Migración

Sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil piden más formación en derechos humanos para evitar abusos

Denuncian junto a Amnistía internacional que la preparación de los agentes es insuficiente

No hay criterios en la selección de nuevos aspirantes que puedan detectar actitudes xenófobas, homófobas o machistas.

Los sindicatos denuncian que las redadas a inmigrantes continúan y achacan los problemas en los CIE a la falta de formación de los policías

Dos policías en los encierros de San Sebastian de los Reyes (www.flickr.com/photos/copsadmirer)

“A la Policía Nacional y la Guardia civil le falta formación en derechos humanos, imprescindible para quienes se encargan de mantener el orden y aplicar la ley”. La denuncia es de Amnistía Internacional pero está suscrita por los principales sindicatos de ambos cuerpos de seguridad, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Los derechos humanos sólo suponen el cuatro por ciento de los cursos de formación, lo que demuestra, dicen, que es una materia residual. Están de acuerdo en que deberían tratarse de una forma transversal, desde los principiantes a los profesionales, y no como algo suplementario. En el caso de los aspirantes falta, además, mejorar el procedimiento de elección porque “no existen criterios que permitan detectar actitudes xenófobas, homófobas o machistas o pruebas que determinen la sensibilidad de los candidatos ante estas cuestiones”, asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional.

Una manera de mostrar estas carencias es comprobar cómo abordan la inmigración. La formación recibida por la Policía Nacional está integrada en una unidad llamada Inmigración ilegal, “con un enfoque que sólo analiza las causas que favorecen la inmigración ilegal y la normativa de extranjería aplicable, pero no hay alusión relativa a la vulnerabilidad de estas personas o las necesidades relativas a su protección”, afirma Álvarez. En la guardia civil, esta materia se trata dentro de un módulo llamado Prevención de la delincuencia, “sólo con el nombre ya podemos imaginar el enfoque que recibe”.

Tanto el sindicato de la Policía Nacional como el de la Guardia civil aseguran que las redadas a inmigrantes, que ellos mismos han denunciado en otras ocasiones, siguen realizándose bajo órdenes del Ministerio del Interior. “No es el trabajo que tenemos que hacer los policías pero eso da cierta rentabilidad estadística. Hubo un tiempo en que eran selectivas según los rasgos. Lo denunciamos y se cambió el criterio. Se dijo a los policías que identificaran a 150 al día, entre ellos españoles, pero siguen siendo redadas”, asegura José Manuel Sánchez, secretario general del SUP. La Guardia Civil reconoce que son muchos los que muestran su descontento pero que las órdenes son órdenes y si quieren cambiarlas “tiene que ser desde arriba”, afirma Joaquín Cánovas del AUGC. “Las identificaciones son muy vistosas, se quieren equiparar con la eficacia policial y no tiene nada que ver la una con la otra. En la Guardia Civil se hacen igual que la policía y consideramos que no son legales“, dice Cánovas.

Sobre los Centro de Internamiento de Extranjeros, donde los inmigrantes son encerrados antes de ser expulsados, y contra los que ha habido denuncias por el trato que reciben los inmigrantes por parte de la policía, el sindicato asegura que han de investigarse todas esas denuncias, pero recuerda que los agentes no han sido formados para realizar ese trabajo. “Los policías no están preparados para actuar como funcionarios de prisiones porque no han recibido formación específica para ello. Se les enseña a investigar o a perseguir pero no a tener a personas que han cometido una falta administrativa y tienen que estar 60 días encerrados, no han recibido formación y por lo tanto no saben lo que hacen”, asegura José Manuel Sánchez secretario general del SUP.

Rueda de prensa en la que fue presentado el informe (Amnistía Internacional)

En los últimos meses, a raíz de las detención en tres ocasiones del fotoperiodista Edu León, los reporteros gráficos han denunciado que son habituales los abusos policiales en su trabajo diario. El representante del sindicato de la Policía reconoce que, a pesar de que ninguna de estas denuncias ha llegado a su organización, la actuación policial es pública y “cualquier ciudadano tiene derecho a tomar fotografías si estamos actuando. En todo caso, se puede incautar porque se suponga que ha lesionado el honor de la persona”, recuerda Jose Manuel Sánchez, “pero el policía no puede detener a nadie por hacerle una foto ni ordenarle borrarla”. Eso sería, dice, un atentado contra la persona a la que se priva de ese derecho. “No es un procedimiento aprendido dentro de la policía, a mí al menos en los 30 años que llevo nunca me lo han enseñado”, e insiste una vez más en que, si hay policías que no saben donde está el límite, es un problema de formación.

El informeEspaña: La formación en derechos humanos de las fuerzas de seguridad sigue siendo marginal” de Amnistía Internacional, realiza una comparación entre la preparación que tenían las fuerzas de seguridad en 2001 y la que tienen hoy. La organización asegura que siguen llegando denuncias contra miembros de la Policía y la Guardia Civil, y culpa de ello esa falta de formación. Afirma que los únicos avances han sido en los contenidos sobre el uso de la fuerza y la violencia de género pero siguen pendientes la inmigración, la diversidad cultural y la discriminación de la étnia gitana. El documento se ha presentado en el Ministerio del Interior, al que acusan de haber respondido con indiferencia y piden más voluntad política en la visibilización de los derechos humanos.

¿Qué cambios piden Amnistía y los sindicatos?

  • Incorporar una mayor carga lectiva de la enseñanza específica de derechos humanos en la formación de ingreso a ambas instituciones
  • Asegurar la transversalidad de los derechos humanos a lo largo de los temarios completos de la formación impartida para el ingreso a ambas instituciones.
  • Incluir procedimientos efectivos para asegurar que queda exluido el alumnado con actitudes o valores contrarios a los derechos humanos.
  • Garantizar que se incorporan las recomendaciones del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia a los procesos de formación de las Fuerzas de Seguridad.

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