El secretario de Estado (ministro) de Defensa, Pedro Argüelles, argumentó ante el Parlamento que los objetivos del gobierno son “ajustar las cuentas públicas y recuperar la imagen del país en el exterior“, lo cual depende de su capacidad para cumplir con los pagos comprometidos, muchos de los cuales corresponden al área de defensa.

El recorte de fondos para el Ministerio de Defensa, aunque de menor cuantía que en otras áreas, igual implica la reducción del número de militares y de programas de armamento. La dotación para 2012 contempla un máximo de tropa y de marinería de las Fuerzas Armadas de 81.000 efectivos, 2.000 menos que en 2011. Los programas especiales de armamento son los más afectados al bajar de 204 millones de euros (270 millones de dólares), en 2011, a menos de cinco millones de euros (6,6 millones de dólares) este año.

Esa cifra es “mínima y solo para poder cubrir los gastos operativos que nos corresponden por la participación en las distintas agencias internacionales”, explicó Argüelles. Por ello no se prevé atender ningún programa de compra de armamento, salvo las partidas para el avión de combate europeo Eurofighter EF-2000, para el cual el Ministerio de Industria aportó 309 millones de euros (409 millones de dólares).

Según informó Argüelles, la cartera a su cargo acumula una deuda de 27.000 millones de euros (35.794 millones de dólares) a pagar hasta 2025, relacionados con programas especiales de armamento. De esa deuda, una cuota de 2.370 millones de euros (3.141 millones de dólares) se debe abonar este año. También se contempla gastar este año 766 millones de euros (1.015 millones de dólares) en misiones en el exterior.

España participa en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de apoyo al gobierno afgano, en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano, en la operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Cuerno de África y en la Misión de Entrenamiento Militar de la Unión Europea (UE) en Somalia. También lo hace en el contingente de la UE estacionado en Bosnia-Herzegovina y en Active Endeavour, la operación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el mar Mediterráneo. Además de estos destinos, también se dispusieron 94,3 millones de euros (125 millones de dólares) para financiar las operaciones en Libia.

Ante estos ajustes más benévolos con el área de Defensa, la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de España (CONGDE) protestó por el drástico recorte de partidas para la cooperación al desarrollo de los países del Sur. “Existen opciones” para mantener las políticas públicas que garantizan las pensiones, la sanidad o la educación, así como la cooperación. En un comunicado público, la entidad indicó que se pueden equilibrar partidas como las más abultadas “destinadas a los gastos militares o la inversión en el rescate a entidades financieras”.

En el presupuesto aprobado para este año, la dotación de fondos para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación cayó 54,4 por ciento respecto del año anterior, el mayor recorte de todo el presupuesto. Bajó de 2.646 millones de euros (3.481 millones de dólares) a 1.205 millones de euros (1.585 millones de dólares), según datos oficiales.

“Todo el sistema de cooperación está en entredicho”, declara la presidenta de la CONGDE, Mercedes Ruiz-Giménez. Estos “recortes indiscriminados tendrán impacto en la ayuda a millones de personas”, advirtió. “Recortar (en cooperación) es una opción extremadamente dolorosa, pero la otra, a lo mejor, es recortar pensiones o cerrar ambulatorios”, dijo el ministro García Margallo.

Los argumentos de Margallo son “demagogia” pura, respondió Ruiz-Giménez, porque “no se trata de enfrentar las políticas sociales en España con la ayuda a sectores empobrecidos de los países del Sur”.

La activista se pregunta “por qué no se han hecho recortes más drásticos en otros ministerios”, y advirtió que “la cooperación no es una limosna ni un lujo para épocas de bonanza, sino una responsabilidad ética” que debe ser garantizada.

Los fondos destinados a la cooperación internacional se redujeron este año 1.389 millones de euros (1.840 millones de dólares) respecto de 2011. Así la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo recibirá 594 millones de euros (790 millones de dólares), 57 por ciento menos que en 2011.

Estas cifras dan que esta asistencia al Sur en desarrollo implicó en 2011 solo 0,29 por ciento del producto interior bruto (PIB) de España, cuando la promesa del anterior gobierno, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, era llegar a 0,7 por ciento. “La cooperación ha sido hasta ahora la mejor embajadora de España en el mundo”, destacó Ruiz-Giménez. En la coyuntura actual es necesario “controlar el gasto y ser austero”, admitió, pero no a costa de “limar los pilares de la democracia” con “recortes indiscriminados”.

Zimbawe (AP Photo)

Este país de África austral registró más de 3.000 casos de esa enfermedad desde marzo. La fiebre tifoidea se transmite al consumir agua contaminada con heces de una persona infectada. La mayoría de los casos se registraron en Harare y hubo al menos dos muertes.

La defecación en lugares abiertos sigue siendo una práctica muy utilizada en este país, lo que preocupa al gobierno. El ministro de Recursos Hídricos, Samuel Sipepa Nkomo, criticó estas arraigadas costumbres en la población. ”Tenemos un gran problema con la defecación al aire libre, y debemos unirnos para afrontarlo”, dijo.

Zimbabwe pagó un alto precio por sus limitadas inversiones en programas de saneamiento y agua entre 2008 y 2009. Más de 4.000 personas murieron desde entonces de cólera, y más de 100.000 fueron infectadas por la mala higiene y la falta de retretes.  El cólera también se transmite por la ingestión de alimentos o agua contaminada con heces de otra persona infectada.

“La propagación del cólera reveló que nuestra higiene era mala y que no nos estábamos lavando las manos con regularidad”, señaló el director ejecutivo del no gubernamental Instituto de Desarrollo del Agua y el Saneamiento, Noma Neseni.  El experto afirmó que el mayor desafío era cambiar la actitud de la población. “No nos estamos concentrando en la promoción de la higiene, sino en la infraestructura, y no debería ser así”, sostuvo.

Tomando como base las últimas estimaciones, de 2010, Zimbabwe necesita incrementar de 52 a 77 por ciento su cobertura de saneamiento en áreas urbanas, y de 32 a 68 en las zonas rurales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio.

“Si hay una práctica constante de lavarse las manos, nadie sucumbirá ante las enfermedades”, aseguró Neseni. ”Tenemos más desarrollo de infraestructura, pero la infraestructura sin la actitud necesaria no logrará mucho. Necesitamos tomar conciencia sobre la higiene. Parte del problema es que consideramos el saneamiento y el agua un dominio del gobierno. Necesitamos que el sector privado trabaje en sociedad con todos” los actores, afirmó.

Estos temas fueron analizados el viernes 20 de este mes en la segunda reunión de alto nivel en Washington de la alianza mundial “Saneamiento y agua para todos”, auspiciada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La cita reunió a más de 60 ministros responsables de agua, saneamiento y finanzas de más de 30 países del Sur en desarrollo.

También estuvieron presentes donantes y organizaciones de la sociedad civil comprometidas en acelerar el proceso hacia un acceso universal al agua potable, al saneamiento y a la higiene a través de más inversiones.

Nkomo admitió en Washington el mal desempeño de Zimbabwe en esta área.  ”En saneamiento estamos mal, aunque estamos mejor en provisión de agua”, dijo. “El brote de cólera en 2008 y el de fiebre tifoidea este año fueron importantes llamados de alerta sobre las consecuencias de no volcar más dinero en infraestructura. Pero estamos haciendo esfuerzos para mejorar la situación de una vez por todas”.

Nkomo, quien llegó a la reunión acompañado del ministro de Finanzas, Tendai Biti, destacó que su país elabora una estrategia nacional sobre agua y saneamiento que será presentada a fines de este mes. ”Tendrá un enfoque multisectorial para crear conciencia sobre los peligros de defecar al aire libre, y tampoco queremos quedar en falta cuando se trata de proveer adecuada infraestructura”, indicó.

La estrategia establecerá pautas para las inversiones y la promoción del saneamiento y del acceso al agua limpia en áreas urbanas y rurales. Mientras, el Ministerio de Salud y Bienestar Infantil alertó que el brote de cólera sigue siendo una amenaza.

Cifras divulgadas esta semana por la Unidad de Epidemiología y Control de Enfermedades del Ministerio mostraron que los casos de infección se duplicaron en el primer trimestre de este año respecto del mismo periodo de 2011, pasando de 4.000 a 8.154. La mitad fueron de niños y niñas menores de cinco años. El Ministerio informó que procura introducir vacunas para reducir los casos de la enfermedad entre la población infantil.

La corresponsal de UNICEF, Jimena Cañedo, informa sobre un aumento de la desnutrición infantil en Malí, al tiempo que una grave crisis alimentaria atenaza el Sahel.

@UNICEFenEspanol avisa de que 175.000 niños/as se darán cita con la muerte por la falta de alimento en Mali.

Según el Director Regional de UNICEF en el Sahel, David Gressly: ”Incluso en el mejor de los escenarios prevemos que más de un millón de niños con desnutrición aguda grave llegarán a los centros de alimentación durante los próximos seis meses”

La construcción de letrinas en la Escuela Primaria B, en la central localidad sursudanesa de Bor, permitió que más estudiantes concurrieran a clases, especialmente las niñas.

Los maestros terminaban las clases temprano, porque tampoco tenían acceso a un retrete. Iban al pueblo cercano, pedían permiso para usar el baño de uno de los hoteles y luego volvían para juntar a los estudiantes que quedaban. Según Madin Chier, subdirector de la escuela ubicada en la capital del estado de Jonglei, se vio afectada la calidad de la educación que impartía ese centro de estudios. Pero ahora que se instalaron 16 letrinas, “no hay más problemas”, dijo.

Crear un sistema educativo que funcione en Sudán del Sur requiere más que solo letrinas. Menos de la mitad de los niños y niñas que deberían asistir a la escuela van realmente. Este país no tiene suficientes aulas ni maestros ni materiales básicos para educar a toda su población infantil. Alumnos más pequeños compiten por los lugares disponibles en las clases de primaria con adolescentes, a los que se les negaron las oportunidades educativas durante la guerra que azotó al país durante décadas.

La mayoría de esas clases se realizan al aire libre o bajo árboles. Eso significa que cuando llega la temporada lluviosa se produce una interrupción de seis meses, hasta que pasan las tormentas. Pero para los estudiantes que se las arreglaron para inscribirse en una escuela, el acceso a las letrinas es crucial para que sigan asistiendo a clases. Esto vale especialmente para las niñas, según Emily Lugano, consejera técnica en materia educativa para el capítulo sursudanés de Save the Children.

Esa organización ha construido o rehabilitado instalaciones sanitarias en 71 escuelas de siete de los estados del país. Incluyen piletas para el lavado de manos. Esto es parte de la iniciativa de la entidad para mejorar los entornos de aprendizaje, dijo Lugano, pero también es una precaución para las niñas. En Sudán del Sur, las adolescentes de 15 años tienen más probabilidades de quedar embarazadas que de estar en la escuela. Cuando asisten a clases, a menudo son víctimas de acoso e intimidación, señaló Lugano.

Esto se ve exacerbado en algunas de las escuelas donde trabaja Save the Children. En muchos países se espera que las niñas compartan letrinas con los varones o hagan sus necesidades en un campo ubicado cerca del centro educativo.  ”Ellas son abusadas y acosadas cuando están compartiendo las letrinas con los varones, Y se sienten muy inseguras de ir a aliviarse a los arbustos… Es un asunto de seguridad muy, muy crucial para las niñas que van a la escuela”, explicó Lugano. Cuando no había letrinas, las niñas se negaban a ir a la escuela cuando estaban menstruando. Allí no habrían tenido ninguna oportunidad para la privacidad.

Chier dijo que algunas de las niñas de su escuela no concurrían durante una semana o más cada mes, lo que las rezagaba respecto del resto de la clase.
“En la mayoría de los países en desarrollo”, la falta de acceso a letrinas privadas “contribuye mucho con el mal desempeño escolar de las niñas”, porque estas se pierden parte del programa de estudios, señaló Lugano.

Como se trata de una escuela, también hay un componente educativo que va unido a las letrinas y los lugares para lavarse las manos, y que va más allá de las fronteras del género. Chier dijo que su centro de estudios usa esas instalaciones para enseñar al estudiantado sobre higiene básica, lo que ha ayudado a reducir las enfermedades.

La iniciativa es popular en Bor B, donde los estudiantes formaron un Club de Sanidad e Higiene. Detrás de esta campaña también está la idea de convertir a los alumnos en instructores, para que lleven su mensaje de higiene básica a sus comunidades. Pero estos esfuerzos solo funcionan en áreas donde hay un sistema educativo estructurado. El gobierno de Sudán del Sur asignó menos de seis por ciento del presupuesto 2011 a la educación.

Además, la mayor parte de ese guarismo se destina al pago de salarios de los maestros, dijo Lugano. En términos generales, el financiamiento del gobierno a la educación parece decaer, dado que el cierre del oleoducto del país implicó la pérdida de 98 por ciento de sus ganancias.

Queda en manos de organizaciones no gubernamentales como Save the Children continuar financiando el desarrollo de infraestructura y conseguir materiales básicos, como libros de texto, para los estudiantes. Aunque los programas para mejorar saneamiento e higiene dentro de las escuelas pueden tener un impacto de largo impacto en la salud y la seguridad fuera de las mismas, esos esfuerzos solo son efectivos si hay escuelas donde implementarlos, dijo Lugano.

*Andrew Green informa desde Sudán del Sur en el marco de una beca del International Reporting Project, un programa de periodismo independiente con sede en Washington, D.C.

Haití. (Ramón Espinosa /AP Photo)

En mayo de 2011 la Agencia Británica de Cooperación Internacional al Desarrollo, uno de los referentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, publicaba “El motor del desarrollo: El sector privado y la prosperidad de la gente pobre”, documento en el que señalaba que la promoción de la riqueza y la creación de empleo en los países más pobres no es sólo moralmente correcto sino que también forma parte de los intereses de Reino Unido.

Así de claro puesto que es en los mercados emergentes, es decir aquellos mercados que están teniendo un rápido crecimiento e industrialización en sus actividades sociales y de negocios y que eran pobres tan sólo 10 o 20 años atrás, donde las compañías de Reino Unido están adquiriendo nuevos negocios y expandiéndose a velocidades sin precedentes. Por tanto, invertir ahora en empleo y empresas en los países más pobres que aún no han alcanzado el status de mercados emergentes significa invertir en los pueblos y sociedades que serán los consumidores masivos del futuro. Seguir leyendo.

Un niño llora en brazos de su padre en Kirolirwe, Masisi – MSF

” La Coordinadora de ONG de Desarrollo-España muestra su sorpresa ante las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, García Margallo, quien compareció ante la Comisión de Cooperación del Congreso. En su comparecencia, Margallo afirmó que “recortar en cooperación es una opción extremadamente dolorosa, pero la otra opción, a lo mejor, es recortar pensiones o cerrar ambulatorios”.

No se trata de contraponer unas personas con otras, sino de garantizar los servicios sociales básicos y los Derechos Humanos de las personas, independientemente del lugar en el que hayan nacido o vivan. La crisis que estamos viviendo es global, como también lo son sus consecuencias; lo que ocurre en un lugar repercute en el resto del planeta. Es precisamente por esta razón que, ahora más que nunca, debemos dar prioridad al mantenimiento de políticas públicas que garanticen las pensiones, la educación, la sanidad, el empleo, etc., tanto en España como fuera de nuestro país.

Garantizar esas políticas públicas es posible. Los fondos para tales fines pueden obtenerse equilibrando partidas como las destinadas a gastos militares o la inversión en el rescate a entidades financieras. Opciones existen y son reales. Lo que no podemos hacer, en ningún caso, es optar entre unas personas u otras y, por tanto, enfrentar a quienes sufren de manera más directa las consecuencias de la crisis sin que, paradójicamente, la hayan generado. Como ONG de Desarrollo, comprometidas con la justicia social y con amplia trayectoria en este sentido, creemos que hacerlo significaría olvidar nuestra responsabilidad ética y política ante los crecientes niveles de pobreza y de desigualdad que afectan a nuestra sociedad y al mundo.

En archivo adjunto: Resumen de la comparecencia del Ministro García Margallo ante la Comisión de Cooperación del Congreso.

Protestas en Twitter por la cooperación con #CooperaSi

Click here to view the embedded video.

por Intermon Oxfam El Gobierno español ha anunciado un brutal golpe a la solidaridad española al anticipar que la ayuda al desarrollo (AOD) de nuestro país sufrirá aún duros recortes en la tramitación de los presupuestos generales del Estado tras la caída de 2011 y los casi 1.000 millones ya anunciados en diciembre. Ayer en el Congreso el ministro García Margallo confirmó que antes de iniciar su gestión la AOD de nuestro país en 2011 ya se había quedado sólo en el 0,29%, que a esto habrá que añadir en 2012 los casi 1.000 millones de recortes anunciados por el Gobierno el pasado diciembre, y un ajuste mayor en los presupuestos del Estado para 2013. Más

(PNUD)

Pacientes y organizaciones de la sociedad civil de este país de África occidental reclaman medidas permanentes para garantizar la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales y sustancias reactivas.

Esto ocurre pese a que en enero se anunció un plan de emergencia por el cual el gobierno gastará alrededor de dos millones de dólares para comprar fármacos utilizados en el tratamiento del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

Según el coordinador de RAME, Simon Kaboré, se interrumpió el suministro de fármacos y reactivos –sustancias químicas necesarias para realizar análisis de rutina—, lo que obstaculizó el combate a infecciones oportunistas.

Además, muchas asociaciones de lucha contra el sida ya no brindan terapias antirretrovirales a nuevos pacientes debido a sus limitades existencias de estos fármacos.

“Fue bueno ver que el gobierno reconoce su responsabilidad en relación a estas enfermedades” y libera esos dos millones de dólares, dijo Kaboré. “Pero eso no alcanza, dada la necesidad de continuar sometiendo a nuevas personas a regímenes de tratamiento, así como cuidar a los pacientes más ancianos”.

La red de Kaboré, cuya sede está en Ouagadougou, integra un comité de control de antirretrovirales y otros suministros vinculados con el tratamiento del sida.

Este año se necesitarán 27 millones de dólares, dijo, pero la suma obtenida a partir del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria y otros socios es de apenas unos 13 millones.

“Necesitamos que el gobierno haga más”, dijo Kaboré, subrayando que la asistencia brindada por las autoridades llegó muy tarde, porque durante varios meses muchas personas con sida no pudieron realizarse sus controles regulares en los centros de salud.

“Muchos incluso perdieron sus vidas porque no pudieron recibir antirretrovirales”, enfatizó.

“Se hicieron arreglos para que no quedemos en esta situación”, dijo André Joseph Tiendrébéogo, secretario permanente del gubernamental Consejo Nacional para la Lucha contra el Sida y las Infecciones de Transmisión Sexual.

“Estamos pensando cómo aportar más” que dos millones de dólares, señaló.

Según Tiendrébéogo, si para el 31 de marzo no se hizo nada, no solo se habrá alterado el registro de nuevas infecciones, sino también los cuidados de quienes ya están en tratamiento.

Un retraso en las negociaciones en torno a la postulación de Burkina Faso para el décimo ciclo de subvenciones del Fondo Mundial es la causa de la interrupción en el financiamiento de los medicamentos antirretrovirales, explicó.

El Fondo contribuye con 75 por ciento del costo de los cuidados para pacientes con sida en este país africano, dijo a IPS.

Martine Somda, de REVS+, una asociación de personas que viven con sida, dijo a IPS que, durante varios meses, 60 personas que necesitaban antirretrovirales no pudieron recibirlos debido a la escasez de esas medicinas.

“Cesamos las nuevas inscripciones a fines de 2010, y perdimos una decena de pacientes, porque la mayoría de esos enfermos que recibieron cuidados gratuitos están en el sector informal y no pueden pagar los costos”, expresó Somda.

Su asociación, con sede en la occidental localidad de Bobo-Dioulasso, incluye a unas 1.000 personas VIH positivas en tratamiento. El VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es el causante del sida.

Somda está aún más alarmada por otro problema. “Los fármacos llegaron, pero es necesario reponer las reservas. De lo contrario tendremos escasez de reactivos. No es una situación tranquilizadora”, dijo.

El costo promedio de los análisis es de unos 34 dólares por un conteo de células CD4 y de enzimas transaminasas, señaló.

“Un país soberano no puede depender de recursos externos. Necesitamos una acción concreta porque sabemos que un día la gente se hartará”, dijo Mamadou Sawadogo, coordinador de la Red de Personas que Viven con VIH y Sida en Burkina Faso.

En 2007, la red de Sawadogo, que aglutina a 84 asociaciones de lucha contra el sida, recaudó unos 70.000 dólares por medio de una campaña especial llamada “sidatón”. Este año organizará otra.

Según un informe divulgado en 2000 por la comisión macroeconómica de la Organización Mundial de la Salud, el costo por persona del tratamiento del sida es de 34 dólares, lo que requeriría que el gobierno asigne 21 por ciento del presupuesto al sector, en vez del 15,6 por ciento actual. Solo así se lograría una salud óptima, dijo Kaboré a IPS.

“Necesitamos un sistema innovador para el financiamiento, como el que tienen en Francia con Unitaid, por medio de un pequeño impuesto a los pasajes aéreos, o en Guinea, que hace lo mismo, o incluso en Malí y Ghana, que acaban de decidir implementar un fondo para apoyar la lucha contra el sida”, agregó.

Miel argentina, producida y exportada bajo las normas del comercio justo

“Una de las ventajas del comercio justo es la estabilidad de la demanda, sostenida pese a la crisis” en países desarrollados, aseguró Javier González, gerente de la Cooperativa Agropecuaria y Apícola Norte Grande, en la provincia de Tucumán.

Esta cooperativa, de unos 130 socios, está situada en el norte del país y produce entre 60 y 100 toneladas anuales de miel, de las cuales 90 por ciento se exportan a la Unión Europea y a Estados Unidos por canales de comercio justo.

Norte Grande tiene la certificación desde 2007, pero como el volumen todavía es bajo no puede exportar directamente, sino que lo hace a través de empresas más grandes, que también forman parte de la cadena de comercio justo.

“Este año nuestra producción de miel va a ser un poco más mediocre por diversos problemas locales, pero en 2011 creció casi 70 por ciento en volumen respecto de 2010, y los valores también subieron”, declaró González.

El productor explicó que el comercio justo tiene “múltiples ventajas” para su sector. Argentina se ubica entre los primeros productores y exportadores mundiales de miel junto con países grandes como China y Estados Unidos.

“El apícola es en general un sector muy competitivo, complicado, con mucha informalidad (laboral), y al pequeño productor se lo avasalla, por eso las condiciones del comercio justo nos benefician”, remarcó.

El comercio justo es una forma alternativa y sustentable de comercio, en la cual los productores pequeños, asociados en cooperativas o en empresas con responsabilidad social, certifican las condiciones bajo las cuales elaboran sus productos.

Tienen que cumplir con normas tales como una remuneración adecuada de sus socios o empleados, condiciones dignas de trabajo, y requisitos ambientales como el uso racional del agua o de los plaguicidas.

La certificación es otorgada por la organización Fair Trade International (Comercio Justo Internacional), a partir de una serie de auditorías. Entonces se abre la puerta a un mercado específico de consumidores comprometidos con esta filosofía.

“Esto surge en países desarrollados como una forma de cooperación”, dijo el ingeniero agrónomo Mariano Salerno, de la Fundación Fortalecer, un organismo que brinda capacitación y asistencia financiera a productores de comercio justo.

“En lugar de otorgar subsidios, los consumidores conscientes de países desarrollados, con buen poder adquisitivo, reconocen el valor de esa certificación y entran al circuito asegurando la demanda”, añadió.

Para Salerno, esta demanda es muy estable porque se basa en relaciones cercanas y duraderas. “En los últimos informes vemos que el comercio justo crece más lento que como lo venía haciendo, pero crece y se sostiene porque es un nicho específico”, dijo.

El ingeniero recordó, además, que para obtener la certificación, las decisiones de la cooperativa o la asociación de productores tienen que ser tomadas en forma participativa y democrática, y también se exigen requisitos ambientales.

“Debe haber un uso mínimo de agroquímicos y un adecuado tratamiento de los residuos entre otras variables que se auditan”, remarcó. Pero la tarea rinde frutos. “En el circuito de comercio justo, la producción es más lucrativa”, aseguró.

Con el respaldo de la fundación, que desarrolla desde comienzos de 2010 un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones, Argentina vive un gran auge del sector.

Actualmente hay 19 organizaciones de productores que tienen certificación para exportar y hay otros cuatro en proceso de integrarse. Hasta el momento, unos 583 productores y trabajadores rurales se beneficiaron de este programa.

De acuerdo a un informe de Fortalecer difundido el último día de enero, Argentina ya exporta té, uva, miel y arándanos a través de canales de comercio justo. También está en proceso de certificar manzanas, naranjas, mandarinas y peras a partir de este año.

Ese incremento de los bienes exportables certificados de comercio justo permitirá al sector crecer 40 por ciento en 2012, vaticina la Fundación. Pero, además, destaca que avanza también el reconocimiento de múltiples productos de comercio justo para el mercado local.

Son bienes que no cumplen con los requisitos de exportación, pero sí con los criterios de sustentabilidad ambiental y social. Para ellos, Fortalecer creó una certificación exclusiva para el mercado interno.

Este reconocimiento también depara ventajas para los pequeños productores de dulces, conservas, quesos, vinos, aceite de oliva y miel que se organizan en cooperativas, adquieren la capacitación y empujan la expansión del mercado interno.

Entre las ventajas del comercio justo, González mencionó el precio diferencial que se obtiene mediante una “prima social”. Es un monto de cinco a 15 por ciento del valor del producto, que se paga para que el productor reinvierta en su negocio.

Señaló también ventajas financieras, el trato equitativo y justo en toda la cadena de comercialización, la estabilidad de la demanda y la metodología participativa y democrática dentro de la cooperativa, que exige la certificación

http://cuatrosemanas.periodismohumano.com/2012/02/01/8-final/XX

La guerra contra el terrorismo dejó a miles de lisiados en Pakistán. (Ashfaq Yusufzai/IPS)

El programa comenzará en marzo compilando datos sobre la cantidad de personas con lesiones causadas por la guerra en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y en la vecina Khyber Pakhtunkhwa (ex Provincia de la Frontera Noroccidental), explicó Mahboob ur Rehman, director del departamento de fisioterapia del Complejo Médico de Hayatabad en Peshawar, la capital provincial.

“Planificamos mejorar los servicios de rehabilitación física para las víctimas del terrorismo con el fin de evitarles una discapacidad permanente”, dijo.

El conflicto armado de una década dejó a miles de personas lisiadas por explosiones, bombas y ataques de aviones no tripulados. La mayoría de las víctimas necesitan prótesis y ortopedia para volver a caminar, indicó.

Con base en estadísticas de los hospitales estatales, Rehman dijo que 35.000 personas murieron en la guerra, y 60.000 quedaron gravemente heridas. Unos 10.000 pacientes necesitan rehabilitación, añadió.

Mohammad Haris, cirujano ortopédico del Hospital Lady Reading de Peshawar, señaló que hay mujeres, niñas, niños y ancianos que perdieron miembros y están inmovilizados.

“Necesitan sillas de rueda, muletas y otro tipo de ayuda. La mayoría son pobres y no pueden pagar una costosa rehabilitación de las instituciones privadas”, indicó Haris. Muchas ignoran que los hospitales estatales y talleres ortopédicos ofrecían tratamiento, agregó.

Irfanullah, de 22 años, perdió ambas piernas en un ataque de mortero en Waziristán del Norte en octubre de 2011, y espera ansioso el inicio del programa.

“Necesito prótesis para caminar y manejar la frutería” familiar, señaló. “A mi padre, gravemente herido hace un mes, le tuvieron que amputar la pierna izquierda y también necesita una”, apuntó.

Shagufta Bibi, de 38 años y con tres hijos, habría quedado postrada de no ser por la prótesis que le colocaron. “Estaba sentada en el jardín de mi casa cuando un talibán tiró una granada y me hirió gravemente la pierna derecha”, dijo la mujer originaria de Swat.

El movimiento islamista afgano Talibán se refugió en las áreas tribales de Pakistán tras ser expulsado en 2001 de Kabul por la fuerza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), liderada por Estados Unidos. Una vez allí, comenzó los ataques contra fuerzas pakistaníes, mercados y edificios estatales con el fin de imponer su ideología fundamentalista.

El nuevo programa, con un presupuesto de 1,2 millones de dólares, cubrirá, entre otros costos, los de prótesis y sillas de ruedas. El gobierno japonés prometió accesorios por dos millones de dólares, que los beneficiarios recibirán en forma gratuita.

“Decidimos contratar fisioterapeutas y especialistas en ortopedia en los hospitales de los distritos de Khyber Pakhtunkhwa y FATA. El proceso de recuperación comienza con la intervención quirúrgica, la rehabilitación médica y física e incluye capacitación vocacional y apoyo para buscar trabajo”, explicó un funcionario.

Los hospitales públicos ya tienen instalaciones de fisioterapia, pero la rehabilitación de paraplejías y hemiplejías solo es posible con apoyo de organizaciones privadas especializadas.

Los departamentos de Salud, Bienestar Social y de Mujeres, así como organizaciones religiosas de beneficencia, también colaborarán con la iniciativa.

La necesidad de un programa para lisiados se hizo evidente por primera vez tras el terremoto de 2005, que dejó a miles de personas gravemente lesionadas. El programa vinculará fisioterapeutas con especialistas en cirugía, ortopedia, neurocirugía y otras disciplinas en hospitales especializados.

Se creará un centro de rehabilitación con 20 camas en el Complejo Médico de Hayatabad para pacientes con parálisis. Por ahora no hay unidad interna de recuperación en el sector público, aunque hay un centro, muy limitado, para atender paraplejías.

El Complejo de Fisioterapia Habib, una institución privada con 15 camas y una unidad para atender apoplejías, firmará un acuerdo con el gobierno para coordinar la labor de instituciones públicas y privadas.

Miles de niños y niñas que quedaron con secuelas de poliomielitis también se podrán beneficiar del programa, según las autoridades.