entonces, mi familia fue privada de todo. Ahora, cuando nuestros ocupantes son las instituciones financieras internacionales, gran parte de lo mismo parece estar obligado a acontecer. Nuestros ahorros están en peligro -esto es algo de lo que la gente de toda Europa debería tomar nota-. Aparentemente, ya no hay reglas. ¡Es la guerra! Es algo horrible. Creo que no puedo ni pensar acerca de lo que está ocurriendo. ¡Menudo shock para todos y cada uno de nosotros! No creo que nadie pudiera esperar que tal desastre nos golpease de la noche a la mañana y nos robase el futuro. Mira, la gente de Chipre, todos estamos dispuestos a contribuir para salvar a nuestro país… Pero no así, no bajo los dictados crueles de las élites financieras internacionales. No hace tanto tiempo, la Unión Europea era una referencia absolutamente positiva para nuestra sociedad. ¡Ahora es una horrible amenaza, un ocupante, un agresor! ¡Y exactamente lo mismo podría decirse de Alemania!”, dijo la señora Despo Ioanou entre lágrimas. Hablé con ella durante las últimas manifestaciones. Lleva trabajando para el banco Laiki desde hace 35 años y no queda mucho para su jubilación pero, al igual que miles de compañeros, está segura de que perderá su trabajo”.

(Bostjan Videmsek)

La novia rusa

En una conferencia reciente en Nicosia, el ganador del Premio Nobel de Ciencias Económicas y presidente del Consejo de Economía Nacional, Christopher Pissarides, remarcó que no veía razones para que Chipre siguiera los dictados de la troika. “No soy capaz de comprender por qué el Eurogrupo bloqueó la financiación a Chipre cuando la mayor debilidad de su economía era su sistema bancario, al contrario de lo que ocurre en Grecia, un país que recibe una gran financiación por parte de la Unión Europea”, dijo el profesor Pissarides. “Luxemburgo es todavía más dependiente de los servicios financieros que nosotros, y todavía no he oído a nadie hablar de ello. No estamos buscando un préstamo de Alemania, sino del sistema euro, que debería ayudar a nuestros bancos. ¿Podría ser explicado el tratamiento de Chipre por la Eurozona partiendo del hecho de que muchos rusos, que no son queridos por los ministros europeos, usan bancos chipriotas? Cualquier miembro de la Eurozona debería encontrar ofensiva la postura del Eurogrupo hacia Chipre. La fuente del problema en Chipre, y en Europa en general, es el asunto de la supervisión bancaria, el cual nunca fue solucionado, sino simplemente dejado a cada Estado, causando una crisis de confianza”, es la opinión de un chipriota laureado con el Nobel.

Pissarides también cree que Chipre podrá emplear sus grandes reservas de gas natural cercanas a su costa meridional para recuperarse. Pero, en el mejor de los casos, ese gas no entraría en el mercado internacional antes de 2019. Para entonces, Chipre se habrá convertido en un país del tercer mundo en busca de nuevos aliados fuera de la Unión Europea. Un primer candidato sería Rusia, quien ya ha colonizado la isla turística y financieramente. Los ciudadanos rusos tienen en torno a 30 billones de euros en cuentas bancarias chipriotas actualmente congeladas. Pero, hasta ahora, el gobierno ruso no ha ofrecido mucha ayuda. Los potentados del Kremlin son bien conscientes de que, aun a costa de grandes pérdidas económicas, tiene más sentido mantener buenas relaciones con Alemania que tratar de resolver un problema muy posiblemente irresoluble en Chipre. Ésta, la irresolubilidad del problema, era más o menos la idea de Hermes Solomon, un comentarista del diario Cyprus Mail, publicado en inglés. De acuerdo con él, la votación del parlamento chipriota de tan rotundo “NO” a los recortes de las cuentas bancarias no era sino una táctica para comprar por más tiempo a las élites locales y para hacer saber a Rusia que, si es apropiadamente motivada, Chipre se mantiene dispuesta a proteger sus activos.

(Bostjan Videmsek)

“Votar NO fue simplemente un show destinado a tranquilizar a la gente de la calle y a retener la mayor cantidad de dinero ruso posible”, cree Solomon. No tardó en añadir que, días antes de la erupción de este último episodio de la blitzkrieg financiera, una gran cantidad de dinero ruso ya había dejado la isla y se hallaba ahora en Letonia, Malta, Zürich y Londres. Para Solomon, el actual paquete de austeridad estaba destinado a fracasar, ya que se había encajado tan rápidamente que rayaba el pánico. “El fondo de solidaridad resultará un fracaso total. Nadie estará lo suficientemente loco como para confiar su dinero al gobierno. Robar a Petros para ayudar a Pavlos no es la solución. Todo ello acabará en lágrimas. Ahora se ha creado un absoluto desastre, y la confianza en nuestros bancos y autoridades se ha agotado definitivamente”.

Solomon continuó explicando que no era, bajo ningún concepto, partidario de las políticas europeas oficiales, si bien también expresó la creencia de que sus compatriotas harían bien en despertarse y ser conscientes de quién era el mendigo y quién el jefe. “Aquí, en Chipre, nadie está preparado para pagar el precio de nuestros errores políticos y financieros. Siento que se está cociendo una gran tragedia. Entre otras cosas, la tasa de paro alcanzará cotas astronómicas. Es demasiado tarde para gritar y protestar ahora. Deberíamos habernos enfrentado a nuestra propia corrupción y despilfarro hace años. Ahora es tiempo de poner los pies en el suelo”.

“¡Tratan de convertirnos en esclavos!”

Desde hace varios años, Manolis Mihalis trabaja para el Banco de Chipre. Su posición le ha permitido un asiento de primera fila para contemplar el ascenso y caída del sector financiero más pretencioso de Europa. Claro, asintió cautelosamente, la crisis financiera global se dio a conocer aquí, pero ni siquiera en sus sueños más aterradores esperaba el Estado hallarse en bancarrota de la noche a la mañana. “Llegó completamente fuera de contexto, la estupefacción fue total. Todos estábamos sorprendidos, por decir algo. Durante los años en que he ido ascendiendo a una posición considerablemente alta en el banco, debería haber oído algo, o al menos haber tenido un indicio, pero no. Cierto, no estábamos haciendo las cosas bien desde hacía un tiempo, pero tras estos diez días de presión internacional, todo lo que nos queda es un funeral masivo“.

Hablé con Mihalis en un café en el centro de Nicosia. Parecía visiblemente alterado y furioso, aunque no estaba tan preocupado por su futuro profesional, ya que su suegro posee una gran granja de cerdos, pero sí lo estaba por el futuro de sus amigos, compañeros y de todo el país. “Hemos sido totalmente despojados de nuestra soberanía. No tenemos más alternativa que doblegarnos a los dictados de la troika. Si nuestros políticos fuesen mejores negociadores, habríamos logrado un mejor trato que esta rendición incondicional, pero así es… Está teniendo lugar una guerra económica en Europa y habrá numerosas víctimas, exactamente igual que en una guerra convencional. Ahora mismo, nos encontramos indefensos, nuestro adversario es demasiado fuerte. La situación es verdaderamente trágica”.

(Bostjan Videmsek)

Manolis interrumpió nuestra conversación, ya que tenía prisa por llegar a una protesta. Al marcharse, dijo: “creo que en torno a 10.000 personas están a punto de perder sus trabajos en los próximos días. Seguramente, el banco Laiki se irá a la ruina, y probablemente también el mío. Después, el resto de ellos seguirá el mismo camino. El efecto dominó arruinará nuestro país. Una vez que se pierde la confianza, es imposible recuperarla. Las empresas extranjeras abandonarán nuestro país. El malestar social acabará estallando, y ello supondrá el fin de la tercera rama más importante de nuestra economía, el turismo. No dentro de mucho, toda la isla será un yermo. Han decidido destruirnos. En mi opinión, no se trata tanto del dinero ruso como del gas natural. Si se nos permitiera aprovecharlo y venderlo al extranjero, nos habríamos convertido en una economía fuerte por propio derecho. No pueden dejar que eso ocurra, ¿verdad? Es difícil imaginar cómo será Chipre dentro de un año, pero hoy es el primer día del resto de nuestra vida. Desde el día de hoy, para todos nosotros, ¡cada euro cuenta!”

Según Mihalis, Berlin y Bruselas están usando Chipre como un laboratorio en el que comprobar los límites de resistencia de una sociedad entera. “Es un experimento a gran escala, y nuestras manos están atadas, no hay nada que podamos hacer. Vamos a convertirnos en una supuesta zona de libre comercio, una pequeña porción de Asia o África dentro de la Unión Europea”. En claro contraste con el resto de sus compatriotas, Mihalis se negó a poner una pizca de esperanza en Rusia. “Los rusos también están jugando su propio juego geoestratégico. Nunca dejarán de lado a la Unión Europea o a Alemania en nuestro beneficio. ¿Por qué deberían hacerlo? No fueron los rusos los que nos metieron en este lío, fueron nuestros propios políticos, los de derechas e izquierdas, todos ellos mintiendo por sus bocas. Nos recuperaremos fácilmente, nos dijeron. No habrá recortes, vuestros ahorros son inviolables, la troika está aquí para ayudar, somos demasiado importantes para que nos den de lado… ¿Sí? Bien, míranos ahora; mira la situación sólo unas pocas semanas después de las elecciones”.

(Bostjan Videmsek)

…

“¡Desastre! ¡Difícilmente puedo creer en lo que está ocurriendo! Quieren destruirnos y convertirnos en sus esclavos. Todo este tiempo, conocían perfectamente lo que estaba pasando en nuestros bancos. Ambos, Alemania y la Unión Europea dieron su aprobación explícita. ¡Dejaron que nuestros políticos nos desangraran y traicionaran horriblemente! Todo lo que pueden hacer ahora es enterrarnos”, me dijo una mujer llamada María en una manifestación masiva organizada por los trabajadores del sector bancario chipriota. Había sido empleada del banco Laiki. Cuando hablé con ella, era algo bien sabido que ese banco jamás abriría sus puertas de nuevo. A causa de la caída del Laiki, que seguramente será seguido por otros muchos bancos, en torno a 8.000 personas estaban a punto de perder sus trabajos. “¿Qué ocurre con mi familia?”, imploraba Maria. “No tengo ahorros. Incluso si los tuviera, me sería imposible acceder a ellos. Tengo un gran crédito hipotecario, y en cuanto me despidan no podré hacer frente a mis pagos nunca más. Mi hermana trabaja para el banco de Chipre, al igual que su marido. Ambos perderán su trabajo tarde o temprano. Todo el sistema bancario está a punto de venirse abajo. Nosotros, la gente normal, seremos abandonados sin nada. Han arruinado nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? No hay forma de combatir a nuestros ocupantes”.

La muerte de la idea de Europa

En Chipre, la dictadura de los mercados financieros internacionales en conjunción con las élites políticas de ciertos países centroeuropeos, está perfilando la historia. La idea de una Unión Europea, que todavía hace unos años significaba un modelo de esperanza para la llamada Nueva Europa, ha recibido un golpe del que nunca se podrá recuperar.

“¡Ésta es la Unión Alemana, no la Unión Europea!”, grita un hombre enfadado en la plaza de Nicosia el mismo jueves en que los bancos se disponían a reabrir sus puertas. Ninguno de mis interlocutores chipriotas tardó en plantear la idea de que la tan cacareada solidaridad europea se había ido. En las calles de Chipre, al igual que previamente en las de Grecia o España, la palabra Europa es tan sólo un insulto un poco más suave que el de Alemania o troika.

(Bostjan Videmsek)

Aquí, en el acosado sur, una convicción gana fuerza día tras día: la de que los países ricos del norte de Europa han decidido tirar de las riendas de la deudocracia y convertir a cierto número de antiguos países soberanos en sus colonias, para así ser capaces de competir con China. Ciertamente, parece como si los principales hombres y mujeres del centro de Europa hubieran decidido deshacerse de lo que consideran como peso muerto. En esta empresa, son ayudados por la manipulación de las instituciones financieras internacionales y unos medios de comunicación absolutamente corruptos que insisten en la idea del vago y hedonista sur, incluso cuando las estadísticas oficiales revelan una verdad muy diferente. El primer paso de este proceso masivo fue dado el 1 de enero de 2007, cuando tanto Rumanía como Bulgaria fueron admitidos dentro de la Unión Europea, dos gigantescos pozos de mano de obra barata, con ciertas similitudes asiáticas en lo que se refiere a su legislación, sobre todo en lo concerniente a derechos de los trabajadores.

Hace diez años, los optimistas suponían que el crecimiento económico de China la acercaría a la Unión Europea en lo político. Ahora, es evidente que ocurre precisamente lo contrario. En Grecia, tras seis años de irreversible sometimiento a la esclavitud, el proceso se encuentra cerca del final. El precio del trabajo, del poco trabajo que queda, ha caído en picado. Las nuevas generaciones, en ninguna manera culpables de los pecados de sus élites políticas, han sido privadas de un futuro. Todo lo que les ha sido enseñado acerca de Europa se ha revelado como una farsa despreciable. El sur de Europa está siendo gobernado por un sistema de leyes completamente diferente a las del norte. Pero, al menos, el norte ha acabado mostrando su verdadera cara, que desde luego no es democrática ni compasiva. Es, más bien, la de unas fauces ulcerosas que, entre otras cosas, son responsables del imparable alzamiento del neonazismo en Grecia.

Por bostjanvidemsek