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27.06.2011 · IPS · Marcela Valente · (Buenos Aires)

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La antigua Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires fue uno de los principales centros de detención y tortura de presos políticos durante la dictadura (Foto: AP)

Pasaron casi tres décadas de la recuperación de la democracia en Argentina y solo ahora salen a la luz con fuerza una serie de delitos sexuales contra personas detenidas, que habían quedado en segundo plano en los juicios por las violaciones a los derechos humanos perpetrados por la última dictadura.

“No es que antes no se decía, es que no se podía escuchar”, sintetizó Lorena Balardini, socióloga e investigadora del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y también querellante en varias de esas causas.

Balardini, co-autora de la investigación “Violencia de género y abusos sexuales en centros clandestinos de detención”, trabaja junto a la abogada Ana Oberlin y a la psiquiatra Laura Sobredo para que al fin estos delitos emerjan a la luz pública y sus responsables sean condenados.

Estas tres profesionales del CELS, integrado por especialistas de distintas áreas en el combate a la impunidad de la represión dictatorial de 1976 a 1983, no sólo escribieron ese estudio. También realizan seminarios para sensibilizar a operadores judiciales en los que participan personalidades como el ex juez español Baltasar Garzón y miembros de tribunales penales internacionales.

Por el momento la cosecha es magra en tribunales en relación a los delitos sexuales en ese periodo. Una sola condena se dictó hasta ahora y fue contra el represor Gregorio Molina, en junio de 2010. Los fundamentos son “excelentes”, señaló Balardini, pero es la única sentencia.

“Hay mucha reticencia de los operadores judiciales”, denunció la experta. La mayoría considera que estos delitos están comprendidos dentro del de “tormentos”, pero subsumirlos es una forma de ocultarlos, explicó.

“Si en la legislación penal hay un delito específico diferenciado, subsumirlo en otro es quitarle entidad. Lo que queremos es que se vea que hubo una práctica de violencia sexual dentro del plan sistemático de represión”, puntualizó. Para ello, lo que falta es que el Poder Judicial asuma la investigación de estos delitos. Pocos lo hacen. Algunos lo están tomando para analizar. “Vamos avanzando. Pero tuvimos más fracasos que logros”, reconoció.

Un lego podría suponer que, después de tantos años, el delito sexual es difícil de probar. Pero la experta explicó que en crímenes de lesa humanidad, donde las víctimas sufren todo tipo de vejámenes y torturas en centros clandestinos en el marco de gobiernos ilegales, la prueba fundamental se basa en los testimonios.

Es imposible probar cada caso de tortura cuando la víctima está sola, desnuda, atada en un camastro en una sala donde sólo hay otros torturadores. Otros testigos, si los hay aún vivos, sólo pueden coincidir en que la escucharon gritar o que la vieron salir de allí herida, indicó.

Balardini remarcó que las mujeres están denunciando ahora más que antes los delitos sexuales. Y se abrió una rendija por donde algunas causas prosperan. En los años 80, “ni la justicia ni la sociedad lo podían escuchar y darles lugar”, sostuvo.

La dictadura dejó en sus siete años de terrorismo de Estado unos 11.000 desaparecidos registrados hasta ahora, pero las organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas elevan esa cifra a 30.000.

La verdadera caza que se desató contra guerrilleros, militantes partidarios, sindicalistas y de otras organizaciones sociales y hasta de personas solo para robarles llenó los numerosos campos de concentración, donde eran torturados y la mayoría “trasladados”, un eufemismo para quienes eran ejecutados o arrojados vivos desde aviones al océano Atlántico o al Río de la Plata. Entre las vejaciones, el ataque sexual a mujeres y también a hombres era una práctica sistemática.

Los principales jefes de la dictadura fueron condenados, varios de ellos a cadena perpetua, en juicios que trascendieron fronteras en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), pero luego se aprobaron dos leyes que alejaron de tribunales a todos los uniformados acusados y, con Carlos Menem en la Presidencia (1989-1999), llegaron los indultos para los militares presos.

Este proceso de impunidad solo comenzó a revertirse en 2005 tras la llegada al gobierno del hoy fallecido Néstor Kirchner. El parlamento anuló los indultos y las dos normas, de “obediencia debida” y de “punto final”, y la Corte Suprema de Justicia también declaró inconstitucional ese paquete legal. Se reabrieron los procesos y hoy hay más de 360 causas en marcha en todo el país.

En esta nueva etapa judicial, los abusos contra las detenidas, obligadas a desnudarse delante de los guardias, vejadas, manoseadas, violadas o forzadas a tener sexo, cobraron una trascendencia que no habían tenido en los juicios de los años 80.

Hay algunos pocos jueces que ante los casos que aparecen piden una investigación específica en el marco del llamado “delito contra el honor”. La mayoría los admite, pero como parte del más amplio crimen de “tormentos”. “En la causa del Primer Cuerpo de Ejército (uno de los centros clandestinos de detención) era impresionante la cantidad de víctimas dando cuenta de delitos sexuales, sin embargo, quedan invisibilizados dentro de las sentencias como casos de tormentos”, remarcó Balardini.

En al trabajo sobre violencia se recogen testimonios de mujeres detenidas. En algún caso, sus esposos, secuestrados con ellas, siguen desaparecidos. En otros, las mujeres recuerdan que les arrebataron a sus hijos y por eso minimizaban esos otros delitos.

“Recién hace poco lo pude decir”. “Dentro del horror que se vivía en los campos de concentración, una violación parecía como algo secundario”, relata una de las mujeres, citadas sin nombre en el artículo.

Hubo casos también de mujeres obligadas a vestirse y arreglarse para salir de la prisión ilegal y acudir a un apartamento para tener sexo con alguno de los represores, una práctica forzada cuyo rechazo podía pagarse con un “traslado” (muerte), pero que las degradaba tremendamente, según pueden decir ahora.

Las autoras sostienen que en los años 80, los procesos judiciales tenían “aspiraciones acotadas” y los testimonios estaban enfocados a probar la existencia de un plan sistemático de represión. Por eso los delitos sexuales no aparecieron en la sentencia contra los ex comandantes de la dictadura.

Frente a la dimensión del plan de exterminio, el objetivo de probar la represión opacó vivencias individuales que quedaron en segundo plano. En cambio ahora se registra un “salto cualitativo” en los testimonios, subrayan las autoras.

Los sobrevivientes, hombres y mujeres, no relataron esos padecimientos en parte porque creían que era prioritario entonces, apenas recuperada la democracia, conocer el destino de los que permanecían desaparecidos o preservar a sus familias de esos relatos más íntimos del horror.

Pero en esta segunda etapa, las sobrevivientes parecen más preparadas a revelar esa experiencia. Hay además una enorme producción académica del movimiento de mujeres que contribuye a dar visibilidad a estas acciones criminales, precisan las autoras del estudio.

Balardini consideró también un “hito fundamental” las sentencias de los tribunales penales internacionales de la ex Yugoslavia y por el genocidio de Ruanda en los años 90, cuando se reconocieron los ataques sexuales como delitos de lesa humanidad.

Señaló, incluso, que las recientes denuncias de violaciones sexuales que habría utilizado como arma de guerra el líder libio Muammar Gadafi son consecuencia de esa mayor visibilidad que tienen hoy estos delitos como parte de situaciones de conflicto armado en el mundo.