Miel argentina, producida y exportada bajo las normas del comercio justo

“Una de las ventajas del comercio justo es la estabilidad de la demanda, sostenida pese a la crisis” en países desarrollados, aseguró Javier González, gerente de la Cooperativa Agropecuaria y Apícola Norte Grande, en la provincia de Tucumán.

Esta cooperativa, de unos 130 socios, está situada en el norte del país y produce entre 60 y 100 toneladas anuales de miel, de las cuales 90 por ciento se exportan a la Unión Europea y a Estados Unidos por canales de comercio justo.

Norte Grande tiene la certificación desde 2007, pero como el volumen todavía es bajo no puede exportar directamente, sino que lo hace a través de empresas más grandes, que también forman parte de la cadena de comercio justo.

“Este año nuestra producción de miel va a ser un poco más mediocre por diversos problemas locales, pero en 2011 creció casi 70 por ciento en volumen respecto de 2010, y los valores también subieron”, declaró González.

El productor explicó que el comercio justo tiene “múltiples ventajas” para su sector. Argentina se ubica entre los primeros productores y exportadores mundiales de miel junto con países grandes como China y Estados Unidos.

“El apícola es en general un sector muy competitivo, complicado, con mucha informalidad (laboral), y al pequeño productor se lo avasalla, por eso las condiciones del comercio justo nos benefician”, remarcó.

El comercio justo es una forma alternativa y sustentable de comercio, en la cual los productores pequeños, asociados en cooperativas o en empresas con responsabilidad social, certifican las condiciones bajo las cuales elaboran sus productos.

Tienen que cumplir con normas tales como una remuneración adecuada de sus socios o empleados, condiciones dignas de trabajo, y requisitos ambientales como el uso racional del agua o de los plaguicidas.

La certificación es otorgada por la organización Fair Trade International (Comercio Justo Internacional), a partir de una serie de auditorías. Entonces se abre la puerta a un mercado específico de consumidores comprometidos con esta filosofía.

“Esto surge en países desarrollados como una forma de cooperación”, dijo el ingeniero agrónomo Mariano Salerno, de la Fundación Fortalecer, un organismo que brinda capacitación y asistencia financiera a productores de comercio justo.

“En lugar de otorgar subsidios, los consumidores conscientes de países desarrollados, con buen poder adquisitivo, reconocen el valor de esa certificación y entran al circuito asegurando la demanda”, añadió.

Para Salerno, esta demanda es muy estable porque se basa en relaciones cercanas y duraderas. “En los últimos informes vemos que el comercio justo crece más lento que como lo venía haciendo, pero crece y se sostiene porque es un nicho específico”, dijo.

El ingeniero recordó, además, que para obtener la certificación, las decisiones de la cooperativa o la asociación de productores tienen que ser tomadas en forma participativa y democrática, y también se exigen requisitos ambientales.

“Debe haber un uso mínimo de agroquímicos y un adecuado tratamiento de los residuos entre otras variables que se auditan”, remarcó. Pero la tarea rinde frutos. “En el circuito de comercio justo, la producción es más lucrativa”, aseguró.

Con el respaldo de la fundación, que desarrolla desde comienzos de 2010 un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones, Argentina vive un gran auge del sector.

Actualmente hay 19 organizaciones de productores que tienen certificación para exportar y hay otros cuatro en proceso de integrarse. Hasta el momento, unos 583 productores y trabajadores rurales se beneficiaron de este programa.

De acuerdo a un informe de Fortalecer difundido el último día de enero, Argentina ya exporta té, uva, miel y arándanos a través de canales de comercio justo. También está en proceso de certificar manzanas, naranjas, mandarinas y peras a partir de este año.

Ese incremento de los bienes exportables certificados de comercio justo permitirá al sector crecer 40 por ciento en 2012, vaticina la Fundación. Pero, además, destaca que avanza también el reconocimiento de múltiples productos de comercio justo para el mercado local.

Son bienes que no cumplen con los requisitos de exportación, pero sí con los criterios de sustentabilidad ambiental y social. Para ellos, Fortalecer creó una certificación exclusiva para el mercado interno.

Este reconocimiento también depara ventajas para los pequeños productores de dulces, conservas, quesos, vinos, aceite de oliva y miel que se organizan en cooperativas, adquieren la capacitación y empujan la expansión del mercado interno.

Entre las ventajas del comercio justo, González mencionó el precio diferencial que se obtiene mediante una “prima social”. Es un monto de cinco a 15 por ciento del valor del producto, que se paga para que el productor reinvierta en su negocio.

Señaló también ventajas financieras, el trato equitativo y justo en toda la cadena de comercialización, la estabilidad de la demanda y la metodología participativa y democrática dentro de la cooperativa, que exige la certificación

http://cuatrosemanas.periodismohumano.com/2012/02/01/8-final/XX

La guerra contra el terrorismo dejó a miles de lisiados en Pakistán. (Ashfaq Yusufzai/IPS)

El programa comenzará en marzo compilando datos sobre la cantidad de personas con lesiones causadas por la guerra en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y en la vecina Khyber Pakhtunkhwa (ex Provincia de la Frontera Noroccidental), explicó Mahboob ur Rehman, director del departamento de fisioterapia del Complejo Médico de Hayatabad en Peshawar, la capital provincial.

“Planificamos mejorar los servicios de rehabilitación física para las víctimas del terrorismo con el fin de evitarles una discapacidad permanente”, dijo.

El conflicto armado de una década dejó a miles de personas lisiadas por explosiones, bombas y ataques de aviones no tripulados. La mayoría de las víctimas necesitan prótesis y ortopedia para volver a caminar, indicó.

Con base en estadísticas de los hospitales estatales, Rehman dijo que 35.000 personas murieron en la guerra, y 60.000 quedaron gravemente heridas. Unos 10.000 pacientes necesitan rehabilitación, añadió.

Mohammad Haris, cirujano ortopédico del Hospital Lady Reading de Peshawar, señaló que hay mujeres, niñas, niños y ancianos que perdieron miembros y están inmovilizados.

“Necesitan sillas de rueda, muletas y otro tipo de ayuda. La mayoría son pobres y no pueden pagar una costosa rehabilitación de las instituciones privadas”, indicó Haris. Muchas ignoran que los hospitales estatales y talleres ortopédicos ofrecían tratamiento, agregó.

Irfanullah, de 22 años, perdió ambas piernas en un ataque de mortero en Waziristán del Norte en octubre de 2011, y espera ansioso el inicio del programa.

“Necesito prótesis para caminar y manejar la frutería” familiar, señaló. “A mi padre, gravemente herido hace un mes, le tuvieron que amputar la pierna izquierda y también necesita una”, apuntó.

Shagufta Bibi, de 38 años y con tres hijos, habría quedado postrada de no ser por la prótesis que le colocaron. “Estaba sentada en el jardín de mi casa cuando un talibán tiró una granada y me hirió gravemente la pierna derecha”, dijo la mujer originaria de Swat.

El movimiento islamista afgano Talibán se refugió en las áreas tribales de Pakistán tras ser expulsado en 2001 de Kabul por la fuerza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), liderada por Estados Unidos. Una vez allí, comenzó los ataques contra fuerzas pakistaníes, mercados y edificios estatales con el fin de imponer su ideología fundamentalista.

El nuevo programa, con un presupuesto de 1,2 millones de dólares, cubrirá, entre otros costos, los de prótesis y sillas de ruedas. El gobierno japonés prometió accesorios por dos millones de dólares, que los beneficiarios recibirán en forma gratuita.

“Decidimos contratar fisioterapeutas y especialistas en ortopedia en los hospitales de los distritos de Khyber Pakhtunkhwa y FATA. El proceso de recuperación comienza con la intervención quirúrgica, la rehabilitación médica y física e incluye capacitación vocacional y apoyo para buscar trabajo”, explicó un funcionario.

Los hospitales públicos ya tienen instalaciones de fisioterapia, pero la rehabilitación de paraplejías y hemiplejías solo es posible con apoyo de organizaciones privadas especializadas.

Los departamentos de Salud, Bienestar Social y de Mujeres, así como organizaciones religiosas de beneficencia, también colaborarán con la iniciativa.

La necesidad de un programa para lisiados se hizo evidente por primera vez tras el terremoto de 2005, que dejó a miles de personas gravemente lesionadas. El programa vinculará fisioterapeutas con especialistas en cirugía, ortopedia, neurocirugía y otras disciplinas en hospitales especializados.

Se creará un centro de rehabilitación con 20 camas en el Complejo Médico de Hayatabad para pacientes con parálisis. Por ahora no hay unidad interna de recuperación en el sector público, aunque hay un centro, muy limitado, para atender paraplejías.

El Complejo de Fisioterapia Habib, una institución privada con 15 camas y una unidad para atender apoplejías, firmará un acuerdo con el gobierno para coordinar la labor de instituciones públicas y privadas.

Miles de niños y niñas que quedaron con secuelas de poliomielitis también se podrán beneficiar del programa, según las autoridades.

(THP)

“Es un banco único porque está dirigido por mujeres y apoya a mujeres, especialmente a las que se dedican a la agricultura. Movilizamos a las mujeres y las alentamos a combatir el hambre y la pobreza ahorrando y accediendo a pequeños préstamos”, dijo la gerenta de la cooperativa, Rose Nanyonga.

A diferencia de los bancos comerciales, la institución es propiedad de las mujeres que participan en su crecimiento, explicó.

“Nuestras integrantes compran acciones en el banco, así que son sus dueñas y obtienen dividendos al final de cada año”, dijo Nanyonga. También son mujeres las siete integrantes de la junta directiva.

Los servicios no se limitan al crédito. A la entrada se ofrecen a la venta insumos agrícolas, linternas e incluso paneles solares.

Joel Komakec, del Hunger Project, dijo que su organización busca asegurarse de que las clientas compren las semillas y los equipos correctos con el dinero que se les prestó.

“Con la actual crisis energética que padece el país, todos se apresuran a comprar paneles solares. Pero puede ocurrir que quien saca un préstamo apenas alcance a comprar un equipo de baja calidad. Así que nos aseguramos de que obtengan el correcto”, explicó.

La directora de The Hunger Project en Uganda, Daisy Owomugasho, dijo  que el programa de microfinanzas de la aldea es parte de una estrategia que se promueve en Uganda y en otros ocho países africanos.

(THP)

“El crédito que obtienen bajo la forma de microfinanzas tiene por objetivo ayudar a las comunidades a cultivar alimentos, o a acceder a insumos, o a semillas mejoradas, o a cualquier otra cosa que puedan necesitar. Lo vemos como un enfoque integrado para poner fin al hambre y la pobreza de la población”, planteó Owomugasho.

Los hombres también pueden solicitar préstamos, aclaró. Las comunidades obtienen capacitación para manejar y usar efectivamente el crédito para salir de la pobreza.

“Pero nos dimos cuenta de que para dar poder a las mujeres también es necesario que ellas se hagan cargo de los créditos. Se les enseña contabilidad y conocimientos bancarios para que puedan manejar ellas mismas los bancos rurales”, describió Owomugasho.

Los seis bancos no solo obtienen ganancias, sino que registran una proporción de devoluciones de los préstamos, porque sus integrantes sienten que son sus dueñas, agregó.

A 14 kilómetros de Wakiso, una cabina de metal azul brinda servicios bancarios a las áreas rurales que rodean Kikandwa Parish y zonas aledañas. La administra Aisha Nansuna, quien recolecta los depósitos diarios y facilita los retiros cuando las clientas no pueden viajar hasta la oficina central.

Esta cabina ayudó a arraigar la cultura del ahorro en las mujeres rurales de Wakiso, dijo Nansuna.

“Una ve mujeres que traen hasta la suma más pequeña para ahorrar porque el banco está cerca”, añadió.

Nansuna también es beneficiaria del banco. Detrás de la cabina se encuentra su bien abastecida tienda de medicinas.

“Me he beneficiado mucho con nuestro banco. Empecé con un préstamo para avicultura, y luego solicité 1.500 dólares que usé para instalar esta farmacia”, relató.

Con el dinero que gana ha logrado enviar a uno de sus hijos a la universidad.

Otra beneficiaria, Dorothy Kabajungu, de 50 años, dijo que estos bancos cooperativos cobran intereses menores que los comerciales.

“Ahora pagamos 20 por ciento de interés, y nos dan un periodo de 10 meses para devolver la suma. Me dicen que los otros bancos cobran alrededor de 30 por ciento por los préstamos”, señaló.

“Este banco es muy bueno porque es nuestro. A las aldeanas nos gusta mucho porque no nos presionan demasiado para pagar”, dijo.

Kabajungu empezó solicitando 125 dólares, que invirtió en aves de corral. Cuando lo pagó, le concedieron un crédito más grande, de 500 dólares, que también invirtió en avicultura, pero a la vez usó para iniciarse en la venta de leña.

“Decidí dedicarme a este negocio porque el carbón es muy caro y hay demanda de leña”, explicó,  añadiendo que en los cursos de capacitación le enseñaron a identificar y dar seguimiento a una necesidad.

Gracias a esa formación aprendió a sobrevivir incluso en tiempos difíciles, dijo Kabajungu.

Una niña que perdió una pierna a causa del terremoto en Haití, aprende a caminar con una prótesis (Williams Daniels / Handicap International)

Esta vendedora ambulante de 38 años todavía vive en un campamento ubicado junto al derrumbado Palacio Nacional de Puerto Príncipe. “Dos años después del terremoto, me resulta difícil hablar sobre nuestras condiciones de vida”, dijo. “No tenemos una vida linda (…) En esta tienda vivimos como perros. Nadie me ayuda a cuidar a mis hijos. Cada día tengo que caminar por las calles vendiendo cosméticos, y espero poder mantenerlos de esa manera”, agregó.

Al cumplirse, este jueves 12, el segundo aniversario del terremoto que afectó a alrededor de tres millones de personas en lo que ya era el país más pobre de América, St. Juste no se mostró optimista. “Las cosas están empeorando para quienes vivimos en los campamentos. Si yo tuviera los medios (para irme), no me quedaría aquí”, expresó.

De las tiendas a los tugurios
De los 1,3 millones de personas que hace un año estaban refugiadas en unos 1.300 campamentos, ahora quedan unas 500.000 en 750 campamentos. Sin embargo, según investigaciones de Haiti Grassroots Watch y otros, la mayoría de quienes se fueron de los campamentos están de regreso en tugurios insalubres. Muchos habitan actualmente viviendas dañadas durante el terremoto y señaladas como “rojas” por los ingenieros, lo que significa que deberían ser destruidas.

Otros se ubican en precarias laderas, en refugios caseros improvisados, en casuchas de concreto muy mal construidas, o en uno de los aproximadamente 100.000 “refugios transicionales”, que iban a durar tres años y a edificarse con unos 200 millones de dólares de asistencia.

Muchos más millones costó mantener los campamentos. Se gastó relativamente poco en reparaciones y viviendas nuevas, aunque algunos proyectos pequeños -400 casas aquí, 1.000 allí- están actualmente en obra.

Según la Fundación de las Naciones Unidas, desde el terremoto la ONU y sus socios brindaron a 1,5 millones de personas refugio, agua limpia y acceso a letrinas, y a 4,3 millones de personas le dieron asistencia alimentaria. También donaron 1,5 millones de equipos de emergencia y salud reproductiva, y a 750.000 niños les dieron educación y útiles escolares gratuitos. Además, apoyaron la retirada de más de la mitad de los escombros.

Un análisis de la consultora independiente GiveWell concluyó que se recaudaron o comprometieron 5.200 millones de dólares, y que unos 1.600 millones se desembolsaron hasta ahora en esfuerzos de alivio y recuperación.

Sin embargo, Renel Sanon, organizador y secretario ejecutivo de la Force for Action and Reflection on the Housing Issue (FRAKKA, por su acrónimo en creole), dijo que la situación socioeconómica de la mayoría de los desplazados en realidad empeoró. “No hubo ninguna mejora en sus condiciones de vida, pese a las sumas exorbitantes que se gastaron”, sostuvo, agregando que solo se han creado más tugurios en la capital.

Antonal Mortiné, secretario ejecutivo de la Plataforma para la Defensa de los Derechos Humanos, que agrupa a varias organizaciones haitianas, dijo que el gobierno y sus socios violaron sistemáticamente el derecho a la vivienda. “Los desplazados (…) son totalmente excluidos. Cuando el Estado hace sus planes, no los tiene en cuenta en absoluto”, señaló.

Marie Felicia Felix, una discapacitada de 41 años, vive en un “refugio temporal” de la Cruz Roja/Medialuna Roja, en un campamento instalado en el viejo aeropuerto militar llamado “Airstrip Camp”. El 12 de enero de 2010 perdió una pierna. “Vivo mejor aquí que cuando vivía en una tienda en el Campamento Jean-Marie Vincent. Aquí me siento bien. No me preocupo cuando llueve”, dijo. “Por supuesto, no tenemos mucha infraestructura, como electricidad o agua, aunque de todos modos es mejor que antes. Pero no ve ningún esfuerzo real de parte de las autoridades por reconstruir realmente el país”, añadió. “De hecho, los discapacitados somos olvidados cuando se toman las grandes decisiones. Ninguno de nuestros líderes vino jamás a visitarnos aquí”, planteó.

La cantidad de discapacitados que dejó el terremoto varía según los informes, pero algunos señalan que se realizaron 4.000 amputaciones en los días posteriores al desastre.

Handicap International informó que colocó unos 1.500 aparatos ortopédicos y distribuyó unos 5.600 implementos para ayudar a la movilidad, como bastones. La entidad destacó que algunos haitianos discapacitados todavía no han recibido las prótesis y terapias de rehabilitación necesarias.

Epidemia de cólera sin fin a la vista

El problema sanitario más acuciante es la persistente epidemia de cólera, que estalló en octubre de 2010 y es la peor registrada en la historia moderna. “A mediados de diciembre de 2011, registramos 525.000 casos y 7.000 muertes en Haití, y 21.000 casos y 363 muertes en República Dominicana”, con la que Haití comparte la isla La Española, dijo el 6 de este mes Jon Andrus, director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud, en una conferencia de prensa de la ONU. Cada día hay 200 nuevos casos de cólera, enfatizó.

Según el Center for Economic Policy and Research, con sede en Washington, numerosos estudios científicos hallaron un claro vínculo entre la cepa del cólera que afecta a Haití y los cascos azules apostados en una base en Mirebalais, cerca del río Meille, donde se inició el brote.

Aunque se prometieron miles de millones de dólares para las tareas de alivio y reconstrucción, un análisis publicado a comienzos de enero concluyó que apenas un uno por ciento llegó al gobierno haitiano.

Miembros de la comunidad Kadokoi muestran cómo utilizan el sistema de irrigación por goteo para cultivar verduras. (Protus Onyango/IPS) .

Tanto en el ámbito rural como urbano, muchos kenianos se ven obligados a caminar 30 kilómetros o más para recolectar agua de ríos, arroyos o pozos. Más de 80 por ciento de los 40 millones de habitantes de este país del Cuerno de África no tienen acceso directo a agua potable, según la Organización Mundial del Agua. Los que viven en las secas regiones norte y este, así como en el valle del Rift, pasan días sin agua para uso doméstico y para el ganado, principal sostén económico del país.

Los enfrentamientos en los puntos donde hay agua son habituales, y las mujeres que deben salir a altas horas para recolectarla corren riesgo de ser violadas. La carencia de ese recurso vital “está asociada con la alta tasa de mortalidad entre niños y niñas menores de cinco años, principalmente debido a las enfermedades que se transmiten por el agua como la diarrea, la malaria y la disentería amebiana”, explica el médico Joram Mwangi, del Hospital Moi de Enseñanza y Derivación, de la occidental ciudad de Eldoret. La mayoría de los kenianos deben administrar lo poco que tienen de agua para cocinar y bañarse.

“Lavar y bañarse es un problema. A veces pasamos hasta tres días sin ducharnos, porque el agua es muy cara. De hecho, más cara que la comida”, cuenta la aldeana Gaudensia Achieng, de Kondele, en las afueras de la ciudad de Kisumu y cerca del lago Victoria. Paradójicamente, el Victoria es el segundo lago más grande de agua dulce del mundo.

El Ministerio de Agua e Irrigación transfirió la administración y la operación de los servicios a las Juntas de Servicios de Agua en 2005. El gobierno ha sido culpado por el fracaso del sistema. “El gobierno debería recolectar agua de lluvia, que se desperdicia durante la temporada de precipitaciones, y usarla con fines domésticos y agrícolas”, opina el profesor de conservación ambiental Martin Keya, de la Universidad Jomo Kenyatta de Agricultura y Tecnología.
“También debería conservar sus torres de agua, que se erosionan diariamente, y desalentar la subdivisión de la tierra, que afecta el suelo y hace que la población se traslade a los bosques”. Añadió que el gobierno debería capacitar a los pueblos nómades en prácticas de irrigación, proveerles insumos agrícolas como fertilizantes y semillas, y trabajar con organizaciones no gubernamentales, comunidades y cooperativas para cavar pozos en todo el país.

Residentes de la aldea de Ekero extraen agua de un pozo comunitario. (Protus Onyango/IPS)

Gracias a la intervención de la organización ActionAid, toda una división del valle del Rift tiene agua, y ahora sus habitantes se pueden dedicar a la agricultura. La felicidad está escrita en el rostro de Loice Kitilil, una de los residentes de la división Tangulbei. Atrás quedaron los días en los que debía caminar hasta 20 kilómetros en busca de agua, cargando a su hijo en la espalda. Cansada de las duras condiciones de vida en la división, Kitilil se unió a otras 27 mujeres y 22 hombres para crear el programa comunitario Kadokoi en 2009.

Tangulbei es una zona seca del valle del Rift, a unos 350 kilómetros de Nairobi. La división tiene 40.000 habitantes. Las divisiones y los distritos son unidades administrativas de Kenia. Una sequía en la zona mató a varias personas y animales. Los habitantes son nómadas que dependen del ganado para su subsistencia. A las mujeres no se les permite tener propiedades y deben quedarse en sus hogares criando a los hijos y realizando tareas domésticas. En este contexto, el grupo comunitario de Tangulbei decidió, a través de su comité, presidido por Philemon Akwija, solicitar ayuda a ActionAid.

La organización respondió cavando un pozo y proveyendo un tanque de agua y paneles solares, en tanto que los miembros del grupo aportaron piedras, arena y balasto para construcción. Finalmente, más de 3.000 familias pudieron recibir agua potable. “Fue como un milagro para mí. No podía creer que ahora podía caminar solo 20 metros para conseguir agua, en vez de 20 kilómetros que solía recorrer antes”, dijo Julia Montii, directora del grupo.

Pero los “milagros” no terminaron allí. A comienzos de 2011, funcionarios de Sistemas Agrícolas de Kenia, una organización local especializada en agricultura, llegó con más buenas noticias. Le informaron al grupo que podrían utilizar el agua en sistemas de irrigación. “No sabíamos nada de agricultura, pero los funcionarios de ActionAid y de Sistemas Agrícolas nos enseñaron lo básico y nos dijeron que adoptáramos un sistema de irrigación por goteo, que según ellos era ideal para nuestra zona”, recuerda el vicepresidente del grupo, William Akeno. “Nosotros entonces recolectamos el dinero para alquilar un tractor con el fin de cultivar una hectárea cerca del pozo”, agregó. El grupo luego recibió semillas del gobierno, y ahora la granja produce cebollas, tomates y coles. “Empezamos a recolectar nuestras cosechas el mes pasado. Somos los únicos proveedores de cebollas, coles y tomates en toda la división. Ganamos un promedio de 700 chelines (8,25 dólares) a diario. A veces vendemos y a veces le damos los vegetales gratuitamente a nuestros miembros”, indicó Motti.

Esther Orot, integrante del grupo, es ahora una mujer muy feliz. “Mi familia solía pasar hambre durante días por la falta de verduras. Teníamos que pedirle al conductor de un matatu (minibus) que nos comprara verduras en Marigat, a 80 kilómetros de distancia. A veces los pasajeros del minibus no regresaban, o volvían diciendo que no habían encontrado verduras y que el dinero se había perdido”, contó a IPS.

Durante una visita al sitio del proyecto, el consejero internacional de ActionAid para Emergencias y Conflictos en África Oriental, Central y Austral, Geoffrey Okoth, elogió los resultados. “Es un modelo exitoso que podemos replicar en toda la región para fortalecer la capacidad de las comunidades contra desastres como el hambre. Si plantando una hectárea puedes cosechar esto, entonces significa que con buenos métodos agrícolas se puede obtener más”, dijo a IPS.

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Instituto Amal para Huérfanos. (Eva Bartlett/IPS)

Un pequeño automóvil de carreras a control remoto está encima de una mini computadora portátil en la casa donde vive. El armario está lleno de ropa, una sopa hierve en una espaciosa cocina y la mesa de madera del comedor está llena de frutas de estación.

Yousef, de siete años, no está descalzo porque sea pobre, como la inmensa mayoría de los niños y niñas de Gaza. Es que vive en un poblado de la organización no gubernamental internacional SOS Children, con sede en Rafah, que le ofrece vestimenta, zapatos, útiles escolares, todas las comidas y una vivienda segura.

Su casa, una de las 14 del poblado donde residen 111 huérfanos, es nueva, tiene mucha luz natural y es más grande que las apretadas viviendas de los campamentos de refugiados, donde vive más de 75 por ciento de la población gazatí.

Yousef, su hermano y hermana menor son parte de los 53.000 niños huérfanos que, según la cadena de noticias Al Jazeera, hay en la franja de Gaza. Otros 2.000 más quedaron en esa situación tras el ataque de Israel contra este territorio, de fines de 2008 a principios de 2009.

Un huérfano en Gaza es aquel niño o niña que perdió a su padre o a ambos, pues los hombres son los tradicionales proveedores del hogar.

El padre de Yousef murió de causa natural y su madre perdió una pierna durante el último ataque israelí de tres semanas. Si no fuera por SOS Children, el pequeño y sus hermanos no hubieran tenido más alternativa que sumarse a la cantidad de niños y niñas vendiendo baratijas en la calle o revolviendo basurales en busca de objetos que se puedan vender.

“La familia ya era muy pobre. Pero ahora su madre no tiene forma de ganar dinero ni de cuidar a sus hijos”, señaló Samar, empleada del poblado de SOS en Rafah, en la frontera con Egipto. Los niños no hubieran terminado la escuela, cuanto menos estar bien atendidos.

Gracias a las donaciones, niños como Yousef pueden vivir en el poblado de SOS, ir a la escuela, adquirir habilidades para su futura independencia y tener paga la universidad. También reciben atención médica, les fomentan el contacto con otros menores que no son huérfanos y visitan a su familia los fines de semana.

“Sus madres pueden visitarlos aquí cuando quieren”, indicó Samar.

La necesidad de recursos es inmensa, ya sea para la casa o la institución. Algunos programas, como el de Dar el Yateem, ayudan a huérfanos a permanecer con la familia. Con sede en Deir Al Balah, la organización tiene ocho dependencias en la franja de Gaza que les ofrece transporte a la escuela, uniformes, útiles escolares y las comidas diarias.

En las vacaciones musulmanas, la asociación da alimento a los huérfanos y a familias pobres, y organiza actividades para los niños durante todo el año.

Hay organizaciones de beneficencia islámicas que cumplen papeles similares en Gaza patrocinando niños y niñas y ofreciéndoles asistencia de emergencia.

Las necesidades de los huérfanos gazatíes aumentaron de forma tan drástica en los últimos años que hay muchas más organizaciones internacionales ayudándolos a ellos y ahora también a las madres viudas.

“Uno de los problemas que tenemos es que la gente suele concentrarse solo en huérfanos cuyos padres sufrieron el martirio de los ataques israelíes”, indicó Hazem Sarraj, presidente del Instituto Amal para Huérfanos de Gaza.

“Pero tenemos muchos más cuyos padres fallecieron por causas naturales o por problemas relacionados con el bloqueo que sufre Gaza. Mucha gente padece depresión por nuestra situación aquí. Alguna se muere de eso”, relató.

Otros problemas de salud que acarrea el sitio es la falta de permisos para pacientes que necesitan tratamiento fuera de Gaza, accidentes o incendios por el mal uso de generadores durante los cortes de electricidad, y hombres y jóvenes que mueren en túneles derrumbados o se electrocutan por las malas conexiones en esos pasajes subterráneos estrechos.

“Tenemos 120 huérfanos de entre cinco y 18 años viviendo en nuestro Instituto”, indicó Sarraj. “Comen y duermen aquí, van a la escuela y visitan a sus familias los fines de semana”, apuntó.

Hasta que muchos países cortaron relaciones con Gaza tras el bloqueo impuesto por Israel a principios de 2006, el Instituto Amal, creado en 1949, funcionaba bien y ampliaba sus programas.

“Las nuevas iniciativas se terminaron con el comienzo del sitio”, indicó Sarraj. “Los edificios que tenemos los construimos antes del bloqueo con dinero del Banco Islámico de Desarrollo, de organizaciones no gubernamentales extranjeras y de donantes”, puntualizó.

El Instituto cubre las necesidades de los huérfanos en materia económica, educativa, médica y social. Pero a Sarraj le preocupan las finanzas actuales.

“Tenemos recursos muy limitados. ¿Sabe lo que cuesta mantener a 120 huérfanos, darles comida, ropa, medicamentos y todo lo que necesitan?”, preguntó.

“Tenemos que pagar el salario de nuestros empleados. Somos independientes y no tenemos afiliación política, pero el bloqueo nos castiga a nosotros y a nuestros huérfanos. Antes del sitio recibíamos más donaciones, pero ahora son muy pocas”, se lamentó.

El Instituto sigue funcionando y ofrece atención de calidad y otras actividades adicionales como posibilidad de practicar artes marciales y música, y programas diarios para más de 500 niños y niñas de la ciudad que no son huérfanos.

Además ofrecen atención psicológica para atender los problemas que afectan especialmente a los huérfanos, como todas las organizaciones de beneficencia.

“Seguimos padeciendo el último ataque contra Gaza”, se lamentó Hazem Sarraj. “Vivimos en una pesadilla”, remarcó.

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