Mujeres

Trata de personas en Chile

Chile se trasformó en los últimos años en un enclave de destino, tránsito y origen de trata de personas, afirman expertos. Para las autoridades judiciales, la explotación sexual y laboral son las formas más frecuentes de la "esclavitud moderna".

 

Archivo (AP )

“Si bien uno puede decir que es apreciable el fenómeno de trata en Chile, el número de investigaciones no responde a la percepción que pueda existir respecto de un volumen mayor de estos hechos”, advirtió el jefe de la Unidad de Delitos Económicos, Lavado de Dinero y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández.

“Debe haber cifras mucho más altas, con muchas situaciones no denunciadas o no investigadas”, añadió.

Es que las estadísticas de la Subsecretaría del Interior indican que solo 22 personas fueron identificadas como víctimas de este delito entre 2007 y 2011, la mayoría mujeres y niños. En el mismo lapso fueron detenidas 63 personas, resultando condenadas 10 de ellas.

Pero el Informe sobre la Trata de Personas 2012 del Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que Chile es hoy “origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos forzados”. 

El documento explica que mucha trata es interna y con fines sexuales, aunque también “mujeres y niñas de otros países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, la República Dominicana y Colombia, van a Chile atraídas por el señuelo de fraudulentas ofertas de trabajos y posteriormente son coaccionadas a ejercer la prostitución o entrar a servidumbre doméstica”.

La Organización de los Estados Americanos estableció que la trata de personas afecta a dos millones de personas y moviliza un estimado de 6.600 millones de dólares en América Latina.

Chile solo en 2011 incorporó una normativa que aborda este delito. La ley 20.507 actualizó el Código Penal para tipificar todas las formas de trata, incluida la realizada con fines laborales y el tráfico de migrantes.

“Desde que existen las figuras nuevas de trata se han realizado investigaciones que han derivado en sentencias condenatorias”, afirmó Fernández, aunque reconoció que “sin duda hay muchos desafíos en términos de preparación de los equipos investigativos frente a una normativa que es nueva”.

Fernández precisó que está pendiente que “fluya adecuadamente la información de sospecha de fenómenos que puedan configurarse dentro de ese delito”.

“Algunos países se caracterizan por ser tránsito de personas víctimas de trata, otros por ser destino u origen, pero Chile reúne todas esas condiciones”, señaló el sacerdote Idenilso Bortolotto, vicepresidente del Instituto Católico Chileno de Migración (Incami).

Bortolotto agregó que ello se debe a que este país ofrece “una cierta seguridad” y que es atrayente, en medio de complicados “contextos sociales, económicos y políticos de la región” que abonan la trata, definida por la Organización de las Naciones Unidas como la captación, transporte, traslado y recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción.

Este fenómeno estalló en los medios de comunicación en Chile en 2011, cuando se hizo pública la miserable situación en la que se encontraban 57 ciudadanos paraguayos que trabajaban ilegalmente en los establecimientos rurales del excandidato presidencial derechista Francisco Javier Errázuriz.

Este empresario fue llevado ante los tribunales mediante una querella presentada por el Ministerio del Interior y el Instituto de Derechos Humanos, acusado de tráfico de inmigrantes, pero el jueves 14 fue sobreseído temporal y parcialmente por el juez actuante tras un informe médico indicando que se encuentra en un estado de “enajenación mental”.

A comienzos de 2012, el también empresario Eugenio Mujica, excónsul honorario en Buenos Aires de la dictadura de Augusto Pinochet (1973- 1990), convocó a 43 ciudadanos peruanos para que trabajaran en la cosecha de ciruelas en su campo en el centro de Chile con promesas de sueldo y condiciones de vivienda y alimentación dignas que jamás se cumplieron.

Otros casos que investiga la justicia involucran a víctimas de explotación sexual comercial reclutadas en Colombia o República Dominicana.

Antes de la entrada en vigor de la ley “pensábamos que en nuestro país esto no existía la trata de personas”, admitió a IPS la asistente social Ingrid Almendras, de la organización no gubernamental Raíces, que hace más de 10 años investiga el tráfico humano con fines de explotación sexual en el país.

Almendras precisó que, si bien la ley es “un gran avance”, al ser nueva “está todo por hacerse”. Añadió que un aporte positivo es que otorga la posibilidad de que las víctimas reconocidas legalmente puedan quedarse en el país, una diferencia con Europa, donde las víctimas son repatriadas.

En esa línea, el Incami y el Servicio Nacional de la Mujer implementaron una Casa de Acogida para mujeres sobrevivientes de estos delitos. Almendras indicó que en los esquemas de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, “las más dañadas” son aquellas que también fueron sujetas a trata.

“Te encuentras en un lugar que no conoces, donde no tienes redes ni conocidos. Muchas veces las vuelven adictas a las drogas, lo que las hace más dependientes y las predisponen de mejor manera para los eventuales clientes”, señaló.

La asistente social sostuvo que en estos casos, la rehabilitación requiere, como mínimo, tres o cuatro años, pues en menos tiempo “no se puede realizar un trabajo real”. De todas formas, advirtió, los procesos dependen de cada persona.

A juicio de los expertos, un tema pendiente es la concientización de la sociedad chilena sobre este delito y la tolerancia hacia los inmigrantes.

“Falta un trabajo muy grande, buscamos concientizar, sensibilizar, comunicar de este flagelo”, afirmó Bortolotto.

Según una encuesta de la Alianza Comunicación y Pobreza, un 41 por ciento de los migrantes asegura haber sufrido discriminación de parte de ciudadanos chilenos. La cifra aumenta en el caso de personas de países vecinos y afrodescendientes.

“Estamos lejos de que la ciudadanía conozca, comprenda de lo que estamos hablando y entienda que se trata de la esclavitud moderna”, concluyó el sacerdote.

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