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Migración

Las redadas racistas en Europa

Policias franceses acorralan a inmigrantes en Calais, en el norte de Francia en abril de 2009. La polició detuvo a unas 200 personas en una mañana de redadas dos días antes de la visita del Ministro de Inmigración. Los inmigrantes esperaban en el puerto de esta ciudad poder cruzar a Gran Bretaña, donde tienen más oportunidades de conseguir asilo (AP)

Las detenciones policiales promovidas por razones étnicas o religiosas y, por tanto, la creación de perfiles étnicos, constituyen una realidad en la Unión Europea desde hace muchos años. No obstante, desde 2001, a raíz de los atentados de Nueva York, Madrid y Londres, dicha práctica policial se ha extendido con mayor fuerza.

Este término, cada vez más empleado en la esfera política, define las prácticas de control de identidad que la policía o las fuerzas de seguridad nacionales realizan en base a criterios raciales, étnicos, religiosos o de nacionalidad, en lugar de fundarse en cuestiones objetivas (como el comportamiento de los individuos) a la hora de determinar quienes son susceptibles de delinquir o mantener relaciones con grupos terroristas.

Dicha práctica, que fomenta la creación de estereotipos y corrientes xenofóbicas y racistas, se da en medio de un discurso excesivamente populista y proteccionista a ojos de muchos. “Los gobiernos [europeos] desarrollan este tipo de iniciativas policiales, en un ambiente de excesiva seguridad, en nombre de la protección ciudadana y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia”, declara Celina Kin-Armbrust, responsable de políticas de integración, antidiscriminación y derechos fundamentales de la Red Europea de Lucha contra el Racismo (ENAR, por sus siglas en inglés), organismo dedicado a la lucha contra la discriminación fundada en la raza o la religión y la promoción de la diversidad cultural, que reúne a 700 ONGs de toda Europa, como SOS Racismo, en España.

Según muestra la “Encuesta de la Unión Europea sobre Minorías y Discriminación” (EU-MIDIS) publicada en octubre por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, por sus siglas en inglés), este fenómeno se ha desarrollado de manera general en toda Europa, aunque las comunidades afectadas varían de un país al otro.

El director de la FRA, el danés, Morten Kjaerum anunció en un comunicado de prensa que “en varios Estados miembros de la UE, la probabilidad de que el miembro de una minoría sea detenido por la policía para su identificación es superior que en el caso de las personas pertenecientes a la población mayoritaria”.

EU-MIDIS, primer estudio que se desarrolla a nivel europeo, pone de relieve datos alarmantes en cada uno de los países analizados a lo largo de 2008.

Mientras en España y Bélgica, el mayor volumen de detenciones tiene lugar entre los norteafricanos, en Hungría y en Eslovaquia son los romaníes los más afectados.

Policías griegos detienen a varios somalíes en la casa que tenían alquilada en el centro de Atenas en julio de 2009 (AP)

Grecia es uno de los socios comunitarios que peor sale parado por su trato hacia la comunidad gitana. Según revela el informe, mientras un 23% de la población mayoritaria fue detenida por la policía, prácticamente el doble, es decir 53% de romaníes, padeció la intervención policial. A ello hay que añadir que de aquellos ciudadanos de etnia gitana que declararon haber sido controlados por la policía, buena parte afirmó que dichos altos se llegaron a producir hasta seis veces de media en el mismo año.

En lo que respecta al modo en el que se desarrollaron los controles, un 46% de los gitanos que vivieron el control se vieron obligados a evacuar sus vehículos y a ver como estos últimos eran registrados. Mientras que en el caso de la población mayoritaria, esto sólo se dio en el 9% de las detenciones.  A ello hay que sumar que a lo largo del último control, buena parte de los afectados fueron insultados por la policía, tuvieron que someterse a un test de alcoholemia o fueron arrestados y conducidos a la comisaría.

En el caso francés, la población africana es la más afectada por estas prácticas estigmatizantes. Según revela la FRA, a lo largo de 2008 la comunidad norteafricana fue controlada en un 42% de los casos frente al 22% de los afectados en lo que respecta a la población mayoritaria.  En el caso de este país, se acusa además la realización de controles en zonas comunes, como autobuses o zonas de tránsito público. Respecto a esta práctica, los subsaharianos fueron los que más padecieron esta situación, afectando a más de la mitad de las personas encuestadas pertenecientes a dicha población.

Según señala Kjaerun, exdirector del Instituto Danés de Derechos Humanos y del departamento de asilo del Consejo danés para Refugiados, estas prácticas tienen “un efecto social nocivo, ya que puede minar la confianza de las minorías en la policía y en la obtención de un trato justo”.

De todas aquellas personas encuestadas, que en algún momento de sus vidas fueron agredidas o víctimas de algún tipo de acoso, un sector muy reducido decidió dar parte a la policía. Entre las principales razones expuestas, se encuentran la falta de confianza en la capacidad policial para actuar o las malas experiencias vividas con los cuerpos de seguridad en situaciones pasadas.

El principal obstáculo para luchar contra la creación de perfiles étnicos reside en la ausencia de textos jurídicos que definan esta práctica como una violación de los derechos fundamentales dentro de la UE. Celina Kin-Armbrust declara que la uso de perfiles étnicos “no está directamente prohibida en los Tratados Internacionales y, por lo tanto, no es jurídicamente ilegal. No obstante, debería constituir una violación de los derechos humanos en materia de discriminación”, según recoge la Carta de Derechos Humanos de la UE que los Estados miembros han aceptado, y que adquirió poder vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en diciembre de 2009.

En este contexto, la principal exigencia de organizaciones de defensa de derechos humanos se centra en “la redefinición de dicho término y la creación de un mecanismo jurídico claramente liado a la creación de perfiles étnicos que permita establecer límites y proteger los datos de las personas”, según sostiene ENAR, quien además defiende la promoción de formaciones específicas en Derechos Humanos  para los cuerpos policiales y de seguridad aduanera, así como un mayor control por parte de los Gobiernos.

Reino Unido constituye, en este sentido, un ejemplo clave, pues se trata de la única región que leva años trabajando en la materia, la que más datos estadísticos étnicos posee y en la que las autoridades ejercen un mayor control sobre la labor policial.

Una policía revisa los papeles de un conductor inmigrante parado en la avenida de los Campos Elíseos. (Jacques Brinon / AP)

Su principal iniciativa ha consistido en la elaboración de formularios, puestos a disposición de las personas detenidas, a través de los cuales pueden declarar el trato recibido y el motivo de la detención, pudiendo así valorar si el alto fue debido a algún factor susceptible de constituir un caso de discriminación: como la raza o las creencias religiosas.

En 2009, Open Society Justice Institute – fundación de ideología izquierda creada por el inversionista y filántropo húngaro George Soros, cuyo objetivo consiste en promover la gobernabilidad democrática, los derechos humanos y la reforma económica, legal y social – y ENAR publicaron conjuntamente un informe que iba más allá en la cuestión de los perfiles étnicos.  Bajo el título “Perfil étnico en la Unión Europea: omnipresente, ineficaz y discriminatorio”, dejaba claro que la detención de determinadas minorías étnicas no había contribuido a erradicar o, cuanto menos, reducir la delincuencia o los ataques terroristas.

Además, el texto advierte del peligro en el uso inapropiado de las nuevas tecnologías para la recopilación de datos étnicos en Europa. En este sentido, se acusa la posibilidad de una violación de los derechos fundamentales en lo que respecta a la intrusión y al uso de datos personales.

La reciente expulsión en Francia de gitanos de origen rumano y el escándalo entorno a la posible existencia de ficheros ocultos, en los que la gendarmería gala recogía información relativa a dicha comunidad desde 2007, constituirían el ejemplo más reciente de este fenómeno.

A pesar de la agitación creada en la escena europea, el Gobierno de Nicolas Sarkozy ha logrado escapar a las sanciones. En primer lugar, gracias al apoyo de la Comisión Nacional Informática y de Libertades, institución francesa encargada de velar por el respeto de la identidad y la vida privada. Según este organismo, las fuerzas de seguridad francesas no se encontrarían en posesión de ningún tipo de fichero relacionado con datos étnicos exclusivos de esta comunidad.

En segundo lugar, porque la existencia de ficheros que recojan datos étnicos no está prohibida en la UE. La única exigencia que se establece es la de notificar su existencia a la Comisión Europea con el fin de que esta pueda evaluar su pertinencia.

Es importante señalar que en el caso de que Francia hubiera sido sancionada habría constituido un paso decisivo para la UE, ya que, hasta el presente, “nunca ha habido un procedimiento de infracción iniciado por un motivo de derechos humanos”, según declaró la comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, en una rueda de prensa el pasado 20 de octubre durante una sesión plenaria en Estrasburgo.

A pesar de que diversas ONGs nacionales llevan años denunciando las detenciones de ciudadanos fundadas en criterios racistas y xenófobos, poco se ha hecho a nivel europeo. Todavía “se encuentra en fase inicial”, declara Ki-Armbrust, quien además afirma que “es un escándalo que continúe ocurriendo”.

La institución precursora en la denuncia de esta práctica ha sido el Parlamento Europeo. La eurodiputada de origen británico, la baronesa Sarah Ludford, fue la primera y principal ponente de la Eurocámara en esta materia mediante la recomendación que lanzó en 2009 al Consejo de la UE. A través de dicho texto, Ludford recordaba al Consejo “que la recogida de datos sobre personas, sobre la única base de que son de determinado origen racial o étnico, de determinada convicción religiosa, orientación o comportamiento sexual, tienen determinadas opiniones políticas o son miembros de determinados movimientos u organizaciones no prohibidas por la ley, debe prohibirse”.

La baronesa Ludford, miembro de la comisión parlamentaria de Justicia y Libertades, así como de la comisión para las relaciones entre la UE y Estados Unidos, ya anunció entonces la necesidad de tomar precauciones en el trato de los datos personales para evitar su utilización en la elaboración de perfiles étnicos.

Precisamente, esta cuestión ha constituido uno de los temas centrales en el debate entorno a los acuerdos que la UE y Estados Unidos podrían firmar en materia de control de datos en los vuelos transatlánticos. Según este convenio, que será discutido en la próxima cumbre UE – EE.UU. a finales de mes en Lisboa, los socios europeos podrían permitir el intercambio de datos de pasajeros aéreos con las autoridades norteamericanas, como medio para combatir los ataques terroristas.

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, autoridad independiente encargado de proteger los datos de carácter personal, la vida privada y la promoción de buenas prácticas en las instituciones y órganos  europeos. También exige garantías más estrictas para la firma del acuerdo, como las condiciones de transferencias ulteriores (por ejemplo, a países terceros) o el periodo de retención de los datos.

El debate entorno a la utilización de perfiles étnicos como método policial sigue abierto. No obstante, avanza a distintas velocidades. Mientras entidades como Open Society ya han demostrado su ineficacia a la hora de combatir la delincuencia, las instituciones europeas apenas empiezan a hablar de ello.

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie

1 comentario

  1. [...] Las redadas racistas en Europa periodismohumano.com/migracion/las-redadas-racistas-en-eu…  por nadasurf hace 2 segundos [...]

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