Migración

Inmigrante, indocumentado y sin seguro médico

Un doctor atiende a una mujer inmigrante en una clínica móvil (AP/Catholic Health Association)

Como en cualquier otro problema con dos argumentos opuestos, el coste que supone a Estados Unidos la cobertura médica de inmigrantes indocumentados es foco de miradas encontradas. Tan pronto como una publicación revela datos de listas de espera por la afluencia de personas sin seguro, las organizaciones pro-inmigrantes salen al paso con informes que demuestran lo contrario. El resultado, la confusión de profesionales y pacientes en un tema tan arriesgado como la sanidad.

Acceder a un seguro médico en Estados Unidos -a la espera de que se implanten en 2014 los cambios aprobados por la reforma- depende en primer lugar de que la persona tenga documentos para vivir o trabajar en el país. Después entran en juego los recursos económicos, si su puesto de trabajo le ofrece cobertura y, finalmente, el lugar de residencia. La legislación está atada a regulaciones estatales. Y el acceso a medicamentos tan sencillos como los relacionados con la diabetes se convierte en una lotería.

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Para los que no tienen seguro el último recurso es siempre acudir a urgencias. Y el coste que supone la atención médica a inmigrantes indocumentados es uno de los argumentos de muchos estados contra la inmigración ilegal. “En urgencias no se pueden negar a atender a nadie porque existe una ley federal que lo exige”, explica Alicia Wilson, directora ejecutiva de La Clínica del Pueblo, en Washington, D.C. “Pero lo que vemos en la realidad es que se hace lo básico para salvar vidas y cuando se trata de acceder a un tratamiento concreto, lo que se hace es salir del paso”.

“Los médicos están obligados a tratar a cualquiera que entre en urgencias, pero no a preguntar por su estatus migratorio. Tampoco queremos hacerlo, estamos en contra de jugar cualquier papel en materia de inmigración”, declara David Austin, asesor legal de la Coalición de Condados Fronterizos con México. Ante la presión migratoria y su efecto en los hospitales locales -la coalición estimó en 200 millones de dólares la atención médica a indocumentados-, los 24 condados del sur del país unieron sus fuerzas en 2003. Lograron la aprobación de una ley que creaba un fondo económico que devolviera a los hospitales esos costes. El plazo de 5 años ha terminado, muchos estados agotaron los recursos y la renovación de la ley coincide ahora con el debate de la reforma migratoria.

El acceso de ciudadanos indocumentados a cuidados psiquiátricos en Florida también fue objeto de polémica por empujar a residentes locales a listas de espera. Más allá de las críticas por el impacto económico, hubo quien pidió una ley que obligara a los médicos a preguntar por el estatus migratorio del paciente y entregarlo a las autoridades de no tener permiso para estar en el país. Dos meses después, un informe mostraba que la asistencia de indocumentados a urgencias no ha hecho más que descender.

“Es una acusación muy común pero también una perspectiva muy simplista de este problema”, explica Wilson. Si tienes una familia con un indocumentado, otro con permiso de trabajo y una ciudadana estadounidense y sólo uno de ellos tiene seguro, al final estás exponiendo a todos al riesgo de enfermedades. Si no cubrimos a todos, el país será menos estable”.

El Center for American Progress argumentó durante la reforma sanitaria que resolver el problema de la inmigración ilegal no acabará con el de acceso sanitario. De los 43.6 millones de ciudadanos sin seguro, menos de 7 millones son indocumentados. El coste se debe por tanto, en su mayoría, a ciudadanos norteamericanos que no tienen seguro.

El gobierno ofrece programas para personas con pocos recurso o para mayores, como Medicare o Medicaid, pero los criterios son muy estrictos y cualquier indocumentado se queda fuera. El hueco lo llenan centros como La Clínica del Pueblo en los que no importa el estatus migratorio a la hora de ser atendido por un médico. “Las opciones para los inmigrantes indocumentados son todavía más limitadas, no hay ningún otro tipo de programa federal para ellos”, afirma Austin. La reforma del sistema sanitario tampoco introdujo ningún cambio. Desde el inicio del debate, Obama se opuso a ampliar la cobertura a los indocumentados.

La capital también cuenta con un programa que, según Wilson, debería haber servido como modelo de asistencia médica universal para la reforma, La Alianza de la Salud. Además de proporcionar tratamientos y medicinas a ciudadanos sin recursos, la Alianza se centra en la prevención, un aspecto que contribuye a reducir los costes médicos en todo el país. “Este sistema da cobertura a más personas, baja los costes de la atención médica porque los pacientes no llegan tan graves y se reduce el número de personas que acuden a las salas de urgencias”, explica Wilson. En Estados Unidos, la mayor parte de las visitas a urgencias se hacen debido a patologías prevenibles, como en el caso de la diabetes.

Muchos años antes de que el presidente Obama prometiera la reforma sanitaria en su campaña electoral, diversas organizaciones comunitarias ya celebraban ferias de salud en las que se ofrecen cuidados médicos y diagnósticos gratuitos a norteamericanos sin seguro. Esta semana el diario Washington Post retrataba la visita de más de 2.000 personas a una clínica dental en medio de la Cordillera de los Apalaches. La cadena pública PBS dedicaba el verano pasado atención especial a las ferias de Remote Area Medical, un proyecto que Stan Brock inició en países en vías de desarrollo y ha acabado trayendo a Estados Unidos.

“No prevenir forma parte de la condición humana. Pero en el caso de las personas que no pueden pagar esta atención médica, si los demás en una situación grave llegan medio muertos a urgencias, uno sin seguro llega tres cuartos muerto”, describe Wilson. El centro de salud que dirige pone tanto énfasis en el cuidado médico como en la prevención, educación nutricional, información sobre el VIH o la diabetes. “Hemos recibido a pacientes que nos sorprende verles caminando. A muchos les enviamos directamente a urgencias”.

Wilson lamenta que muchas de estas personas saben que tienen diabetes, por ejemplo, porque fueron diagnosticados en sus países de origen. Al llegar a Estados Unidos, no tienen forma de comprar los medicamentos. La única opción es entonces cambiar sus hábitos alimentarios y de ejercicio, eso sí, dentro de los recursos que tienen.

“Ser indocumentado es vivir en la sombra”, opina Wilson. “Tienen muy poca confianza en la gente de alrededor así que no piden apoyo para no verse expuestos”.

Si no lo mueves, no lo sabrá nadie